6. Conclusion
6.3 Closing discussion
Afganistán RD Congo Haití Malasia Somalia
Arabia Saudita RPD Corea India México Sri Lanka
Argelia Chad Indonesia Myanmar Sudán
Bangladesh Côte d’Ivoire Irán Nepal Tailandia
Belarús Cuba Iraq Nigeria Turkmenistán
Burundi Eritrea Israel Pakistán Uganda
Camboya Etiopía Jamaica Palestina Uzbekistán
China Filipinas Líbano Perú Viet Nam
el Protocolo I ha sido ratificado por 163 países (Timor-Leste lo ratificó en 2005). En cualquier caso, el hecho de que cada vez más los conflictos armados sean de orden intraestatal, y no interestatal12, en los que la población civil es quien más sufre13, y en los que tienen lugar graves violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales14, ha obligado a que el DIH tenga que seguir evolucionando para adaptarse a este nuevo contexto. Esta nueva naturaleza de los conflictos armados actuales ha reavivado el debate sobre el papel de las nuevas tipologías de actores armados, así como de sus responsabilidades.
Por este motivo, el primer indicador que se ha tenido en cuenta a la hora de tratar el presente subapartado se ha construido a partir de las ratificaciones del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados sin carácter
inter-nacional (Protocolo II)15, de 1979 (indicador nº 20). En 2003, había ratificado dicho Protocolo un total de
159 Estados.
No obstante, aunque el DIH se encuentra esencialmente recogido en los Cuatro Convenios de Ginebra, complementados con los dos Protocolos adicionales I y II, existen otros instrumentos jurídicos cuyo cumpli-miento o incumplicumpli-miento tiene claras consecuencias sobre la aplicación del mismo DIH. Éste es el caso, por ejemplo, de los que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares, como el Tratado de Ottawa sobre las Minas Antipersona16, o bien de la Corte Penal Internacional, e incluso de los que protegen a ciertas cate-gorías de personas o de bienes. Estos últimos han sido especialmente considerados a la hora de redactar el presente apartado, en concreto los textos jurídicos referentes a los menores y a su participación en conflic-tos armados.
De hecho, en el IV Convenio de Ginebra y los dos Protocolos adicionales I y II ya se estipula a favor de una protección especial para menores, que se complementa con la Convención relativa a los Derechos del Niño, de 1989 (véase indicador nº 31), y el Protocolo Facultativo a la Convención relativa a los Derechos del Niño sobre la participación en conflictos armados, de 2000. Este Protocolo Facultativo considera niño y niña sol-dado a aquella «persona menor de 18 años que de manera voluntaria o forzosa forma parte de las FFAA o de los grupos armados de oposición, y participa de forma directa en combate»17. Los Estados parte se com-prometen a sancionar penalmente estas prácticas. El 12 de febrero de 2002, el Protocolo Facultativo entró en vigor y ha sido ratificado por 101 Estados.
En el segundo y último indicador considerado en este subapartado se señalan los países en los que las
FFAA y/o los grupos armados reclutan niños y niñas como soldados (indicador nº 21). La ONG
Coa-lition to Stop the Use of Child Soldiers y el Secretario General de la ONU presentan anualmente su informe sobre esta materia ante el Consejo de Seguridad desde noviembre de 2001, fecha en la que se adoptó la pri-mera resolución sobre menores y conflictos armados.
Entre 2001 y 2004, menores de 18 años participaron de forma directa en las hostilidades en países en gue-rra como Afganistán, Angola, Burundi, Colombia, RD Congo, Côte d’Ivoire, Filipinas, Guinea, India, Iraq, Israel/Palestina, Indonesia, Liberia, Myanmar, Nepal, Rusia, Rwanda, Sri Lanka, Somalia, Sudán y Uganda. En 2005, Naciones Unidas señalaba que los países en los que la situación ha mejorado son Afganistán, Angola, la zona de los Balcanes, Etiopía, Eritrea, Liberia, Sierra Leona y Timor-Leste. En cambio, 54 grupos
12. Véase capítulo 1 relativo a los conflictos armados. 13. Véase capítulo 5 sobre crisis humanitarias.
14. A diferencia del DIH, muchas de las disposiciones relativas a los derechos humanos y a las libertades fundamentales pueden ser suspendidas en una situación de conflicto armado interno.
15. Se entiende por ‘conflictos armados sin carácter internacional’ aquellos en los que se enfrentan las fuerzas armadas regulares y grupos armados de oposición o grupos armados de oposición entre sí, dentro del territorio de un mismo Estado. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo adi-cional II. En el artículo nº 3 se regulaban los conflictos armados intraestatales hasta la publicación del Protocolo II.
16. Véase apartado 6 sobre Militarización y desarme.
17. Véanse los artículos 2 y 4 del Protocolo Facultativo de 2000. Hasta la adopción de este Protocolo se consideraba menor a los niños y niñas de 15 o menos años (incluida la Corte Penal Internacional).
armados y FFAA siguen reclutando a menores en Burundi, Colombia, Côte d’Ivoire, RD Congo, Filipinas, Myanmar, Nepal, Somalia, Sudán, Sri Lanka y Uganda18.
El año 2005 también significó un punto de inflexión en esta materia, ya que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 26 de julio de 2005 mediante la resolución 1612 el Plan de Acción para erradicar el uso de menores-soldado propuesto por el hasta entonces Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre menores y conflictos armados, O. Otunnu. Los elementos fundamentales de esta campaña denomi-nada la “era de aplicación” son: investigar, mencionar por su nombre e incluir en listas a las partes que cometan graves violaciones de los derechos del niño; iniciar un diálogo con las partes infractoras para pre-parar y ejecutar planes de acción que pongan fin a los abusos graves; poner en práctica un mecanismo de supervisión y presentación de informes sobre violaciones graves de los derechos del niño, y asegurar la ren-dición de cuentas mediante la adopción de medidas concretas por los principales organismos y entidades encargados de formular políticas sobre esta materia.
