En la Argentina, los principales ejes de la reestructura capitalista que comenzaron a desarrollarse a mediados de la década de 1970 pueden sintetizarse en los siguientes ítems: aumento de la volatilidad en los patrones de
producción, fundado por las agotadas posibilidades de expansión industrial que brindaba el mercado interno y la promoción estatal; una desaceleración aguda en el proceso de acumulación en los sectores productivos de la industria manufacturera; contracción absoluta de la fuerza de trabajo en la industria; retracción y estancamiento de la tecnificación, lo que contribuyó de manera general al empeoramiento de las condiciones de trabajo y de contratación; el aumento de la explotación, la precarización y la flexibilización laboral con una clara tendencia negativa del salario real; la reestructuración del capital burgués donde se pueden observar cuatro fenómenos esenciales: aumento de la concentración y centralización de los capitales con el consecuente empoderamiento de las multinacionales, avance relativo de la producción orientada al mercado mundial y el funcionamiento cada vez mas parasitario del capital expresado en la pérdida de peso relativo de la producción material (servicios), aumento del atesoramiento de la riqueza social vía fuga de capitales- ; un aumento de las frecuencias y de la duración de las crisis; un aumento desmesurado de las ganancias generadas por la disminución del costo laboral, propiciando una polarización social bajo una drástica ampliación de la pauperización e indigencia de las masas (Burachik, 2012).
A continuación dividiremos la coyuntura entre 1976- 2003 en cuatro partes. Entendemos que las temporalizaciones son divisiones arbitrarias que muchas veces no expresan las verdaderas realidades, con sus continuidades y rupturas entre períodos, pero nos permiten sintetizar pedagógicamente diversos contenidos comunes. Al final incluimos un acápite sobre los costos sociales del ajuste.
II.2.2.1 La Dictadura Militar (1976- 1983)
Para Susana Torrado el periodo 1976-1983 se denomina por sus características intrínsecas “Aperturista”, donde comienza un periodo de acumulación acorde a los intereses de determinadas clases dominantes, “caracterizado por una alianza entre el estamento militar y el segmento más concentrado de la burguesía nacional y de las empresas transnacionales” (Torrado, 1992: 63). La dictadura militar apuntó a un disciplinamiento social generalizado, frente al crecimiento de las movilizaciones populares y obreras, lo que implicó un cambio drástico en la estructura de relaciones económicas, sociales y políticas. En el plano económico, la propuesta de la Junta Militar favoreció la apertura comercial y la reforma financiera con el objetivo de beneficiar el ingreso del capital extranjero (con un trato preferencial con la URSS) en su alianza con ciertos sectores de la burguesía nacional, acabando con el modelo de industrialización y con los subsidios y créditos preferenciales. Esta situación implicó una retracción del dinamismo del mercado interno, generando a su vez una modificación negativa de la demanda de mano de obra, caída del salario real y un notable crecimiento del estrato marginal con movilidad estructural descendente. En el plano político se procedió al cercenamiento generalizado de las principales conquistas laborales de los asalariados, a la intervención de las organizaciones sindicales (restringiendo su capacidad de negociación) y a la represión de los movimientos de protesta social. La expresión más acabada del procedimiento de reorganización fueron los 30 mil detenidos-desaparecidos, los campos de concentración y exterminio, la complicidad empresaria con la represión en los lugares de trabajo y el cercenamiento de conquistas laborales y derechos sociales de larga duración.
Al respecto cabe recordar un señalamiento realizado por Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse: “El análisis de las motivaciones básicas que sustentaron al régimen militar de 1976 revela la
persistencia de un objetivo fundamental: refundar estructuralmente la sociedad argentina, tanto en términos económico-sociales como políticos, consolidando un nuevo proyecto dominante” (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986: 83). La dictadura y las clases dominantes que la sostenían no buscaban pasar de una variante de industrialización distribucionista a otra concentradora de los ingresos, sino remover las propias bases económicas y sociales de aquel modelo.
