En el sistema educativo español, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte define el Enfoque de la Educación Inclusiva con el propósito de garantizar una acción educativa que logre el máximo desarrollo posible de los estudiantes y, a la vez, la cohesión de todos los miembros de la comunidad. Este enfoque, aunque no está específicamente orientado a la educación universitaria, proporciona principios fundamentales que pueden resultar significativos para una educación superior inclusiva. Estos principios se refieren, entre otros, al rol de la institución, la comunidad educativa y la diversidad en cuanto a la incorporación del enfoque de la inclusión en la educación:
• La institución debe educar en el respeto a los Derechos Humanos, organizándose y funcio nando de acuerdo a los valores y principios democráticos.
• Todos quienes forman parte de la comunidad educativa apoyan favorecer el crecimiento y el desarrollo a nivel personal y profesional, a la vez que la cohesión entre iguales y con los demás miembros de la comunidad.
• La diversidad de quienes componen la comunidad educativa es un elemento positivo, que enriquece el grupo y favorece la interdependencia y la cohesión social.
• La búsqueda de la equidad y la excelencia para todos los estudiantes.
• La atención educativa va dirigida a la mejora del aprendizaje de todo el alumnado, debien do adaptarse a las características individuales.
• La necesidad educativa se produce cuando la oferta educativa no satisface las necesidades individuales y, por lo tanto, la inclusión implica identificar y minimizar las dificultades de aprendizaje y la participación y maximizar los recursos de atención educativa en ambos procesos.
En el nivel de la Educación Superior, encontramos dos decretos destacables: el Real Decreto 412/2014 y el Real Decreto 1892/2008, que establecen importantes directrices para la inclusión en esta etapa educativa.
En primer lugar, las formas de acceso a los estudios universitarios de grado establecidas en el Real Decreto 412/2014 incluyen modalidades para estudiantes españoles e internacionales. De entre las modalidades descritas en este Decreto, interesa destacar las siguientes (pp. 3 - 4):
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, o de títulos declarados equivalentes u homologados a éstos. g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en el
decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en el Real decreto.
Asimismo, el Decreto señala en su artículo 5 que la admisión a estos estudios universitarios oficiales se realizará respetando los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
El Real Decreto 1892/2008 establece la reserva de plazas para estudiantes en situación de vulnerabilidad, contemplando un porcentaje de plazas para estudiantes mayores de 25 años (Artículo 49), estudiantes mayores de 45 años y mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral y profesional (Artículo 50) y estudiantes con discapacidad (Artículo 51). Por otra parte, interesa destacar la Disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica de Universidades 4/2007, que modifica la Ley Orgánica 6/2001 y que establece que las universidades tienen que contar entre sus estructuras de organización “con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres” (BOE nº89, 2007, p. 17).
6.3. La organización de la atención a los derechos humanos y procesos de
equidad
Tal y como señala el Informe Eurydice 2014 (Red Eurydice, 2015), la ampliación de oportunidades en la educación superior requiere de políticas de inclusión que contemplen medidas de acceso, retención y empleabilidad; su implementación; y su interrelación y seguimiento continuo. El impulso de un ciclo continuo que contemple este tipo de políticas favorecería la expansión de oportunidades en la educación superior respondiendo al imperativo social y como parte del compromiso con el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para desenvolverse en todos los ámbitos de la vida social.
Así, un primer aspecto que emerge como elemento fundamental para la organización de la atención de los derechos humanos y de los procesos de equidad, es la posibilidad de contar con un marco legislativo que sirva como herramienta o guía, tanto para las universidades como para los estudiantes y la comunidad universitaria en general.
En el caso español, puede citarse como ejemplo la Guía de Recursos Universidad y Discapacidad (2006), que recopila y analiza la normativa estatal universitaria aplicable a la atención a personas con discapacidad en todas las administraciones estatal, autonómica y universitaria, así como los recursos con los que cuenta la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Esta guía también presenta un análisis de la normativa autonómica que afecta a los estudiantes con discapacidad; así como una guía de los recursos que dispone cada universidad con relación al ámbito territorial donde se ubica. Así, se reseña para cada Comunidad Autónoma la legislación autonómica correspondiente y se identifica el nombre exacto del Servicio, Programa, Unidad o Área que desarrolla las políticas de discapacidad dentro de la Universidad. Asimismo, se describen otros elementos como recursos técnicos y/o humanos, ayudas al transporte, deporte adaptado, adaptaciones curriculares, becas y subvenciones, tutorización, políticas de inserción laboral y voluntariado. Otros elementos que también se reseñan son cuestiones de accesibilidad así como aspectos referidos a las relaciones externas de las universidades en relación con la discapacidad.
La legislación representa un primer paso del marco normativo que rige la atención a la diversidad y a los derechos humanos dentro de la propia universidad. Un segundo paso para la organización de esta atención estaría vinculado a los procesos de sensibilización, esto es, a las actuaciones dirigidas a incidir en las percepciones de todos los miembros de la comunidad universitaria con la finalidad de lograr su implicación en la atención a la diversidad y avanzar hacia la institucionalización de acciones y mecanismos en el marco de la inclusión.
La Guía Integrada (del Proyecto Inclusión social y equidad en instituciones de educación superior - MISEAL, 2013), constituye otro ejemplo de una estrategia metodológica orientada a desarrollar, fortalecer o afianzar los mecanismos de inclusión social y equidad en instituciones de educación superior desde procesos de sensibilización. Con base en la educación popular, la implementación de este proceso contempla tres momentos que pretenden una metodología participativa y horizontal, así como la permanente vinculación teoría-práctica. A nivel de contenido, la Guía se estructura en seis unidades temáticas: género, condición económica, etnia-raza, discapacidad, diversidad sexual y diversidad etaria; cada una de las cuales especifica sus objetivos generales, conceptos, ejercicios y referencias bibliográficas, para su análisis en la educación superior.
Por otra parte, la organización a la atención de la diversidad y la implementación de procesos de inclusión requiere contar con orientaciones y estrategias concretas que permitan identificar e intervenir en relación a las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan determinados colectivos en las instituciones de educación superior.
Al respecto, el Manual ACCEDES (derivado del Proyecto ACCEDES) constituye un manual de trabajo que orienta el desarrollo de procesos de inclusión y atención a colectivos en situación de vulnerabilidad en las universidades, a la vez que favorece el desarrollo organizacional. El contenido del Manual incluye la delimitación de una filosofía de intervención, una propuesta de metodología de trabajo y ofrece elementos para apoyar las prácticas institucionales inclusivas (ver Gráfica 1).