7.1 Amendments to template
7.1.1.2 Building a positive trusting relationship
El acceso al agua
El agua de riego es indispensable para la agri- cultura campesina. Según el Censo Agrario, en el
Ecuador el 37% de unidades de agricultura familiar campesina tiene acceso al riego, frente al 63% de la agricultura empresarial. Esta situación explica en
gran parte su falta de productividad. Para remediar el asunto sería importante revisar la regulación del agua y utilizar los saberes y prácticas ancestrales, especialmente en las zonas indígenas.
Antonio Quezada Pavón describe la situación
de manera muy clara:
En muchas regiones del mundo, los siste- mas de gestión hídrica campesina e indí- gena constituyen la base fundamental del sustento local y de la seguridad alimenta- ria nacional. En la mayoría de los países andinos, por ejemplo, las comunidades indígenas y campesinas son las principa- les proveedoras de alimento para la pobla- ción. Por lo tanto, la seguridad de acceso al agua y los medios para manejar sus sis- temas hídricos es de importancia crucial. Sin embargo, a más de la históricamente desarrollada y extremadamente desigual distribución y acceso al agua, los derechos consuetudinarios sobre el agua en los paí- ses latinoamericanos y en otros continen- tes están bajo una presión creciente. Con- secuentemente, los millones de usuarios indígenas del recurso se hallan estructu- ralmente entre los grupos más pobres de la sociedad. Además, generalmente no están representados en los organismos a cargo de la toma de decisión nacional e interna- cional, lo que contribuye a una situación de creciente iniquidad, pobreza, conflicto y destrucción ambiental. (Quezada Pavón, 2014 abril 3).
Es evidente que tener acceso al agua es una
exigencia fundamental para los pequeños campe- sinos. Sin embargo, en varios casos hay escasez por falta de organización comunitaria. En otros, es el acaparamiento del agua para monocultivos o actividades industriales lo que no permite a los campesinos y a las comunidades una utilización racional del líquido. La Ley de Aguas de 2014 re- conoció al agua como un derecho humano funda- mental, y rechazó la idea neoliberal de regulación por el mercado. El principio es la atribución de esta función al Estado, este último supuestamen- te representando el bien común. Sin embargo, de-
bemos recordar que el Estado no es una entidad abstracta, sino el resultado de una combinación de fuerzas sociales.
En el Ecuador actual, la concepción del Estado de la coalición en el poder es bastante jacobina: se eliminan las diferencias para poder aplicar el con- cepto de ciudadano. En esta lógica, la idea de que las autoridades comunitarias son también el Estado no es aceptable. La consecuencia es que se abren muy pocos espacios para que dichas autoridades ejerzan sus funciones, y en muchos casos se los cierra. Es así que la regulación comunitaria, donde todavía
existe, no tiene cabida en la ley y las comunidades
solamente tienen un poder consultivo. De hecho, la agricultura comunitaria podría aprovechar mucho
de la experiencia secular en este domino. Tal even-
tualidad no significaría una privatización del agua,
sino una regulación más democrática y cercana a la agricultura indígena y campesina.
En todo el mundo, el proyecto modernizador empujado en los años ochenta por el Banco Mun- dial ha propuesto la destrucción de las estructuras tradicionales y, como consecuencia, la pérdida de la soberanía alimentaria. Fue el caso en Sri Lanka, en 1996, cuando el Banco Mundial trató de impo- ner una desregulación completa de la producción del arroz, la parcelación de las tierras comunales y la introducción de la propiedad individual. Se ar- gumentó que era más barato importar el arroz de Vietnam o de Tailandia y más rentable para el país remplazar la producción de arroz por cultivos de
exportación. Al contrario, la reforma agraria del
Vietnam del Norte se construyó sobre la base de las antiguas estructuras de producción (Houtart, 2008),
con éxito social y productivo. En el Ecuador, en vez
de burocratizar la regulación del agua se debería apoyar a las entidades locales en esta función, re- forzando su responsabilidad. Como lo hemos dicho, ellos también son el Estado y no hay un solo mo- delo de socializar el agua en tanto que antítesis de la privatización.
