SECTION IV – APPLICATION AND SUBMISSION INFORMATION 42
C. CONTENT AND APPLICATION FORMS 45
Desde hace años he venido participando en congresos y jornadas, como ponente y conferenciante, prácticamente por toda la geografía española. La especialización en Derecho de familia, mediación y protección de menores, me ha costado mucho trabajo, estudio y dedicación; pero siempre he considerado que merecía la pena, pues esa disciplina exige inconformismo y capacidad de innovación, si de verdad se quiere dar solución a los conflictos lejos de estereotipos.
Lo más fácil, desde luego, es acudir al libreto, el manual, el modelo preestablecido, sin intentar buscar nuevas fórmulas más eficaces y apropiadas para cada asunto concreto, olvidando, como decía Tolstoi, que las familias infelices lo son cada una a su manera. Por otra parte, la sociedad, la familia y por supuesto, los conflictos que genera, se encuentran en continua evolución y cambio, por lo que
constantemente se han de replantear los remedios y considerar caducos los que otrora podrían reputarse como perfectamente efectivos. Desde esa perspectiva, he intentado abrir nuevos caminos en Derecho de familia, procurando hacer compatible la técnica jurídica con la debida sensibilidad que impone intentar dar una respuesta medianamente satisfactoria a los intereses de parejas irracionalmente enfrentadas, y que pueden terminar abocadas a su recíproca destrucción, llevándose por medio la felicidad de sus hijos.
Por ello, con frecuencia me han llamado para dar conferencias en colegios de abogados y en cursos organizados por el propio Consejo General del Poder Judicial, en los que intervine también como director y coordinador. Incluso integré la comisión de jueces especialistas en familia e Incapacidades que presidió el vocal Félix Pantoja y formé parte del selecto grupo de jueces, cuyos juzgados participaron en la experiencia piloto para la implantación de la Mediación Intrajudicial. Es más, hasta me llamaban para dar charlas y conferencias desde el propio Instituto Andaluz de la Mujer.
Por entonces, no tenía ningún problema, pues aunque intentaba abrir brecha en la materia, impulsando reformas y nuevas teorías en materia de acogimiento, desamparo, adopción, medidas en interés del menor, divorcio, liquidación de bienes gananciales, ejecución patrimonial, mediación… en definitiva, todavía no había traspasado la delgada línea roja de los temas tabúes para la dictadura de género: síndrome de alienación parental, replanteamiento en la atribución del domicilio familiar, custodia compartida como modelo preferente de corresponsabilidad parental y, sobre todo, ahí no me perdonaron, critiqué los fundamentos y la aplicación de la Ley de Violencia. Por cierto, aunque les parezca mentira a algunos para los que, naturalmente no resulta ni comprensible ni creíble, pues ellos no se mueven nunca solo por ideales o principios, cada vez que he hablado de esos temas, llamado por asociaciones que carecen de ayuda y subvenciones, lo he hecho totalmente gratis. Solo se me ha abonado desplazamiento y alojamiento.
A partir de ese momento, fueron a por mí, se me puso en el punto de mira del aparato represor, y dado que parecía convincente en mis argumentos, se optó directamente por la medida más antidemocrática: intentar boicotear y censurar mi intervención en cualquier congreso, jornada, seminario o conferencia. Y ello, pese a que reiteradamente, en cada uno de esos actos, he invitado a asistir a las personas que me estaban boicoteando y prohibiendo hablar, ofreciéndoles acudir para poder abrir debate democrático. Pero no, siempre ha sido lo mismo, prohibir desde la infamia, la falsedad y el descrédito a quien, pese a proclamar un discurso de justicia e igualdad, al final, se transmitía que era el portavoz de maltratadores y defensor de la desigualdad entre hombres y mujeres.
De momento, ese boicot se ha manifestado en todos los congresos internacionales de alienación parental y custodia compartida, organizados por la asociación SOS Papá en León los días 17 a 19 de septiembre de 2009, en Alcalá de Henares del 27 al 29 de mayo de 2010, en Zaragoza del 24 al 26 de marzo de 2011 y en Valencia del 27 a 29 de marzo de 2012. La dinámica ha sido en todos casos la misma, procurar el estrangulamiento económico y la retirada de todo apoyo institucional. Así en relación al congreso de Zaragoza, se expone lo que publicaba el día 23 de marzo de 2011, el Diario Siglo XXI: Ocho asociaciones feministas han firmado un manifiesto en el que piden al Gobierno de Aragón que no financie con dinero público un congreso sobre el síndrome de alienación parental (SAP) y custodia compartida, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de marzo en Zaragoza.
