Uno de los argumentos favoritos en favor de las leyes de licencias y otros tipos de estándares de
calidad, es que el gobierno debe “proteger” a los
consumidores asegurando que los trabajadores y negocios venden bienes y servicios de la máxima calidad. Por supuesto, cabe responder que la “calidad” es un término altamente elástico y relativo y lo fijan los consumidores con sus
acciones libres en el mercado. Los consumidores deciden de acuerdo con sus propios gustos e intereses, en particular de acuerdo con el precio que desean pagar por el servicio. Por ejemplo, puede resultar que asistir durante cierto número de años a un determinado tipo de escuela genere doctores de la mejor calidad (aunque es difícil ver por qué el gobierno debe proteger al público de vendedores de cremas faciales sin licencia o fontaneros sin título oficial o con menos de diez años de experiencia). Pero al prohibir la práctica de la medicina a gente que no cumple estos requisitos, el gobierno está perjudicando a consumidores que contratarían los servicios de estos competidores ilegales, protegiendo a doctores “cualificados” pero menos productivos ante la competencia externa y concediendo precios restringidos a los doctores restantes[85]. Se impide que los consumidores elijan tratamientos de menor calidad para molestias menores a cambio de un precio más bajo y también se impide que se acuda
a doctores que sigan teorías médicas distintas de las sancionadas por las escuelas de medicina aprobadas por el Estado.
Puede entenderse hasta qué punto estos requisitos se diseñan para proteger la salud del público y hasta qué punto para restringir la competencia a partir del hecho de dar consejos médicos gratis sin licencia raramente es un delito. Solamente la venta de consejo médico requiere una licencia. Como hay quien puede verse igual o más dañado por un consejo médico gratuito que por uno comprado, el fin principal de la regulación resulta claramente ser restringir la competencia, en lugar de proteger al público[86].
Hay otros estándares de calidad de la producción que tienen efectos aun más dañinos. Estos imponen definiciones gubernamentales de productos y obligan a los negocios a ajustarse a las especificaciones establecidas por estas definiciones. Así, el gobierno define “pan” como un producto con cierta composición. Se supone
que esto es una protección contra la “adulteración”, pero en realidad prohíbe las
mejoras. Si el gobierno define un producto de
cierta manera, prohíbe los cambios. Un cambio, para ser aceptado por los consumidores, tiene que ser una mejora, ya sea literal o en forma de un precio inferior. Pero puede costar mucho tiempo, si es que se logra, persuadir a la burocracia gubernamental para que cambie los requisitos. Entre tanto, se perjudica la competencia y se bloquean las mejoras tecnológicas[87]. Los estándares de “calidad”, al trasladar las decisiones sobre la calidad de los consumidores a arbitrarias comisiones gubernamentales, imponen rigideces y monopolización en el sistema económico.
En una economía libre, habría amplios medios para obtener reparaciones por daños directos o “adulteración” fraudulenta. No se necesitaría ningún sistema de “estándares” gubernamentales ni un ejército de inspectores de la administración. Si
un hombre vendiera comida adulterada, está claro que el vendedor ha cometido un fraude, violando su contrato de venta de comida. Así, si A vende a B cereales para el desayuno que resultan ser paja, A ha cometido un acto ilegal de fraude diciendo a B que le vendía comida, cuando en realidad le vendía paja. Esto es punible en tribunales bajo la “ley libertaria”, el código legal de la sociedad libre que prohibiría toda invasión de personas y propiedades. La pérdida del producto y del dinero, además de la reparación de daños (pagados a la
víctima, no al Estado), formarían parte de la pena
por fraude. No se necesita ninguna administración para evitar ventas fraudulentas: si una persona sencillamente vende algo que llama “pan”, debe seguir la definición común de pan para los consumidores y no una especificación arbitraria. Sin embargo, si especifica la composición de la barra, puede ser encausado si miente. Debe señalarse que el delito no es la mentira por sí misma, que es un problema moral fuera de la
jurisdicción de una empresa de defensa en un mercado libre, sino incumplir un contrato (apropiarse de la propiedad de otro bajo falsedad y sin, por tanto, culpable de fraude). Si, por otro lado, el producto adulterado, daña la salud del comprador (con contener algún producto tóxico, por ejemplo), el vendedor será más responsable por dañar a atacar a la persona del comprador[88].
