Al plantear la cuestión socialmente problematizada con la que trabajamos en el informe, decidimos hablar de “tierras marginales”. ¿Por qué hacemos esta
distinción? Utilizamos este término para
referirnos a zonas no urbanizables, sin infraestructura previa y donde predominan actividades económicas sin (o con escasa) regulación estatal. En este sentido, “marginalidad” hace referencia a un fenómeno social donde la persona está excluida de los mercados inmobiliarios y laborales formales y que por ende vive en barrios que facilitan el acceso a terrenos fuera de las negociaciones clásicas. Como plantea Ramiro Segura, hablamos de un espacio literal - y no solo metafóricamente -
marginado, situado a un “costado” del
trazado urbano, construido por sus propios habitantes en una zona no apta para el poblamiento urbano.
Nos preguntamos ¿dónde se ubican los pobres? La respuesta que nos surge es
donde pueden, donde los dejan, donde nadie quiere. Para ellos no hay opciones,
simplemente la necesidad de tener un espacio donde funcionar, como todos los demás. Para sobrevivir, recurren a otras alternativas como por ejemplo, la ocupación ilegal, o la adquisición de terrenos baratos en las periferias de las ciudades, en sitios de riesgo y vulnerabilidad como a orillas de ríos, lagunas, en la periferia de basureros, entre otros. En general estos terrenos carecen de servicios básicos y de infraestructura necesarios para construir casas (Hernández, 2010).
La informalidad en el uso del suelo no es solamente un proceso espacial y de
122 déficit habitacional, asociado a la nula o
escasa planificación urbana. Sin restarle importancia a este punto, es importante resaltar que el proceso de exclusión (de la ciudad formal respecto a la informal) es más profundo y multidimensional, las dificultades de integración al sistema educativo, al mundo del trabajo, al acceso a la salud y a condiciones de reproducción sociales y económicas más favorables, requieren de enfoques integrales. En este sentido cualquier política de urbanización debería contemplar que la integración urbana y la integración social se implican mutuamente y que cualquier intervención pública no puede desconocer la importancia del ejercicio pleno e integral de los derechos sociales.
Con frecuencia la definición del problema público construida por el gobierno difiere significativamente de la definición que del problema tienen los afectados y los interesados. Siempre es mejor cerrar esta brecha para que el consenso y la colaboración sea posible. Para cerrar esa brecha es necesario informar, permitir el diálogo y la argumentación, persuadir; permitir negociar y lograr el ajuste entre Estado y sociedad respecto a la definición del problema. En la realidad observamos que en la mayoría de las veces no se logra esta negociación, ni tampoco el intercambio de ideas entre el Estado y la sociedad.
En lo que concierne al barrio Villa Nueva, observamos una comunidad
afectada que insistentemente ha solicitado la intervención y la presencia de un Estado, esperando la ayuda necesaria para satisfacer sus demandas más importantes. El intercambio de ideas de ambos actores ha sucedido, pero sin una respuesta favorable y concreta por parte del Estado en la mayoría de los casos.
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, nos encontramos así con una sociedad acostumbrada a la colaboración mutua para lograr el crecimiento barrial, que ha esperado la misma actitud e iniciativa del Estado, pero no la ha recibido. El Estado no ha implementado una política pública real y continua que perdure en el tiempo.
Muchos problemas públicos, al final de su construcción y definición, poseen una estructura laxa e imprecisa, que dificulta a la comunidad y al gobierno saber qué resolver, cómo resolverlo y saber si las tareas efectuadas llegaron a resolverlo. En función a esto, se debe considerar en cómo el barrio Villa Nueva en forma comunitaria definen los problemas, si la comunidad de vecinos ha logrado expresar y presentar claramente sus demandas siguiendo un esquema claro para que el Estado acepte, y si éste les ha brindado las herramientas para guiarse en la demanda a presentar.
Tomando la otra cara de la misma moneda, observar si el Estado al definir el problema que recibe, decodifica el mensaje o demanda de la sociedad de una manera justa y coincidente, o lo define y percibe de manera diferente para su beneficio.
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