Dada la panorámica teórica sobre el concepto de la seguridad, y resaltando la importancia que representa concebir a la seguridad como un acto de habla, es decir como una práctica discursiva, fruto de una construcción social donde se expresa la forma en que los hombres se relacionan en términos de amenazas y vulnerabilidades, podemos ahora retomar nuestra pregunta inicial por la seguridad como discurso y política de estado en el marco del conflicto armado. Esto obedece a tres razones: la primera atiende a la urgencia por comprender el discurso de la seguridad del actual gobierno en el marco del conflicto armado. La segunda busca evidenciar como este discurso de la seguridad se presenta como marco epistémico a partir del cual es posible formular y ejecutar una determinada política, como lo es en este caso la Política de Defensa y Seguridad Democrática de Uribe, y el manejo del conflicto. La tercera busca dar cuenta de los efectos contradictorios que ha desplegado tanto la formulación del discurso sobre la seguridad, como la ejecución de la .P.D.S.D. en el manejo del conflicto armado, en tanto reduce su acción a la recuperación del control territorial, desatendiendo las causas estructurales del conflicto interno. Por lo tanto, el reflexionar sobre la seguridad, en el caso colombiano brota de la urgencia por comprender el impacto que una determinada política de estado tiene en el manejo del conflicto armado.
4.i. Antecedentes del conflicto armado y tendencias en las políticas en las políticas de seguridad. La seguridad en el caso colombiano, se ha presentado como una preocupación gubernamental y social permanente, a lo largo del desarrollo del conflicto armado, al igual que ha sido un tema muy mediatizado por la opinión pública, siendo expresión más que de los intereses nacionales, de intereses de grupos de poder a nivel doméstico, regional e internacional. Esto se debe en gran parte al manejo excluyente del poder por parte de las oligarquías, característico a lo largo de nuestros gobiernos, y también se debe a la gran influencia de los conceptos y visiones sobre la seguridad predominantes en el contexto internacional, como resultado de nuestra posición de subordinación y dependencia en la periferia del sistema internacional.
De manera que al hacer una revisión de los antecedentes de la seguridad como concepto, discurso y política de estado, como marco para la formulación y ejecución de determinadas políticas de seguridad que le dieran un manejo al conflicto armado, encontramos que el término, se ha asociado primordialmente a las políticas de estado que expresan una posición del gobierno frente a los actores armados considerados como la “amenaza” o “el enemigo” interno.
Así pasamos de la concepción de Defensa Nacional asociada a la defensa de la soberanía nacional y a la invulnerabilidad de las fronteras, a la concepción de la de Seguridad Nacional (F.Leal 1994: 4), promocionada en el ámbito de las relaciones internacionales durante la Guerra Fría, la cual tuvo sus efectos durante la década de los sesenta en Latinoamérica donde se instauró la Doctrina de la Seguridad Nacional, caracterizada por ser un fenómeno regional, caracterizado por un militarismo suramericano con influencia política y militar de Estados Unidos que compartía el fenómeno del surgimiento de guerrillas. Está Doctrina permitió así, consolidar la lucha interna contra las opciones de izquierda y contra cualquier otra forma de oposición que no aceptara el régimen vigente. Así pues, la confrontación ideológica configuró una escalada de regímenes violentos generando como efecto el crecimiento de las organizaciones insurgentes. Posteriormente, la política de seguridad derivó en un militarismo durante el Frente Nacional, donde se evidenció la ausencia de directrices civiles en el manejo del orden público, el cual actuaba independiente de las prerrogativas institucionales ( Leal 2001: Cap.2,3).
De este manejo militarista y a partir de la exclusión política perpetuada con el pacto consociacionalista del Frente Nacional (1957-1974), se incrementa la conformación de los grupos guerrilleros, influenciados por los movimientos internacionales de lucha ideológica contra el capitalismo, respaldaban (aún hoy) sus actuaciones en un discurso reformista del statu quo en pro del cambio del régimen político, a través de la lucha armada y de una supuesta apelación a la cuestión social desatendida desde décadas por el estado. Es así, como mientras las FARC y el ELN se gestaban en la periferia, los partidos de izquierda eran excluidos en la arena política.
En las últimas décadas de los 70 se hace evidente la competencia de poder entre el estado, los grupos dirigentes y las organizaciones insurgentes, sobre el control de la población, la economía y el territorio, a la vez que emergen otros grupos guerrilleros y movimientos políticos, frente a los cuales el Estado reitera el manejo militarista de la confrontación interna, excluyendo también amplios sectores de la institucionalidad y de la sociedad.
