En el transcurso de la administración dictatorial pese a las acciones sociales y con presencia del nuevo modelo económico, aumentaron los niveles de pobreza e inequidad, generándose una mayor concentración de ingresos en los estratos
42 Cuando Lucia Hiriart asume la dirección de CEMA- Chile manifiesta directamente que "CEMA CHILE dejó de ser un ente político" (Lucía Hiriart de Pinochet en Lechner y Levy, 1984:15)
132
socioeconómicos altos, donde entre 1978 y 1988 sólo los hogares del 20% más rico, incrementaron su consumo real, mientras el 80% restante lo redujo (MIDEPLAN, 1991).
Por su parte, ante las crisis económicas, la cesantía, el creciente hacinamiento, surgen como respuesta los movimientos poblacionales que agrupaban en su seno, principalmente trabajadores, jóvenes y mujeres que ante la ilegalidad de la organización social encontraron en el ámbito comunal el espacio para desarrollar desde principio de los años 80 una emergente denuncia pública de las condiciones de precariedad en las que vivían gran parte de la sociedad, tal como también implementaron acciones para la subsistencia interna en las poblaciones más pobres de la mano con la creación de una serie de instituciones de carácter civil, en su mayoría asistenciales dirigidas a los grupos más vulnerables (FOSUPO y UDP, 2011).
Por añadidura, lo que caracterizó las prácticas de quienes vivían en las comunas más pobres del país, es la utilización de redes sociales horizontales y verticales de carácter informal. Las redes horizontales se conformaban por pequeños grupos, de vecinos (as) que distribuyen recursos (información, artefactos domésticos, apoyo en tareas, etc.), que en el contexto de represión, no busca el establecer mayores contactos con otros grupos similares (Espinoza, 1998). En cuanto a los lazos verticales, vinieron principalmente por instancias de la iglesia católica, la más importante de ellas fue la Vicaría de la Solidaridad (1976), la que gestionó desde su máximo representante Cardenal Raúl Silva Henríquez, acciones comunales de subsistencia con los pobladores, tal como también fue la cara más relevante de la defensa de los derechos humanos ante las violaciones dadas en el marco del régimen militar43.
La Iglesia Católica fue parte de la práctica poblacional, principalmente desde el accionar de las pastorales solidarias, un espacio de encuentro poblacional donde el sacerdote adquiría una centralidad en el hecho, la cual en más de una ocasión era la única posibilidad permitida de coordinación para la acción colectiva. Conocidas son las acciones de las pastorales solidarias dirigidas por los llamados “curas obreros” quienes siendo sacerdotes católicos, eran próximos al movimiento obrero, y sensibles a las luchas sociales. Herederos de la teología de la liberación se situaron en las comunas más emblemáticas de la lucha poblacional de la dictadura militar generando espacios para la
43 La Vicaría de la Solidaridad operó durante todo el régimen militar y concluyó sus actividades el 31 de diciembre de 1992. La historia de esa extensa, el organismo que tuvo como misión prestar asistencia legal y social a las víctimas de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se produjeron a raíz del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973. su labor de veinte años se encuentra contenida en una gran cantidad de documentación de un valor incalculable, que es parte insustituible de la memoria histórica de Chile, y que constituye el mayor centro de información sobre derechos humanos existente en el país. (Vicaría de la Solidaridad, 2011)
133
reconstrucción de liderazgos sociales, que hicieron posible la movilidad por la vivienda, la gestión de recursos para la subsistencia (FOSUPO y UDP, 2011), y la coordinación de acciones subversivas contra el régimen militar44, siendo una de las acciones poblacionales de subsistencia más emblemáticas de la época, los comedores populares y las ollas comunes (PROSAM, 2012)45.
A su vez ante las carencias en cuanto a vivienda, surgieron desde la década del 1980, "los sin casa" (1981), organización que surge para denunciar la precariedad de las condiciones de vida, y demandar el acceso a la vivienda por medio de la ocupación, de lugares públicos y sedes diplomáticas, logrando visibilidad los pobladores desde sus manifestaciones en los medios de prensa nacionales e internacionales (FOSUPO y UDP, 2011). Así también a modo de presión y denuncia logran consolidar una toma masiva de terreno en 1983 en el sur de Santiago que comprende unas 8000 familias en los campamento: Cardenal Raúl Silva Henríquez y Monseñor Juan Francisco Fresno, en la comuna de la Granja y La Cisterna respectivamente, a las que llegan a vivir más de 30.000 personas (Espinoza, 1998).
