Por tanto, gobierno se une a determinadas concepciones. Lo que lleva a Foucault a crear el neologismo gubernamentalidad, es decir, la unión entre “gobierno” y “mentalidad” (Landau, 2004). Se trata de racionalidades políticas2 configuradas en campos discursivos que guían la acción de gobierno de los diferentes agentes.
La racionalidad política del neoliberalismo instituye una serie de programas de gobierno enmarcados en contextos determinados. Las teorías científicas son el material intelectual que hace pensable el objeto que quiere ser tratado y, en algunos casos, lo convierten en razón de Estado (Gil Araújo, 2006)
Desde esta perspectiva, los discursos políticos y científicos sobre minoridad son más que simple retórica: permiten hacer cosas, prácticas, construyen realidad e intervienen sobre ella. Nos referimos aquí a la noción performativa de las racionalidades políticas (Landau, 2004): en nuestro caso, los programas de intervención sobre menores como mecanismos concretos que buscan regular, conducir, disciplinar, crear el sujeto particular “Menores no Acompañados”. Volvemos aquí a la aclaración de que no hay una racionalidad política uniforme, sino que cada instancia de gobierno moviliza sus racionalidades. Por tanto, estas pueden ser a veces contradictorias. “El Estado no es otra cosa que el efecto móvil de un régimen de gubernamentalidad múltiple” (Foucault, 1992b: 208).
En definitiva, la gubernamentalidad, el poder performativo de las agencias de control opera para permitir que algunos tipos de ciudadanos sean posibles y otros imposibles (Butler, 2004). En el caso concreto de los menores no acompañados, la pregunta que debemos hacernos es qué tipo de ciudadanía o de no-ciudadanía se propone para estos.
2 Siguiendo a Gil Araújo (2006), entendemos por racionalidad a cualquier tipo de pensamiento esforzado
por ser relativamente claro, sistemático y explícito sobre cómo deberían ser las cosas. Para Rose (1999), las racionalidades políticas son campos discursivos caracterizados por un vocabulario compartido dentro del cual las disputas pueden ser organizadas por principios éticos que pueden comunicarse mediante una lógica que los vuelve inteligibles o por acuerdos significativos en torno a cuestiones políticas clave. Para ambos autores, la racionalidad política dominante en la contemporaneidad es el liberalismo avanzado o
Foucault denomina a los programas de gobierno tecnologías de poder (1989b) que generan formas de subjetivación que atraviesan no sólo las mentalidades de los sujetos sino también sus cuerpos. Su función principal es hacer sujetos productivos a través de una disciplina corporal que educa con extraordinaria atención al detalle (1989b). Serán las instituciones más cercanas a los sujetos y, en muchos casos, más alejadas de la producción, las que aplicarán las técnicas de disciplinamiento o construcción de los sujetos productivos: la familia, la escuela, la fábrica, la cárcel, los centros de reforma… Lo que para Althusser (1974) vendrían a ser los Aparatos Ideológicos del Estado. ¿Cuáles son las técnicas específicas de disciplinamiento? Para Foucault, las más importantes son: el examen, la observación, la cuantificación, la clasificación, la regularización y la sanción (Varela, 2001). En función de cómo pasen los exámenes los sujetos, ocuparán diferentes puestos dentro de un espacio jerarquizado. A su vez, la vigilancia y observación continuas permiten la acumulación de elementos de saber que son recuperados para perfeccionar las prácticas de disciplina (y las concepciones sobre los niños). La sanción es normalizadora, clasifica a los sujetos según parámetros estandarizados y, por tanto, excluye. Estos procesos permiten el florecimiento de las “inadaptaciones”.
Las inadaptaciones -o la excedencia3 (De Giorgi, 2006)- son gobernadas mediante lo que Castel (1984) denomina la gestión de los riesgos. Una forma de gestión de lo social, de asignaciones y de distribución de las poblaciones. Estrategias de tratamiento de los problemas sociales a partir de la gestión de las particularidades de los individuos o de los colectivos considerados de riesgo (Ibíd.: 13) cuyo efecto es personalizar los conflictos e invisibilizar las estructuras sociales que producen la exclusión (Valverde, 1996) o la excedencia.
3 Para Alessandro De Giorgi, las “inadaptaciones”, la marginalidad, la exclusión social… configuran
aspectos de lo que él llama la excedencia negativa, es decir, el excedente de fuerza de trabajo que tiene que ser contralada gubernamentalmente. Esta excedencia es producto de una sociedad cuyas dinámicas de inclusión son mediadas por el trabajo entendido como empleo (garantizado, continuado y estable), “una
sociedad que continua subordinando la titularidad de los derechos de ciudadanía, y en última instancia el derecho a la existencia, al hecho de ser trabajador o trabajadora” (2006: 120).
¿Cuáles son esas estructuras sociales que dan lugar a las distintas posiciones de los sujetos? y ¿cómo operan?
Retomando a Althusser (1974), al nivel de la infraestructura encontramos las relaciones de producción (económicas) que estarían en la base de la organización de las sociedades. Sin embargo, las relaciones de producción no pueden sostenerse a sí mismas, sino que necesitan de otras estructuras que las reproduzcan y que lleguen hacia lo más capilar de la sociedad y de los sujetos para hacerlos productivos. Estas estructuras, que Althusser denominará ideológicas serán las encargadas de construir subjetividad a partir de unos modos de producción específicos. Son formas de reproducción que funcionan biológica, cultural y simbólicamente. Nos referimos a los discursos que necesitan de los aparatos de poder (la familia, la escuela, el trabajo, las instituciones de tutela…) y sus prácticas sobre el cuerpo, para construir sujetos. Esto es lo que lleva a las feministas a reivindicar un trabajo reproductivo (del hogar y los cuidados) que tenga los mismos derechos que el trabajo productivo.
Si bien la ideología o los discursos son representaciones, no dejan de materializarse en instituciones y prácticas, por tanto, son performativos. Es decir, serían el contexto normativo de reglas para la acción. El sujeto se constituye no como depósito de ideas, sino a partir de los papeles que debe desempeñar (Goffman, 1998; Mead, 1977).
Esta concepción de sujeto cuestiona la idea de un sujeto soberano y racional, pero también de un sujeto unitario y homogéneo como origen y fundamento de las relaciones sociales (Ema, 2005: 185). Los sujetos están sujetados al orden que los constituye. Hablar de sujeto supone referirse a un proceso de construcción histórica, cambiante y contingente. Más que entidad se trata de un lugar, de una posición inestable y precaria. La inestabilidad posicional del sujeto nos lleva a cuestionar también los postulados esencialistas de la identidad como definitiva. La identidad no sería más que un intento de fijar significado, una intención desesperada por encontrar estabilidad o sentido a la existencia.
Por tanto, estamos ante un contexto material que es reproducido por los discursos (o las ideologías) cuya función es ser condición de posibilidad de los sujetos fijando sus
significados (y posiciones en dicho contexto) a través de prácticas (o rituales de reproducción).
Sin embargo, debemos aclarar que las estructuras discursivas (o cualquiera de ellas: sociales, normativas, lingüísticas o ideológicas) nunca son cerradas. Los fenómenos sociales, así como los sujetos, se producen en un contexto que son su condición de posibilidad y que constriñe o sobredetermina, es decir, determina los cursos de acción “permitidos” a cada posición de sujeto. Pero dado que ese contexto o trasfondo es incompleto (Ema, 2005), no “gobierna” todos los cursos de acción posibles, permitiendo la agencia del sujeto: su capacidad de acción y también de constructor.