Artículo 232.- Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas.
También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos.
Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley. “...el artículo 232 de la Constitución, desarrollado por el 1o. y 2o. de la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas, otorgan a ésta última competencia para fiscalizar ingresos, egresos y en todo aquello de interés hacendario de los Organismos del Estado, municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado. Consecuentemente, es en virtud de tales normas por las que la Contraloría de Cuentas debe cumplir su función fiscalizadora en todo lo que involucre fondos del Estado, incluidos, los actos de enajenación de bienes nacionales, resultando antitécnico una norma específica en cada ley que se emita, que sería innecesaria por repetitiva...” Gaceta No. 45, expedientes acumulados Nos. 342-97, 374-97, 441-97, 490-97 y 559-97; página No. 36, sentencia: 05-09-97.
Véase:
- Gaceta No. 17, expediente No. 51-90, página No. 23, sentencia: 07-08- 90.
Se menciona en:
- Gaceta No. 44, expediente 1461-96, página No. 39, sentencia: 25-06-97.
- Gaceta No. 8, expedientes acumulados Nos. 10-88, 11-88 y 38-88, página No. 23, sentencia: 12-05-88.
Artículo 233.- Elección del Contralor General de Cuentas. El jefe de la Contraloría General de Cuentas, será electo para un período de cuatro años, por el Congreso de la
República, por mayoría absoluta de diputados que conformen dicho Organismo. Sólo podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Rendirá informe de su gestión al Congreso de la República, cada vez que sea requerido y de oficio dos veces al año. Gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones. En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto.
“...de acuerdo con el primer párrafo del artículo 233 de la Constitución, corresponde al Congreso de la República, elegir para un período de cuatro años al Jefe de la Contraloría General de Cuentas. Es evidente que si el legislador constituyente le dio facultad al Organismo Legislativo para elegir a dicho funcionario el órgano elector la tiene también para acordar su remoción, tal y como se reconoce en el párrafo citado en la parte que dice: ‘Sólo podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad.’. Lo anterior implica que sólo cuando existan elementos de juicio que determinen la existencia de las causales establecidas, se podrá acordar tal remoción, sin obviar la audiencia previa al funcionario afectado. En otro orden de cosas, este tribunal estima que si para declarar la elección de un funcionario (como podría ser el caso del Jefe de la Contraloría General de Cuentas), se requiere de un acuerdo legislativo, se entiende, en una correcta interpretación a contrario del numeral 2) del artículo 106 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y su integración con el numeral 9) de dicho artículo, que también por medio de acuerdo legislativo puede declararse la remoción del cargo de dicho funcionario...” Gaceta No. 57, expediente No. 272-00, página No. 123, sentencia: 06-07-00.
El Congreso de la República hará la elección a que se refiere este artículo de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades del país, quien la preside, los Decanos de las Facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada Universidad del país y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.
Para la elección de candidatos se requerirá el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de dicha Comisión.
En las votaciones, tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.
- Gaceta No. 35, expediente No. 492-94, página No. 83, sentencia: 29-03- 95.
Artículo 234.- Requisitos del Contralor General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas será el Jefe de la Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de cuarenta años, guatemalteco, contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos diez años.
Esta disposición no ha sido objeto de examen particularizado.
Artículo 235.- Facultades del Contralor General de Cuentas. El Contralor General de Cuentas tiene la facultad de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de las Contraloría y para nombrar interventores en los asuntos de su competencia, todo ello conforme a la Ley de Servicio Civil.
Esta disposición no ha sido objeto de examen particularizado.
Artículo 236.- Recursos legales. Contra los actos y las resoluciones de la Contraloría General de Cuentas, proceden los recursos judiciales y administrativos que señala la ley. Véase:
- Gaceta No. 37, expediente No. 208-95, página No. 174, sentencia: 25- 07-95.
CAPITULO IV
Régimen Financiero
Artículo 237.- Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar.
La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos.
Los Organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos, cuando la ley así lo establezca, sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, para su conocimiento e integración al presupuesto general; y además, estarán sujetos a los controles y fiscalización de los órganos correspondientes del Estado. La Ley podrá establecer otros casos de dependencias del Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para asegurar su eficiencia. El incumplimiento de la presente disposición es punible y son responsables personalmente los funcionarios bajo cuya dirección funcionen las dependencias.