En el ámbito rural indígena hacia el principios de los años 1980 cuando se crean los centro culturales mapuches, existiendo hacia fines del régimen una serie de organizaciones que participan activamente en la recuperación de la democracia. Las que en 1987 formaron una alianza conocida como Futa Trawun Kiñewan pu Mapuche, quienes posteriormente se dividiría, pero donde se crea una propuesta concreta para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Chile. Y de legislación especial elaborada con participación estos, que sentaría las bases de los requerimientos
44 Conocidos son el padre Roberto Bolton, José Aldunate, Mariano Puga, Alfonso Baeza, Pablo Fontaine, quienes residiendo en comunas de extrema carencia, basaron su tarea en el compromiso con los pobladores pobres. Los curas obreros, hicieron eco de los principios de la teología de la liberación emergente en Chile a inicios del 1973, y que se plasmó en el encuentro que llevo de nombre posteriormente de “Grupo Calama” desde el cual se hizo un estudio sobre lo que podría ser el trabajo de un sacerdote obrero, postulándose que los sacerdotes debía hacerse obreros y repensar su vocación y la Iglesia desde el mundo obrero, insertándose realmente en las poblaciones para opinar sobre cómo debe ser la Iglesia renovada (Soto, 2010). Recientemente el padre Roberto Bolton ha publicado Testigo Soy (2010), donde da cuenta de su trabajó de diez años como sacerdote obrero en un consultorio de salud, sin dejar de participar en actividades anti dictatoriales como la distribución de Policarpo y No podemos callar, publicaciones clandestinas en defensa de los derechos humanos, y su acción como uno de los fundadores del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, formado por religiosos, religiosas y laicos cuyas acciones públicas de denuncia y resistencia pacífica tuvieron gran repercusión.
45 Los comedores se organizan en las parroquias o en lugares cercanos a la parroquia, y era la Vicaría de la Solidaridad quien coordinaba la entrega de alimentos y promocionaba la organización de la comunidad, mientras que las ollas comunes se gestionaban en las casas de los pobladores organizadas fundamentalmente por mujeres siendo comúnmente una mujeres “dueña de casa” la jefa de la Olla (PROSAM, 2012).De este modo las Ollas se generan como una organización de apoyo social que actúa de modo política pública gestionada por la propia comunidad. Exigían de una organización popular que no sólo era la reunión para comer, sino que implicaba conseguir otros alimentos como carne y verduras, pagando cuotas, pidiendo en las Ferias o en la Vega central, además de recibir lo que aportaba la Vicaria de la solidaridad y agencias de cooperación internacional (PROSAM, 2012).
134
de los pueblos indígenas en el proceso de recuperación de la democracia concretándose en los acuerdos en 1989 con el término de la dictadura con la emergente Concertación de Partidos por la Democracia, en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989 (Millalén, Mariman, Caniuqueo y Levil, 2006).
Por su parte el movimiento obrero en el 1983, en el marco de los efectos de la crisis económica que afectó fuertemente a los sectores populares, la central unitaria de trabajadores del cobre (CTC) y otras organizaciones sindicales que luego formaron el “Comando Nacional de Trabajadores”, convocaron a la primera protesta nacional contra la dictadura militar (Álvarez et al., 2007), con ello se inicia un ciclo de protestas nacionales que duró hasta el 1986.
En estas instancias se dieron cuenta de la prevalencia del movimiento poblacional sobre el identitario obrero tan presente en otras épocas producto de la persecución política dirigencial. Sin embargo en lo poblacional surgía como la otra cara del movimiento obrero, maltratado, violentado y reducido por el régimen militar, a su identitario de poblador al que se sumaban mujeres y jóvenes, comunidades cristianas de base, y un variado espectro de organizaciones poblacionales, permitiendo otorgar mayormente un carácter poblacional a las manifestaciones en contra de la dictadura.
En el periodo de 1983 a 1986, este conglomerado junto a los partidos políticos de oposición legalizados, otorgaron un carácter protagónico a los pobladores y pobladoras en el proceso político de los años 1980, demandando la remoción del régimen, la restauración de la libertades, y la denuncia de las violaciones constantes de derechos humanos. Las expresiones más radicales de enfrentamiento al régimen tomaron forma armada, teniendo una presencia importante en el desarrollo de las jornadas de protestas poblacionales (Álvarez et al., 2007).
La oposición al régimen, desde una consigna simple ¡Democracia Ahora! Se reunieron en manifestaciones periódicas pacíficas pero con duros enfrentamientos con la policía. Si bien diversas estrategias políticas intentaron conducir este movimiento, estas manifestaciones se trataron principalmente de un reencuentro de lo social poblacional y lo político partidista en un marco de acción expresiva más que un repliegue estratégico, donde emergieron actores políticos que buscaron hacerse cargo de las exigencias de cambio, tal como también permitió el fortalecimiento de la sociedad civil que se expresaba públicamente contra el régimen (De la Maza, 2003).
