Un conflicto armado de carácter político implica siempre al Estado como uno de sus actores, aunque no sea necesariamente desde él que se da origen a las confrontaciones. Dentro del Estado, son las fuerzas armadas (ejército, armada, fuerza aérea) las llamadas a combatir directamente contra las agrupaciones que se alzan también en armas para desestabilizar el poco o mucho orden que se viva en el país. Por tal razón, no puede omitirse hablar de ellas como un actor fundamental dentro del conflicto armado colombiano, máxime en este caso, pues se trata de “una institución que abandona sus funciones constitucionales de la defensa nacional y se ve involucrada, en forma
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Teniendo en cuenta que la categoría “fuerzas armadas” está asociada únicamente a las fuerzas militares y que, en Colombia, la fuerza civil encarnada por la policía también se ha visto involucrada en el conflicto armado, preferimos usar la noción más amplia de “fuerza pública”, que incluye a ambas facciones.
permanente, en los conflictos internos de un Estado”. De este modo “termina por constituirse en uno de los actores centrales del juego político” (Pizarro, 1987, p. 5).
Ante el surgimiento temprano de las guerrillas de inspiración liberal y comunista, el ejército colombiano se ve involucrado mucho más tempranamente que otros en Latinoamérica en la ofensiva contra grupos armados rebeldes, lo cual se verá reforzado cuando el impacto del triunfo de la revolución cubana motive el surgimiento de nuevas agrupaciones guerrilleras.
Un aspecto que vale la pena resaltar, pues ha sido objeto de análisis por los estudiosos del conflicto, es la transformación del lugar ocupado por la fuerza pública, especialmente las fuerzas militares, a lo largo de la historia republicana del país. Otro detallado estudio de Pizarro (1987) da cuenta del lugar marginal que tuvieron durante un largo periodo, no sólo porque en Colombia el poder ha estado tradicionalmente centrado en élites civiles y económicas, sino también porque durante los gobiernos liberales, especialmente el de Alfonso López Pumarejo, se las trató con suma desconfianza, pues eran notorias las preferencias conservadoras de extendidos sectores de sus filas.
Por su parte, la policía gozó de ciertos privilegios durante esta administración, lo que suscitó la aparición de tensiones entre ambos cuerpos armados que se hicieron notorios con el estallido del periodo de La Violencia, cuando el control del gobierno había pasado a manos conservadoras. Para Guzmán et al. (1962), la policía fue una de las primeras instituciones en resquebrajarse y empezar a inmiscuirse en acciones irregulares. De acuerdo con Pizarro (1987, p. 7):
El tradicional funcionamiento clientelista utilizado para reclutar a los miembros de la policía y ante todo su alta politización partidista durante la República Liberal, le creó un clima propicio al conservatismo para organizar a su vez y desde el poder una "policía política", que comenzaría a actuar como una suerte de brazo ejecutivo del partido de gobierno, en particular en sus niveles intermedios y bajos.
Más que hacer una presentación pormenorizada de las fuerzas armadas en Colombia, interesa señalar aquí algunas características particulares de su relación con el poder ejecutivo, así como las transformaciones que ha tenido y sus niveles de injerencia en el manejo del conflicto. Los antecedentes que acaban de ser esbozados, apuntan justamente a mostrar algunas de estas características, a saber, sus estrechas relaciones con intereses partidistas, a mediados del siglo XX y, sobre todo, su subordinación a las élites civiles. Las fuerzas armadas colombianas no han tenido un papel preponderante en la toma de decisiones políticas, muestra de lo cual es que el único golpe de Estado que se ha presentado en su historia, en 1953, fue preparado por la élite política con dos años de antelación (Pizarro, 1987, p. 36), lo que ha sido descrito como un régimen militar bajo tutoría civil. Otro aspecto llamativo de este gobierno de facto es la negativa inicial de los militares, en cabeza del General Gustavo Rojas Pinilla, a asumir la presidencia, esperando que luego de su intervención esta siguiera siendo ocupada por Roberto Urdaneta (quien fungía como presidente designado ante la ausencia por enfermedad de Laureano Gómez, cuyo derrocamiento era el objetivo específico del golpe), lo que da cuenta de la poca voluntad autoritaria de los dirigentes de las fuerzas armadas, que aceptaron a regañadientes, pero con gran júbilo popular, hacerse cargo del quebrantado orden de la Nación con relativo éxito, en especial durante el primer año de la dictadura. Para Pizarro (1987, p. 37):
Esta posición subordinada que le acordó a las Fuerzas Armadas el orden político elitista de la primera mitad del siglo, sus limitaciones concomitantes para elaborar un proyecto de carácter nacional, el antimilitarismo tradicional de las élites políticas, la estabilidad del sistema bipartidista y la subordinación adscriptiva de la oficialidad a estos dos partidos, son un cúmulo de factores que redujeron el protagonismo militar en el país a su mínima expresión. Solo serán las circunstancias excepcionales de La Violencia las que las harán portadoras de un papel de primer orden.
