Durante la construcción del Estado Nacional en la primera mitad del siglo XIX, se han identificado una serie de estrategias de los actores políticos con el objetivo de controlar su red de votantes. Así en el periodo de configuración de los partidos, mientras el Ejecutivo se fue convirtiendo en el “gran elector” (Nazer y Rosemblit, 2000) dada la costumbre de intervención electoral desde la Presidencia de la República en las listas de candidatos, los liberales mostraban un trabajo electoral dividiéndose en tres grandes comisiones: los “negociadores” a cargo de la compra de calificaciones,1 los “apre-
tadores” encargados de impedir la llegada de electores opositores a las urnas, y los denominados “arrebatadores”, quienes tenían por objeto sustraer las calificaciones para impedir el sufragio (Joig- nant, 2001).
Para la segunda mitad del siglo XIX una de las coyunturas más relevantes fue la reforma electoral de 1874, la que permitió eliminar el requisito de rentas para el sufragio rebajándose al del alfabetis- mo, esto mediante una presunción jurídica según la cual quien sabía leer y escribir poseía una renta mínima. Lo anterior se estableció a través de una pragmática y heterogénea alianza que agrupó a: conservadores, liberales “sueltos”, nacionales y radicales. La razón que llevó a esto, fue la exclusión de los conservadores del poder Ejecutivo tras el fin del gobierno de la fusión Liberal-Conservadora, y por tanto la necesidad de canalizar su electorado campesino para sobrevivir políticamente. Cabe señalar que para el periodo, “saber leer y escribir” se reconocía solamente con la firma personal,
1. La calificación electoral es el antecedente histórico del carnet electoral. Ella fue objeto de un fuerte control, dado que se convir- tió en el filtro para acceder a la práctica del sufragio. Más aún se ha estimado que dependiendo de la competencia desarrollada un voto podría haber costado unos 8,62 dólares.
ello posibilitó paulatina y gradualmente, incorporar el electorado masivo de los conservadores para elaborar su representación, siendo el mejor ejemplo los latifundistas del valle central (Valenzuela, 1985). Con todo, dentro de las prácticas políticas recurrentes en el período señalado se encontra- ban: el cohecho, la injerencia del ejecutivo, el control votante, la marcación del voto, clientelismo, el control de las juntas revisoras y electorales, la sustracción de las calificaciones, etc. Ahora bien, bajo ese complejo escenario se fue igualmente configurando un sistema de partidos diverso y altamente competitivo. Así, el ciclo del ejecutivo como el “gran elector”, se cerró para 1891 cuando, tras la derrota del bando balmacedista en la Guerra Civil, se aprobó la Ley de Comuna Autónoma, lo que le permitió a los partidos políticos tomar control de las elecciones a partir de la autonomía de los gobiernos locales, transformándose estos en un centro de poder de las elites gobernantes (Valen- zuela, 1997; Heisse, 1982).
Ahora bien, entrado el denominado ciclo parlamentario (1891-1925) conforme algunas prácticas iban siendo modificadas, otras en cambio se enraizaron convirtiéndose en verdaderas “costumbres políticas”. Además del cohecho, el patronazgo, la elaboración de votos erróneos para ser considera- dos nulos y las encerronas (organización de fiestas con alta ingesta de alcohol para que los electores opositores no llegaran a votar), se fue articulando lo que Heisse (tomando el ejemplo español) de- nominó el fenómeno del caciquismo. En él, los oligarcas del periodo sometían su poder político a la negociación intra-elite de acuerdo a la cantidad de inquilinos que poseían en sus fundos; centros productivos que se agregaban a una mayor red de intereses económicos diversificados en distintos rubros. La importancia de este asentamiento territorial radicó en que según su dimensión, se podía acceder a distintas cantidades de diputaciones. De esta forma, los campesinos eran arrastrados a la votación como parte de las redes de lealtad con el patrón, al mismo tiempo que se les premiaba con fiestas, asados y diferentes tipos de esparcimiento tras el fin de los comicios. De hecho, navi- dad, fiestas patrias y elecciones parlamentarias, eran consideradas como espacios donde se dejaba el trabajo tradicional, para luego continuar con los rituales. Estas prácticas políticas decoraron la “Belle Epoque” chilena. Un signo del estado de la cuestión es el hecho de que para 1912 los inscritos superaban el potencial de electores, evidenciando con ello la poca rigurosidad del sufragio (Nazer y Rosemblit, 2000).
