CHAPTER SEVEN
CHAPTER EIGHT
E
l Proyecto se desarrolla en paralelo a la ejecución –activa u omisiva– del actual ciclo de violencia política y social extrema. Ahí radica su especificidad y, tam- bién, su dificultad: trabajar en un marco de democracia formal, sometido a todas las presiones, amenazas y sabotajes de un entorno social y político-admi- nistrativo enrarecido95. Máxime cuando se trata de un estudio que individuali- za todas y cada una de las casuísticas tanto en cuanto a las víctimas como a los victimarios. Citando con nombre y apellidos todas las personas y sujetos encau- sados o con alguna responsabilidad procesal o extraprocesal. El trabajo describe minuciosamente todas las circunstancias en las que se producen los crímenes. Glosario de presuntas autorías, complicidades, cooperaciones, inducciones y encubrimientos. Tipología de culpabilidad que engloba a los sujetos más diver- sos, desde sicarios próximos al lumpen o la delincuencia más común a altos car- 95 El trabajo se realizaría en condiciones de semiclandestinidad. El lector se habrá podido preguntar por qué no constan los nombres de los autores o de la editorial del traba- jo. En el primer caso por una ineludible cuestión de mínima seguridad; y en el segundo caso por la negativa absoluta a su edición por parte de numerosas editoriales por idénticas cues- tiones de seguridad. Incluso no consta, a petición suya, el nombre de la imprenta responsa- ble.gos de las instituciones civiles y militares, pasando por hacendados, ganaderos, profesionales diversos o mercenarios extranjeros. Todo ello englobado y cubier- to en un genérico confuso denominado «paramilitarismo», y que iría mucho más allá de lo paralelo a lo administrativo-militar, por las implicaciones de con- sorcios económicos y multinacionales. Fenómeno que obedece a muchas lógi- cas y que casi se configura como proyecto propio correlacionado por múltiples complicidades.
El proyecto CNM nació en Colombia en 1995, patrocinado por un con- junto de organizaciones de derechos humanos colombianas, apoyadas por otras organizaciones internacionales96. El objetivo era salvaguardar la memoria de los numerosos crímenes de lesa humanidad acaecidos en Colombia en lo que se considera último ciclo de violencia. Este último ciclo se habría iniciado en 1965, dentro de un marco estructural de violencia observado ya desde la misma constitución del Estado en Colombia. El trabajo se maneja en la hipótesis de que en Colombia la política no haya sido posible en clave de debate, pluralis- mo y disidencia. De esa manera la política no se contemplaba en clave de riva- lidad ideológica e institucional, en clave de foro de debate para la derrota o la victoria sino en un código bélico de exterminio del rival. La diferencia no ten- dría derecho a existir. El trabajo recogería casuística hasta el año 2000 en el que sería editado. Este ciclo de impunidad estaría actualmente vigente. Y habría generado un proceso de violencia de doble recorrido entre la que se encontraría la violencia insurgente.
La estructura del trabajo se compone de tres tomos, que se circunscriben únicamente a dos zonas, elegidas entre las dieciocho proyectadas, por el mejor acceso a documentación. Estas zonas son las de los distritos de Meta y Guavire, zona 7.a (tomo I) y los territorios del Magdalena Medio y el nordeste de Antioquia, zona 14.a (tomo II-III). Los tres tomos suman 2.600 páginas más 100 de anexos. En esas páginas se sistematizan miles de casos de asesinatos, desapariciones políticas y torturas no investigadas realmente o esclarecidas. La enumeración de los hechos es rigurosa y exhaustiva.
El Proyecto no intenta hacer un simple correlato por las galerías del horror, sino que la impunidad se estudia como un instrumento técnico de articulación jurídica y de consecuencias psico-sociales y políticas. Como dice el campo espe- cífico, el inventario de criminalidad tiene como objeto hacer valoraciones de conjunto, describir y analizar contextos, móviles, políticas y estrategias dentro de los cuales se da la planificación y ejecución. Considerar diferentes perspecti- vas:
96 A pesar del múltiple patrocinio nacional e internacional el Proyecto tiene su núcleo en la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, bajo dirección de Javier Giraldo.
a) Política: engranajes institucionales, sus procedimientos, métodos y medios; b) jurídica: pautas de transgesión de leyes y derechos, mecanismos omi- sivos de la administración, ineficacia del aparato garantista; c) ideológica: valo- rar los discursos justificatorios, las coartadas mediáticas; d) sociopolítica: meca- nismos habilitadores, articulación y sistema de apoyos, complicidades, connivencias y tolerancias; e) psico-social: perfil de victimarios y víctimas, las secuelas en familiares y allegados, junto a las consecuencias genéricas en comu- nidades, organizaciones, partidos y demás tejido social en los que estaban inser- tas las víctimas97.
Todo este campo específico tiene un punto de referencia que no pasa por la criminalidad común. El Proyecto se focaliza en los casos de la criminalidad de lesa humanidad, es decir, cuando el umbral de lo criminalmente posible o aceptable rebasa límites que hacen de dicha criminalidad atentatoria no sólo contra los derechos y la vida de un individuo sino contra la esencia de lo huma- no en general98. El accionar criminal de lesa humanidad supone entrar en unas dinámicas que degradan los modelos de convivencia de la especie hasta el punto de una entrada en niveles insoportables de decadencia política y cultural. Como crímenes de lesa humanidad se contemplan aquellos de vertiente y organización esencialmente político-social que pretenden la eliminación de toda disidencia mediante la eliminación física de todo tipo de oposición de vertiente ideológi- ca, social, étnica, religiosa o estrictamente política. En la tipología de estos crí- menes tiene un papel preeminente el Estado. El Estado es el actor necesario sin el cual se hace materialmente imposible la ejecución de crímenes de tal siste- mática y envergadura. Actor necesario ya sea bajo forma activa o de omisión culpable99.