Las Jornadas de protestas nacionales fueron efectivas social y políticamente en tanto que armonizo los polos de tensión, ya que el movimiento popular no tenía
135
suficiente fuerza en dicho contexto para su autogestión y auto-conservación en el marco de las condiciones existentes, ni las políticas partidistas podía ser efectivamente transformadoras sin apoyarse de la movilización civil. (De la Maza y Garcés, 1985)
Por su parte en los partidos políticos, desde finales de los 70, existía un bloque político conformado por un ala más moderada contra el régimen con representantes del Partido Demócrata Cristiano como Patricio Aylwin, que se reunieron para generar una propuesta alternativa a la constitución que en el año 1980 la que fue rechazada, en lo que se denominó los 24. Este grupo posteriormente conformaría La Alianza Democrática, tras la que se agruparon el Partido Demócrata Cristiano, parte del Partido Socialistas "renovado”, el Partido Radical, y otros partidos más pequeños. Esta alianza a inicios del 80 promovió el derrocamiento del dictador y la remoción de la constitución puesta en marcha por la dictadura, pero posteriormente optaron por participar de la generación de una salida pactada con el régimen, actuando estratégicamente para presionar a que se efectuase el plebiscito del 1988, promulgado por la misma carta magna.
Al mismo tiempo, se establecía otra alianza conformada por los grupos de oposición más frontal contra la dictadura, reunida en torno al Movimiento Democrático Popular (parte del partido Socialista, partido Comunistas, Miristas) quienes, planteándose abiertamente como opositora al modelo económico y de Estado de la dictadura militar, apostaron por el termino anticipado del régimen, estableciendo que todas formas de luchas, incluida la militar, eran válidas para terminar con la dictadura (Álvarez et al. 2007). Esta alianza adquirió fuerza en comienzo de los años 80 a raíz de la crisis económica vivida en el año 1982 y el levantamiento poblacional ante las precarias condiciones de vida y las injusticias del régimen, sumándose activamente a las jornadas de protesta y cohesionándose con los diferentes colectivos que la conformaban.
De este modo, si bien desde principios de los años 1980 hubo un bloque que políticamente se presentaba activo ante la oposición al régimen, su principal problema fue la posibilidad de su unidad, frente a apuestas políticas diferentes, donde una buscaba construir un espacio político para negociar una transición a la democracia, y la otra reforzaba la organización de actores sociales cuyo carácter político era otro y plateaba un derrocamiento del régimen y deposición de la constitución.
Para la dictadura militar, la transición a la democracia se inició cuando su poder perdió efectividad para reprimir la movilización poblacional, esto se dio especialmente posterior al 1983, en el marco de las crisis económicas que elevaron el desempleo a un 25% y donde las protestas nacionales recogieron también en parte, la desafección
136
contra el gobierno producida por la crisis económica (Fernández, 2002). Así también otro antecedente relevante para el inicio de la transición fue la constante demanda internacional basada en el desprestigio del régimen, lo que en conjunto genera una fuerza contraria el mismo ante el cual los militares comprenden que hay que iniciar la retirada y parlamentar.
El poder militar, sabía que en este contexto, con los pobladores no era negociable la puesta en marcha de la constitución del 1980, ni con el Movimiento Democrático Popular representativo de la izquierda que guiado por el movimiento popular planteaba una acción contra el sistema y fuera del mismo. Sin embargo si vio viable la negociación con una parte de los partidos políticos vigentes agrupados en la Alianza Democrática.
Un hito importante para allanar esta posibilidad de negociación fue la generación por parte de la Alianza Democrática en 1984 del seminario “Una Salida
Política Constitucional Para Chile”, donde confluyo por una parte la participación de
Francisco Bulnes, una de las principales figuras de la derecha republicana y por otra las propuestas de Aylwin sobre la constitución vigente, que marca un giro de la Alianza al reconocimiento de la misma y la aceptación de una eventual participación de la oposición en el plebiscito fijado para 1988 (Godoy, 1999).
En 1985 se suscribieron once partidos, desde la derecha hasta la Alianza Democrática y apoyo de la Iglesia Católica al Acuerdo Nacional Para la Transición Plena a la Democracia, en el que se proyecta esta coalición abiertamente dispuestos a aceptar la constitución del 1980 a cambio de reformas en la constitución46 , lo que en su momento tuvo una respuesta negativa del régimen (Godoy, 1999)
Hacia 1986 la dictadura había sobrellevado la fase de protestas lideradas desde los movimientos poblacionales, desarrollando una fuerte ofensiva represiva militar, hacia dirigentes tanto políticos como representantes de otros organismos que lideraban el movimiento contra el régimen, como la Vicaría de la solidaridad y las Federaciones de estudiantes, con la muerte de importantes personeros, y el presidio de dirigentes políticos de la época, lo que impacto fuertemente al movimiento. Así también, el agotamiento del movimiento junto a una carencia de cambio en el statu quo llevo poco a poco al debilitamiento de las manifestaciones.