Otro tipo de control de calidad es la supuesta “protección” a los inversores. Las regulaciones de la SEC obligan a las nuevas compañías que venden acciones, por ejemplo, a cumplir con ciertas reglas, emitir folletos, etc. El efecto neto es perjudicar a las compañías nuevas, especialmente a las pequeñas y restringirse la adquisición de capital, confiriendo así un privilegio monopolístico a las empresas preexistentes. Se prohíbe a los inversores invertir en empresas particularmente arriesgadas. Las regulaciones de la SEC, las leyes “Blue-Sky”, etc. restringen, por tanto, la creación de nuevas empresas e impiden la
inversión en negocios arriesgados, pero que quizá tuvieran éxito. De nuevo, la eficiencia en el negocio y el servicio al consumidor se ven afectados[89].
Los códigos de seguridad son otro tipo común de estándar de calidad. Prescriben los detalles de la producción e ilegalizan las diferencias. El método del libre mercado de ocuparse de, por ejemplo, el derrumbamiento de un edificio que mata a varias personas es enviar al propietario del edificio a la cárcel por homicidio. Pero el libre mercado no puede tolerar un código de “seguridad” arbitrario antes de que se produzca un crimen. El sistema actual no trata al dueño del edificio como un asesino virtual si aquel se derrumbara, solamente paga una cantidad por daños. De esta manera, la invasión de una persona queda relativamente impune. Por otro lado, proliferan los códigos administrativos y su efecto general es impedir mejoras importantes en la industria de la construcción y así conferir
privilegios monopolísticos a los constructores preexistentes, en contraste con competidores potencialmente innovadores[90]. Por tanto, evitar los códigos de seguridad mediante sobornos permite al agresor real (el constructor cuya propiedad daña a alguien) a continuar impune e irse de rositas.
Podría objetarse que las empresas de defensa en el libre mercado deben esperar a que la gente quede herida para castigar, en lugar de impedir, el delito. Es verdad que en el libre mercado solamente pueden castigarse los actos patentes. Nadie intenta tiranizar a otros basándose en que podría prevenirse así algún futuro delito. Con la teoría de la “prevención”, cualquier tipo de invasión de la libertad personal puede estar justificada y de hecho lo está. Es sin duda un procedimiento absurdo intentar “prevenir” unas pocas invasiones futuras realizando invasiones continuas a todos[91].
en contratos laborales. Se prohíbe que trabajadores y empresarios acuerden términos del contrato que no obedezcan a determinadas reglas gubernamentales. La consecuencia es una pérdida impuesta a trabajadores y empresarios, a quienes se les deniega su libertad de contratar y deben elegir otros empleos peor remunerados. Por tanto se distorsionan y asignan incorrectamente los factores en relación tanto con la máxima satisfacción de los consumidores como con el máximo retorno de los factores. La industria se convierte en menos productiva y flexible.
Otro uso de las “regulaciones de seguridad” es impedir la competencia geográfica, es decir, evitar que los consumidores compren bienes de productores eficientes ubicados en otras áreas geográficas. Analíticamente, hay poca diferencia entre la competencia en general y en ubicación, pues la ubicación es simplemente una de las muchas ventajas o desventajas que poseen las empresas en competencia. Así, los gobiernos han
organizado cárteles obligatorios de leche, que fijan precios mínimos y restringen la producción y se realizan embargos absolutos a importaciones de leche fuera del Estado, bajo la pantalla de la “seguridad”. Por supuesto, el efecto es evitar la competencia y permitir un monopolio de precios. Además, a menudo se exigen a los productos de fuera del Estado requisitos de seguridad que van mucho más allá de los impuestos a empresas locales[92].
D. ARANCELES
Los aranceles y las diversas formas de cuotas de importación prohíben, parcial o totalmente, la competencia geográfica para diversos productos. Las empresas locales obtienen un cuasi monopolio y, generalmente, un precio de monopolio. Los aranceles perjudican a los consumidores dentro del área “protegida”, al impedirles comprar a competidores más eficientes a un mejor precio.
También perjudican a las empresas extranjeras más eficientes y a los consumidores en todas las áreas, a quienes se les impide gozar de las ventajas de la especialización geográfica. En un mercado libre, los mejores recursos tienden a asignarse a sus ubicaciones más productivas. Al bloquear el comercio internacional se obliga a los factores a obtener remuneraciones inferiores en tareas menos eficientes y de menor valor productivo.
Los economistas han dedicado mucha atención a la “teoría del comercio internacional”, una atención más allá de su importancia analítica. Pero, en el libre mercado, no habría una teoría diferente del “comercio internacional” en absoluto, y el libre mercado es la base de los problemas analíticos fundamentales. El análisis de las situaciones intervencionistas consiste simplemente en comparar sus efectos con lo que habría ocurrido en un mercado libre. Las “naciones” pueden ser importantes política y
culturalmente, pero económicamente solo aparecen como consecuencia de la intervención gubernamental, sea en forma de aranceles u otras barreras al comercio geográfico, o como alguna forma de intervención monetaria[93].
