Cellular Target Specificity and Relative Binding Strength Characterization

En 1972, durante el sexenio de Echeverría, se promulgó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, vigente hasta la fecha, en la que se señala que:

ARTICULO 7o.- Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Asimismo dichas autoridades cuando resuelvan construir o acondicionar edificios para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia exhiba los monumentos arqueológicos e históricos de esa región, podrán solicitarle el permiso correspondiente, siendo requisito el que estas construcciones tengan las seguridades y los dispositivos de control que fija el Reglamento.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá recibir aportaciones de las autoridades mencionadas, así como de particulares para los fines que señala este artículo. En esta Ley Federal (1972) se reconoce como principio fundamental el que los monumentos son de interés nacional, no sólo para la entidad federativa en donde se localizan, sino además, que toda la nación tiene la responsabilidad de velar por ellos. En dicha Ley se establece una normatividad general y una autoridad técnica en las figuras del INAH y del INBA.

Como puede verse la Ley de 1972 no debería inhibir el papel activo de estados y municipios en la responsabilidad de proteger el patrimonio; como señaló Ana María Salazar en 1992: "lo que se quiere, en todo caso, es crear

las condiciones necesarias para generar una visión o conceptualización integral de la noción de patrimonio cultural vinculada a la sociedad global, que responda cabalmente a las nuevas demandas del desarrollo social y económico". Las condiciones sin embargo no se han creado hasta la fecha y

modificaciones a la Ley para elevar estados y municipios a una jerarquía mayor, convirtiendo a los institutos nacionales en simples asesores de proyectos.

Los gobiernos estatales y municipales pueden tener participación corresponsable en la gestión del patrimonio arqueológico a través de acuerdos y convenios con el INAH. En la práctica, sin embargo, es común que los actores involucrados consideren que el papel protagónico de estados y municipios en la gestión del patrimonio invade competencias federales. Asimismo, como ha podido observarse en el caso del municipio de Mérida la discusión de los detalles del Convenio puede llegar a durar más de los tres años que dura la administración municipal que lo impulsa y aspira a firmarlo.

El INAH dio un paso formal hacia la descentralización en 2006 cuando publicó la Guía técnica para la planeación y gestión del patrimonio cultural

de la nación reconociendo en este documento que:

La riqueza y dimensiones de nuestro patrimonio, exceden la capacidad y los recursos con que cuentan las instituciones nacionales. Por ello, además de convocar a la sociedad civil a colaborar en la responsabilidad de su rescate y conservación, se deben establecer prioridades con respecto a los bienes que por su valor, su representatividad o condiciones actuales, requieren medidas urgentes de restauración y conservación. Además, hoy en día, la preservación del patrimonio, debe vincularse con la defensa de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, por lo que los proyectos de conservación comprometen, en primer término, la participación de distintas instancias del sector público federal, los gobiernos estatales y municipales (INAH 2006:16).

A pesar de este tipo de expresiones nuestra experiencia de más de una década (1998-2010) en la fundación y consolidación de un departamento para la protección y gestión del patrimonio arqueológico en el Ayuntamiento de Mérida nos mostró reiteradamente que la gestión desde el Ayuntamiento es vista con desconfianza por el INAH, y por momentos hasta como una amenaza para el patrimonio (Ligorred 2009).

Leemos en la misma Guía técnica que “el contacto estrecho con la

problemática de las comunidades (y) el reconocimiento de las demandas específicas de cada región es una de las principales políticas del INAH”

(2006:8). Aunque éste es un avance en la línea de la descentralización, observamos, por la experiencia en Mérida, y los resultados de la presente investigación, que en los hechos el Instituto federal se resiste a establecer o aceptar los procedimientos que permitan e impulsen esa complementariedad entre los distintos órganos de gobierno.

En la práctica, es necesario crear políticas públicas, condiciones y mecanismos prácticos que hagan posible la coordinación intergubernamental y la activación del patrimonio en áreas urbanas, más que esperar los cambios per se, ya que la experiencia demuestra que un sitio arqueológico derruido en medio de la ciudad y “cerrado al público” conduce al saqueo, la destrucción y/o el conflicto.

Por ejemplo, el antiguo asentamiento maya conocido como Xoclán o Los Siete en la ciudad de Mérida, se distribuye en más de 52 Has de monte, y en gran parte (35 Has) propiedad del Municipio, rodeadas de colonias y fraccionamientos populares construidos en las dos últimas décadas, donde habitan unas 3200 familias de clase obrera. En el interior se encuentran dos grupos de montículos en estado ruinoso, con arquitectura monumental como la Pirámide del Grupo Sur de más de 9 metros de altura, y un sacbé (camino antiguo, calzada). El INAH realizó sucesivos rescates durante la construcción de los fraccionamientos, las denuncias de destrucción y las intervenciones arqueológicas de emergencia fueron lo común durante el proceso de urbanización en los alrededores de Xoclán, y en los respectivos informes de los investigadores se leen reportes de destrucción y saqueo progresivo en el sitio [Peter Schmitd (1977), Luis Millet (1990), Thelma Sierra y Leticia Vargas (1990), Fernando Robles (1990), José Huchim (1990-1995) y Lourdes Toscano (1994-1995)].