Esta progresiva autonomía de los militares en el manejo del orden público, alcanzó su máxima expresión con el gobierno de Turbay y el Estatuto de Seguridad, que generó un exceso de autoridad de los militares que amparados bajo esta legislación, desató una cadena de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, las medidas tomadas reiteradamente como el estado de sitio no fue suficiente para cubrir la “crisis de autoridad del exceso de libertades” ( Leal 2001: Cap.3) que según los militares se manifestaba con las expresiones de izquierda, las guerrillas y los grupos de crítica contra el sistema del político.
Desde entonces, el conflicto armado ha tendido a una complejidad constante, sobre todo, por la vinculación de los grupos armados con el narcotráfico en la década de los ochenta y por la consolidación de los grupos paramilitares como actores armados del conflicto en la década de los noventa.
Al conflicto armado, se ha respondido con políticas de seguridad, que durante sucesivos gobiernos han mostrado ser de poca continuidad, pues han oscilado en una alternancia marcada entre un énfasis militar y uno negociador, donde aun en fases de negociación se le ha dado continuación a la guerra y viceversa, sin mostrar resultados sólidos para la paz y paradójicamente agudizando la confrontación interna.
Así por ejemplo, pasamos de la política de seguridad de Turbay basada en el Estatuto de seguridad, a la pacificación buscada por Betancur, que logró resultados parcialmente frustrados como el intento negociación con el M19, el intento de opción política de la Unión Patriótica, así como los supuestos éxitos de, un sector del ELN y la Corriente de
Renovación Socialista. Al igual pasamos del fracaso de los diálogos de paz con las FARC del programa de gobierno Cambio para la Paz, de Andrés Pastrana, a la política de de Defensa y seguridad democrática de la administración Uribe, donde actualmente se abre en medio de la guerra frontal contra LAS FARC, el proceso de negociación con las autodefensas Unidas de Colombia AUC.
Vale la pena notar que los últimos intentos negociadores le dieron prioridad a la desmovilización y a la reinserción en la vida civil antes que a la discusión de los problemas estructurales del conflicto colombiano. Estos intentos fracasados parcial y totalmente de las políticas de seguridad y negociación han mostrado también la incomprensión del conflicto y la falta de manejo del mismo, así como repitieron la lógica de responder a las políticas fracasadas de negociación, con políticas más duras que resultaron igualmente inapropiadas para el término del conflicto.
En la actualidad el conflicto armado colombiano presenta una mayor complejidad como consecuencia de cambios importantes en el contexto internacional y en la política doméstica, los cuales vertieron en una presión radical sobre los actores tradicionales, así como en un escenario de polarización extendido en nuevos sectores de la sociedad nacional y transnacional.
De una parte la internacionalización del conflicto, promovió la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, como una amenaza compartida regional, hemisférica e internacional. Igualmente se visibilizaron factores como: 1) La evidencia de la vinculación de los grupos guerrilleros con el narcotráfico y la consolidación del Plan Colombia para combatirlos. 2) El estatus de terroristas otorgado por parte de Estados Unidos después del 11 de septiembre el 2002 a los grupos armados tanto la guerrilla de las FARC y el ELN como los grupos de autodefensas AUC y el alineamiento doméstico con la política estadounidense de lucha contra el terrorismo. 3) El alto índice de violación de derechos humanos, lavado de activos, tráfico de armas. 4) La visibilidad de los alarmantes efectos sociales del conflicto por parte de organismos multilaterales Amnistía Internacional y organizaciones no gubernamentales. 5) La dependencia
estratégica y financiera De las Fuerzas Armadas de los aportes externos. 6) La promovida política de seguridad, como una de énfasis militar.
A nivel doméstico, el fracaso de los diálogos de paz promovidos durante la administración Pastrana, aumentó la falta de credibilidad de la nación en el gobierno y empeoró la situación de orden público, profundizando la crisis de gobernabilidad en el país. Así se radicalizó a la opinión pública quien empezó a apoyar el discurso del candidato presidencial, disidente del partido Liberal, Álvaro Uribe Vélez, donde la discusión de la seguridad giraba entorno al manejo del conflicto y se basaba en la prioridad de la autoridad sobre la libertad ( LEAL 2003) a través de la recuperación del monopolio de la fuerza para dar término al conflicto. Así pues, se facilitó la victoria de Uribe en las elecciones10 de 2002, con un amplio índice de votación y la entrada en vigor de su programa político anunciado en el Manifiesto Democrático, fue formalizado en su Política de Defensa y Seguridad Democrática11y en el Plan Nacional de Desarrollo.
De modo que, el nuevo discurso de la seguridad, en tanto acto de habla o práctica discursiva, se configura de una parte mediante la formalización del texto de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, publicado por la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional. De otra parte se configura a través de los distintos pronunciamientos y declaraciones del gobierno frente al tema, donde el presidente Uribe se muestra como el principal orador que activa el discurso de la seguridad.
