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En la vida de las mujeres existe una constante que se replica a nivel internacional, pues se están logrando grandes adelantos en materia de educación y salud; pero quedan seriamente rezagadas respecto de los hombres en cuanto a su participación económica y política (Ibarrarán y Robles, 2003).

Calculo de ingresos percibidos por mujeres (PPA en US$) (Yf)= Sf (Y)

Nf

Calculo de ingresos percibidos por hombres (PPA en US$) (Ym)= Y - Sf (Y)

En nuestro país, el feminismo de corte liberal adquirió dimensión política a consecuencia de la Revolución mexicana (1910-1917), debido a que algunos dirigentes estaban convencidos de que el espíritu de regeneración social debía abarcar también la condición de las mujeres, aun cuando el sufragio femenino carecía de reconocimiento legal. Herminia Galindo (1918), Elvia Carrillo Puerto (1926) y Refugio García (1937) fueron mujeres que lucharon por la presencia colectiva y social de las mujeres; sin embargo, no actuaron de manera aislada, pues reconocían la necesidad de contar con simpatizantes de ambos sexos (Cano, 2006).

En 1916 se presentó la demanda del sufragio ante el congreso constituyente, pero fue negado el derecho ciudadano pleno a las mujeres. Hasta 1947 se reformó la Constitución para dar lugar a un reconocimiento parcial, al legalizar la participación de las mujeres como electoras y candidatas en los procesos municipales; pero no fue sino hasta 1953 cuando se reconocieron en pleno los derechos políticos de las mujeres, y a mediados de 1954 con plena capacidad ciudadana, las mujeres mexicanas acudieron a las urnas a votar en las elecciones federales (Cano, 2006). Esto fue un gran logro, pues no hay ciudadanía sin ejercicio de la libertad individual.

Durante 1975, declarado Año Internacional de la Mujer, la Organización de Naciones Unidas (ONU) instrumentó mecanismos de apoyo que comprometieron a los países miembros en la formulación de programas y políticas públicas con el objetivo de disminuir la discriminación y avanzar hacia la igualdad entre mujeres y los hombres (Ibarrarán y Robles, 2003).

El enfoque de género es un instrumento válido en el diseño, ejecución y evaluación de políticas que impulsan la equidad e igualdad entre hombres y mujeres, y propician una mejor distribución de los recursos (Laguna et al., 2004). Pero también, hay que evitar proyectos que al satisfacer las necesidades prácticas dejen intacta la condición dependiente y subordinada de las mujeres. Este es el caso de proyectos y programas que “asisten” a las mujeres pero que al cesar la intervención de los funcionarios las dejan sin poder, sin aumentar su fuerza colectiva y sin aprovechar su capacidad de organización, de ahí la

importancia de detonar procesos de autonomía femenina. De la misma manera, habrá que evitar que al centrarse en intereses y necesidades estratégicos de género, se dejen de reconocer y retomar las condiciones materiales de las mujeres (Tepichin, 2009). La transformación de las relaciones de género puede impulsarse a través de los programas y acciones institucionales, cambios que pueden estimularse hacia una mayor equidad entre géneros resultado de la aplicación de políticas que incluyen dicha perspectiva en el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación (Laguna et al., 2004).

El poder simbólico no puede ejecutarse sin la participación de quiénes somete y contribuyen a reproducirlo (Martínez-Herrera, 2007), por ello, la política de equidad de género debe también considerar el que los hombres cuenten con espacios donde puedan reflexionar sobre su condición masculina. Desde una perspectiva de cambio, en donde el conflicto de identidad pueda también ser trabajado desde lo individual, en sus relaciones cercanas y en lo colectivo. Además, cabe señalar que en las conductas masculinas se han registraron cambios importantes, como un mayor cuidado de su salud, participación en la reproducción y reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una práctica nociva (Laguna et al., 2004).