La conformación de este nuevo proceso de acumulación redujo la importancia relativa de la industria en términos productivos y ocupacionales, y dejó de ser el eje ordenador de la economía cediendo su lugar a la valorización financiera. Sobre la actividad económica se dio un contexto de creciente concentración y centralización y un marcado deterioro en la situación salarial y ocupacional de los trabajadores (Azpiazu, Manzanelli y Schorr, 2011).
Los grupos económicos nacionales y extranjeros (favorecidos por la Ley de Inversiones Extranjeras Nº 21.382) lograron acceder a posiciones de privilegio, estrechando lazos con un sector financiero en expansión por la Reforma Financiera de 1977. Esta situación trajo aparejada las numerosas prebendas estatales, una crisis dentro de la propia burguesía ante la apertura comercial y la consolidación de una estrategia de valorización con base en la especulación financiera y con fuerte orientación hacia el exterior (exportaciones de escaso valor agregado, endeudamiento externo, fuga de capitales, etc.) (Schorr, 2005).
II.2.2.2 El alfonsinismo (1983- 1989)
Fruto de una serie de factores diversos, se acelera la caída de la Dictadura Militar hacia 1982 (con la guerra de Malvinas como bisagra fundamental) y en octubre de 1983, luego de una esperada elección, gana la presidencia Raúl Alfonsín, del partido Unión Cívica Radical. Inicialmente, el fervor político opacó la magnitud de los problemas económicos que el gobierno heredaba de la última dictadura, tendencia que se revertiría posteriormente (Gerchunoff y Llach, 1998).
La aparición de Alfonsín y la restitución de la democracia en la Argentina intentaron generar expectativas favorables que significaran algo más que la reiteración del ciclo del retorno temporario a la democracia constitucional y su posterior colapso (Aboy Carles, 2001). Sin embargo, las movilizaciones sociales se afirmaban en el espacio político y pregonaban por cambios más profundos. Entre los problemas más acuciantes que debían ser respondidos por la agenda política, podemos identificar tres nudos gordianos legados de la última dictadura: 1) por un lado, la cuestión militar estaba lejos de ser resulta. El inicio de los juicios a los principales responsables de violación de los derechos humanos se opacaba frente a la presencia inquietante de los militares y sus principales socio económicos, quiebre que se evidenciará en 1987 con el levantamiento de los militares “carapintadas; 2) Además, la falta de solidez institucional de la democracia constitucional, que establecía una plataforma partidaria que no funcionaba de manera estable (Cavarozzi y Grossi, 1989); 3) Por último, el nuevo régimen debía hacer frente al agotamiento del modelo de desarrollo basado en el intervencionismo estatal, inaugurado en 1930 y desarticulado por la última dictadura.
Los mecanismo básicos que entraron en crisis fueron: a) la autarquía económica asociada a la sustitución de la importaciones; b) el arbitraje estatal; c) la redistribución de ingresos a favor de los sectores urbanos, y d) el acuerdo implícito entre capital y trabajo, que permitía la elevación de los salarios reales y de los niveles de producción de la industria.