Cuando se funda el Departamento de Patrimonio Arqueológico y Natural en el Municipio de Mérida (DPANM), en 1998, los terrenos y los vestigios de Xoclán seguían abandonados, llenos de maleza, basura y escombro, y en constante menoscabo, entendible por la presión demográfica a que están sujetos, sin dejar de mencionar los incendios en época de seca, la extracción de tierra y otras afectaciones. El trabajo del DPANM se enfocó principalmente a impulsar la limpieza y vigilancia en los terrenos, a gestionar una delimitación perimetral, a obtener el plano de los vestigios, y a elaborar

un plan estratégico participativo y multisectorial (PEPAX) para convertirlo eventualmente en un interesante espacio público para la ciudad y en particular para los vecinos de la zona. La problemática general y las objeciones del INAH para la realización de esas actividades preliminares están documentadas en mi tesis de maestría La gestión municipal del

patrimonio arqueológico en Mérida, Yucatán (México) (Ligorred 2009)

situación que lleva a preguntarnos si ¿es viable el modelo vigente de gestión del patrimonio arqueológico?

Una de las metas de la integración urbana de Xoclán y otros sitios arqueológicos como espacios públicos en áreas urbanas sería que las familias de las zonas puedan conocer y disfrutar de su patrimonio cultural y enriquecer el paisaje urbano.

En otro orden de cosas, aunque con pocos ejemplos, es necesario considerar aspectos de la gestión del patrimonio arqueológico en México que tienen que ver con modelos y sinergias público-privadas, y en este caso desde un modelo empresarial como es el caso de Xcaret, en el estado de Quintana Roo. Señala Checa (2008) que

La controversia entre el INAH y la promotora de Xcaret por el uso del patrimonio y la situación de este se hará patente a lo largo del proceso de construcción del parque, arribando ambas partes a una solución, tramitada en un convenio de colaboración por el cual la Promotora de Xcaret dona una cantidad dineraria al INAH, anualizada por el uso de los restos arqueológicos dentro del parque de ocio. Una solución que no ha evitado la polémica sobre el uso privatizado de parte de patrimonio cultural protegido por ley por el Estado mexicano,

el cual acomete todas las competencias sobre el mismo y que en el caso de Xcaret, ha sido cedido en parte a terceros (Checa 2008:116).

Observamos que en este caso se conserva el modelo de apropiación de un sitio arqueológico para consumo del turismo nacional y extranjero que tiene medios para pagar el transporte y la entrada al lugar.

Cada vez más están surgiendo entidades del tercer sector en México interesadas en desarrollar proyectos de servicios turísticos apoyándose en una valoración del patrimonio maya; es el caso de Chichén Itzá, en particular, y en la conocida como Rivera Maya, en donde encontramos una serie de sitios arqueológicos abiertos al público, como el propio Xcaret, o Tulum, Xel-Há, Muyil y otros, como El Rey o San Miguelito en Cancún.

En el Estado de Yucatán el patrocinio empresarial, que por otra parte ya había abierto camino con la puesta en valor del patrimonio histórico al restaurar y rehabilitar antiguas haciendas y convertirlas en hoteles de lujo (Grupo Plan de Banamex, por ejemplo), cada día parece estar más involucrado en impulsar proyectos de desarrollo turístico vinculados a los sitios arqueológicos abiertos al público.

En estos casos de las haciendas observamos que varios elementos de la cadena de círculo virtuoso señalados en el primer capítulo se encuentran activos, aunque todavía los mecanismos de gestión no han encontrado un

modelo que permita que estas sinergias den resultados operativos deseables ni para los inversores y mucho menos para las comunidades.

En esta discusión no podemos dejar de mencionar otro de los temas importantes al respecto del patrimonio y su gestión, que es la forma de tenencia de la tierra, pues gran parte del patrimonio arqueológico de interés público, se encontraba o se encuentra en terrenos de propiedad privada (este era el caso de la zona arqueológica de Chichén Itzá que en 2010 fue comprada por el gobierno de estado de Yucatán a los herederos de la familia que durante décadas fue propietaria de la zona). El INAH tiene también la tarea pendiente de trabajar en conjunto con los gobiernos estatales y municipales, y otras instituciones estos temas, la zonificación arqueológica en los municipios es un aspecto fundamental también en ese sentido.