18. Para más información, véase <http://www.child-soldiers.org/resources/global-reports>
19. Fundación “La caixa”, Menores-soldado, noviembre de 2005 en <http://www.escolapau.org/> 109
Cuadro 7.5. ¿Qué es un menor-soldado?
19Si bien no hay una definición precisa sobre lo que se considera un menor-soldado, aquí se recoge la definición adoptada durante una conferencia internacional sobre menores-soldado que tuvo lugar en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en 1997 y que ha sido acep-tada ampliamente por las agencias de Naciones Unidas, numerosos gobiernos y ONG. Los Principios de Cape Town consideran que un menor-soldado «es una persona menor de 18 años que en cualquier medida participa en cualquier tipo de fuerza armada legal o ilegal, incluyéndose, pero no limitándose, a los cocineros, cargueros, mensajeros y los que acompañan a tales grupos en calidad diferente a miembros de la familia. La definición incluye a las niñas reclutadas para propósitos sexuales u obligadas al matrimo-nio». Por lo tanto, menor-soldado no únicamente se refiere a un niño o niña que ha llevado armas. Internacionalmente, la defini-ción es bastante amplia, de tal manera que se pueda extender protecdefini-ción a tantos menores como sea posible, y para garantizar su inclusión en los programas de desmovilización y reinserción.
Más de 500.000 menores de 18 años están siendo reclutados en una treintena de países de todo el mundo, ya sea por las FFAA o por grupos armados de oposición. Unos 300.000 de esos menores participan directamente en enfrentamientos
armados o realizan tareas logísticas (como espías, mensajeros, porteadores, esclavos, etc.) en los diversos conflictos armados
actuales, especialmente en el continente africano, donde se estima que hay más de 100.000 menores-soldado. Estos niños y niñas, además, sufren graves violaciones de los derechos humanos, como abusos sexuales, maltrato y secuestro.
110
Der
echos humanos
Países con graves violaciones de los der
echos humanos
Relator
es o
repr
esentantes
8. Desarrollo
El presente capítulo, que trata sobre cuestiones de desarrollo1, se divide en tres partes. En la primera se ana-lizan siete indicadores. En la segunda parte se abordan algunos de los aspectos más importantes de la agenda de desarrollo del año. En la tercera se adjunta un mapa con los países señalados en dos de los men-cionados indicadores.
8.1. Análisis de indicadores
A continuación se analizan siete indicadores relativos tanto a las malas prácticas de los gobiernos hacia el desarrollo y la gobernabilidad como a las condiciones de vulnerabilidad y dependencia.
a) Las malas prácticas hacia el desarrollo social y la gobernabilidad (indicadores 22 y 23)
Con relación a las prioridades en el gasto público (indicador nº 22), en 2005 había 14 países cuyo gasto militar es superior a lo que se destina a educación y salud (ver Tabla 8.1), mientras que en otros 29 países se gastan más recursos en cuestiones militares que en alguna de las otras dos partidas. Estos datos pueden ilustrar que los gastos en salud y educación son muy bajos, o bien que el gasto militar es demasiado alto, pero en cualquier caso queda claro cómo en demasiados países los derechos básicos de la población que-dan subyugados a cuestiones de defensa y militarización. Además, ello denota una concepción estricta-mente militarista de la seguridad que obvia por completo los paradigmas de la seguridad humana popula-rizados hace ya una década por el PNUD2, centrados en la satisfacción de las necesidades básicas y diarias de la población. Finalmente, cabe destacar que sólo tres de los 16 países de la siguiente tabla (Burundi, Israel y Sri Lanka) están inmersos actualmente en un conflicto armado.
Por otra parte, el BM identifica a 30 países con mala gobernabilidad3y a otros 13 países con muy mala gobernabilidad (indicador nº 23), unas cifras significativamente superiores a las de años precedentes. La gobernabilidad, considerada un aspecto crecientemente significativo de cualquier proceso de desarrollo sostenible, cada vez es más tenida en cuenta en las políticas de cooperación al desarrollo de agencias guber-namentales, organismos internacionales u ONG, por considerar que ésta facilita de alguna manera una ges-tión transparente y eficaz de la ayuda. Nótese que la práctica totalidad de los países con peor gobernabili-dad (Afganistán, Chad, RD Congo, Corea, Côte d’Ivoire, Iraq, Liberia, Myanmar, R. Centroafricana, Somalia, Sudán, Turkmenistán y Uzbekistán) han padecido o siguen padeciendo guerras muy largas y costosas y son considerados Estados fallidos o regímenes autoritarios.
1. En el presente apartado se adopta el concepto de desarrollo aparecido en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1986, que lo define como “la mejora constante del bienestar de la población entera y de todos los indivi-duos, sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste”. En esta declaración se reivindica el derecho a un proceso particular de desarrollo en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y no el desarrollo económico cuando va acompañado de crecientes desigualdades y de una concentración cada vez mayor de riqueza. Esta concepción no sólo denota que se trata de un proceso, sino que además se exigen polí-ticas concretas a los Estados, que son quienes “tienen el derecho y el deber de formular polípolí-ticas de desarrollo nacional”.
2. Véase PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1994.
3. La gobernabilidad es evaluada por el BM a partir de seis variables: control de la corrupción, rendición de cuentas, estabilidad
políti-ca y ausencia de la violencia, efectividad gubernamental, imperio de la ley y garantías procesales. 111