El III Congreso del SAP y Custodia compartida está organizado por la asociación SOS Papá y está apoyado por el Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Política Territorial, Justicia e Interior, departamento gobernado por el PAR.
En el manifiesto, las mujeres «quieren manifestar su total desacuerdo con el hecho de que, con dinero público y desde el gobierno aragonés, se apoyen activamente y se financien actividades contrarias al principio democrático de igualdad entre mujeres y hombres».
También denunciamos que entre los ponentes, que intervienen tanto en este congreso como en el recientemente celebrado en Valladolid, hay personas condenadas por sentencia firme por malos tratos a su familia y por maltrato infantil y un acusado de presunta prevaricación.
Por supuesto, el acusado por prevaricación, era el juez a quien, precisamente esa acusación, y no digamos una condena, era objetivo vital tanto para desacreditarle a él personal y profesionalmente, como para desautorizar todas las jornadas o actos en que interviniera. La dictadura siempre ha utilizado la misma estrategia con satisfactorios resultados para sus fines.
El día 12 de Marzo de 2010 se intentó boicotear por el Instituto de la Mujer de Asturias y otras asociaciones autodenominadas feministas, una conferencia que iba a impartir junto a mi compañero magistrado de familia de Gijón, Ángel Luis Campos, en el Colegio de Abogados de Oviedo. En concreto se decía:
La Asociación Abogadas para la Igualdad mostró ayer «su frontal oposición» a que la sede colegial «albergue opiniones personales, alejadas absolutamente del rigor jurídico». En una carta dirigida al decano, pide que no se preste el púlpito para «lanzar soflamas incendiarias, carentes de interés jurídico alguno», por lo que el colectivo presenta su «enérgica queja».
Lo curioso es que se pronostique que se van a dar opiniones personales alejadas absolutamente del rigor jurídico, sin saber cuáles pudieran ser y además sin tener después ni la decencia de presentarse para poder comprobar y corroborar esa gratuita afirmación. Como decía, entonces, desde el mutuo respeto, se me podría haber corregido esa supuesta falta de rigor, con otros argumentos y no con
eslóganes y frases extraídas de contexto, tal y como dijera Gimbernat, a fin de convencerme y
convencer al auditorio de que mis opiniones, no ilustradas, estaban equivocadas. A lo mejor no fueron porque, en el fondo, saben que quien carece de argumentos de rigor científico es quien solo es capaz de ampararse en sus intocables planteamientos ideológicos.
El decano, Enrique Valdés Joglar, tuvo la gallardía bizarra de negarse a suspender el acto, que se celebró con gran éxito. El día 11 de marzo Europa Press publicaba:
El decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Enrique Valdés Joglar, respaldó hoy la jornada de trabajo que acogerá mañana el centro y en la que intervendrá el magistrado juez de Sevilla, Francisco Serrano, al considerar que tiene interés formativo para los colegiados y ofreció las dependencias del órgano colegial a quienes sostengan tesis «contrarias». A su juicio, colectivos como el Instituto Asturiano de la Mujer tienen derecho a protestar, pero no por ello se va a censurar el acto, porque es «uno más». «Los ponentes son dos jueces de familia en ejercicio, no portavoces de la Yihad islámica», ironiza. Para el titular del organismo, la ley que se discute es discriminatoria, puesto que «la misma conducta tiene una pena diferente según quién sea la víctima y el autor». Ese mismo año 2010, el boicot se hizo efectivo, con una conferencia que iba a impartir en Santa Cruz de Tenerife, el 21 de mayo. El diario El Día, el 19 de mayo, publicaba: El Comité Organizador del II Congreso «Ayuntamiento y Familia», que tiene prevista su celebración desde mañana hasta el viernes en Tenerife, ha cancelado «por razones totalmente ajenas a su voluntad» la participación del juez de Familia número 7 de Sevilla, Francisco de Asís Serrano, que ha estado prevista hasta el último momento, tal y como manifestó a este periódico Raimundo Moreno, responsable del evento.
