Board Composition and Performance

Los procesos de participación requieren de ciertas condiciones para poder desarrollarse. Al respecto, Pírez (2000) reconoce condiciones sociales y político-institucionales sin las cuales la participación no puede concebirse como un proceso de participación “real”. Estas condiciones consideramos que contribuyen al análisis de viabilidad y que, posteriormente, pueden tomarse en cuenta para la evaluación de las políticas participativas, ellos son: información, institucionalidad, voluntad política e incorporación heterogénea de actores.

La información es un insumo crítico en las políticas participativas. Para el diseño es importante contar con datos suficientes que describan la situación contextual en la que se demanda la atención y es esencial la transmisión de los objetivos y metas que se quieren alcanzar con la política. Para Ford y Carné (2009) que la información sea pública y accesible es un requisito fundamental para poder participar (claridad del lenguaje, circulación de la información por medios eficientes para llegar de la forma más directa a los destinatarios), posibilitar una devolución de las respuestas, que la información sea acumulativa, que se registre y amplíe a lo largo del tiempo, que se mantenga abierta a aportes de diferentes saberes y que sea revisable, es decir que pueda modificarse en base a los intercambios.

La formalización de los canales y procedimientos de participación, para algunos autores otorga mayores posibilidades de continuidad de la política. La institucionalización40 se refiere a

39 _{Por ejemplo, Trincheri (1996: 41) señala que la mayoría de los programas incluyen a la participación como una} forma de abaratar los costos del programa y garantizar el control social y político durante su implementación. De este modo no se participa en la planificación de las actividades y tampoco en la definición de prioridades y asignación de recursos.

40 _{Para Cunill Grau (2008) queda pendiente resolver la cuestión de cuánta institucionalización es apropiada, de} manera que no asfixie la autonomía social y, a la vez, no torne vulnerable la participación ciudadana.

la jerarquía normativa (en relación a la jurisdicción gubernamental) que alcanza la política participativa y se relaciona con el reconocimiento de la legitimación a la que pueden apelar los actores en caso de incumplimiento. Asimismo, da cuenta del grado de reglamentación de la política: “por la creación de un espacio de interacción regular y regulada entre las autoridades públicas y los participantes, en el que los diferentes actores debaten, exponen sus puntos de vista y toman decisiones” (Landau, 2009:112).

Otro requisito es el de la “voluntad política”, que se refiere al interés del poder ejecutivo y legislativo para generar espacios y ámbitos específicos de participación pero también para sostenerlos en el tiempo. Como bien señala García Ceñal (2000) los alcances de la voluntad se visualiza también a partir de la capacidad para generar apoyo político y la articulación de recursos. Un parámetro en relación con la voluntad política, es la ubicación que alcanzan las áreas que tienen a su cargo las políticas de participación en la estructura estatal. Por otra parte, Bernazza y Longo (2014) enfatizan la capacidad política para formular un proyecto y liderarlo.

Por último, nos referimos a la incorporación heterogénea de los actores sociales y que éstos logren cierta capacidad de organización, de presencia social y política. De lo contrario, para (Cunill Grau; 1995: 9) se legitima la propia corporativización del aparato estatal y “la monopolización del proceso político por grupos que representan intereses organizados de carácter estrictamente sectorial y que atentan contra un arreglo pluralista en la formación de las políticas públicas”. Pero al mismo tiempo diversos autores hacen énfasis no sólo en la oportunidad de la participación de los actores sino en sus capacidades para intervenir en la esfera pública. En este sentido, se hace referencia al análisis en las condiciones que posibilitan la participación en relación a la posición social que ocupan los actores y su capacidad de influencia en los procesos políticos. Diferentes estudios demuestran que los sectores que más participan son aquellos con mayores recursos (CEPAL, 1985), los que poseen más conocimiento profesional (Cunill Grau, 2008) o conocen y saben plantear las demandas en un lenguaje técnico (Landau, 2008).