Eliminar la pobreza rural
Según los datos del INEC de 2007, el 61,5%
de la población rural vivía en la pobreza. Según la FAO, la desnutrición a nivel nacional era del
18,1% de la población, de 26,1% en zonas rurales y del 40,1% entre los indígenas (Revolución Agra- ria, 2011: 3). Además, con las políticas neoliberales apareció la categoría de los campesinos sin tierras
(Atlas, 2011: 16). Con el gobierno actual, entre 2006
y 2013 la pobreza rural pasó del 60,6% al 40,7% (Te- légrafo, 2013 noviembre 18). Eso fue el resultado, en la mayor parte, del Bono de Desarrollo Humano y también de una doble nueva orientación nacional: políticas generales de adecuación entre la canasta
básica y el ingreso (96,6% en 2013) y de un mejor
acceso a servicios públicos de salud y de educación. No fue sino en una pequeña medida el fruto de un mejoramiento de la producción de la agricultura campesina. Según el Sistema Nacional de Informa- ción y Gestión de Tierras Rurales (SIGTIERRAS),
el 50% de las tierras son mal utilizadas (Telégrafo,
2013 octubre 6) y el Instituto Nacional Autónomo
de Investigaciones Agropecuarios (INIAP) afirma que solamente el 35% de la semillas son certificadas (Telégrafo, 2013 octubre 27). Significa que grandes
progresos son posibles con medidas estructurales y no solamente asistenciales.
La comercialización
El papel de las mujeres en este dominio es cen- tral. En la mayor parte de los casos de la agricultura campesina son las encargadas de la comercializa- ción de los productos; por eso es importante cono- cer mejor su rol y sus potencialidades, que sobre- pasan el aspecto puramente económico e implican dimensiones sociales y culturales.
Debemos añadir que, para la comercializa- ción de sus productos, las pequeñas unidades de
producción dependen mucho de “intermediarios”
de diferentes escalas de operación y que imponen los precios.
En la contratación de las grandes empresas con los campesinos, para la producción con el agro-negocio y para la comercialización con los mayoritarios y supermercados, el mayor poder se halla en manos de las primeras, que minimizan los réditos eco- nómicos del productor” (Revolución Agra- ria, 2011: 5). Como eso no corresponde a fuerzas de mercado equilibradas, sino a un mercado asimétrico, se trata realmente de contratos “entre el tiburón y las sardinas.”
Un estudio muy revelador de esta situación,
que toca al mismo tiempo los procesos productivos y comerciales integrados en una sola perspectiva, fue publicado en 2013 (Yumbla et al., 2013). El Ministerio de Agricultura ha desarrollado varios programas en esta dirección, en colaboración con empresas agroin-
dustriales y la cooperación holandesa (SNV). Uno de
ellos es el Fondo para la Integración de las Cadenas Agroproductivas (FICA) para el maíz y el arroz. Las empresas entregan a los agricultores semillas, ferti- lizantes y agroquímicos con ciertos requisitos: entre otros, tener una propiedad de entre diez y veinte hec- táreas, estar cerca de las vías principales, poseer la
tierra como garantía, pagar 10% de interés en caso
de retraso y aceptar el uso del paquete tecnológico propuesto por la empresa. Esta última se encarga de comercializar el producto, conservando el poder de
definir los precios de compra a los campesinos. Los casos de las firmas Pronaca, Inaexpo, Floralp fueron
estudiados en el documento.
La conclusión de esta investigación es la siguiente:
Es necesario mencionar que bajo este mo- delo de agricultura bajo contrato, los agri- cultores son los que asumen el riesgo en el proceso productivo y las empresas son las prestadoras de ‘servicios’, por tanto se transfiere el valor a la agro-industria y el agricultor se subsume al capital agro-in- dustrial. De forma que si todas estas políti- cas de subsidio y negocios inclusivos están encaminadas a originar un ‘cambio de ma- triz productiva’, priorizando la producción nacional para reducir las importaciones de materia prima, se está corriendo el riesgo de subsidiar un modelo de agro-negocio por sobre el modelo de agricultura familiar y campesina.
En síntesis, hubo en las últimas décadas un proceso de reconcentración de la tierra articulado
a la expansión del monocultivo; paralelamente te- nemos un fenómeno de incremento de los minifun- dios. En las zonas más pobres también se nota una