46 Las reformas apuntaban a modificar la rigidez de la constitución, los medios para elegir al sucesor de Pinochet, el término del Estado de excepción, creación de registros electorales, el fin del receso político y reconocimiento de los partidos políticos aun ilegales, la aprobación de la ley de democracia electoral y el término del exilio (Arriagada, 1998)
137
En ese año se realizó la última gran movilización de demandas para intentar derrocar al régimen, (Álvarez et al. 2007), pero el término anticipado no ocurrió, y la fase de movilización social concluye con el frustrado atentado "terrorista" contra Pinochet, en el año 1987 (Salazar y Pinto, 1999), que trae consigo una estigmatización de la acción de estos grupos como fracción política no democráticas y rupturistas (Saavedra, 2002).
Poniéndose fin así, a la movilización social marcada por el fracaso del intento de la demanda de Chile formulada por la Asamblea de la civilidad, y situándose la conducción de la oposición en los partidos políticos, reconociendo las organizaciones sociales la primacía de lo político, pasando a apoyar las nuevas estrategias políticos electorales de naturaleza conciliadora en el plano social levantado por la alianza democrática que condujo finalmente la vía pactada con la dictadura militar.
Con todo en esta época ocurren también dos hechos que inciden en la realidad política. En el año 1986, comenzó un mejoramiento relativo de la situación económica que impacto en la realidad laboral de los chilenos, y en 1987 visita Chile del Papa Juan Pablo II un acontecimiento histórico que conllevó la inclusión de un agente externo a la realidad nacional que se presentó como punto de comunión dentro de una sociedad chilena que, si bien se encontraba políticamente fragmentada, presentaba un ideario común católico desde el cual se podía urdir un discurso de unión.
El Papa que posteriormente enviaría en el 1989 como anuncia apostólico a Piero Bigglio, reconocido por su abierto apoyo al régimen militar (Soto, 2010), en 1987 aporta políticamente a la concreción de una discurso de comunión entre la derecha política y los militares partidarios al régimen y la izquierda concertada, junto con propiciar un discurso popular conciliador desde el que hace eco de las demandas sociales del pueblo, vincula la prosecución de las mismas Con base en la posibilidad de acuerdo en contraposición a la violencia, con un mensaje que tendrá como destinatarios estratégicamente a: los pobladores (con dos discursos masivos), los estudiantes de la universidad católica, los empresarios y los políticos (Juan Pablo II, 1987).
En sus discursos el Papa otorgará gran énfasis a la centralidad de hacer frente a las condiciones de pobreza de gran parte de la población por medio de la justicia social como responsabilidad de Estado, resituando el deber de la iglesia distanciado de lo político y desacreditando la acción activista realizada por las pastorales comunitarias en aquel entonces, y reedificando la unidad familiar como ámbito de acción social por excelencia e invitando a la comunión católica al distanciamiento de la confrontación, al acuerdo y a la no violencia (Juan Pablo II, 1987)
138
En este contexto en febrero de 1988, la Alianza Democrática llama a la inscripción en los registros electorales sumando a casi toda la izquierda que se congrega en la Concertación de Partidos por el No, quienes aceptan tácitamente el orden político y se someten a sus reglas, con la esperanza que le otorga su proyecto político de restaurar la democracia representativa históricamente dada en el país (Godoy, 1999).
El 5 de octubre del 1988 triunfa el NO contra la continuidad del régimen militar con un 54,7% de adhesión contra un 43,01% para el SI de deseabilidad de continuidad del régimen. Una semana después del triunfo del NO, los partidos de la Concertación del NO, hicieron una declaración para reponer en la discusión pública la necesidad de una “transición consensual”, por medio de modificación de la constitución en temas claves para la posibilidad de un retorno a la democracia47. El régimen militar, luego de múltiples negativas, estuvo dispuesto a discutir la propuesta a la que se sumaron otras propuestas de reformas dadas tanto por bloques de la derecha como también por la propia junta de gobierno.
En abril de 1989 desde una comisión técnica generada para la generación de acuerdos entre el régimen y la oposición partidista conformada por la concertación del NO, se aprobaron una serie de reformas, pero que resultaron mínimas en cuanto a la modificación de la constitución, sobre el cual se zanja finamente un acuerdo en mayo de ese mismo año, determinando la modificación de los quórums para la reforma constitucional, el incremento del número de senadores elegidos por voto directo de 26 a 38, conservando así la institución de los senadores designados y vitalicios.
La Concertación de Partidos Por el NO, asume que las modificaciones eran insuficientes y plantea públicamente que con posterioridad se podrá continuar modificando. La propuesta se aprueba por la junta militar y se plebiscita el 30 de junio del 1989, aprobándose la modificación por un 85,7%, concretándose así la salida