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Latinoamérica es pionera en la implantación de programas y proyectos de PSA y se ha experimentado un rápido crecimiento en la región a lo largo de la última década. Las experiencias latinoamericanas están enriqueciendo los debates sobre el lugar que los PSA deben ocupar en la agenda de conservación ambiental tanto a nivel local y nacional como internacional. Experiencias pioneras a escala nacional o local en América Latina y Asia ofrecen resultados mixtos desde el punto de vista de la eficiencia, su efectividad en la provisión de los servicios esperados y desde el punto de vista social –esto es, el grado de conflicto o cooperación entre proveedores, intermediarios y usuarios, así como su impacto en la reducción de la pobreza - (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino, 2011).

Muchos sistemas diferentes han sido establecidos en América Latina, desde programas locales en fases piloto hasta proyectos nacionales apoyados por el gobierno. Costa Rica ha sido pionera en el desarrollo de un programa nacional de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) implementado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). Bajo la Ley Forestal de 1996, los usuarios de la tierra pueden recibir pagos por los servicios forestales que suministran, tales como la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la protección del agua y de la biodiversidad al igual que la conservación de la belleza escénica natural (OEA, 2005).

En Brasil, el Programa de Desarrollo Social y Ambiental (PROAMBIENTE) es un programa de créditos que se enfoca en la producción agrícola de familia. El objetivo de PROAMBIENTE es ayudar a que los productores hagan la transición de las prácticas agrícolas tradicionales que prevalecen hoy en día en la frontera Amazónica a prácticas agrícolas y de extracción más diversificadas y sostenibles, con el fin de reducir la conversión forestal y las emisiones de gases. PROAMBIENTE establece incentivos para actividades económicas más sostenibles mediante compensaciones, directas o indirectas, a productores de familias por implementar buenas prácticas agrícolas y los servicios ambientales asociados como la conservación y el manejo forestal, la reducción de los incendios forestales y de la fragmentación, la conservación del suelo, y la conservación de la biodiversidad, entre otros (OEA, 2005).

El Banco Mundial ha tenido un papel importante en el desarrollo de sistemas de PSA en varios países de América Latina. En Colombia, Costa Rica y Nicaragua, el Proyecto Integrado de Enfoques Silvopastoriles utiliza los PSA para fomentar el uso de prácticas silvopastoriles en esos

países. En la República Dominicana, Ecuador y El Salvador, el Banco Mundial tiene programas piloto de PSA (Ibid).

Se reconoce, sin embargo, que los PSA no son un instrumento exclusivo de los países en desarrollo y que, con algunas variantes operacionales, han sido también aplicados en países como Estados Unidos o en países de la Unión Europea desde hace algunos años (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino, 2011).

Por ejemplo, en España durante la última década se han creado un conjunto de Redes de Custodia del Territorio que a su vez articulan a un conjunto de entidades que bajan pagos de empresas sociales y entidades públicas a propietarios rurales con el objetivo de que éstos garanticen la conservación y/o gestión sostenible de sus propiedades. En octubre de 2010 se realizó el Congreso Internacional: "Los Pagos por Servicios Ambientales, Herramientas para la Gestión y Conservación del Patrimonio Natural", en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (CTFC), España, este evento fue una plataforma de discusión e intercambio de herramientas y experiencias Latinoamericanas con las iniciativas que empiezan a surgir en España, aunado al interés de otros países Europeos de conocer los esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA).

Los programas de ayudas para posibilitar la generación de una oferta de servicios agroambientales en Europa, a su vez circunscritos en el contexto del segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC), podrían ser entendidos como una versión de PSA. Lo que ocurre, sin embargo, es que actualmente la PAC no está enfocada a la provisión de servicios ambientales, sino típicamente al cambio del manejo de la tierra agrícola. Este hecho implica, dada la dificultad de vincular claramente (desde un punto de vista científico) la provisión de servicios ambientales y los cambios de uso de la tierra (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino, 2011).

Los pagos por la provisión de servicios de regulación hídrica a escala de cuenca hidrográfica, son esquemas de PSA con gran potencial para vincular a los usuarios del agua y a los proveedores potenciales de los servicios de regulación hídricos. El caso más conocido en Europa en este sentido es el de la empresa embotelladora de agua Vittel que, a finales de 1990, decidió incentivar económicamente a los propietarios de parcelas agrícolas situadas en las cuencas donde la empresa extrae el agua a cambio de que dichos propietarios adoptaran prácticas agro-ecológicas. Esta experiencia tardó más de diez años en ponerse en marcha y algunos esquemas han resultado inviables por la imposibilidad de establecer un marco de confianza entre los proveedores y los usuarios del servicio y de estos últimos con el agente intermediario (Ibid).

Muchas ONG ambientales han estado involucradas activamente en el establecimiento de sistemas de PSA alrededor del mundo enfocados en diferentes servicios ambientales. Por ejemplo, en la última década el World Wildlife Fund (WWF) y The Nature Conservancy (TNC) han desarrollado nuevos esquemas de financiamiento para la conservación del ambiente muy similares a los PSA (por ejemplo, programas de conservación comunitarios, canjes de deuda por naturaleza, facilitación para la conservación, fondos ambientales, esquemas para la certificación). Desde el año 2000, las ONG también han ido desarrollando una variedad de programas de PSA. La mayoría de esos proyectos son a escala local y están relacionados a la venta de servicios ambientales suministrados por la conservación de cuencas hidrográficas locales o el manejo de un área protegida (OEA, 2005).

La valorización económica del capital natural ha puesto al PSA en la agenda internacional. Las tendencias mundiales de la deforestación y el cambio en el uso del suelo están degradando los ecosistemas vitales para el bienestar humano. Por lo que el pago por servicios ambientales ha emergido como una herramienta de conservación para abordar estos problemas y la tendencia global es a reconocer, valorar y pagar por su mantenimiento. Sin embargo, aunque los programas de PSA son una tendencia creciente global, incluyendo Latinoamérica, no existe un modelo único de PSA, pues este mecanismo se adapta a cada realidad, por lo que aún es necesario estudiar en cada caso los procesos adecuados para su implementación.