El primer equipo económico de Raúl Alfonsín, encabezado por Bernardo Grinspun, tenía un enfoque gradualista, y pretendía compatibilizar las demandas sociales con la estabilidad de precios. Se aplicaron entonces instrumentos keynesianos típicos de estimulación de demanda (crédito barato, gasto público expansivo, etc.), y una política antiinflacionaria que establecía un primer aumento de salarios y luego un esquema de pautas para dirigir la evolución de los precios, las tarifas públicas y el tipo de cambio. Pero pronto las autoridades observaron que las variables no respondían de la forma prevista:24 las directivas de precios no eran tenidas en cuenta por los sectores no regulados, lo cual presionó por una indexación total. Se abandonaba así toda posibilidad de contener la inflación25 .Por otro lado, el gobierno había iniciado negociaciones con el FMI, pero manteniendo un tono beligerante, que cambió hacia fines de 1984, cuando toda la estrategia se revirtió: además de firmarse un acuerdo por un crédito stand by, se tomaron otras medidas igualmente ‘tradicionales’: devaluación de la moneda, incremento de tarifas públicas y restricción de la oferta monetaria. “Era el preludio de lo que sería un viraje hacia una política de ataque frontal a la inflación” (Gerchunoff y Llach, 1998: 396). En febrero de 1985, Grinspun fue reemplazado Juan Vital Sourrouille, un economista de la CEPAL. Sus primeras medidas apuntaron a la recomposición de los ingresos públicos y la corrección de algunos precios, con el fin de “obtener una estructura de precios relativos iniciales resistentes al cambio” (Canitrot y Junco, 1993: 69). Este cambio sobrevendría con la aplicación de un plan antiinflacionario heterodoxoy con características de shock, según sus propios autores. El Plan Austral – fruto de la concepción neoestructuralista de la inflación que tenía el equipo económico de Sourrouille –, compartía con los monetaristas la idea de que la inflación a largo plazo está relacionada con la financiación del déficit fiscal mediante emisión, pero se enfatizaba que en el corto plazo las expectativas inflacionarias jugaban un rol más importante, especialmente en una economía históricamente inflacionaria como la argentina. Sin embargo, a pesar de la caída de los salarios reales, se produjo un aumento de los precios de determinados productos, impidiendo el descenso de la tasa de inflación. El gobierno intentó entonces una política monetaria más restrictiva, para esterilizar parte de la expansión monetaria generada por el déficit (Cortes Conde, 2005).
El déficit fiscal se disparó a fin de año por la caída de los dos pilares del financiamiento público: el ahorro forzoso, que caducó y no pudo ser renovado ni sustituido por otros ingresos tributarios, y el valor de las exportaciones, que cayó un 25% entre 1986 y 1987.
El año 1987 estuvo marcado por fuertes acontecimientos políticos: el levantamiento militar de Semana Santa, la derrota electoral en las elecciones legislativas y de gobernadores en septiembre, y el derrumbe de las estrategias políticas de Alfonsín, significaron un recorte significativo en el poder y la capacidad de acción del gobierno.26 Los sucesivos planes que se intentaron (el “australito” en febrero y otro congelamiento en
24Esto ocurría porque “…la estructura empresaria argentina había cambiado, y los nuevos grandes grupos económicos operaban en una forma mucho más diversificada, aprovechando particularmente alternativas más rentables de inversiones financieras. En consecuencia, el aumento de la demanda, considerado artificial y transitorio, no generó el esperado incremento de la producción”(Rapoport, 2007: 740).
25La literatura señala que las políticas populistas aplicadas hasta 1984 perpetuaron la inflación, incluso desde la óptica
del gobierno. Sin embargo, éstas fueron una continuación de las políticas aplicadas por los militares en sus últimos meses de gobierno, cuando intentaron un acercamiento hacia la dirigencia sindical, “con la cual compartían temores parecidos.” (Canitrot y Junco, 1993: 65).
26En marzo de 1987, el sindicalista Carlos Alderete había sido designado en el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de promover una alianza entre el gobierno y los gremios más poderosos – “el Grupo de los 15” y las “62 Organizaciones”,
octubre) fueron seguidos por rápidos incrementos en la tasa de inflación, que superó el 20% mensual en octubre (Heymann, 1991). El Plan Primavera, puesto en marcha en agosto de 1988, significó un giro abrupto hacia la ortodoxia: por un lado, se desdobló el mercado cambiario: en el mercado oficial, se liquidarían las exportaciones agropecuarias a un tipo regulado; y en el segmento ‘financiero’, las divisas correspondientes a toda otra transacción, a tasa libre.
El golpe de gracia al Plan Primavera llegó a comienzos de 1989, cuando se difundió la noticia de que el Banco Mundial y el FMI suspenderían su apoyo a la Argentina. La corrida contra el Austral se inició a fines de enero, y se propagó al punto de provocar una depreciación cambiaria del 193% para abril (Gerchunoff y Llach, 1998). Se generó un clima de marcada incertidumbre que dio pie a que las agencias locales de los bancos acreedores empezaran a desprenderse de sus tenencias en australes, lo que motivó una disparada del dólar libre. Entre febrero y marzo de 1989 estos sucesos implicaron una creciente suba de los precios mayoristas y minoristas. Durante los siguientes meses (desde mayo a julio) se produjeron saqueos a comercios, puebladas, y desórdenes callejeros, sumándose diversas formas de conflicto a los problemas que el gobierno debía afrontar (Aboy Carlés, 2001).