10
Ver RODRIGO PARDO 2004: 1 “Uribe obtuvo la victoria electoral con el 53% de los votos a su
favor – Su campaña electoral giró entorno al tema de la guerra y de un “línea dura” en su programa político apoyado por el electorado.-Ponencia Rodrigo Pardo – Subdirector del tiempo- “El Primer año del
Gobierno Uribe: dimensiones políticas económicas y de seguridad”
11
La última versión del documento “La Política de Defensa y Seguridad Democrática” fue publicado el 16 de junio del 2003 elaborado por la presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional.
4.ii. Descripción de la Política de Defensa y Seguridad Democrática
Desde su campaña presidencial, Uribe activa un nuevo discurso de la seguridad basado en la autoridad y la lucha contra los violentos. Así, ya desde el Manifiesto Democrático, emitido por Uribe, encontramos los lineamientos de una nueva concepción de la seguridad y de la nueva política de Defensa y Seguridad Democrática. Este manifiesto consigna 100 puntos que posteriormente serán retomados en la formulación del documento oficial de la P.D.S.D.
Dicho Manifiesto Democrático consigna 100 puntos en los siguientes títulos:
La Colombia que quiero/ Hacia un Estado Comunitario/Reforma Política y Administrativa . Lucha contra la Politiquería./Lucha contra la corrupción./Seguridad Democrática/En busca de la Paz. /Confianza erradicación de la miseria y justicia social./La Revolución Educativa./Salud para los pobres/Cooperativismo herramienta fundamental/El campo y la seguridad alimentaria/Servicios Públicos./Vocación Empresarial./ Empleo y Vivienda./Transporte e Infraestructura./Relaciones Internacionales./Un gobierno serio, eficaz y honrado, no milagroso.
De estos vale la pena resaltar cómo mediante su discurso se promociona como el vocero de la sociedad colombiana, capaz de tomar las riendas del estado en función de los intereses y el bienestar de la nación. Así vemos:
“Sueño con una Colombia en la que todos podamos vivir en paz , resolver nuestras diferencias pacífica y creativamente, gozar en familia…sentir con ilusión que nuestra Patria nos pertenece…. Una Colombia con autoridad legítima y cero poder para los violentos ( 2)Sueño con un país democrático en lo político y en lo económico (3)
Sueño con un estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería.. (4).“Colombia sin guerrilla y sin paramilitares. La autoridad legítima del estado protege a los ciudadanos y disuade a los violentos.” (26)“El presidente dirigirá el orden público como corresponde a una sociedad democrática (30).“ Necesitamos un estatuto antiterrorista que facilite la detención, la captura y el allanamiento” ( 33)
Así pues, el Manifiesto Democrático se presenta como antesala de la "política de defensa y seguridad democrática" , la cual se planteó como un plan integral de consolidación del control del Estado sobre el territorio nacional, y como garantía de la seguridad de la población, donde la posición del gobierno está orientada hacia una guerra frontal en contra de los actores armados que no estén dispuestos a negociar según los términos anunciados por el gobierno.
La Política de Defensa y Seguridad Democrática es el documento marco mediante el cual el gobierno nacional determina los objetivos y estrategias para llevar a cabo una política conjunta e integral entre los poderes del estado orientados a reforzar y garantizar el Estado de derecho en Colombia. 12 Para esto fija como prioridades la recuperación del control estatal en todo el territorio y la protección de la población civil que junto con propósitos como la cooperación, la solidaridad, la eficiencia, la austeridad, la transparencia , la juricidad, la multilateralidad, la corresponsabilidad, la acción coordinada del Estado, y la posibilidad de la negociación, se muestran como la esencia de la seguridad democrática.
Dentro de las disposiciones de este plan, se identifican los enemigos sobre los cuales versan las estrategias, tales como el terrorismo, la guerrilla y el crimen organizado. Además se determina como amenazas que atentan contra la nación no solo el terrorismo, sino el negocio de drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión y el homicidio. Para el logro de dichos objetivos y la reducción de dichas amenazas, el documento plantea cinco objetivos estratégicos como son la consolidación del control estatal del territorio, la protección de la población, la eliminación del comercio de drogas ilícitas, el mantenimiento de una capacidad disuasiva del estado y eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. (Presidencia de la República- Ministerio de Defensa- 2003).