Entrado ya el siglo XX y el plena crisis del modelo oligárquico, un Alessandri navegando en aguas turbulentas y tensionadas por los militares, aprobó la Constitución de 1925, la que dejó el proceso electoral en manos de un “Tribunal Calificador de Elecciones”. Este se pensó como una institución que supervigilara y ordenara los comicios. Sin embargo, en la práctica la elaboración de la cédula electoral quedó igualmente en mano de los partidos, lo que implicó la mantención del cohecho y fraude. No es casualidad que para la campaña del Frente Popular en 1938, existió toda una política destinada a denunciar estas prácticas (“vende tu voto, pero vota por el Frente popular”), sin embar- go igualmente se establecieron asaltos a locales de partidos políticos de derecha junto a golpizas hacia los denominados “corderitos”, encargados del acarreo de votos el día de las elecciones. Lo an- terior llevó que para 1941 y tras una fuerte presión de la derecha, se aprobara una ley que entrega- ba el control de procedimiento electoral a las FF.AA. (Nazer, ibíd.). Luego de eso, el acontecimiento que marcó definitivamente un quiebre con un gran número de prácticas políticas, fue la creación
de la cédula única en 1958, poniendo fin al cohecho y al fraude. Sin embargo, como todo cambio histórico tiende a implicar continuidades -sobre todo cuando se trata de costumbres políticas-, el clientelismo siguió operando como una práctica.
En torno al sistema político que se configuró tras la crisis del periodo parlamentario y hasta el golpe de Estado de 1973, existe un debate abierto desde las ciencias sociales. Por una parte, se ha planteado que en dicho régimen se perfiló la continuidad del carácter pluralista ideológico de la estructura partidaria, un alto nivel de competitividad, además de la clara representación de sujetos históricos definidos. Junto con ello, se habría mantenido la existencia de centros políticos débiles que explicarían la tendencia hacia la polarización (Valenzuela, 1989). Sin embargo, por otro lado se ha sostenido que la representación de sujetos históricos definidos implicó la exclusión de otros actores como los campesinos, además de mantener hasta mediados de la década de los sesenta el problema de la propiedad como una frontera de la democracia, bajo un contexto internacional de Guerra Fría (Gómez, 2004).
A pesar de ello, el perfil de dicho sistema político que lo hacía “parecido” al de países mediterráneos europeos, implicó la mantención de prácticas políticas pretéritas a nivel de los sujetos de “carne y hueso”. En este sentido, conforme avanzaba la complejización del Estado de Chile ante los procesos fragmentarios de modernización, fue aumentando la necesidad de dotar de mayor mano de obra calificada de tipo burocrática, para cumplir diversas funciones administrativas. Más aún cuando, tras la crisis del periodo parlamentario se tomó el giro sustitutivo de importaciones, el crecimien- to del estado llevó al aumento de cooptación de diversos sujetos que se fueron incorporando a la naciente estrategia de desarrollo. Así, el Estado chileno y el sistema de partidos se configuró y fortaleció durante el siglo XX mediante entre otras cosas, potentes redes de clientelismo político, el que permitió generar una base social de apoyo e integración desigual, donde su manifestación más importante fue la oferta de empleos públicos (Rehren, 2000). De hecho, se ha caracterizado este fenómeno mediante tres grandes expresiones: 1) el control de determinadas áreas de la burocracia estatal y su relación con el potencial electoral en la aplicación de políticas sociales y puestos de tra- bajo (patronazgo), 2) la incorporación semi-corporativa de grupos de interés a cambio de la aplica- ción de políticas públicas en el marco del Estado-empresario y 3) el fenómeno de la intermediación mediante el compadrazgo, que implicaba canalizar favores y demandas desde las provincias hacia el centro nacional con el objetivo de extraer recursos del estado (Rehren, 2000; Valenzuela, 1977). Como ejemplo de lo primero se puede señalar el aumento de funcionarios públicos desde 26.000 en 1925 hasta 300.000 en 1970. En cuanto a lo segundo, su expresión pasó por la cooptación de sec- tores de la nacientes burguesía nacional en cargos del Ministerio de Hacienda o Economía, donde se decidían importantes favores arancelarios e incentivos a la producción. Además, se producía con los conservadores el arrastre electoral de sus inquilinos para obtener cargos parlamentarios o instancias estatales relacionadas con el sector agrícola, configurando una relación de recipro- cidad desigual con sus subalternos (Correa, 2000). Esto último hasta el desarrollo de la reforma agraria, la que desarticuló esas relaciones de dominación (Gómez, 2004). Finalmente, el caso de la intermediación local nacional implicaba obtener recursos para demandas de un gobierno local en provincia, mediante los contactos intra-partidarios hacia el nivel central, como ministerios u otras
instituciones. Así en los momentos del debate presupuestario, se apostaba por introducir indica- ciones que permitieran extraer recursos para inversión en regiones, respondiendo a las demandas de las clientelas que se articulaban de preferencia en el espacio municipal. Ello posibilitaba luego, articular redes de respaldo electoral (Valenzuela, 1977).2