La expresión presente en el título de la tesis que concierne a la institucionalización de la discapacidad intelectual requiere también de un cuestionamiento en función del desarrollo del trabajo de investigación. En particular, este cuestionamiento se orienta a las categorías institucionalización y discapacidad intelectual.
Cabe aclarar que en el plan de estudios de la carrera de Doctorado en Psicología de la Universidad Nacional de Rosario -en el marco del cual fue presentada la presente tesis doctoral-, el título es elegido en un momento inicial de la investigación, concordante con la presentación del denominado anteproyecto de tesis, sin contar con la posibilidad de modificarse posteriormente.
Respecto de la primera de estas categorías conceptuales, corresponde situar en primer lugar, que se adecua a la recomendación de Lourau, analista institucional que exige diferenciar entre institución y establecimiento. Este autor denuncia el abuso político de lenguaje que supone aplicar la palabra institución a un establecimiento, en tanto se estaría
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denegando de esta manera la dimensión social y estatal que toda institución porta (Lourau, 1998). De acuerdo a esta perspectiva, todo proceso de institucionalización se encuentra comandado por determinadas políticas públicas producto de toda una serie de legislaciones, por lo que se vincula con las necesidades y los intereses del Estado.
Lo que quiere imponer el Estado no son solamente las formas que se identifican dentro de su obediencia común a su legitimidad única, sino también una fuerza que duplique todas las formas, de la más ‘públicas’ a las más ‘privadas’, en el sentido deseado por él: es decir, la institucionalización (Lourau, 2008, p. 36) (las comillas son del autor).
Por su parte, Foucault (1983) incluye las formas de institucionalización como uno de los cinco puntos que necesariamente deben tenerse en consideración ante todo análisis de las relaciones de poder.
Las otras cuatro están constituidas por el sistema de las diferenciaciones que habilitan a actuar sobre las acciones de los otros; los objetivos que impulsan a actuar sobre las acciones de los demás; los medios que hacen existir a las relaciones de poder; y, por último, los grados de racionalización que se ponen en juego en las relaciones de poder, en tanto procesos más o menos elaborados y siempre ajustados a cada situación.
Las formas de institucionalización remiten según este filósofo francés a una especie de combinación de predisposiciones tradicionales, estructuras legales, costumbres, modas, que constituyen aparatos cerrados, con localizaciones específicas, estructuras jerárquicas muy bien definidas, y un funcionamiento relativamente autónomo. Mediante la institucionalización se logra ubicar todo un conjunto de elementos bajo un principio de regulación, lo cual requiere una cierta vigilancia, en pos de la distribución de las relaciones de poder en un entramado social dado.
Por otro lado, A. Fernández plantea la institucionalización como dispositivos en acción que no fuerzan a pensar; realidades a indagar que no ofrecen dificultad a las teorizaciones previas. Agrega que una de las formas más frecuentes en que puede encontrarse la institucionalización, es en “la dogmatización de las teorías, que produce efectos de verdad y la consecuente ritualización de las prácticas” (Fernández, A., 2008, p. 260).
En este sentido, la cuestión de la institucionalización puede llegar a leerse en el título de la tesis como la inserción de un conjunto de individuos en un territorio comandado por una lógica que se caracteriza por la creación de circuitos específicos para un determinado sector de la población, ante los cuales el resto de la población tiene el acceso vedado. Sin embargo, esto incluye lineamientos políticos, medidas administrativas, requisitos burocráticos, estrategias terapéuticas, prestaciones profesionales, inserciones institucionales, establecimientos particulares, etc. Es decir, mecanismos pertenecientes a una racionalidad que excede la naturaleza de la legislación, el organismo, el establecimiento, el funcionario o el profesional singular que la lleve adelante.
Es decir, con la cuestión de la institucionalización no se hace referencia a la internación de un individuo en un establecimiento particular, sino a la sujeción de todo un conjunto de individuos a una lógica o a una racionalidad vigente de manera hegemónica en el régimen de Verdad de esta época. Esta racionalidad habilita a la conformación de distintas modalidades de abordaje respecto de las problemáticas que cobran relevancia en un momento histórico determinado, pero de todos modos siempre impone algunos rasgos que hacen a su especificidad.
Por ejemplo, en el momento histórico puntual del último siglo y medio, se ve emparenta la institucionalización con la normalización: “el principio de normalización plantea el estilo de vida de la institucionalización y la segregación de las personas” (Aznar & González Castañón, 2008, p. 63).