Parece que el origen del veto se encuentra en la carta remitida al Cabildo de Tenerife, firmada por la Plataforma 8 de Marzo, el Foro contra la Violencia de Género, la Secretaría de la Mujer de CCOO, la Secretaría de la Mujer de Intersindical Canaria, el Colectivo Algarabía y la Asociación Mercedes Machado, donde estos colectivos manifiestan su preocupación «por que se pueda transmitir a los profesionales que asistan al Congreso una visión distorsionada de la violencia contra las mujeres, sostenida en los nuevos mitos que se han creado en torno a ella, como las denuncias falsas o el Síndrome de Alienación Parental, mitos amparados públicamente por el juez Serrano».
Tal y como reconoció ayer la consejera insular Cristina Valido, presidenta de honor del Congreso, envió la carta de los colectivos feministas al responsable del encuentro, pero ignora las razones por las que los organizadores del evento han decidido eliminar la ponencia
del juez andaluz.
Sin embargo, Raimundo Moreno dijo que lamentaba «profundamente este percance que nos ha sido impuesto». Moreno «se vio obligado» a ponerse en contacto por mail con el magistrado para comunicarle que, «por razones totalmente ajenas a nuestra voluntad, nos vemos obligados a cancelar su presencia en II Congreso Ayuntamiento y Familia». Según Moreno, «es un atentado contra la libertad de expresión» y rehusó decir quién le había obligado a tomar esa decisión. En el breve comunicado que envió a Serrano, le informó de que, en este momento, «nosotros no podemos tomar otra alternativa que no sea prescindir de su presencia», añadiendo que «nos produce un profundo pesar el que ocurran estas cosas en los tiempos que vivimos y en la supuesta democracia que tenemos». Por su parte, Serrano explicó que la ponencia ya había sido remitida a la organización del congreso e, incluso ya estaban comprados los billetes de avión, pero a última hora se le ha comunicado desde el congreso que su participación ha sido cancelada, lo que llevó al juez a criticar la existencia de «una dictadura de género». La ponencia se titulaba «La convivencia, el orden y la no violencia. Causas y consecuencias del maltrato familiar».
Lo cierto y verdad es que en este caso, la dictadura, en principio, parecía que había impuesto su censura. Mas, encima con la técnica de tirar la piedra y esconder la mano. Raimundo Moreno, personalmente me expresó que su institución fue amenazada con retirada de fondos para programas de mediación. Al final, las hipócritas que habían restringido un derecho fundamental, cuya identidad no se desveló pese a que esa conducta incluso pudiera haber ser constitutiva de delito, intentaron justificar que había sido el Centro de Familia de Tenerife el que había decidido prescindir de mi presencia, pese a que, como se decía en la noticia ya me habían hasta pagado los billetes de avión, y pese a que en años anteriores había participado con ellos en otras jornadas de familia y mediación.
En fin, el colmo de la desvergüenza por parte de quienes pretendían amordazar la libertad de expresión y de pensamiento. Una censura que, después de todo, les salió bastante mal por dos razones:
La primera porque me sentí molesto con el hecho de que se dijera de mí que no podía dar una charla sobre cuestiones de familia, sobre algo tan potencialmente peligroso y subversivo como La
convivencia, el orden y la no violencia, y dando como razón para ello que no estaba preparado en
perspectiva de género. Eso era cierto, así que me preparé a fondo, leí, y de ese esfuerzo y preparación en perspectiva de género ha surgido, en gran parte, este libro.
La segunda, porque al día siguiente en que había de haber participado en la mesa redonda censurada, me llamó un abogado de Tenerife, Plácido Peña, en representación de un colectivo de abogados y abogadas de Santa Cruz, diciéndome que, como demócratas que veían que se había pisoteado en su tierra la libertad de expresión, en desagravio, me invitaban para dar una ponencia más extensa el mes siguiente, el día 18 de junio de 2010, en el Colegio de Abogados. El éxito fue rotundo, con la sala a rebosar y con una difusión amplísima ante los medios de comunicación nacionales y locales. La conferencia se grabó en vídeo y tuvo mucha repercusión en Internet. Pasé un par de días espléndidos, agasajado y sintiéndome querido y respaldado.
