3.3 Flow separation control through active techniques
3.3.5 Closed loop active control
Este fenómeno ha sido subestimado y en consecuencia muy poco estudiado en Latinoamérica. Generalmente empieza con una falsa promesa por parte del crimi- nal, quien se compromete a llevar a la víctima a una región donde sus condicio- nes de vida mejorarán. Cuando debe cumplir con el trato, se vale de engaños y amenazas para mantener el control sobre la víctima y explotarla, ya sea laboral o sexualmente.
Aunque no necesariamente violenta, la trata de personas es una clara amenaza para la seguridad ciudadana, especialmente para mujeres y niños. Lleva a una gran can- tidad de latinoamericanos a condiciones de vida difíciles de concebir en el siglo XXI. Los principales fines de la trata de personas en Latinoamérica son la explotación sexual (51%) y el trabajo forzado (44%) (UNODC, 2012). Aunque en algunos casos mujeres latinoamericanas son llevadas al Medio Oriente o al Lejano Oriente para ser explotadas sexualmente (Hurtado y Pereira Villa, 2012), la trata de personas es un fenómeno predominantemente local: según UNODC (2012), 88% de las víc- timas sudamericanas termina dentro del continente y 47% dentro del país de ori- gen. En Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, 65% permanece dentro de la región, y 30% dentro del país.
La trata de personas es un crimen con muy baja visibilidad ya que las víctimas se encuentran en situaciones que no les permiten acceder a las autoridades, como bajo amenaza de ejecución de hipotecas sobre las viviendas de la familia, o sim- plemente viviendo ilegalmente en otro país. Además, la trata de personas es un crimen que podría evitarse muy fácilmente creando conciencia sobre quiénes son los potenciales criminales, para que las potenciales víctimas no caigan en los en- gaños. Por este motivo estudiar la trata de personas, en la medida en que pueda ayudar a crear conciencia, puede tener un impacto importante.
166 Por una América Latina más segura: una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito
conclusiones
Existe una interrelación entre los mercados ilegales, el crimen violento y el papel del Estado. Las intervenciones del Estado pueden crear rentas ilegales elevadas y consecuencias negativas no intencionadas importantes sobre la seguridad ciu- dadana.
Aunque los trade-offs que enfrenta el Estado a la hora de decidir si regular o pro- hibir un mercado (o partes de este) para reducir la producción, tráfico o consumo de bienes o sustancias no son sencillos, los gobiernos deben analizar la mejor evidencia disponible en su proceso de toma de decisiones. En algunos mercados como el de drogas esta disyuntiva siempre está latente, pero en casos como el de la trata de personas el Estado debe optar por una prohibición estricta.
No existen políticas públicas perfectas para enfrentar los mercados de sustancias o bienes que generan daños (directos o colaterales). La elección es entre políticas que busquen minimizar los daños, tanto directos del consumo como de los efec- tos colaterales negativos causados por la intervención del Estado, especialmente sobre la seguridad ciudadana.
Tampoco existen recetas únicas sobre mejores prácticas para enfrentar a todos los mercados ilegales. En algunos casos, como el de las drogas, la experiencia internacional muestra que las políticas estrictamente prohibicionistas no han lo- grado acabar con el consumo y han generado toda suerte de costos, tanto en los países consumidores como en los productores y de tránsito. Por el contrario, aquellos países que han optado por implementar enfoques de salud pública y re- gulación para enfrentar el consumo problemático de drogas han logrado mejores resultados. Portugal y Suiza sobresalen como ejemplos. Más recientemente, Uru- guay ha optado por la legalización regulada del mercado de la marihuana, un caso que vale la pena ser monitoreado por otros países la región en lo que respecta a su impacto sobre los patrones de consumo de marihuana y otras drogas y sobre la seguridad ciudadana, la salud pública y los derechos humanos.
Utilizar herramientas de salud pública no significa tener una posición laxa con el crimen. Por el contrario, significa priorizar los recursos (¡escasos!) de la Justicia para que enfoquen sus labores en disminuir el crimen y hacer cada vez menos rentable el uso de la violencia en los mercados ilegales.
En otros mercados ilegales como la minería ilegal o el contrabando, las políticas públicas deberían estar enfocadas en prevenir la informalidad y la penetración de grupos criminales.
Como en muchos otros mercados, en el fondo, una característica necesaria para el surgimiento de mercados ilegales son las oportunidades de arbitraje que brin- dan regulaciones estatales excesivas (o, en el extremo, la prohibición total). No toda oportunidad de arbitraje crea un mercado ilegal, y menos aún un mercado ilegal “violento”. La presencia del Estado y sus instituciones juegan un papel me- diador entre las oportunidades de arbitraje que generan las regulaciones estatales y el surgimiento de mercados ilegales y organizaciones criminales vinculadas a
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Narcotráfico y violencia
estos. Cuando el Estado tiene presencia amplia (con programas sociales, oportu- nidades de inclusión social, programas de educación e incentivos a la creación de empresas legales), pueden existir oportunidades de arbitraje sin necesidad de que surjan mercados ilegales, y menos aún organizaciones criminales violentas que los controlen. Si el brazo del Estado llega no sólo con políticas represivas, proba- blemente las políticas de control y regulación podrán ser mucho más eficientes y sostenibles en el tiempo.