PART IV ITEM 15 EXHIBITS AND FINANCIAL STATEMENT SCHEDULES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
14. Commitments and Contingencies
La Administración Pública
Española. Tipología de los
entes públicos territoriales: las
Administraciones del Estado,
Autonómica y Local
Tema 3. La Administración Pública Española
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Índice general
1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA
1.1. La Administración Pública en el ordenamiento español 1.2. Principios de actuación de la Administración Pública
2. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
2.1. Concepto
2.2. Regulación constitucional
3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. ADMINISTRACIÓN LOCAL
3.1. Esquema general: concepto de ente territorial, y diferenciación de los institucionales
3.2. Principios constitucionales 3.3. La administración local 3.4. Las comunidades autónomas
Tema 3. La Administración Pública Española
1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA
1.1. La Administración Pública en el ordenamiento
español
1.1.1. Concepto y clasifi cación de las Administraciones Públicas
En nuestro idioma, administrar, en sentido vulgar, equivale a gobernar, regir o cuidar y el administrador se define como la persona que administra bienes ajenos. En la Administración Pública, el administrador gestiona siempre bienes e intereses ajenos; los de la comunidad política a la que sirve.En un sentido más jurídico, la Administración Pública es para el Derecho Ad- ministrativo una persona jurídica, independientemente de las funciones que, con carácter variante, haya de desempeñar etapas históricas, y del complejo orgánico que, también con carácter más o menos ocasional, la integran.
Así las cosas, podemos encontrar dos definiciones de Administración Pública: – La Administración como organización.
– La Administración como actividad.
La Administración Pública como organización podemos definirla dicien-
do que “está constituida por órganos jerárquicamente ordenados que asumen el cumplimiento de los fines del Estado en orden a la pronta y eficaz satisfacción del interés general”. La Administración es una organización puesta al servicio de la comunidad; “sirve con objetividad los intereses generales” (art. 103.1 de la CE), “con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho” (art. 103.1 CE), correspon- diendo a los Tribunales el control de “la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”.
La Administración Pública como actividad puede definirse diciendo que es
la actividad realizada por órganos competentes con las formalidades legales, para utilizar los medios de que dispone una Entidad Pública al objeto de realizar sus fines.
La Constitución Española de 1978, en su artículo 103 señala que la Adminis- tración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación y con sometimiento a la Ley y al Derecho.
Algunos ordenamientos jurídicos desconocen la personalidad jurídica del Es- tado, y ciertas tendencias doctrinales han negado, igualmente, la necesidad de este concepto.
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Se ha mantenido que la Administración tienen una doble personalidad: pú- blica y privada según sea la actividad que desarrolle. Sin embargo lo que sucede es que la Administración puede actuar en un doble campo, público y privado, sin que esta facultad condicione su personalidad.
En nuestro Derecho positivo, la personalidad del Estado se identifica con la de la Administración.
Así la Ley 40 /2015 de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 3.4 que “Cada una de las Administraciones Públicas
del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única”. El artículo 2 establece el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, y en el
mismo incluye, La Administración General del Estado, La administración de las Comunidades Autónomas, Las entidades que integran la Administración Local, y el Sector público institucional.
Tradicionalmente se ha clasificado las distintas personas que conforman el término Administraciones Públicas en territoriales e institucionales.
Las Administraciones Públicas territoriales son aquellas que tienen como
base un territorio para el ejercicio de sus competencias. De conformidad con el artículo 137 C.E. las Administraciones territoriales no son otras que:
– El Estado.
– Las Comunidades Autónomas.
– Los Entes que conforman la Administración Local (Ayuntamientos y Di- putaciones).
Las Administraciones Públicas institucionales son aquellos entes instru-
mentales que crean cada una de las Administraciones Públicas para la mejor ges- tión de los distintos servicios públicos o ejecución de competencias que tienen encomendadas.
La LRJSP las denomina Sector público institucional y establece en su artícu- lo 2.2 que está integrado por:
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vincula- dos o dependientes de las Administraciones Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Admi- nistraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potes- tades administrativas.
c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.
Tema 3. La Administración Pública Española
Profundizando el artículo 84 de la LRJSP establece que:
1. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades: a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración
General del Estado, los cuales se clasifican en: 1.º Organismos autónomos.
2.º Entidades Públicas Empresariales.
b) Las autoridades administrativas independientes. c) Las sociedades mercantiles estatales.
d) Los consorcios.
e) Las fundaciones del sector público. f) Los fondos sin personalidad jurídica. g) Las universidades públicas no transferidas.
