Dentro del marco de las estrategias de intervención y sus características, que consideran la variable género, es posible señalar algunas acciones a realizar por parte de la OPD, las que se desarrollarán con mayor preci- sión en cada una de las áreas de trabajo:
• Detección, orientación, calificación, plan de intervención familiar comunitario, derivación interna o exter- na y seguimiento, de manera de facilitar el acceso de los niños/as y sus familias a los recursos comunales locales, provinciales, regionales o nacionales públicos y/o privados. Lo anterior, según el tipo de problema, impidiendo de esta forma la innecesaria institucionalización y la judicialización de los problemas de los niños, niñas y adolescentes.
• Protección de los derechos de los niños. La OPD realizará las acciones necesarias para lograr la resolución administrativa de situaciones de vulneración de derechos, otorgar defensa y asesoría jurídica en las mis- mas situaciones, por sí o a través de otras instituciones.
• Trabajo coordinado con jueces con el propósito de que éstos consideren a las OPD en el circuito de de- rivación, favoreciendo el conocimiento de las situaciones cuyos problemas sicosociales no requieran la intervención de tribunales y contribuyendo de esta forma a descongestionar los juzgados de menores. También se facilitará el acceso a la justicia en las situaciones que así lo requieran.
• Trabajo coordinado con instituciones públicas y privadas que llevan a cabo programas especializados para la infancia.
El modelo de gestión deberá garantizar la intersectorialidad de la gestión pública en materia de infancia y adolescencia. Esto implica que las intervenciones sociales deberán articularse de forma coordinada y complementaria desde una perspectiva de relación entre sectores, compartiendo diagnóstico, estrategias, objetivos y oferta programática, abordando integralmente las necesidades de desarrollo y los derechos infanto-adolescente.
Para lo anterior, resulta indispensable que el modelo permita combinar efectivamente los esfuerzos de los distintos sectores de la gestión pública, en los diferentes niveles de la administración del Estado y de los diversos actores sociales, tanto públicos como privados, en particular los de la sociedad civil.
• Fortalecimiento de la familia y la parentalidad. Se aborda desde la llegada de la familia o adulto signi- ficativo a la OPD. Esto se manifiesta explícitamente en una acogida empática frente a la situación que vive la propia familia y que motiva su presencia. El o la profesional de la OPD, en conjunto con la familia, buscan y visualizan las posibles salidas para la situación a la luz del recuento de las acciones que han desarrollado previamente para abordar la vulneración de derechos.
Se trabaja en la valoración de actores claves que constituyan las redes más cercanas para la protección de sus hijos/as. Se aborda con ellos los temores y angustias que han vivido frente a un hecho grave, así como los discursos que presentan y les ha correspondido escuchar, los que en muchas ocasiones (en tanto son la
107 familia) les culpabiliza de lo ocurrido, más que ayudarles a comprender y buscar una salida para la situación
que les aqueja.
• Fortalecimiento y apoyo a la constitución de Concejos Comunales de Protección de Derechos, enten- didos como una instancia de carácter consultivo y asesor a la labor que lleva a cabo el municipio en estas materias. Este concejo generalmente es presidido por el alcalde y en él participan representantes del sector salud y educación (tanto pública como privada), de servicios afines como Junji, Integra, Injuv, Sernam, Ca- rabineros y la Policía de Investigaciones, de organizaciones comunitarias tales como los comités vecinales, organizaciones juveniles y agentes deportivos, representantes de las iglesias y de las instituciones privadas de la red Sename, entre otros.
Entre las funciones del Concejo que favorecen el quehacer de la OPD, podemos señalar las siguientes: a) Proponer las políticas y planes de acción en materia de infancia a nivel local. Con lo anterior se espera
introducir los temas de infancia al Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco). b) Hacer seguimiento a las políticas de infancia local.
c) Proponer a la autoridad municipal competente, planes de acción y de adjudicación de recursos para so- lucionar problemas específicos que existan a nivel local en el tema de infancia.
d) Actualización permanente de diagnósticos de infancia en el territorio, dentro del marco de su población objetivo:
El fin es dar cuenta del mejoramiento del estado de situación de los derechos de niños/as y adolescentes. Se considera el diagnóstico participativo como una herramienta necesaria para esta tarea, ya que permite identificar otros problemas asociados a las vulneraciones y contar con un mapa de recursos de los actores que están desarrollando acciones de protección, cuyas metodologías y criterios puedan ser replicadas por otros en la comunidad.
• Formación para padres y agentes intermedios. Se trata de potenciar a éstos en su rol de protección, propi- ciando o apoyando iniciativas que favorezcan la parentalidad de las personas, así como una actitud activa en la detección de vulneraciones y un adecuado manejo de las situaciones en un clima de respeto y apoyo.