Es importante destacar el concepto de transversalización de la perspectiva de

género, el cual se refiere al proceso de evaluar las consecuencias que tiene para los hombres y las mujeres, cualquier acción planeada, incluidas la legislación, las políticas y los programas, en cualquier sector y en todos los niveles. Es una estrategia para hacer de los problemas y experiencias de las mujeres y los hombres una dimensión integral del diseño, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de las políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de tal manera que no se perpetúe la desigualdad, cuyo objetivo es conseguir la igualdad de género (PAHO, 2006).

En la actualidad, las mujeres jefas de hogar de generaciones más recientes son las que presentan mayores cambios en los modelos de género que transmiten, los cuales son más equitativos y menos asimétricos, a diferencia del que reproducen y viven las mujeres jefas de hogar de generaciones mayores (Castellanos et al., 2005), sin embargo no se puede

esperar el cambio y empujar a las mujeres hacia éste sin una transformación de fondo sobre patrones interiorizados de género, en jerarquías de género ya incorporadas a la dinámica familiar (Tepichin, 2009) y de la participación política de las mujeres como tomadoras de decisiones, sin perder de vista que la democracia participativa eficaz sólo puede ponerse en práctica con la participación equitativa e igualitaria de hombres y mujeres (Arcos et al., 2007).

4.1.3.4. Educación

El enfoque de género como categoría de análisis es un instrumento conceptual que ayuda a leer la realidad educativa identificando desigualdades y obstáculos sociales que la escuela reproduce. La articulación del género al ámbito escolar significa para las jóvenes asumir posiciones de control en la cultura escolar donde se construyen las relaciones y se distribuye el poder (Arcos et al., 2007).

En México, la idea de la equidad educativa inició con Salvador Alvarado, quién como gobernador militar constitucionalista del estado de Yucatán (1915-1918), intentó extender la educación de las mujeres y fortalecer su contenido anticlerical, crear empleos para que les permitiera continuar cumpliendo con su participación domestica como madres y esposas, convocó dos congresos feministas estatales en 1916 para obtener consensos en reformas impulsadas por el gobierno. Otra promotora fue Hermila Galindo quien impulsó el proyecto feminista más radical de la época, pero la resonancia política de sus planteamientos se debió a su cercanía con Venustiano Carranza. Galindo defendió una educación igualitaria, desterrar la doble moral e igualdad en los derechos ciudadanos (incluyendo el voto); pero no critica la división sexual del trabajo, ni al lugar de la mujer en la familia (Cano, 2006).

El enfoque de género reconoce en el espacio educativo cuatro tipos de discurso: el pedagógico formal, en acción, obviado y oculto. El currículo formal hace referencia al enfoque pedagógico. En el segundo, a las emergencias que se generan en el espacio escolar, tales como acontecimientos históricos, sociales o de la cultura que rodea a la institución. El

oculto se refiere a lo que sucede en la ejecución de los cursos, aula o talleres, respecto a las interacciones entre docentes y estudiantes tales como: formas de comunicación, mensajes subliminales respecto a la condición femenina o masculina y uso diferenciado de los espacios (Arcos et al., 2007).

Para lograr equidad de género hay que eliminar los obstáculos a la igualdad entre los géneros independiente de su origen sociocultural. En este sentido, la educación media es señalada como factor clave para incidir simultáneamente sobre la equidad, el desarrollo integral y el ejercicio de ciudadanía plena (Stacki y Monkman, 2003).

Buchmann et al. (2008) recomiendan tres direcciones para la investigación sobre la desigualdad de género en la educación: 1) los esfuerzos interdisciplinarios para entender las diferencias de género en el plano cognitivo, no cognitivo, desarrollo y habilidades en la primera infancia, 2) la investigación sobre la estructura y las prácticas de enseñanza, y 3) el análisis de cómo las diferencias de género puede amplificar otros tipos de desigualdades, tales como la discriminación racial, étnica y de clase.