Los aranceles han inspirado una profusión de especulaciones y argumentos económicos. Los argumentos en favor de los aranceles tienen una cosa en común: todos intentan probar que los consumidores del área protegida no se ven explotados por el arancel. Todos estos intentos son en vano. Hay muchos argumentos. Los habituales son las preocupaciones acerca de una “balanza comercial desfavorable”. Pero cada individuo decide acerca de sus compra y por tanto determina si su balanza es “favorable” o “desfavorable” y “desfavorable” es un término equívoco pues cada compra es la acción más favorable para el individuo en ese momento. Lo mismo puede decirse de balance consolidado de una región o país. No puede haber un balance comercial
“desfavorable” para una región, salvo que lo quieran quienes comercian, ya sea vendiendo su reserva de oro o pidiendo prestado a otros (siendo los préstamos concedidos voluntariamente por los acreedores).
Lo absurdo de los argumentos a favor de los aranceles puede verse cuando llevamos su idea a su conclusión lógica, digamos en el caso de dos individuos, a los que llamaremos Jones y Smith. Este es un uso válido de la reducción al absurdo, pues los mismos efectos cualitativos aparecen cuando se fija un arancel a toda una nación que cuando se fijan a una o dos personas, la diferencia es solo de grado[94]. Supongamos que Jones tiene una granja, “Jones’ Acres”, y Smith trabaja para él. Imbuido de ideas pro aranceles Jones pide a Smith que “compre en Jones’ Acres”. “Mantén el dinero en Jones’ Acres”, “que no te explote la marea de productos de mano de obra barata de gente de fuera de “Jones’ Acres” y otros lemas similares se convierten en santo y seña de ambos hombres.
Para asegurarse de que se cumple su objetivo, Jones fija un arancel del 1,000% sobre importaciones de todos los bienes y servicios del “extranjero”, es decir, de fuera de la granja. Como consecuencia, Jones y Smith ven cómo desaparece su tiempo de ocio, o su “problema de desempleo”, ya que trabajan de sol a sol tratando de producir todos los bienes que desean. No pueden fabricar muchos de ellos, otros sí, pero con siglos de esfuerzos. Es verdad que consiguen lo prometido por los proteccionistas: “autosuficiencia”, aunque la “suficiencia” es una mera supervivencia en lugar de un nivel confortable de vida. El dinero “queda en casa” y pueden pagarse entre sí altos salarios y precios nominales, pero descubren que el valor real de sus salarios, en términos de bienes, desciende drásticamente.
Lo cierto es que estamos de nuevo en la situación de economías aisladas o de trueque de Crusoe y Viernes. A eso es a lo que equivale efectivamente el principio del arancel. Este
principio es un ataque al mercado y su objetivo lógico es la autosuficiencia de los productores individuales. Es un objetivo que, si se consigue, supondría pobreza para todos y la muerte para la mayoría de la población mundial actual. Sería un paso atrás de la civilización a la barbarie. Un arancel moderado sobre un área mayor quizá sea solamente un empujón en esa dirección, pero es un empujón, y los argumentos empleados para justificar el arancel pueden aplicarse igualmente bien a un retorno a la “autosuficiencia” de la selva[95],[96].
Una de las partes más perspicaces del análisis de Henry George del arancel proteccionista es su exposición sobre el término “protección”:
La protección implica prevención. (…) ¿Qué es lo que previene la protección mediante el arancel? Es el comercio. (…) Pero el comercio, del cual la “protección” intenta preservarnos y defendernos no es como una inundación, un terremoto o un tornado, algo que aparece sin intervención humana. El comercio
implica acción humana. No puede haber necesidad de protegernos o defendernos contra el comercio salvo que haya hombres que quieran comerciar y lo intenten. Por tanto, ¿quiénes esos hombres contra cuyos esfuerzos el proteccionismo comercial nos protege y defiende? (…) el deseo de una parte, por muy fuerte que pueda ser, no puede por sí mismo generar comercio. Para cada transacción debe haber dos partes que realmente deseen comerciar y cuyas acciones sean recíprocas. Nadie puede comprar si no encuentra alguien que desee vender. Si los estadounidenses no desearan comprar bienes extranjeros, no se venderían aquí bienes extranjeros, incluso aunque no hubiera aranceles. La causa eficiente del comercio que nuestro arancel intenta prevenir es el deseo de los estadounidenses de comprar bienes extranjeros, no el deseo de los productores extranjeros por venderlos. (…) La protección no nos protege y defiende de los extranjeros, sino de nosotros mismos[97].
