CONCLUSIONS

120_{Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos} Humanos – COPREDEH, compi. Compendio de Convenios y Tratados Internacionales

Ambientales Ratificados por Guatemala (Guatemala: Primera Edición – COPREDEH, 2011).

121_Ibíd. 122_Ibíd.

85 Recordando que, la familia es la base de la sociedad, es el grupo social encargado de transmitir costumbres, creencias y tradiciones que perduran con el paso del tiempo, forjando así la identidad cultural. El adecuado desarrollo de su entorno, garantiza la convivencia plena entre las organizaciones comunales. De ser alterado con actividades relacionadas a la minería metálica, desencadena irregularidades en la ejecución de sus actividades cotidianas.

Los aspectos sociales y culturales son regularmente los más alterados por las modificaciones del entorno humano. Por ejemplo, la población y su comportamiento demográfico se ven afectados por migraciones, las cuales ocasionan tensiones entre los grupos sociales que habitan en zonas donde se desarrollan los proyectos mineros.

En muchos casos, “la cultura y las costumbres de las familias cambian al alterarse los roles tradicionales como consecuencia de las transformaciones en los modos de

producción y la base del empleo.”123 _{A razón de lo anterior, una variación drástica}

en la rutina de las poblaciones suele crear una desorganización en el tejido social capaz de afectar el orden establecido.

Otro dato sustancial sobre el impacto multidimensional de la extracción de minerales es compartido por el OMAL, el cual brinda una sistematización de los efectos negativos del proyecto de la multinacional minera en Guatemala y El Salvador, donde se contemplan cinco dimensiones en las que se clasifican los impactos ocasionados por las empresas transnacionales. Descritas en la siguiente tabla, estas son de carácter económico, político, social, ambiental y cultural.

Tabla N°4. Dimensiones e impactos de las actividades de las empresas transnacionales

Dimensión Impactos

Económica Destrucción del tejido productivo local

86 Delitos económicos: fraude, corrupción, soborno

Evasión fiscal

Política Lex mercatoria y pérdida de soberanía Déficit democrático y lobby

Criminalización y represión

Social Privatización de los servicios públicos Condiciones laborales y derechos sindicales Desigualdades de género

Ambiental Contaminación del aire, agua y tierra Pérdida de biodiversidad

Destrucción del territorio y desplazamiento de población Cultural Control de los medios de comunicación

Privatización de la educación Derechos de los pueblos indígenas

Elaboración propia, resumen de datos disponibles en: OMAL (España: Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio – CEICOM, 2014), 32.

http://omal.info/IMG/pdf/mineria_transnacional.pdf

Mediante el informe sobre la minería transnacional, OMAL brinda una perspectiva distinta a la problemática a través de un enfoque jurídico de derechos humanos. El mismo señala que nunca deben comprometerse las garantías sociales y culturales de una comunidad sobre un acuerdo comercial. Al respecto, “la diversidad cultural es un aspecto importante en el factor de identidad. En Asunción Mita, las diferentes etnias representan el 0.74 por ciento de la población indígena. En este contexto, la municipalidad debe velar porque la población cuente con los servicios básicos

necesarios para mejorar y mantener las condiciones y calidad de vida”.124

Independientemente de la cantidad de pueblos indígenas dentro del municipio, existen leyes que también protegen las garantías esenciales de estos grupos representativos de la cultura nacional. Respectivamente, el Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece “las condiciones sobre el respeto a sus tierras, el proceso de empleabilidad de las personas, seguridad social y salud,

124Deguate.com, “Aspectos Demográficos de Asunción Mita”, Departamentos y Municipios, 2014.

87 las cuales efectivamente brindan una condición de vida digna para proteger el

patrimonio cultural.”125

Por lo anterior, es necesario que tanto el gobierno como la empresa que modificará el entorno ambiental, brinde sin restricción toda la información verídica relativa a las especificaciones del proyecto minero. Al disponer de datos particulares y complementarios, las comunidades pueden emitir un juicio de valor de la situación sustentando sus argumentos con los reportes recibidos. De esa manera, dicho grupo social adquirirá un rol participativo informado en la toma de decisiones sobre sus tierras. Lamentablemente, este no fue el escenario de las comunidades habitantes en el Cerro Blanco.

Alineando el aspecto cultural con el ámbito internacional, Guatemala también forma parte de declaraciones que buscan la protección de estas garantías. La Declaración

del Milenio, en su sección V –Derechos Humanos, Democracia y buen Gobierno-

hace referencia al compromiso suscrito por los Estados que busca “la plena protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y

culturales de todas las personas.Asimismo, respeta y hacer valer plenamente la

Declaración Universal de Derechos Humanos.”126

Sin embargo, a lo largo del estudio del proyecto Cerro Blanco, es evidente la preeminencia del derecho privado sobre el público o comunitario que añadido a la debilidad jurídica e institucional del gobierno, ha impedido a Guatemala confrontar a la empresa GoldCorp por los daños de sus operaciones. Para evitar la situación antes descrita, es necesario adecuar y hacer cumplir las normativas nacionales a los estándares y planteamientos de Derechos Humanos a nivel internacional para proteger grupos vulnerables.

125_{Organización Internacional del Trabajo, Convenio Núm. 169 de la OIT sobre pueblos} indígenas y tribales en países independientes. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, (Lima, OIT, 2014).

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