En esta misma línea, en un trabajo de Eguía y Ortale (2001), citado en Eguía, Ortale, Pagani y Pagnamento (2007), se sugiere una relación entre la percepción que los actores tienen de su capacidad de incidir en las decisiones sociales, políticas y económicas y sus respectivos niveles de participación, siendo sistemáticamente menor entre las personas de sectores pobres (y especialmente entre los jóvenes) quienes no creen, en gran medida, que su participación activa pueda cambiar sus condiciones de existencia. Asimismo, Font (2004) sostiene que los recursos41

41 _{Cuando mencionamos la cuestión de los recursos, tomamos la concepción de Repetto (2009) que propone una} perspectiva que amplía la de los recursos económicos, reconociendo la existencia de otros tales como: los políticos (apoyo de la ciudadanía, de los grupos de interés, de las autoridades políticas); autoridad formal; liderazgo y autoridad informal; movilización y acción colectiva; habilidad para negociar, argumentar y comunicar; técnico-

que favorecen la participación aparecen estrechamente relacionados, y son resultado de una desigual distribución social. Por ello, la participación varía entre sectores sociales y está desigualmente distribuida.

Otro actor a incluirse en esta incorporación “heterogénea” es a las propias organizaciones estatales. Como bien establecen Catenazzi y Chiara (2009) la apertura de la participación implica necesariamente la disposición de las organizaciones estatales a cambiar sus propios modos de funcionamiento. En este sentido, incluyen el tema de las capacidades estatales que se ponen en juego en las políticas participativas como un elemento central para el análisis de los procesos de gestión que implica su puesta en marcha y que podemos relacionar con la voluntad política y, agregamos, de la administración para llevarla acabo. En un sentido similar, Isuani y Agoff (2008) también analizan las capacidades a las que denominan de gestión a partir de la disposición de recursos en un sentido amplio (en cantidad y calidad), la institucionalización, la profesionalización, el financiamiento y el uso de tecnologías y, desde una perspectiva más amplia, otros autores utilizan el concepto de capacidad estatal, a partir de dos componentes: las capacidades administrativas y las políticas (Repetto, 2003). Por capacidades administrativas se entiende la eficacia del aparato estatal para instrumentar objetivos oficiales en términos organizativos y de los recursos humanos. Si bien ésta es condición necesaria, no es suficiente para lograr niveles relevantes de capacidad estatal. Se requiere capacidad política, entendida como la capacidad de los gobernantes para problematizar las demandas de la población, tomando decisiones que representen y expresen sus intereses42.

En tanto, para Bernazza y Longo (2014: 128) el desarrollo de las capacidades administrativas son necesarias pero no suficientes y revalorizan las capacidades políticas vinculadas con el diálogo “hacia afuera” y, fundamentalmente, con la capacidad de gobierno y la idea de gobernabilidad. En esta línea señalan que un Estado debería asumir nuevas responsabilidades: “formulación de una visión y un proyecto de gobierno, la capacidad de liderar ese proyecto y transformar las instituciones para el logro de los objetivos, la capacidad de conformar y conducir equipos, de comunicar, motivar y movilizar, entre otras capacidades propias de un nivel decisorio consciente de la complejidad en la que operan las organizaciones estatales y decidido a gestionar sobre la base de una visión transformadora que sólo otorga la política”.

administrativos (mandato legal, organización, información y habilidad para procesarla, expertise burocrática y capacidad para descifrar contextos de incertidumbre) e ideológicos (ideas y valores con legitimidad social y prestigio). Esta visión sobre los recursos además requiere concebirlos en sus relaciones y expresiones concretas en un espacio caracterizado por la confluencia de actores estatales y no estatales.

42 _{Alonso (2007) coincide en que la capacidad estatal no se agota en la dimensión administrativa, sino que también} debe ser considerada desde una perspectiva relacional, entre actores estatales y sociales. Según el autor, las capacidades del Estado comprende su capacidad de influir comportamientos entre los actores no estatales, logrando el cumplimiento obligatorio de las reglas de juego y evitando los bloqueos a sus políticas.