Ahora bien, si tal como plantea A. Fernández, la institucionalización concierne también a las teorías y las prácticas, ello implica que no afecta solamente a los sujetos categorizados bajo la nominación de discapacidad mental. También se ven afectados todos aquellos que deban transitar dicho territorio: profesionales, investigadores, legisladores, funcionarios políticos, etc. En otras palabras, cuando se está institucionalizado, es el denominado Modelo
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Médico-Individual el que comanda los modos de pensar y hacer, es el discurso médico el que promueve sus reglas de producción de enunciados para avanzar en el tratamiento y la prevención de los casos en que alguna problemática se manifiesta.
Desde la perspectiva descripta, no hay condiciones para interrogar el estatuto de la discapacidad mental ni aparece ello como necesario. Sólo deviene prioritario advertir quién la porta y quién no. Y el modo de definir si alguien puede ser diagnosticado con discapacidad mental, es a través de diversas modalidades de examen destinadas a entrevistar, observar, detectar signos, reconocer síndromes, medir percentiles de inteligencia, aplicar test psicométricos y proyectivos pertinentes, etc. “El examen es una mirada normalizadora que permite calificar, clasificar y castigar”, sostiene Foucault (2004, p. 189). Se define entonces no sólo quién puede ser categorizado bajo la nominación de discapacidad mental, sino también qué grado de discapacidad padece, qué porcentaje de la población se encuentra en la misma situación, etc.
Por supuesto esto sólo es posible en una sociedad de normalización en donde el individuo es analizable, descriptible, agrupable y clasificable.
La constitución del individuo como objeto descriptible, analizable; (...) y la constitución de un sistema comparativo permite la medida de fenómenos globales, la descripción de grupos, la caracterización de hechos colectivos, la estimación de las desviaciones de los individuos unos respecto de otros, y su distribución en una ‘población’ (Foucault, 2004, p. 195).
Ahora bien, a diferencia de todo ello, la pretensión de la investigación que sustenta la presente tesis es trazar una forma específica de historización en relación a la problemática de la discapacidad mental. Y ello conlleva inevitablemente politizar un territorio que suele ser presentado como ahistórico, apolítico, biológico, contingente y natural.
Exige a su vez considerar que, si se le ha comenzado a prestar atención en estas últimas décadas, no es gracias a que así lo permite el progreso de ciertas prácticas discursivas y determinados campos de saber. Al contrario, se debe a que los problemas del retraso mental y de la discapacidad mental se han visto atravesados por un entramado discursivo y de poder que exige tomarlos de otro modo.
Al historizarse y politizarse el territorio de la discapacidad mental, se abre la posibilidad de interrogar el modo naturalizado en que se lo vivencia, para inscribirlo en las azarosas y condicionadas luchas de poder que sirven de terreno fértil para la emergencia de objetos, concepciones, prácticas, teorías, etc.
No se puede hablar en cualquier época de cualquier cosa; no basta con abrir los ojos, con prestar atención, o con adquirir conciencia, para que se iluminen al punto nuevos objetos. No hay algún obstáculo cuyo poder sería exclusivamente el de cegar; el objeto no aguarda en los limbos el orden que va a liberarlo y a permitirle encarnarse en una visible y gárrula objetividad; no se preexiste a sí mismo. Existe en las condiciones positivas de un haz complejo de relaciones. (Foucault, 2005, p. 73).
Por lo tanto, el despliegue del recorrido de la investigación muestra que no hay una historia en la que se trasluce de trasfondo la discapacidad mental o el retraso mental como un problema de orden ontológico, de carácter natural, biológico y patológico. El retraso mental no puede ser pensado como un objeto natural, que implicaría un problema sobre el cual ciertos campos de saber deben dar respuesta, sino que se invita a entenderla en términos de problemática (Emmanuele, 1998b). Una problemática es un anudamiento en una trama, y alude a lo complejo, a lo incierto, a lo que de ninguna manera nace y finaliza dentro de los límites de un individuo. Se trata de partir de la presunción de que más allá de que una problemática humana termine manifestándose en un plano individual, siempre emerge ligada a un entramado institucional, que complejiza no sólo sus posibilidades de aparición, sino también sus estrategias de abordaje. En este sentido, respecto de una problemática siempre es posible trazar una dimensión institucional.