De ahí en adelante, durante el Frente Nacional y los gobiernos posteriores –hasta la actualidad– lo que va a acentuarse es su impronta anticomunista y su capacidad ofensiva en contra de las guerrillas y toda actividad sospechosa de afinidad con los ideales de izquierda –revolucionaria o no–, que se verá fortalecida no sólo por la creciente asignación presupuestal y el entrenamiento específico recibido, sino por los constantes estados de excepción22 que amplían sus facultades y les permiten llevar a cabo actuaciones con escasa regulación y casi nulas consecuencias judiciales. Con el Estatuto de Seguridad Nacional diseñado durante el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982), las prácticas irregulares de las fuerzas militares se incrementaron considerablemente, llegando a tener características muy similares a las que se estaban presentando por la misma época en las dictaduras que afectaban el Cono Sur del continente americano, en las que la desaparición forzada de personas era una estrategia cotidiana:
En este contexto, la desaparición forzada estuvo fuertemente asociada a la lógica de la lucha contrainsurgente, y estuvo ligada a la tortura como medio para obtener confesiones del enemigo. Las desapariciones forzadas sucedieron, en ese entonces, en el marco de las detenciones sin orden judicial realizadas por la Fuerza Pública dentro de la legislación de excepción, que operó bajo la vigencia del Estatuto de Seguridad Nacional. (GMH, 2013, p. 59).
Con la derogación del Estatuto de Seguridad en el gobierno posterior, bajo la presidencia de Belisario Betancur, disminuyeron las desapariciones pero crecieron las tensiones entre las Fuerzas Militares y el gobierno, dada la voluntad política de negociación que comenzó a gestarse. Como muestra de ella, Betancur concedió una amnistía general para miembros de las guerrillas, de tal modo que se generara un ambiente de confianza para empezar a dialogar. Dicha estrategia, como vimos en el apartado precedente, tuvo cierto eco en las guerrillas, y se empezaron a gestar negociaciones que, si bien no dieron fruto durante el período de gobierno 1982-1986, abrieron la posibilidad para la firma de la paz con las guerrillas del M-19, el Quintín Lame y el EPL en 1990. Lo que se estaba buscando era volver a posicionar el poder civil en la esfera estatal y disminuir la potestad que habían ganado las Fuerzas Armadas en el manejo del orden público, lo cual tuvo como efecto la puesta en evidencia de sectores radicales que se oponían a una salida negociada del conflicto armado:
Este reajuste […] colisionó con sectores radicales de las Fuerzas Militares que se oponían a una salida política negociada del conflicto armado. Lo que siguió a esta oposición fue la intensificación de las violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes estatales mediante acciones clandestinas que se prolongaron hasta 1990, y que constituyeron un desafío del poder militar hacia el poder civil en el manejo del orden público. Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 y la continuación del conflicto entre el Estado y las guerrillas de las FARC y el ELN, las desapariciones forzadas siguieron registrando altos niveles hasta 1995. Esta modalidad fue concebida
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De acuerdo con el informe ¡Basta ya! del Grupo de Memoria Histórica, “en los 21 años transcurridos entre 1970 y 1991 Colombia vivió 206 meses bajo estado de excepción, es decir 17 años, lo que cual representa el 82% del tiempo transcurrido”.
como una estrategia de ocultamiento de la violencia mediante la cual los sectores más radicales de la Fuerza Pública respondieron al nuevo marco de derechos y garantías consagrado en la nueva carta política. Todo ello sin renunciar a lo que consideraban como acciones eficaces en la vieja lucha contrainsurgente (GMH, 2013, p. 60).
Esta tensión, que se mantuvo hasta el proceso de negociación de 1998-2002 durante la presidencia de Andrés Pastrana, cambió de intensidad con la postura de Álvaro Uribe, que posicionó un discurso de mano dura y volvió a establecer la estrategia militar y el somet
imiento de los grupos guerrilleros
como única salida posible al conflicto armado. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas que se había iniciado ya desde el gobierno anterior, con lafirma del Plan Colombia, continuó
en franco ascenso, lo que da cuenta de una búsqueda de devolverle al Estado –o quizá entregarle por primera vez– el monopolio de la fuerza, pues la falta de presencia estatal ha sido uno de los típicos argumentos esgrimidos por los grupos al margen de la ley (tanto de izquierda como de derecha) para justificar su existencia y actuaciones.Durante el gobierno de Uribe, siendo ministro de defensa el actual presidente, Juan Manuel Santos, volvieron a estar en primera plana graves violaciones a los derechos humanos, a veces por actuaciones directas de la Fuerza Pública –como los “falsos positivos”23–, y otras por las denuncias de actuación conjunta entre esta y grupos paramilitares. Por tal motivo, fueron destituidos altos mandos de la organización militar y algunos de ellos han sido encarcelados.
Con la llegada de Santos a la presidencia se dio paso a un nuevo intento de negociación con las FARC en medio del conflicto, lo que implica que las actuaciones tanto de las Fuerzas Militares como de la guerrilla no han cesado. Esto, quizá, ha permitido que las tensiones sean menores, pues los militares siguen llevando a cabo su misión contrainsurgente. Sin embargo, sectores civiles en cabeza del expresidente Uribe, hablan constantemente de la “desmoralización” de la tropa y hacen temer a algunos por la solidez del apoyo de las Fuerzas Armadas a las conversaciones que se están sosteniendo en La Habana, pese a la presencia de algunos militares retirados en el equipo de negociación, como es el caso del general Jorge Enrique Mora. Lo que es un hecho, por el momento, es que tal apoyo parece existir o, por lo menos, no ha habido una interferencia directa sobre ellas como ocurrió en ocasiones anteriores.