El período se caracterizó por una tendencia decreciente en los salarios reales llegando a caer por debajo de su nivel mínimo, lo que provocó graves niveles de pobreza e indigencia asociados a una creciente desocupación (Iñigo Carrera et al., 1995). Los saqueos que expresaron la grave crisis económica vivida por innumerables habitantes de los barrios populares, en un estado de virulencia colectiva producto de la “violencia desde arriba”, precipitaron la toma de posesión anticipada del cargo del presidente electo Carlos Menem, del Partido Justicialista (Auyero, 2007).
II.2.2.3 De Menem a la caída de la Alianza (1989- 2001)
La llegada de Menem al poder generó profundas transformaciones en las políticas macroeconómicas, como la liberalización comercial y financiera, así como un importante proceso de privatización y la reducción de la importancia del sector público en la actividad económica en general. El nuevo gobierno se mostraba decidido a asegurar los lazos conciliatorios con el establishment económico, dejando de lado las promesas electorales del “salariazo” y la “revolución productiva” (Palermo y Novaro, 1996).
Durante la gestión menemista, las políticas económicas tuvieron una orientación claramente neoliberal donde se reconocen diversas etapas, aunque con una continuidad en sus ejes conductores. En una primera etapa, el plan económico fue manejado directamente por las corporaciones internacionales (Bunge y Born). Sin embargo, los primeros años no fueron fáciles para la conducción menemista y la persistencia de la inflación y la recesión volvieron a desatar otra crisis hiperinflacionaria, reflejo de las luchas internas entre facciones del capital y del sindicalismo (Pucciarelli, 2011).
La persistencia de la inflación como problema estructural en la economía solo pudo ser interrumpida a partir
y con los empresarios del “Grupo María” y los “capitanes de la industria”. Pero cuando el equipo económico presentó al Congreso un amplio programa de reformas, el gobierno no pudo hacer frente a las presiones de un peronismo más poderoso y reorganizado, y a la acción de los lobbies empresariales, asociados al viejo esquema proteccionista y a la llamada “patria contratista”. El oficialismo debió hacer concesiones que minaron la propia estrategia antiinflacionaria: la sanción de las leyes de asociaciones profesionales y de paritarias libres. El enojo de los empresarios hacia el gobierno determinó el fin de la ‘experiencia neocorporativista’ de Alfonsín. (Rapoport, 2007).
de la aplicación de la Ley de Convertibilidad (Rapoport, 2000), ya en una segunda etapa bajo la dirección económica de Domingo F. Cavallo.
La Convertibilidad, que implicó en la práctica una caja de conversión, rigió en la Argentina entre abril de 1991 y diciembre de 2001 (aunque no fue el único momento en la historia que se aplicó este mecanismo). La ley implicaba que el Banco Central solo podía emitir moneda en función de las existencias de reservas, y estaba obligado a responder a la demanda al valor fijado (1$ por US$ 1) (Damil, Frenkel y Maurizio, 2002). Por lo tanto, el abastecimiento de divisas se volvía clave para el sostenimiento del esquema. Buscando anular la fuerte inercia inflacionaria, se prohibió también la indexación de contratos y se avanzaba fuertemente en la apertura comercial mediante la reducción de la protección arancelaria y por la vía de la integración regional (Bouzas y Fanelli, 2001; Neffa y Panigo, 2010).
El nuevo programa impuso un conjunto general de orientaciones que permiten comprender el tipo de reformas impulsadas:
I-Apertura comercial, buscando disciplinar al sector privado y a los precios internos. Mediante este mecanismo se eliminaron trabas al comercio, pero incrementando la competencia con el exterior. El efecto combinado de un dólar barato con apertura comercial y financiera prácticamente irrestricta creó una situación que posibilitó la entrada masiva de bienes de consumo, exponiendo a la producción local a toda la presión de la competencia internacional.