El análisis realizado hasta la fecha, nos permite presentar un esquema dinámico de los principales aspectos que consideramos interrelacionados para la gestión integral del patrimonio arqueológico en las áreas urbanas de los municipios yucatecos (Figura 6). En nuestro estudio se hará evidente la falta de planeación en cuanto a estas áreas y la escasa relación entre la participación estatal y municipal y la institución federal facultada para otorgar la concesión de uso de este patrimonio, lo cual poco ayuda para frenar la tendencia a la destrucción del patrimonio arqueológico en los pueblos y ciudades de Yucatán.

Esperamos hacer notoria la necesidad de un giro en las políticas públicas, a través de procedimientos y mecanismos prácticos, de manera que este patrimonio pueda ser conservado, estudiado e integrado a las áreas urbanas como espacios públicos para las generaciones presentes y futuras.

Figura 6.Esquema de los principales aspectos para la gestión integral del patrimonio arqueológico en los pueblos vivos.

• Producción •Recreación •Uso público •Rentabilidad • Empleo •Convivencia social •identidad •Memoria •Protección •Investigación •Educación •Interpretación •Gestión •Espacios públicos •Territorio •Paisaje •Uso social Desarrollo Local Patrimonio Arqueológico Turismo Cultural Sostenible Participación Comunitaria

4. PANORAMA ACTUAL DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE YUCATÁN Y ANÁLISIS DE CASOS ESTUDIADOS

Si Yucatán hubiere de cobrar nombre y reputación con muchedumbre, grandeza y hermosura de edificios como lo han alcanzado otras partes de las Indias, con oro, plata y riquezas, ella hubiera extendídose tanto como el Perú y la Nueva España, porque es así en esto de edificios y muchedumbre de ellos, la más señalada cosa de cuántas hasta hoy en las Indias se han descubierto, porque son tantos y tantas las partes donde los hay y tan bien edificados de cantería, a su modo, que espanta, y porque esta tierra no es tal al presente, aunque es buena tierra, como parece haber sido en el tiempo próspero en que en ella tanto y tan señalado edificio se labró… que si no es a quiénes los han visto, parecerá burla hablar de ellos.

- Fray Diego de Landa en 1560.

A continuación presentaremos un panorama actual de los sitios arqueológicos de Yucatán, para seguidamente analizar los casos de estudio en los cuatro municipios seleccionados.

Cuando alguien piensa en Yucatán, en el área maya, y/o en México, piensa en sitios arqueológicos. Considerado uno de los cinco países con mayor riqueza cultural, México cuenta con 37 mil 266 sitios arqueológicos y 87 mil monumentos históricos registrados y catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH 2006), aunque de éstos sólo 173 están

abiertos al público, 17 de estos en Yucatán, y en total son visitados por 18

Según una definición comúnmente aceptada, un sitio arqueológico es un lugar donde pueden hallarse huellas significativas de la acción humana (Renfrew y Bahn, 1993). En México, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos (1972) define a los monumentos arqueológicos como “los bienes muebles e inmuebles producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”.

Para el registro de los sitios arqueológicos del Municipio de Mérida se utilizó como criterio para decir que un sitio arqueológico no forma parte de otro cuando en una distancia de más de 400 metros sin vestigios, hacia los cuatro puntos cardinales, los separan. Usamos esta distancia como medida por considerarla práctica para fines de registro. No descartamos que recorridos y estudios más exhaustivos de patrón de asentamiento liguen dos o más sitios (Ligorred 2009:55).

Un sinnúmero de sitios arqueológicos en las ciudades se encuentra todavía bajo tierra. A veces se debe al “inexorable paso del tiempo” y/o “a devastaciones naturales”, o a la destrucción intencional pero, en la mayoría de los casos, la causa subyacente es la desvinculación con el pasado que el

propio proceso histórico de colonización provocó entre los habitantes de los nuevos asentamientos coloniales y modernos, y a las políticas culturales relacionadas con el patrimonio arqueológico en México, centralizadas y distantes de la participación local y comunitaria.

El proceso histórico obligó a la población a abandonar sus espacios habituales y desmantelar sus construcciones mayas y a edificar las nuevas casas bajo los cánones y normas de los conquistadores españoles. Muchas de las ciudades de América Latina, con una historia milenaria única, cuentan con vestigios que se han quedado enterrados y olvidados en la ciudad contemporánea, o sin que los habitantes hayan podido tomar conciencia de las posibilidades de recuperar su historia.