2. La Administración General del Estado o entidad integrante del sector pú- blico institucional estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indi- rectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en este artículo, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del Estado en organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales.
3. Las universidades públicas no transferidas se regirán por lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre que les sea de aplicación y lo dispuesto en esta ley en lo que no previsto en su normativa específica.
En cuanto a las diferencias entre las Administraciones territoriales y las insti- tucionales podemos señalar las siguientes:
a) En las Territoriales, el territorio es el elemento integrante. En las Institu- cionales es mero ámbito de actuación.
b) Las Territoriales, dentro del ordenamiento jurídico, son entidades básicas, a las que la ley se limita a reconocer, mientras que las Institucionales son creaciones de la ley.
c) Las Territoriales tienen pluralidad de fines o sea fines generales, mientras que las institucionales tienen fines concretos.
d) Las Territoriales se forman por un proceso sociológico e histórico y la Ley ha de limitarse a reconocerlas. Las Institucionales tienen su origen en un acto formal y voluntario realizado con arreglo a lo dispuesto por la Ley.
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Las primeras ordinariamente son anteriores a la Ley y las segundas son posteriores a la Ley.
e) Las Territoriales son de numerus clausus (nº cerrado) mientras que las institucionales son de numerus apertus (nº abierto) existiendo todas las modalidades y denominaciones imaginables.
1.1.2. De los órganos de las Administraciones Públicas
Territoriales
1.1.2.1. La Administración del Estado
Constituida la Administración del Estado por órganos jerárquicamente ordenados, para asumir el cumplimiento de los fines del Estado en orden a la pronta y eficaz satis- facción del interés general, al frente de la misma existen unos órganos, que teniendo competencia sobre todo el territorio nacional se encuentran situados en la cúspide de dicha organización (nos referimos a la Administración Central del Estado).
Tradicionalmente en la Administración del Estado se ha hablado de órganos de-
cisorios, entre los que estarían: El Presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros,
Las Comisiones Delegadas del Gobierno y los Ministros; de los órganos de asesora-
miento, entre los que estarían El Consejo de Estado, y el Consejo Económico y Social.
Pero con una mayor precisión, los artículos 55 y 56 de LRJSP establecen:
Artículo 55. Estructura de la Administración General del Estado.
1. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autóno- mas, salvo las excepciones previstas por esta Ley.
2. La Administración General del Estado comprende:
a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes. b) La Organización Territorial.
c) La Administración General del Estado en el exterior.
3. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos: a) Órganos superiores:
1.º Los Ministros.
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b) Órganos directivos:
1.º Los Subsecretarios y Secretarios generales.
2.º Los Secretarios generales técnicos y Directores generales. 3.º Los Subdirectores generales.
4. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autó- nomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobier- no en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.
5. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos direc- tivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones inter- nacionales.
6. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto car- go, excepto los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
7. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se en- cuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.
8. Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos.
9. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución.
10. Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Admi- nistración General del Estado.
11. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta Ley, sien- do de aplicación al desempeño de sus funciones:
a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarro- llada.
b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley Ge- neral Presupuestaria.
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Artículo 56. Elementos organizativos básicos.
1. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o do- taciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades menores.
2. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma.
3. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de pues- tos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un determinado órgano.
El segundo escalón de la Administración general del Estado es la Adminis- tración territorial, antiguamente llamada administración periférica y que está formada por los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, los Subdelegados del Gobierno en la Provincia y los Directores Insulares.
A tal efecto el artículo 69 de la LRJSP establece que:
1. Existirá una Delegación del Gobierno en cada una de las Comunidades Autónomas.
2. Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radi- que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía.
3. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
4. En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluripro- vinciales, existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno.
Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Co- munidades Autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la po- blación del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen.
El tercer y último escalón de la Administración General del Estado es la Ad- ministración en el exterior, que está formada fundamentalmente por Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, Embajadas, etc.
Asi el articulo 80 de la LRJSP establece que: El Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integra-
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ción y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y, supletoria- mente, por lo dispuesto en esta Ley.
Dicha Ley establece en su artículo 42. De las Misiones Diplomáticas Perma- nentes y la Representación Permanente ante la Unión Europea y otras organiza- ciones internacionales.
1. Las Misiones Diplomáticas Permanentes representan con este carácter a España ante uno o varios Estados con los que tiene establecidas relaciones diplo- máticas. Cuando una Misión represente a España ante varios Estados lo hará en régimen de acreditación múltiple y con residencia en uno de ellos.
