El derecho a una vivienda adecuada no debe entenderse de forma estricta como el derecho a tener un techo sobre la cabeza; debe interpretarse como el derecho a vivir en algún lugar con seguridad, paz y dignidad.
La carencia de vivienda es la forma extrema de la denegación del derecho a la vivienda y es constitutivo de la pobreza. Pero la situación precaria de millones de habitantes de barrios mí- seros y zonas rurales remotas, donde padecen problemas de hacinamiento, aguas residuales sin tratar, contaminación, exposición a las peores condiciones climáticas y falta de acceso a agua potable y otras infraestructuras, constituye también una grave vulneración del derecho a una vivienda adecuada. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio incluyen un objetivo específico a este respecto: «Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020».
El derecho a la vivienda: realización de sus elementos
En su Observación general N.o 4, el CESCR define ese derecho con arreglo a los siguientes
a. Seguridad jurídica de la tenencia
Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los gobiernos deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección, consul- tando a las personas y los grupos afectados.
b. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura
Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes: agua potable, energía para la cocina, la calefacción y el alum- brado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.
c. Gastos soportables
Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deben ser de un nivel que no impida ni comprometa el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Deben existir subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda y protegerse. Deben elaborarse pla- nes de acción, inclusive programas de inversión pública para viviendas de precios reducidos y subsidios para vivienda, en los que se dé prioridad a los grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad, los ancianos, las minorías, las poblaciones indígenas, los refugiados y los desplazados internos.
En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de ma- terial de construcción de vivienda, las autoridades deben adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales.
d. Habitabilidad
Una vivienda adecuada debe ser habitable, en el sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes.
e. Asequibilidad
La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho a ella. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Por consiguiente, debe darse consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos, como las personas de edad, los niños, los discapacitados, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en las que suelen producirse desastres y otros grupos de personas. Tanto las disposi- ciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesida- des especiales de esos y otros grupos vulnerables.
f. Lugar
La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso al empleo, los servi- cios de atención de la salud, las escuelas y guarderías. No debe construirse en lugares contami-
nados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.
g. Adecuación cultural
La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las po- líticas en que se apoyan deben preservar la identidad y la diversidad culturales. No deben sa- crificarse las dimensiones culturales de la vivienda en aras de las actividades de desarrollo o modernización en la esfera de la vivienda.
Esta amplia lista de derechos pone de relieve algunas de las complejidades que conlleva el de- recho a una vivienda adecuada y revela los numerosos aspectos que el Estado debe tener en cuenta a la hora de cumplir su obligación jurídica de satisfacer las necesidades de la población en materia de vivienda. Cualquier persona, familia, grupo o comunidad que viva en condiciones por debajo del nivel que suponen estos derechos puede reivindicar razonablemente que no está disfrutando del derecho a una vivienda adecuada tal y como lo consagran las normas interna- cionales de derechos humanos.
43 Véase Housing and ESC Rights Law Quarterly, Vol. 1-N.o1, pp. 1 a 4.
El caso de Villa la Dulce: inclusión de los excluidos en los planes de vivienda social por medio de la acción judicial43
En octubre de 2000 un grupo de familias que había estado viviendo en condiciones precarias ocupó un edificio de Buenos Aires, la Villa la Dulce, que llevaba vacío más de 10 años. En julio de 2001 un juez ordenó el desalojo inmediato de las 180 personas que entonces vivían en la casa. Éstas obedecieron las órdenes del juez pero, como no tenían otro lugar donde ir, construyeron viviendas precarias en los caminos y las calles que rodeaban el edificio. Con el apoyo de varios funcionarios se entablaron negociaciones con las autoridades locales y en noviembre de 2001 se firmó un acuer- do según el cual el Gobierno proporcionaría a las familias desalojadas un alojamiento en un plazo de 60 días. Ello nunca se cumplió.
Con el apoyo de una ONG local, las familias desalojadas emprendieron un proceso legal para reivindicar su derecho a una vivienda adecuada, garantizado en la Constitución de Argentina. Tras una visita al lugar, el juez que entendía del caso emitió una orden temporal por la que requisaba 500.000 dólares de EE.UU. de los fondos del presupuesto municipal para la cons- trucción de viviendas apropiadas. A fin de resolver el problema inmediato de vivienda, el juez también negoció un acuerdo judicial para trasladar a las familias a hoteles de la ciudad. Debido a problemas que surgieron en la construcción de las viviendas, el Gobierno negoció con las familias desalojadas y en diciembre de 2003 se firmó un acuerdo definitivo que incorporaba las normas internacionales aplicables al derecho a una vivienda adecuada. El acuerdo preveía la construcción de 91 viviendas. Daba preferencia a los constructores que tenían a trabajadores sin hogar que representaban al menos el 20 % de su personal y preveía alquileres con opciones de compra viables y facilidades especiales de financiación que permitieran a los beneficiarios adquirir sus casas en propiedad.
Este caso demuestra que el recurso a estrategias judiciales y de litigación para imponer el cumpli- miento de derechos sociales garantizados por la Constitución puede influir en las decisiones en materia de política de vivienda.
Además es necesario lo siguiente:
• Garantizar que este derecho esté protegido frente a: - demoliciones arbitrarias;
- desahucios o desalojos forzosos;
- segregación y desplazamiento por motivos raciales o religiosos; - discriminación;
- acoso e injerencias análogas;
• Adoptar medidas positivas para reducir el número de personas sin hogar y proporcionarles un espacio adecuado para vivir, protegido de las inclemencias del clima y de los riesgos para la salud;
• Establecer mecanismos de aplicación judiciales, cuasi judiciales, administrativos o políti- cos capaces de dar reparación a las víctimas de toda supuesta violación del derecho a una vivienda adecuada.