Como comentamos más arriba, un gran número de las ciudades modernas están sobre antiguos asentamientos de los pobladores originarios. La cultura de las sociedades se ve plasmada en los elementos arquitectónicos y elementos representativos, tal es el caso de los monumentos arqueológicos, y en la traza urbana que se va modificando de acuerdo a las necesidades y posibilidades en cada momento histórico.

Hoy en día, los sitios arqueológicos que están abiertos a la visita del público, lejos de ser un elemento de identidad, están pasando a ser vistos tan solo como detonantes económicos y turísticos (Chueca 1983). Parece buscarse más un interés monetario, que una valoración social del pasado, dificultando en la mayoría de los casos el acceso a la población local.

Si, como hemos dicho, el patrimonio es un reflejo de la historia personal y comunitaria, que se distingue de cualquier otra, y si los elementos –tangibles e intangibles- que lo conforman ofrecen la oportunidad de medir los logros sociales y la posibilidad de superarlos, entonces, el patrimonio y los elementos que lo conforman juegan, o deberían jugar, un papel relevante en la percepción de una identidad colectiva y en los procesos de individualización histórica de los grupos sociales.

En muchos de los sitios arqueológicos abiertos al público en México, y en Yucatán en particular, la población local también tiene que pagar un precio por su entrada al sitio (Figura 7); precios que, considerando además los niveles de pobreza que caracterizan a las zonas rurales, se vuelven prohibitivos. Asimismo, la ubicación donde se suelen encontrar los sitios

abiertos al público, alejada de los centros de población, dificulta o

La exploración y apertura al público de sitios como Chichén Itzá, en Yucatán, o Teotihuacán, en el altiplano mexicano, desde inicios del siglo XX, o los sitios de Tulum y/o El Rey, en la Riviera Maya, son ejemplos de la avanzada que representa la intervención arqueológica en los proyectos estratégicos de desarrollo económico y turístico del estado nacional mexicano. En cambio, otros sitios abiertos al público, no tan promovidos y concurridos como los emblemáticos, tienen serios problemas para su adecuada conservación y mantenimiento. Los que se encuentran dentro de las poblaciones habitadas ni qué decir. Todavía no se valora lo que en realidad representan los vestigios de los antiguos asentamientos para la memoria local y sus posibilidades como parte del paisaje cultural urbano.

La ciudad es la creación mayor del hombre como ser social, ella acumula la historia humana de todas las épocas y su sostenibilidad es el arma más potente contra la deshumanización. Perder la ciudad histórica es un riesgo de hoy (Chateloin 2008).Se observa claramente que el problema del patrimonio arqueológico de Yucatán está relacionado con una gestión condicionada a lograr objetivos políticos o económicos.

Figura 7.Tabla de los sitios arqueológicos abiertos al público en Yucatán consideradas en la Red nacional de Zonas Arqueológicas en México del INAH (http://www.inah.gob.mx/zonas-arqueologicas).

SITIO Localización Costo de acceso

(Pesos MX) Nuevas tecnologías

Acanceh Ubicada en el pueblo de Acanceh, a 35 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. 35 No Aké Se encuentra a 35 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida y se llega a través de la carretera 80

que conduce a las localidades de Ekmul y Tixcocob. 42 No

Balamcanché Se encuentra al oeste de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá. 42 No

Chacmultún Se localiza a 130 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, Yucatán, 6 kilómetros al oeste – suroeste de la cabecera municipal de Tekax, a 1 kilómetro de la comisaría de Kancab, junto a un rancho que lleva el mismo nombre.

42

No Aproximadamente desde Mérida la distancia es de 120 kilómetros y desde Cancún, en el vecino

estado de Quintana Roo, la distancia es de 188 kilómetros. Paseo virtual 2009 Paseo Virtual ZA Smartphone y tabletQR Paseo Virtual ZA Página web

Street View de la zona arqueológica Se localiza a 15 kilómetros de Mérida, Yucatán. Paseo virtual Zona Arqueológica y Museo

Twitter

Smartphone y tabletCódigo QR del paseo virtual Street View de la zona arqueológica

Se encuentra ubicado en el municipio de Temozon, entre las ciudades de Tizimín y Valladolid, al

oriente del Estado de Yucatán. Street View de la zona arqueológica

(Importante: Cultur del Gobierno del Estado de Yucatán cobra una cuota adicional de 69 pesos a nacionales y 95 pesos a extranjeros).

Izamal Se sitúa al norte del estado de Yucatán, a 72 kilómetros al oeste de Mérida. Entrada libre No Paseo virtual Smartphone y tablet

Street View de la zona arqueológica Labná Se encuentra en la “ruta Puuc,” a 120 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. 42 No

Paseo virtual

Mayapán Mayapán está situada a 43 kilómetros al Sureste de la ciudad de Mérida y a 2 kilómetros del poblado

de Telchaquillo. 35 No