No podrán incluirse en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma.
El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y su ejecución analítica, son documentos públicos, accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá que copias de los mismos obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centro América y en las bibliotecas de las universidades del país. En igual forma deberán proceder los otros organismos del Estado y las entidades descentralizadas y autónomas que manejen presupuesto propio. Incurrirá en responsabilidad penal el funcionario público que de cualquier manera impida o dificulte la consulta.
Los Organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos están obligados a publicar anualmente con detalle el origen y aplicación de los mismos, debidamente auditado por la Contraloría General de Cuentas. Dicha publicación deberá hacerse en el Diario Oficial dentro de los seis meses siguientes a la finalización de cada ejercicio fiscal.
“...de conformidad con el artículo 237 de la Constitución, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado debe aprobarse para cada ejercicio fiscal, lo que, vinculado con la potestad del Congreso de la República de aprobarlo anualmente (artículo 171 inciso b) implica que, salvo las asignaciones de orden constitucional (por ejemplo, a municipalidades, Universidad de San Carlos, deporte federado, Organismo Judicial) no es posible ordenar por medio de una ley ordinaria que cualquier porcentaje del Presupuesto de Ingresos Ordinarios se destine a un fin específico, pues ello contraviene los preceptos citados en este apartado, los que, respectivamente, protegen, entre otros principios jurídicos, la unidad del Presupuesto y la potestad legislativa de ordenar el gasto año con año, como corresponde en el sistema democrático, en que el Congreso, cuya composición política es variable según las manifestaciones electorales y
soberanas del pueblo, puede determinar las prioridades que, en su momento, estime convenientes. Una interpretación diferente de este supuesto desnaturalizaría tal potestad, pues bien podría darse que un Congreso resolviera, mediante leyes, ordenar asignaciones para muy diversos objetos...” Opinión Consultiva emitida por solicitud del Congreso de la República, Gaceta No. 47, expediente No. 688-97, página No. 6, resolución: 23-03-98.
“...En las circunstancias aludidas la inconstitucionalidad apreciada se ubica concretamente en el prefijo “Extra” que antecede en el renglón nominado “Aporte Extraordinario al Organismo Judicial”, por cuanto sin negarse la posibilidad de que por causas imprevisibles o de fuerza mayor el Estado se vea compelido a acudir a obtener por vía de negociación, donación u otro procedimiento fondos adicionales de carácter extraordinario, para el caso de autos una distinción tal, carente de base constitucional, altera el espíritu del artículo 213 constitucional que fija un porcentaje determinado y sin calificativos del Presupuesto de Ingresos del Estado a favor del Organismo Judicial, y siendo éste determinante, a su vez, del que corresponde a la Corte de Constitucionalidad, resulta infringido el párrafo segundo del artículo 268 de la Constitución, que se refiere a su presupuesto, cuyo monto aparece expresado numéricamente en el artículo 186 del Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente. De ahí que deba declararse la inconstitucionalidad del prefijo “Extra” contenido en la frase “Aporte Extraordinario al Organismo Judicial” y la cantidad de “9,364,355” que precede a la partida presupuestaria nominada “Aporte a la Corte de Constitucionalidad”...” Gaceta No. 60, expediente No. 01-01, página No. 42, sentencia: 05-04-01. Véase:
- Gaceta No. 48, expediente No. 285-97, página No. 36, sentencia: 08-06- 98.
Se menciona en:
- Gaceta No. 53, expediente No. 581-99, página No. 7, sentencia 06-09-99
- Gaceta No. 43, expediente No. 888-96, página No. 7, sentencia: 13-01- 97.
- Gaceta No. 10, expediente No. 203-88, página No. 5, sentencia: 05-10- 88.
Artículo 238.- Ley Orgánica del Presupuesto. La Ley Orgánica del Presupuesto regulará:
a) La formulación, ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y las normas a las que conforme esta Constitución se somete su discusión y aprobación;
b) Los casos en que puedan transferirse fondos dentro del total asignado para cada organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma. Las transferencias de partidas deberán ser notificadas de inmediato al Congreso de la República y a la Contraloría de Cuentas.
No podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas de funcionamiento o de pago de la deuda pública.
c) El uso de economías y la inversión de cualquier superávit e ingresos eventuales; d) Las normas y regulaciones a que está sujeto todo lo relativo a la deuda pública
interna y externa, su amortización y pago;
e) Las medidas de control y fiscalización a las entidades que tengan fondos privativos, en lo que respecta a la aprobación y ejecución de su presupuesto;
f) La forma y cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las entidades descentralizadas o autónomas.
Regulará específicamente los casos en los que algunos funcionarios, excepcionalmente y por ser necesario para el servicio público, percibirán gastos de representación.
Quedan prohibidas cualesquiera otras formas de remuneración y será personalmente responsable quien las autorice;
g) La forma de comprobar los gastos públicos.
h) Las formas de recaudación de los ingresos públicos.
Cuando se contrate obra o servicio que abarque dos o más años fiscales, deben provisionarse adecuadamente los fondos necesarios para su terminación en los presupuestos correspondientes.
Se menciona en:
- Gaceta No. 48, expediente No. 285-97, página No. 36, sentencia: 08-06- 98.
- Gaceta No. 43, expediente No. 888-96, página No. 7, sentencia: 13-01- 97.
Artículo 239.- Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes:
"...El impuesto puede definirse, citando a Ehigberg, como 'Exacciones del Estado y demás corporaciones de Derecho Público, que se perciben en un modo y una cantidad determinada unilateralmente por el poder público con el fin de satisfacer las necesidades colectivas'; o bien como 'la cuota parte representativa del costo de producción de los servicios indivisibles, que el poder público obtiene legalmente del contribuyente'; o como lo define el tratadista Héctor Villegas: 'El tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado'..." Gaceta No. 11, expediente No. 182-88, página No. 19, sentencia: 03-02-89.
Véase:
- Gaceta No. 59, expediente No. 471-00, página No. 35, sentencia: 05-02- 01.
- Gaceta No. 48, expediente No. 183-97, página No. 25, sentencia: 20-05- 98.
- Gaceta No. 47, expediente No. 247-97, página No. 29, sentencia: 18-02- 98.
a) El hecho generador de la relación tributaria;
"hecho generador es el supuesto abstracto previsto por la norma jurídica para configurar el tributo, y cuando ese hecho hipotético se produce en la realidad, convirtiéndose en hecho concreto, surge la obligación tributaria. Este concepto doctrinario informa el derecho positivo guatemalteco, pues el artículo 31 del Código Tributario dice: 'Hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido en la ley, para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria'. Conforme a estos conceptos, todo hecho generador lleva implícito un elemento temporal, que hace relación al momento en que debe considerarse consumado el hecho previsto en la norma legal, lo que puede ocurrir mediante dos modalidades a saber: a) instantáneo, cuando se realiza en determinado momento y simultáneamente origina una obligación tributaria autónoma, que no puede repetirse y b) periódico, cuando se produce una serie de hechos globalmente considerados cuya integración se completa durante
determinado período..." Gaceta No. 31, expedientes acumulados Nos. 269- 92, 326-92, 352-92 y 41-93; página No. 24, sentencia: 11-02-94.
b) Las exenciones;
"...Una exención tributaria 'es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria, que la ley concede a los sujetos pasivos de ésta, cuando se verifican los supuestos establecidos en dicha ley.' Por la exención se excluye, por razones determinadas, a quienes de acuerdo con los términos de la ley alcanza el gravamen; es especial porque priva el principio de que el impuesto debe ser general cubriendo a la totalidad de los contribuyentes, de manera que nadie puede ser excluido sino por motivos especiales; por ello, una exención tiene una razonabilidad, ya sea en favor del Estado para impulsar el desarrollo o en favor de ciertas actividades útiles. Las exenciones son expresas, y es al legislador a quien compete ponderarlas. Quien tiene el poder de crear el gravamen tiene el poder de crear la exención. De ahí que las exenciones se encuentran establecidas en la ley con carácter de excepción a la obligación impositiva tributaria cuya determinación compete fijar al Congreso de la República por mandato de la propia Constitución, corresponde a sus propias facultades de valoración, establecer quiénes están exentos del pago de la obligación tributaria y quiénes no..." Gaceta No. 27, expediente No. 284-92, página No. 20, sentencia: 23-02-93.