Fases de la intervención
Acogida
Las personas que acuden a la OPD deben contar con una sala de espera de ambiente grato, en el que los adultos dispongan de información educativa y un rincón para los/as niños/as con juegos y revistas, entre otros elementos. En general, se espera que el espacio de la OPD sea agradable y cuente con los materiales necesarios para una buena atención. Esta recomendación se hace extensiva a las salas de todos los profesio- nales, especialmente a la de los/as sicólogos/as.
La acogida propiamente tal la realiza el profesional o técnico respectivo, quien en un primer momento reci- be las consultas y requerimientos solicitados a la OPD, además de registrar los antecedentes generales del niño/a y del o la acompañante (ficha de acogida).
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Es imprescindible que la persona que realiza la acogida cuente con la capacitación adecuada para intervenir en situaciones de crisis, además de un conocimiento actualizado respecto a los organismos de la red comu- nal y los servicios que éstos ofrecen. También deberá estar al tanto de los criterios de ingreso, de manera que pueda determinar si el o la consultante corresponde al sujeto de atención de la OPD y así derivarlo a la fase de calificación con el/los profesional(es) correspondientes.
En algunas OPD existen turnos de profesionales, por lo que en esos casos se realiza la acogida y a continua- ción, si es pertinente, se inicia la calificación.
En caso que la consulta no corresponda al tema de atención de la OPD, se entregará orientación e informa- ción específica que permita a el o la consultante acudir a aquellas instancias de la red que puedan brindarle una respuesta a sus demandas. Para ello, se recurrirá al catastro de oferta de servicios.
Si se determina que la consulta corresponde a una materia que sea de competencia de la OPD, se procede a la etapa de calificación con el/los profesional/es correspondientes (sicólogo/a, asistente social, abogado/a) y se incorporará a las nóminas de ingreso del Sename.
Quienes acuden a la OPD por situaciones de vulneración, se están enfrentando a una crisis46 particular que
debe examinarse a la luz de las crisis evolutivas del niño, la niña o el adolescente y en el contexto de las crisis normativas familiares, a partir de los distintos momentos de ciclo de vida de una familia.
Algunos padres y madres se sienten incapaces de hacer frente a la situación que viven sus hijos/as, por tanto, uno de los objetivos profesionales será reestablecer el enfrentamiento inmediato de la situación. Una intervención pertinente puede mostrar la crisis como una oportunidad de revisar temas sin resolver, concep- tualizar y reorganizar la vida de un modo diferente. Esto implica también valorar en las personas aquellos aspectos que permanecen y que les hace movilizarse para facilitar el cambio constructivo en la situación. Apoyar el enfrentamiento de la crisis implica facilitar el control de los sentimientos o lo subjetivo de la si- tuación y comenzar el proceso de solución de problemas.
Importa, por lo tanto, la preparación de quienes realicen la acogida. Requiere ser participante activo en brindar apoyo para que las personas franqueen las dificultades. Esto implica una flexibilidad tal, que permita movilizar una amplia variedad de recursos suprasistémicos y no sólo familiares. Esta intervención es poten- ciadora de la autonomía y favorece el control de la familia ante la situación presentada.
Se trata de otorgar apoyo. Es decir, de “reforzar la firmeza de la gente, cuando sólo está consciente de la debilidad”47, reducir el peligro de muerte en situaciones graves, hacer mínimas las posibilidades destructivas
e interrumpir la vulneración cuando ésta es constitutiva de delito. Se busca otorgar, al mismo tiempo, el enlace para un recurso de ayuda para iniciar pasos concretos hacia la reelaboración de la crisis.
Ahora bien, la situación planteada por el o la consultante podría tener alguna relevancia de orden jurídico que amerite la intervención del abogado o abogada de la OPD. En este caso es necesario distinguir lo siguiente:
46 Según Caplán (1964), se define la crisis como un colapso de las capacidades de solución de problemas y enfrentamiento que antes eran adecuadas. En concreto, plantea que “es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado princi- palmente por una incapacidad de las personas para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas”.
109 a) Si la situación no constituye una vulneración de derechos, se debe entregar la orientación legal que apun-
te a resolver las dudas del o la consultante, derivándolo de inmediato (si corresponde) a las entidades u organismos que le puedan entregar la asesoría jurídica que requiera, así como activar medidas de pro- tección si es necesario.
b) Cuando la situación constituye una vulneración de derechos, es pertinente activar la recopilación de todos los antecedentes que permitan calificar el caso desde un punto de vista jurídico, incluyendo la solicitud de documentos y datos relevantes si el caso se encuentra judicializado, como: RUC (Rol Único de Causa) de la fiscalía, rol del tribunal, materia, actuario, últimas diligencias o solicitar la exhibición de documentos como certificados de nacimiento, copias de sentencias o resoluciones que estén en poder del o la consultante, etc.