Desde su independencia en 1956, el régimen militar de Sudán ha venido realizando un genocidio sistemático contra la población del África Negra que habita el sur del país. Casi 2 millones y medio de personas murieron a causa de las masacres, la guerra, el hambre y los destierros masivos. Pueblos enteros borrados del mapa, miembros de comunidades cristianas encerrados y quemados vivos en sus iglesias, innumerables personas esclavizadas o torturadas hasta morir.
En 1992, desde la capital y sede gubernamental Jartum, la junta militar (de carácter fundamentalista islámico) declaró que el genocidio contra los sudaneses del sur era una "guerra santa". Esa guerra se lleva adelante, en parte, con niños soldados que el ejército del gobierno recluta en las calles de Jartum y arrastra al frente sin que sus padres lo sepan.
En el sur de Sudán existen pozos de petróleo que atesoran hasta tres mil millones de barriles de crudo. En esa región se extrae petróleo desde agosto de 1999. Allí se enfrentan las tropas del régimen militar, célulasdel Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA) y diversas milicias de menor envergadura. "Al mismo tiempo, todos llevan adelante una guerra contra la población civil", escribe Sarah Reinke, miembro de la Asociación para Personas Amenazadas. 41
"En realidad, los pueblos dinka y nuer, en cuyas tierras se halló el petróleo, podrían ser ricos. Pero allí reinan el hambre y la muerte."
Los ingresos provenientes de la exportación del petróleo brindan estabilidad al régimen militar, que financia su guerra con ese dinero. Hassan Al Turabi, líder del Frente Islámico Na cional (NIF), actualmente en el gobierno, declaró públicamente en abril de 1999 que las ganancias provenientes del petróleo se utilizan para comprar armas. 42 El gobierno destina aproximadamente la mitad de su presupuesto nacional, un millón de dólares por día, a la guerra contra el sur de Sudán. Los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo se calculan en alrededor de 400 millones de dólares por año. Las que llevan a cabo la explotación son las compañías petroleras canadienses, suecas, chinas, francesas y austríacas. La organización de ayuda británica Christian Aid asegura que estas empresas son "cómplices del despoblamiento sistemático de amplias regiones del país, así como de los crímenes contra civiles, de los cuales decenas de miles fueron asesinados o expulsados de las regiones que circundan a los campos de petróleo", y exige que dichas compañías se retiren de Sudán. 43
Según este informe, dado a conocer el 15 de marzo de 2001, las compañías petroleras están seriamente involucradas en la guerra que el gobierno lleva adelante contra los sudaneses del sur y colaboran con el régimen militar, y a cambio los militares protegen sus instalaciones y continúan con las violaciones a los derechos humanos.
"La guerra comenzó con la explotación petrolera", afirma un líder nuer citado en dicho informe. "Destruyeron todas nuestras haciendas, todo lo que está en los alrededores de los campos de petróleo."
"Quemaron todos los pueblos a lo largo de la ruta", cuenta otro. "El gobierno no quiere gente cerca del petróleo."
Un informe de Amnistía Internacional también denuncia la complicidad de las petroleras
41 "Vólkermord im Südsudan", Asociación para Personas Amenazadas, http:// www.gfbv.de/dokus/memo/sudoel.htm 42 AFP, 30.4.1999 43 "Sudan: Oil Firms Accused of Fueling Mass Displacement and Killing", The Guardian, 15.3.2001
occidentales en los crímenes cometidos en Sudán: "Cuando las tropas del gobierno, en nom bre de la seguridad, violan derechos humanos en las zonas de extracción petrolera, las empresas extranjeras hacen la vista gorda." 44
"La población civil que vive en los alrededores de los campos de petróleo se convirtió en blanco premeditado de maltratos", dice Maina Kiai, director de Amnistía Internacional en África. Su lista de ataques documentados parece un informe desde el infierno. Así, las tropas del gobierno "limpiaron" los alrededores de la ciudad de Bentiu, ubicada en medio de la zona petrolífera, con ráfagas de ametralladoras disparadas desde un helicóptero y bombardeos efectuados desde los Antonov rusos. A esto se agregaron tropas de tierra que echaban a la gente de sus casas. Hubo fusilamientos masivos de hombres, hubo mujeres y niños clavados a los árboles con clavos de hierro. En otros pueblos, los soldados degollaron a los niños y asesinaron civiles de sexo masculino incrustándoles clavos en la frente. Las tropas rebeldes, que luchan por la independencia del sur de Sudán, también intentan lograr el dominio sobre las regiones ricas en petróleo. Un ex líder rebelde confesó que sus soldados habían ejecutado a un gran número de civiles, violado y secuestrado mujeres e incendiado aldeas enteras.
Para proteger al personal y a las instalaciones de las compañías que construyen los oleoductos, incluso se llegó a reclutar soldados afganos y malayos pertenecientes a la agrupación extremista islámica de los muyahidín. También a ellos se los acusa de haber cometido crímenes aberrantes contra civiles. Una de esas compañías, que suministró más de 500 kilómetros de tuberías a Sudán, es la alemana Mannesmann AG.
Según Amnistía Internacional, la relación entre la compra de armas y las exportaciones de petróleo también es evidente: se afirma que, por ejemplo, el mismo día que los primeros barriles de petróleo abandonaron Sudán, desembarcó allí un cargamento de armas polacas. También hay documentos que prueban otros envíos de armas procedentes de China y Bulgaria.
El informe de Amnesty detalla también cuáles son las compañías involucradas en la explotación de petróleo en el sur de Sudán. Entre ellas se encuentran el consorcio francés TotalFinaElf, al igual que la italiana Agip y la petrolera austríaca OMV, de cuya denominación anterior, ÓMV, se decía en otros tiempos, a modo de elogio, que era la abreviatura dé Ósterreicher mit Verantwortung, es decir, Austríacos con Responsabilidad (ver postura de OMV en la ficha correspondiente).
Las empresas BP/Amoco y Shell, acusadas por la agrupación Christian Aid de tener participación en compañías petroleras que operan en Sudán, niegan dicha imputación. En cambio, la firma británica Rolls Royce admitió haber enviado motores diesel a Sudán con los cuales el petróleo se bombea hacia las terminales de exportación en el mar Rojo. Sin embargo, el vocero de Rolls Royce, Martin Brody, dio a entender en declaraciones al periódico británico The Guardian que, a raíz de las críticas recibidas por parte de los grupos de derechos humanos, se replantearían las relaciones comerciales con Sudán. 45
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"The human price of oil", Amnistía Internacional, 3.5.2000
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