“...en materia tributaria las exenciones expresan la relevación de cargas impositivas o de deberes por circunstancias que la justifiquen en cada supuesto, atendiendo el principio de igualdad fiscal, entendido como el mismo trato que, en las mismas condiciones, debe darse a las personas...” Gaceta No. 54, expediente 105-99, página No. 41, sentencia: 16-12-99. Véase:
- Gaceta No. 41, expediente No. 320-95, página No. 4, sentencia: 09-07- 96.
- Gaceta No. 28, expediente No. 338-92, página No. 13, sentencia: 14-04- 93.
c) El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria;
"...el Código Tributario... Decreto 6-91 del Congreso de la República en su artículo 18 identifica al sujeto pasivo como al obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable, coincidiendo con la Constitución en cuanto a regular conjuntamente el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria; el Código Tributario en el
artículo 20 señala que la responsabilidad solidaria del cumplimiento de la obligación existe 'con respecto a los obligados de los cuales se verifique un mismo hecho generador', lo que precisa, aún más, en los artículos 21 y 22 y la sección tercera del mismo Código en relación con el responsable... La responsabilidad solidaria en el pago del tributo, por consiguiente, resulta distinta de la responsabilidad profesional que el Decreto 6-91 del Congreso de la República, regula en la sección sobre infracciones cometidas por profesionales o técnicos, en el artículo 95, al atribuir responsabilidad a éstos, solamente 'si por dolo se produce incumplimiento de sus obligaciones'. La actividad profesional de los contadores públicos, auditores y peritos contadores como profesionales, en consecuencia, queda sujeta a esta sola norma legal que los hace responsables 'por dolo' y sin señalar responsabilidad solidaria; de ahí que, cualquier regulación reglamentaria con respecto del sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad profesional, solamente puede consistir en regular lo relativo al cobro administrativo del tributo y los procedimientos relativos al contenido material de la ley, sin darle otro sentido, ni agregar elementos materiales que ni la Constitución ni la Ley le dan..." Gaceta No. 31, expediente No. 231-93, página No. 12, sentencia: 08-02-94.
d) La base imponible y el tipo impositivo;
"...es conveniente distinguir dos momentos diferentes en el ejercicio de la potestad tributaria. Cuando se decreta un impuesto debe plasmarse en normas legales, que tal como se ha venido considerando, deben contener las bases de recaudación conforme mandato constitucional. Una de ellas es la base imponible que debe quedar así definida en la ley, teniendo presente que siendo esta última una disposición que por naturaleza tiene carácter general, la base imponible ha de describirse también en parámetros generales que permitan su aplicación cierta y segura al caso individual. Distinto es cuando se trata ya de concretar en cada caso la determinación cuantitativa de la base imponible individual, que no puede hacerse en la misma ley, sino que es función que se desenvuelve en su aplicación, en relación Estado-contribuyente..." Gaceta No. 8, expedientes acumulados Nos. 10-88, 11-88 y 38-88; página No. 23, sentencia: 12-05-88.
En igual sentido:
- Gaceta No. 9, expedientes acumulados Nos. 68-88 y 81-88, página No. 12, sentencia: 20-07-88.
Véase:
- Gaceta No. 59, expediente No. 40-00, página No. 11, sentencia: 03-01- 01.
e) Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos; y f) Las infracciones y sanciones tributarias.
Son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación.
"...La Constitución, en forma específica, da en materia tributaria, prevalencia al principio de legalidad al establecer en la misma norma que son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo, y las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y a establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. En congruencia con esta disposición, el Código Tributario enfatiza su vigencia con la finalidad de evitar arbitrariedades y abusos de poder y desarrollar la regulación constitucional restrictiva de la función legislativa en materia