2. Las Representaciones Permanentes representan con este carácter a España ante la Unión Europea o una Organización Internacional. Tendrán el carácter de Representaciones de Observación cuando España no fuera parte de la organiza- ción ante la que se acreditan.
3. Las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes ejercerán to- das las funciones que les atribuye la normativa vigente, el Derecho Internacional general y los tratados internacionales de los que España es parte y la normativa aplicable a la Unión Europea o la organización internacional ante la que la Re- presentación se encuentre acreditada.
4. En especial, corresponde a las Misiones Diplomáticas Permanentes: a) Representar a España ante el Estado receptor.
b) Proteger en el Estado receptor los intereses de España y los de sus naciona- les dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. En aque- llos Estados donde no existan Oficinas Consulares, o existan en ciudades diferentes de donde radica la Misión Diplomática, las funciones consulares serán ejercidas por ésta, a través de su sección consular.
c) Negociar con el Gobierno del Estado receptor.
d) Informarse de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor y trasladar dicha información al Gobierno español. e) Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones con el Estado
receptor en todos los ámbitos de la Acción Exterior.
f) Cooperar con las instancias de representación exterior de la Unión Euro- pea en la identificación, defensa y promoción de los intereses y objetivos de su Acción Exterior.
5. La creación y supresión de las Misiones Diplomáticas Permanentes y Re- presentaciones Permanentes se realizará mediante real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
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y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior.
6. La creación y supresión de los órganos técnicos especializados a que se refiere el artículo 45.3, en cuanto suponen modificación de la estructura de la Misión o Representación, se realizará por real decreto, a iniciativa del Ministerio competente, previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera- ción, y a propuesta del Ministerio de Hacienda.
En consecuencia la organización de la Administración General del Estado obedecería al siguiente esquema:
1. Administración Central del Estado.
Órganos Superiores: • Ministros.
• Secretarios de Estado. Órganos Directivos:
• Subsecretarios y Secretarios Generales.
• Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos. • Subdirectores Generales.
2. Administración Territorial o periférica del Estado
Órganos Directivos:
• Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. • Subdelegados del Gobierno en las Provincias.
Otros Órganos:
• Directores Insulares.
3. Administración del Estado en el Exterior
• Embajadores.
• Misiones Diplomáticas. • Representaciones permanentes. • Delegaciones y oficinas consulares.
En cuanto a los órganos de asesoramiento, decir que el artículo 107 de la C.E. establece que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Go- bierno. Dicho Consejo de Estado se ha desarrollado en la Ley Orgánica 3/1980 que establece que “El Consejo de Estado ejerce la función consultiva con auto- nomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las Leyes... velará por la observancia de la Consti- tución y del resto del ordenamiento jurídico. Valorará los aspectos de oportuni- dad y conveniencia cuando así lo exija la índole del asunto o lo solicita expresa- mente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines”.
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1.1.2.2. Las Administraciones Autonómicas
La Constitución establece en su artículo 137 que el Estado se organiza terri- torialmente en Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas que se cons- tituyan. Todas ellas gozarán de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Los artículos 138 y 139 se limitan a garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad entre las diversas partes del territorio español, y el principio de igualdad de todos los españoles en los territorios del Estado.
A tal efecto se constituyeron en Comunidad Autónoma y accedieron a su au- togobierno conforme a lo previsto en el Título VIII y en sus Estatutos:
– Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y econó- micas comunes.
– Los territorios insulares.
– Las provincias con entidad regional histórica.
– Con aprobación de las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica y por motivos de interés general; a ámbitos territoriales que no superen al de una provincia e incluso autorizar un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la Organización Provincial.
En cuanto a la organización, la Constitución Española establece un esquema similar a la división de poderes establecido en el estado español generando los siguientes órganos:
1.º De gobierno y administración:
La organización institucional autónoma se basa en:
▷ Una Asamblea Legislativa unicameral, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema representativo proporcional, que asegura la representación de las diversas zonas del territorio.
▷ Un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas. ▷ Un Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nom-
brado por el Rey al que corresponde la dirección del Consejo de Gobier- no, la suprema representación de la Comunidad.
2.º Judiciales:
Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización Judicial en el ámbito territorial de la Comunidad. En los Estatutos se establecen los su- puestos y las formas de participación de aquellas en la Organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello según la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de este.
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1.1.2.3. La Administración Local
La Constitución de 1978 establece en sus artículos 140 a 142 que:
Artículo 140
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus res- pectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Con- cejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.
Artículo 141
1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determi-