Una vez definido el esquema conceptual para entender los actores y la complejidad existente en una sociedad moderna, el método de interfaz socioestatal es adecuado para los fines del análisis interrelacionado. El concepto de interfaz es “entendido como un espacio de intercambio y conflicto en el que ciertos actores se interrelacionan no casual sino intencionalmente” (Isunza, Hevia de la Jara, 2005, p.10), es decir, un primer acercamiento nos señala que la relación en cuanto a recursos a movilizar entre Estado y sociedad civil es asimétrica. De ninguna manera podemos suponer que los actores estatales y societales se encuentran en igualdad de condiciones para incidir en la definición de una agenda pública. La construcción de consensos se complica en un contexto caracterizado por la relación asimétrica entre actores estatales y actores sociales, sus objetivos no están alineados sino que en la mayoría de casos, están en disputa (Martínez, 2010). En su defecto, tampoco podemos asumir que esta relación está exenta de acuerdos, es más, la democracia se legitima a partir de la construcción de consensos. La necesidad de entender este complejo de relaciones hace necesario complementar la noción de interfaz para que sea específica de actores estatales y societales. Isunza y Hevia de la Jara (2005) señalan que un tipo de interfaz es la “socioestatal”, la cual está determinada estructuralmente tanto por la política pública como por los proyectos sociopolíticos de los actores (estatales y societales) concernidos. Para su definición parten de la lógica de las luchas por el reconocimiento: la demanda social crea Estado cuanto también el Estado crea sociedad; el Estado, a través de la definición de políticas públicas crea interlocutores (Isunza, Hevia de la Jara, 2005).
La interfaz supone relaciones socioestatales que deben analizarse en su contenido tanto como confrontación de intereses sociales, cuanto contrastación de interpretaciones e informaciones que se efectivizan durante la implementación de las políticas públicas (Robert, 2001 citado por Isunza, Hevia de la Jara, 2005, p.12). En este sentido las políticas públicas pueden ser entendidas como una interfaz porque son un espacio social constituido por los intercambios de sujetos intencionales; son el espacio para el conflicto y la negociación de proyectos sociopolíticos; para la confrontación de paradigmas culturales; espacio de intencionalidades y relaciones entrelazadas constituidas por el poder, entendido como resultado de luchas estratégicas y significados (Isunza, Hevia de la Jara, 2005).
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En síntesis, los actores dentro de la interfaz socioestatal se presentan de la siguiente manera16:
Fuente y elaboración: Isunza, Hevia de la Jara, 2005
Referirnos a las políticas públicas como interfaz nos permite analizar su proceso como un espacio que no es exclusivo de actores estatales, sino que se trata de un escenario en el que diversos actores con distintas ideas, objetivos, visiones y valoraciones compiten para hacer prevalecer una definición del problema favorable a sus intereses. Es decir, los actores pugnan por el poder, dependiendo del grado de articulación y cohesión del Estado con la sociedad o de su nivel de relación frente a las organizaciones sociales se podrá concluir con un tipo de relación entre ellos dos. Así, una vez definido el escenario en el que se distribuyen los actores, la noción de ISE tiene que ser complementada con la construcción de tipologías, como procedimiento de conceptualización de los posibles escenarios que determinan la relación existente entre Estado y sociedad civil. Las posibles relaciones típico ideales pueden definirse en tres tipologías:
Interfaz Mandataria (Sociedad Civil Estado): Este tipo de interfaz se caracteriza por la inclusión de un amplio espectro de opiniones en la toma de
16 En función de los o jetivos de la i vestiga ió se des a tó la va ia le a to es estatales o ele tos ,
presente en el gráfico original. A: sujeto estatal B: sujeto societal ↔ : relaciones B A Estado Sociedad civil Campo Campo político Interfaz socio-estatal (política pública)
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decisiones. Como el ámbito de la política es tan amplio se corre el riesgo de diluir o fragmentar el peso del Estado en un alto número de actores descentralizados si no se tiene una base sólida de representación democrática, es decir, se pone en riesgo la gobernabilidad por brindar una mayor participación ciudadana.
En la interfaz mandataria la las políticas públicas no garantizan su sostenibilidad y estabilidad. No tienen sustento ni los consensos necesarios para garantizar su sostenibilidad y estabilidad, y terminan en simples propuestas de gobierno pero no de Estado.
Interfaz estatal (Sociedad Civil Estado): En este tipo de interfaz más que participación ciudadana, el Estado es garante y responsable de los temas que se convierten en políticas públicas por la necesidad del sistema político de reducir el número de interlocutores. se privilegia la gobernabilidad a la participación ciudadana. Esta interfaz se enfoca en la distribución del poder “desde arriba” hacia los actores sociales y, operativamente, el Estado informa a la sociedad civil.
La interfaz estatal corre el peligro de justificar interlocutores “validos” del Estado, conduciendo a un desequilibrio entre legitimidad y eficiencia: las instancias de participación (interlocutores validos) entregan legitimidad a las acciones gubernamentales, más que eficiencia. Esto genera, usualmente, incapacidad para resolver los principales problemas sociales y económicos de la población, el Estado es marcadamente paternalista y autoritario de las demandas de la ciudadanía sumada a una intervención directa en la economía (Ortegón, 2008).
Interfaz de cogestión (Sociedad Civil Estado): es el tipo de relación en la que sociedad civil y estado mantienen una relación de cogestión. Una relación de cogestión entre Estado y sociedad civil presenta auténticos mecanismos de participación corresponsable, genera legitimidad y eficacia a las acciones estatales, las cuales se reflejan en eficiencia económica y equidad social; garantizando gobernabilidad y cohesión social. La interfaz de cogestión afecta positivamente la gobernabilidad democrática, sobretodo en términos de credibilidad y confianza en alianzas efectivas entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, y
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sentar las bases de una nueva concepción de gobernanza de doble entrada (“arriba para abajo” y “abajo para arriba”), con delegación de funciones gestoras a instituciones de autogobierno local y autorregulación social (contraparte efectiva del poder gubernamental).
En lo que se refiere a la construcción de políticas públicas, la interfaz se basa en la negociación entre actores políticos y sociales, sin que ello signifique pérdida de control estatal sino por el contrario, una auténtica descentralización del poder. La participación ciudadana es activa y genera concertación política, se constituye como una demanda ciudadana. Finalmente, se genera un clima de transparencia mediante información y acceso al conocimiento para la toma de decisiones (Ortegón, 2008).
Asimismo, la definición de tipologías (esfuerzo teórico conceptual) tiene que complementarse con el desarrollo de diseños operativos de análisis. En otras palabras, procedimientos para la captación de la realidad empírica que operativicen el tipo ideal. Por esta razón, la propuesta metodológica para el análisis empírico de análisis y validación empírica se compone del nivel discursivo y operativo. El primero, es el análisis normativo en el que se inscribe la problemática de soberanía alimentaria. El segundo, analiza la institucionalización de la participación ciudadana a través de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria y la presentación de resultados de una encuesta.
Fuente y elaboración: Autor Nivel Discursivo Coherencia Interna Marco Jurídico Nacional Coherencia Externa Marco Jurídico Internacional
Nivel Operativo Operacionalización
Nivel Institucional
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