De igual modo establece también 6 líneas de acción: coordinar, fortalecer, consolidar, proteger, cooperar, comunicar. A. Coordinar la acción del Estado: mediante un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional como instancia donde el presidente coordina ministerios y Fuerza Publica B. Fortalecer las instituciones del Estado C. Consolidar el control del territorio nacional D. Proteger a los ciudadanos y a la infraestructura de la
12
De alguna manera el documento gubernamental nos recuerda anteriores estrategias que pautaron la gestión militar como el "Plan Lazo", diseñado en 1964 para alcanzar la pacificación del país; el "Plan Andes" que en 1968 contemplaba tres etapas en la guerra contra-guerrillera; el Manual Provisional para el Planeamiento de la Seguridad Nacional (1974); la "Estrategia Nacional contra la Violencia de Cesar Gaviria (1991); y el Plan Colombia de Andrés Pastrana, que ha propiciado la mayor ingerencia militar extranjera en la historia nacional (1998), con una inversión militar norteamericana cercana a los 2100 millones de dólares en el periodo 1998-2003.)
Nación. E. Cooperar para la seguridad de todos. F. Comunicar las políticas y acciones del Estado13.
En la parte final plantea una matriz de responsabilidades institucionales basada en la relación entre los objetivos estratégicos específicos y los ministerios, los departamentos administrativos ( DAS, DNP, DANE), los programas presidenciales como: anticorrupción, red de solidaridad, derechos humanos y DIH, Colombia Joven, Plan Colombia, y la Procuraduría, Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura y Medicina Legal.
Vale la pena resaltar que este plan contempla ciertas mediadas como: la destinación de tres (3) billones de presupuesto adicional para la guerra con el impuesto del 1,2% sobre el patrimonio; la creación de la red de un millón de informantes; la creación de las Zonas de Rehabilitación; la conformación y dotación de las cuatro nuevas brigadas móviles y de los batallones de alta montaña; además la consolidación de unidades de soldados campesinos y la conformación de doce grupos de anti-terrorismo urbano. Fortalecimiento y aumento de las Fuerzas Armadas, de Policía y de inteligencia del Estado; adquisición de armamentos sofisticados; creación de Fuerzas Especiales antiterroristas y de Asalto. Para todos estos grupos, se destina una importante partida para la dotación de equipos y tecnificación en sus operaciones. Este programa además da a las Fuerzas Armadas un papel protagónico, pues en tanto representan la coacción del estado, deben liderar la lucha contra los violentos. De aquí que se haya empezado a combinar la doctrina de la guerra de baja intensidad en lo social, con estrategias de guerras convencionales, además de incorporar nuevas modalidades de guerras y de actores, que despliegan estrategias diferentes de la mano de nuevas tecnologías14 y los apoyos externos estratégicos, militares y financieros. 15
14
Según lo anota Castells en Galaxia Internet. p.184, Plaza y Janes Editores, S.A., Barcelona, 2001.
15
Dentro de esta nueva tecnología se encuentra equipos como los como los swarming o sistemas de combate en enjambre7, basados en el uso de pequeñas unidades autónomas, previstas de gran poder de fuego, un buen entrenamiento e información en tiempo real, lo que representa un cambio radical frente a las concepciones militares basadas en despliegues masivos de capacidad artillera, armamento blindado, grandes concentraciones de tropas y organización del ejercito en cuerpos, divisiones, brigadas y batallones de gran envergadura como los de montaña, francamente inútiles. En DUQUE Horazio- The Mail Archive- en ANNCOL Marzo del 2003.
Además dicha política contempla otras medidas como: Un paquete de medidas económicas ordenadas por el FMI, que obligan a realizar ajustes a la economía, especialmente en el área fiscal y mediante la eliminación de entidades controladoras del Estado, recorte de presupuestos para cuestiones sociales, debilitamiento y reducción del Parlamento, y la entrega incondicional de importantes recursos y sectores estratégicos de la economía colombiana a las transnacionales.
4.iii. El discurso de la seguridad en la P.D.S.D
El discurso de la seguridad se presenta como un acto de habla por parte del presidente Uribe, en tanto el presidente es el que formula un discurso sobre la seguridad, donde expresa una interpretación del conflicto armado, de la realidad colombiana, de los deseos e intereses de la población colombiana y de las amenazas y enemigos que atentan contra la existencia tanto del estado, como de la población. Este discurso presenta el concepto de la seguridad en función del concepto de la democracia, por lo cual la seguridad se muestra como el medio o la herramienta que debe usar el estado para posibilitar las libertades y derechos que encierra la democracia. Al igual se muestra como una responsabilidad estatal para posibilitar la materialización de todos aquellos valores principios y fines que encierra la democracia. De aquí que el discurso sobre la seguridad siempre se presenta enmarcado dentro de los valores que permiten proyectar una visión de sujeto colombiano, una visión de sociedad pacífica, y una visión de un estado en