La cuestión de la dimensión institucional remite a la producción de los autores institucionalistas. Desde esta perspectiva, la forma de dirigir la mirada a ciertos fenómenos
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que acontecen en el campo social no puede quedar circunscripta al plano individual (o grupal) de su manifestación, o a las características particulares de un establecimiento u organismo. En este sentido, la dimensión institucional remite a aquello que “sólo puede manifestarse dentro de un campo de fuerzas (…) que un sujeto hablante jamás puede crear por sí sólo y a partir de su palabra” (Foucault, 2009, p. 17). Hablar por lo tanto de la dimensión institucional de la discapacidad mental exige asumir que estos fenómenos no son una isla, sino que, por el contrario, están necesariamente inscripto en un entramado social, en medio de instituciones y que operan allí múltiples atravesamientos (Fernández & Del Cueto, 1985).
Esta categoría se ha visto luego muy utilizada en perspectivas pertenecientes a las Ciencias de la Educación, favoreciendo algunos aportes al estudio de la situación escolar en establecimientos particulares. Remite en estos análisis al modo en que el orden social existente traduce en el interior de las organizaciones escolares un sistema de reglas pertenecientes al conjunto social (Beltrán Llavador & San Martín Alonso, 2000), retomando la idea de la imposibilidad de pensar individuos, grupos u organizaciones como agentes aislados del orden social en el que se encuentran inscriptos.
Se postula entonces la apertura de un análisis en torno a la dimensión institucional de la discapacidad mental que supone renunciar principalmente a dos aspectos muy comunes de concebir esta problemática. En primer lugar, a entenderla como un rasgo biológico susceptible de presentarse –o no- en un individuo; lectura que habilita a la individualización y medicalización de la problemática.
A partir de que un movimiento instituye a la discapacidad como una tragedia personal, patológica y aleatoria, ya no se podrá escapar de los mecanismos propios de la medicalización. Pero un acontecimiento no podría nunca producirse, nacer, emerger, desplegarse y finalizar dentro de los límites físicos de algún cuerpo en particular (Contino, 2013a, p. 29).
El segundo aspecto perteneciente a este modo de pensar la discapacidad al que se propone renunciar, es el que remite a plantearla como un fenómeno que se manifiesta de manera natural y aleatoria, independientemente de la situación histórica, política, económica y cultural de una sociedad. Es decir, como si pudiera pensarse en un contexto por un lado, y en una realidad natural que emerge azarosamente, por otro (Emmanuele, 2012).
Suponer que la discapacidad mental cuenta con una dimensión institucional habilita a concebirla como una producción inherente al régimen de verdad de una época, emergente de un atravesamiento discursivo y de poder del cual no podría estar exenta. Se trata entonces de un objeto discursivo que ha extendido su campo de incidencia a límites insospechados respecto de lo que se espera de un mero diagnóstico clínico. Ha posibilitado la conformación de todo un sistema de legislaciones, políticas públicas, estrategias terapéuticas, marcos teóricos, líneas de investigación, prácticas profesionales, etc. Supo darse a sí misma sus propias reglas de funcionamiento y construir toda una serie de espacios que funcionan de maneras diferentes a los del resto de la sociedad.
Se propone entonces indagar esta dimensión institucional en las materializaciones observables y registrables, “previa desnaturalización de los acontecimientos microsociales y cotidianos siempre opacados por lo obvio” (Emmanuele, 2002, p. 114), acaecidas en el territorio de la discapacidad mental.
Comprender los referentes empíricos en su significación; explicar los fenómenos que se presentan y sus por qué; exige situarlos en el seno de su propia perspectiva histórica en cuya trama adquieren sentido (…), de los múltiples atravesamientos histórico-sociales que –lejos de conformar una simple cronología- señalan la presencia ineludible de fuerzas sociales que imprimen huellas, secuelas, contradicciones (Emmanuele, 1996, p. 3).
Se trata por lo tanto de indagar lo que podría denominarse la institucionalización de la discapacidad mental, pero en el sentido de la territorialización de un territorio específico en la sociedad actual. Para ello, se investiga el modo en que se fueron conformando las
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políticas públicas, las legislaciones, las prácticas terapéuticas, los establecimientos existentes, etc., desplegando un análisis en torno a la dimensión institucional de este fenómeno que tiende a ser homologado a una manifestación patológica individual y aleatoria.
De esta manera, contemplando las tecnologías de poder –tanto anátomo como biopolíticas- el atravesamiento discursivo e institucional, y el recorrido arqueológico- genealógico que puede realizarse en relación a esta problemática, se propone interrogar el estatuto mismo de la discapacidad mental, desnaturalizando la forma en que habitualmente es concebida.