Curiosamente, las posibilidades a largo plazo de explotación del arancel proteccionista son mucho menores que las que generan otras formas de concesión de monopolio. Pues solo las empresas
a cualquiera establecer allí una empresa (incluso a extranjeros). En consecuencia, otras empresas de dentro y fuera del área acudirán en masa a la industria protegida en el área protegida, hasta que acabe desapareciendo la ganancia del monopolio, aunque se mantenga la mala asignación de la producción y el daño a los consumidores. Por tanto, a largo plazo, un arancel per se no establece un beneficio permanente ni siquiera a los beneficiarios inmediatos.
Muchos autores y economistas que en otros aspectos están a favor del libre comercio han concedido validez al “argumento de la industria naciente” para un arancel proteccionista. De hecho, pocos librecambistas han cuestionado este argumento más allá de que el arancel podría prolongarse después del estado de “nacimiento” de la industria. En la práctica, esta respuesta da validez al argumento de la “industria naciente”. Además de que la analogía biológica es completamente falsa y equívoca, al comparar un
negocio recién abierto con un bebé indefenso que necesita protección, lo esencial del argumento lo ha señalado Taussig:
El argumento consiste en que aunque el precio del artículo protegido sea temporalmente más alto por esta carga, acaba por bajar. Aparece la competencia (…) y acaba rebajando el precio. (…) Esta reducción en el precio local solo se produce después de un tiempo. Al principio el productor tiene dificultades y no puede igualarse a la competencia extranjera. Al final aprende cómo producir en las mejores condiciones y puede ofrecer el artículo en el mercado tan barato como el extranjero o incluso más barato[98].
Se supone que los competidores más antiguos poseen históricamente habilidades adquiridas y capital que les permite competir con ventaja frente a los nuevos. Por tanto, una protección inteligente del gobierno a las nuevas empresas, a largo plazo, promueve más que entorpece la competencia.
El argumento de la industria naciente da la vuelta a la conclusión verdadera a partir de las
premisas correctas. Es cierto el hecho de que el capital se haya inyectado ya en localizaciones más antiguas da a estas una ventaja, incluso si hoy día, a luz del conocimiento presente y los deseos de los consumidores, las inversiones se hubieran hecho en lugares nuevos. Pero de lo que se trata es de que siempre debemos trabajar a partir de una situación dada, con el capital que nos llega a través de la inversión de nuestros antepasados. El hecho de que nuestros antepasados cometieran errores (desde el punto de vista de nuestro superior conocimiento actual) resulta desafortunado, pero siempre debemos hacer lo mejor con lo que tengamos. No podemos ni podremos nunca investigar desde cero: si lo hiciéramos, estaríamos en la situación de Robinson Crusoe, enfrentándonos al terreno con nuestras manos desnudas y sin equipo heredado. Por tanto, debemos hacer uso de las ventajas que nos dé el capital invertido en el pasado. Subvencionar nuevas plantas podría perjudicar a
los consumidores al privarles de las ventajas del capital histórico.
De hecho, si las perspectivas a largo plazo de la nueva industria son tan prometedoras, ¿por qué no entra en el nuevo campo la empresa privada, siempre a la búsqueda de nuevas oportunidades rentables de inversión? Pues porque los emprendedores se dan cuenta de que esa inversión sería antieconómica, desperdiciando capital, terreno y trabajo que de otra forma se invertirían en satisfacer deseos más urgentes de los consumidores. Como dice Mises:
La verdad es que el establecimiento de una industria naciente es ventajoso desde un punto de vista económico solo si la superioridad del nuevo emplazamiento es tan importante que sobrepasa las desventajas que ocasiona el abandono de bienes de capital inconvertibles e intransferibles invertidos en las plantas más antiguas. Si ocurre esto, las nuevas plantas podrán competir con éxito con las antiguas sin recibir ninguna ayuda del gobierno. Si no ocurre esto, la protección que se les concede es un desperdicio, aun
cuando sea temporal y permita a la nueva empresa sostenerse en el futuro. Los aranceles se convierten virtualmente en una subvención que los consumidores se ven obligados a pagar como compensación por el uso de factores de producción escasos para reemplazar bienes de capital aun útiles que ahora se desperdician y el desvío de estos factores escasos de otros usos que podrían haber generado servicios más valorados por los consumidores. (…) En ausencia de aranceles, la migración de industrias [a mejores ubicaciones] se pospone hasta que los bienes de capital invertidos en las viejas plantas se amortizan o se vuelven obsoletos por las mejoras tecnológicas que son tan importantes que obligan a su reemplazo por nuevo equipamiento[99].
Lógicamente, el argumento de la industria naciente debe aplicarse al comercio interlocal e interregional igual que al internacional. Una de las razones de su persistencia es no darse cuenta de ello. De hecho, extender lógicamente el argumento debería de implicar que es imposible que exista y prospere ninguna empresa nueva frente a la