II-Liberalización financiera, a fin de otorgarle mayor movilidad al capital internacional, garantizando un trato “no discriminatorio” para los capitales extranjeros respecto del capital nacional.
III- Regulación selectiva de mercados, que favoreció las demandas de algunas de las fracciones del capital generando contradicciones internas importantes. La desregulación de todos los mercados facilitaría el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado, pero en los hechos el resultado fue la concentración económica, en beneficio particularmente de las empresas transnacionales.
IV- Reforma del Estado (especialmente a través de la Ley de Emergencia Económica N° 23.697), avalada por los organismos financieros internacionales de crédito y acompañando el programa de privatizaciones, a fin de equilibrar las cuentas fiscales, reduciendo el gasto público y la intervención directa ante la pérdida de injerencia estatal sobre los servicios públicos (Azpiazu, 2002; Cantamutto y Wainer, 2013). En este sentido, se desacreditó al Estado como planificador de la economía, buscando disminuir sus funciones y su ámbito de acción. La privatización de la totalidad de las empresas públicas se decidió de manera heterogénea, donde los medios de comunicación jugaron un rol central aludiendo ineficiencia y corrupción como causas para requerir el cambio a manos privadas. Este proceso implicó una reducción de personal en las empresas, recurriéndose a despidos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, principalmente entre los trabajadores de mayor antigüedad, financiados con préstamos de organismos financieros internacionales.
V- Se intensificó la presión sobre la clase trabajadora, con una caída sistemática del salario real en un proceso deflacionario que va aumentando la plusvalía (Piva, 2009). Esta ofensiva se apoya en mecanismos de disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Hay un aumento masivo de la desocupación y la subocupación que constituyen un enorme ejercito de reserva de fuerza de trabajo (Bonnet, 2008). Flexibilización y precarización de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo, así como la reducción de los
componentes del salario indirecto, fueron una constante durante todo el periodo27.
VI- En relación al punto anterior, la política fiscal se orientó a reducir el déficit y lograr excedentes destinados a pagar el capital y los servicios de la creciente deuda externa, paliando la necesidad de reservas a través de la instalación de capital extranjero mediante sólidas garantías, altas tasas de rentabilidad para el capital y de interés para los depósitos en divisas (Neffa y Panigo, 2010). Esos cambios derivaron en un importante aumento en el grado de extranjerización de la producción y en la declinación relativa del capital nacional, pero también de los pequeños y medianos empresarios (Schorr, 2005). Las Inversiones Extranjeras Directas (IED) se orientaron a la adquisición total o parcial de empresas y conglomerados de origen nacional. Como señalan Azpiazu, Manzanelli y Schorr (2011), el comportamiento de la IED en las últimas décadas (1993-2009) denota el creciente peso de las radicaciones foráneas y su estrecha relación con las características del ciclo económico local y muestras dos etapas diferentes: una en la que la IED asumió un ritmo e intensidad significativo (convertibilidad) y otra en que los capitales extranjeros terminaron por consolidarse como actores centrales del proceso de acumulación (postconvertiblidad).
En un primer momento la estrategia antiinflacionaria resultó exitosa, pero produjo al mismo tiempo fuertes distorsiones en los precios relativos locales. El PBI registró un aumento a partir del segundo trimestre de 1990 que siguió durante varios años. Esta expansión inicial, impulsada por el acceso al crédito externo (Plan Brady) (Heredia, 2011) continuó luego de la recesión de 1995, asociada al efecto de la crisis mexicana. No obstante, la expansión de la oferta agregada estuvo vinculada a una serie de factores que no lograron sostenerse en el tiempo y que resultaron insuficientes para generar el esperado “efecto derrame”: a) la recuperación de la capacidad ociosa existente en el aparato productivo; b) el aumento del consumo interno por la expansión del crédito y la recuperación salarial posterior a la estabilización de precios; c) el aumento de las inversiones productivas como consecuencia del programa de reformas estructurales (privatización de empresas públicas y la desregulación de mercados muy atractivos); y d) el ingreso de capitales financieros facilitado por la alta liquidez inicial de la plaza internacional y las altas tasas de interés vigentes en el sistema financiero local (Castellani y Gaggero, 2011).