Los intentos de censura se reprodujeron meses más tarde en conferencia impartida en el Colegio de Abogados de Zaragoza en octubre de 2010. En diciembre la responsable de Igualdad del PP del ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) organizó en ese municipio unas jornadas, en las que iba a intervenir para hablar de custodia compartida. Ante la amenaza de las radicales de turno del partido socialista de que acudirían a boicotear y reventar el acto, acusando al Partido Popular de apoyar a un juez imputado y que estaba en contra del feminismo, esas jornadas fueron suspendidas. Así me lo comunicaron y el asunto, aun resultando escandaloso, fue silenciado.
problemas de salud, pues, como se verá, me encontraba sufriendo las consecuencias del proceso por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en concreto el 29 de octubre, participé en una jornadas sobre custodia compartida en Lugo.
Mi presencia también intentó ser impedida, siendo remitidas por el sector duro de la dictadura de género socialista, cartas a la Universidad de Lugo para suspender mi intervención.
Un último intento de boicot se produjo en Barcelona el 9 diciembre de 2011, en el Simposium organizado por ACAPASE (Asociación Catalana de Padres Separados). En ese simposium, la dictadura consiguió introducir infiltrados, con el fin de desacreditar a las autoridades que lo presentaban. En concreto, el secretario de Familia del Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat de Catalunya, don Ramón Terrassa. La dictadura pidió su dimisión. En un blog de los denominados feministas, La independent, Lidia Falcó, escribió un artículo que rezaba bajo el título «El Machismo que no cesa», lo siguiente:
El señor Terrassa inauguró el acto con toda normalidad, como si se tratase de un congreso de expertos dispuestos a debatir seriamente la mayor lacra social que padecemos en toda España, la violencia contra las mujeres. Más tarde se sentaría en la misma silla y a la misma mesa el juez Serrano de Sevilla, que ha logrado ser algo famoso gracias a su defensa de los maltratadores de mujeres, a los que considera víctimas de denuncias falsas. Por prevaricar en una resolución de un proceso de familia ha sido condenado por el Consejo General del Poder Judicial.
Lo más grave de todo es que la Generalitat ha estado desde el principio dando apoyo organizativo a todo el simposio, ha cedido su logo, ha enviado ponentes de varios departamentos, lo ha publicitado en su web, y ha abierto el acto con uno de sus máximos representantes.
No voy a entrar en detalles sobre la deliberada o inconsciente desinformación de la articulista. Solamente la remitiría a que se entere de las encuestas que publicaba el CIS en marzo de 2011 sobre las cuestiones que los españoles consideran una lacra. La primera, claro está, es el paro, no apareciendo, como se dijo, en otro capítulo el problema de la violencia sobre la mujer pues con un muestreo de 2461
entrevistas, el resultado era que el 0% de los encuestados visualizaba la violencia contra la mujer como el principal problema que existe actualmente en España, y lo que es más importante, el 0% de los encuestados manifestaba que se tratase del problema que personalmente más les afectase.
Conclusión: la próxima vez se han de escoger las personas a las que se hagan las encuestas.
Mas con todo, coincido con D.ª Lidia en que esa violencia, como todas, constituye una lacra que se ha de combatir con eficacia y firmeza. Lo que ocurre es que D.ª Lidia tiene sus datos y opiniones que, como ya conozco, me tomo con la seriedad y respeto que merecen, como cuando en un programa de Canal Sur
Mejor lo hablamos presentado por Mariló Montero, y en el que ambos participábamos, dijo que en
España existen veinte millones de hombres potencialmente maltratadores. Es decir toda la población masculina. En su momento, me lo tomé como una exageración o un error, mas después de convertirme en experto en perspectiva de género he comprendido, aunque no compartido, la afirmación. En cuanto a sus dignas y legítimas impresiones sobre mí, también las comprendo, siendo lógicas, no considerándolas ofensivas, debiendo saber D.ª Lidia que rezo mucho por ella, para que algún día supere ese odio y resentimiento que la destruyen y que pueden venir originados por una experiencia vital frustrante, como la de aquella Attaroa de la novela de Jean M. Auel.[33]