En cuanto al liderazgo y coordinación, en la elaboración del diseño del proceso como también en su implementación, sobresale el papel de la Agencia Catalana del Agua así como el de la DGPC. Algunas definiciones en cuanto al formato del proceso eran abiertas a la opinión de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, pero no se ha identificado ninguna situación en que estos actores hayan sido llamados para contribuir en la decisión de cualquier aspecto - diseño, forma, cronograma - del proceso.
El liderazgo prácticamente exclusivo de la administración pública, específicamente la ACA y la DGPC, está verificado en los documentos oficiales como, por ejemplo, la memoria del proceso elaborado por la DGPC en el que se afirma: que “la Agencia Catalana del Agua y la Dirección General de Participación Ciudadana, con la colaboración de las empresas encargadas de coordinar los procesos, establecieron las condiciones del marco de referencia que debían orientar los procesos”. En otro documento – de carácter informativo – se afirma que “la ACA y la DGPC elaboraron un protocolo para hacer efectivo un proceso de participación abierto a todos” y en seguida se informa sobre dos canales para que se pueda opinar: “queremos contar con tu opinión. Puedes establecer contacto con nosotros a través de la Agencia Catalana del Agua, teléfono 93 567 28 00 o a través de la dirección electrónica acaparticipació@gencat.net”.
La forma como se escriben los documentos informativos y divulgativos de cierta forma ya demuestran una división de papeles entre administración y participantes. Y esto se refleja en la manera como los entrevistados que forman parte de la sociedad civil se refieren al proceso. Queda muy claro a través de expresiones como “el proceso que ha hecho la
Agencia”, “en la primera sesión nos decían como sería el proceso”, “ellos han diseñado bien el proceso” que no hay una sensación de apropiación del proceso por parte de las
organizaciones de la sociedad civil. Lo que sobresale de las entrevistas es que el proceso no pertenece a ellos y sí que son invitados a participar.
La falta de participación de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil en las decisiones sobre el proprio proceso también se verifica después que se finalizaron las dos experiencias piloto – en las cuencas Ter Superior y Gaià-Francolí - y se decidió que modelo se seguiría. La idea de realizar dos procesos simultaneos y con diferentes diseños metodológicos propuestos por dos empresas distintas176 tenía como objetivo verificar los puntos fuertes y
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débiles de cada formato y seleccionar un modelo único para aplicar en las cuencas restantes. A pesar de que esta iniciativa demostrara la importancia dada al proceso y la voluntad de “hacerlo bien”, la elaboración de un modelo único fue realizada por la DGPC y por la unidad de participación sin un debate con los propios participantes de los dos procesos. Los participantes emitieron sus percepciones a través de un cuestionario de evaluación al final de cada proceso, pero no fueron llamados para un diálogo más profundo sobre el diseño metodológico que deberían seguir los procesos de las otras cuencas.
Así, el papel de definir y coordinar el proceso lo asumió absolutamente la ACA y la DGPC. Como se ha descrito, hubo intentos de informar y crear canales de comunicación – por medio de teléfono y mail, no obstante eran canales para que la ciudadanía pudiera opinar y no para el diálogo. En algunos casos específicos se hicieron reuniones con algunas organizaciones para presentar el andamiento de lo que se estaba haciendo como contó uno de los académicos entrevistados que participó como observador en algunas sesiones de los procesos177: “un poco antes del proceso la ACA hizo reuniones con entidades sociales, la
mayoría ecologistas, y presentaba lo que iban haciendo. Por ejemplo, hicieron un video educativo de difusión sobre el agua en Cataluña y decían ´mira, hemos hecho esto... y antes de lo que lo difundamos y lo acabemos bien queremos saber qué opináis. Eran reuniones de temas muy concretos que la ACA quería validar”.
Lo que se puede concluir es que hubo un liderazgo de la administración pública, pero un liderazgo predispuesto a buscar y escuchar opiniones. No fue un proceso decidido conjuntamente con las organizaciones y asociaciones de sociedad civil, pero al mismo tiempo se observa un intento de aproximación, principalmente para escuchar opiniones e impresiones. No obstante, las reuniones y consultas realizadas, como ya se ha mencionado, no fueron suficientes para que estos actores se sintiesen corresponsable por el proceso y lo que se percibe de las entrevistas es que realmente estaban participando “de un proceso de la ACA”. En las palabras de un entrevistado, miembro de la comunidad académica, que hizo una investigación sobre el proceso de participación de la DMA: “es difícil encontrar el equilibrio,
pero en el caso de la DMA hubo un exceso de liderazgo en el sentido de que el diseño del proceso, la metodología, los timings... todo venía muy determinado por quien asumía el liderazgo del proceso que era la unidad de participación de la ACA y la DGPC”178.
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Un funcionario de la ACA entrevistado también destacó el “posible dirigismo” de la Agencia: “Claro que un proceso participativo organizado por la administración tiene sus
límites. En mi opinión uno de los límites es que quizá era un proceso demasiado dirigido”179. Compartieron la misma opinión otros entrevistados representantes de la administración pública que comentaban que era posible que el “proceso fuera tan preparado que se dirigiera
mucho el debate”180. Otro miembro de la ACA afirmó que el “posible exceso de liderazgo no deja de ser una crítica”, pero que al mismo tiempo “tampoco hay alternativa porque en la sociedad actual es difícil llevar a cabo un proceso participativo poco dirigido y estructurado, ya que seguramente no daría resultado”181. Estos comentarios, no obstante, no son dichos como un aspecto negativo del proceso o con un tono de desacuerdo y sí como una constatación, pero que no afecta la valoración final del proceso.
En relación a la percepción de los representantes de la sociedad civil, el liderazgo de la administración pública y la condición de “invitados” no apareció en las entrevistas como un problema. Es decir, no haber participado de la propia definición del proceso no era destacado como una cuestión o una reclamación. Algunos comentarios o quejas, en cuanto a la intensidad o cronograma del proceso, fueron realizados por representantes de la sociedad civil organizada, pero no llegaron a ser reivindicaciones de participación en la definición del proceso. De forma general, por lo tanto, muchos entrevistados, de la administración pública, de la sociedad civil y expertos en participación, comentaron y reconocieron que el liderazgo y coordinación del proceso quedó concentrado en la administración pública, pero, como se ha mencionado, esto no fue resaltado como un punto negativo. Al revés, la centralización fue considerada necesaria para el desarrollo de un proceso de tal magnitud tanto en relación a su duración como del número de participantes.