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Fuimos una comunidad que construyó su identidad no alrededor de un mito de origen como las comunidades indígenas, sino alrededor de la utopía compartida por los fundados estados modernos liberados de su condición de colonias, lo que implicaba el fuerte programa de generar esa identidad a través de símbolos totalizadores como necesidad para unificar pueblos de territorios recién constituidos como países (Gros, 2000, pág. 355).

La historia de estas identidades tiene entonces su origen en un conflicto político y bélico: la independencia se pudo llevar a cabo gracias al uso de las armas y la violencia contra el régimen colonial español.

Particularmente, nuestra historia nacional desde la independencia ha estado marcada por el constante conflicto armado; después de la independencia, Colombia ha tenido doce conflictos armados: la guerra entre los

centralistas y federalistas (1812-1815); Guerra de los supremos (1839-1841); guerras civiles de 1851, 1854, 1860-1862, 1876-1877, 1884-1885 y 1895; la Guerra de los Mil días (1899-1902); la época de la violencia bipartidista (1948- 1953), y el actual conflicto armado que va desde 1958 hasta nuestros días (Palacios & Safford, 2002, pág. 630).

En el anterior capítulo habíamos hablado de la historia de Colombia desde la década de los 70 del siglo XX y cuál era la situación del país cuando empezó el proceso de la Constituyente de 1991. En este apartado veremos un poco más de cerca el actual conflicto armado y a sus víctimas.

Colombia es el país con el conflicto sin negociar más antiguo (Fisas, 2012, pág. 34) hasta el año 2012. Su prolongada permanencia tanto en el tiempo como el territorio demuestra lo heterogéneo de sus causas, así como de sus actores y repertorios de una violencia cada vez más degradada. El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica del año 2013 titulado ¡Basta ya!

Colombia: memorias de guerra y dignidad propone cuatro momentos para

entender este largo conflicto:

Un primer periodo (1958 y 1982) marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, que estuvo caracterizada por la proliferación de guerrillas comunistas y el auge de la movilización social. El segundo periodo (1982-1996) se distingue por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la

crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico y su posicionamiento como problemática internacional en la agenda global, el auge y declive de la Guerra Fría y la llegada de una nueva Constitución Política en 1991. El tercer periodo (1996-2005) se caracteriza por el recrudecimiento del conflicto armado, la expansión tanto de guerrillas como de paramilitares, la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización de la opinión pública hacía una solución militar. El cuarto periodo (2005-2012) se distingue por la ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en combate debilitando pero no doblegando a las guerrillas; en este mismo periodo se produce el fracaso de la negociación con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme y violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles, cambiantes y fuertemente permeadas por el narcotráfico (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 111).

A pesar de ser una guerra entre actores armados, lo más paradójico es que es la población civil quien más víctimas ha puesto: el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Registro Único de Víctimas reportaron 220.000 muertes desde 1958 hasta 2012, cifra de la cual el 81,5% corresponde a población civil y el 18,5 a combatientes. Esto, entre otras cosas, demuestra que todos los actores armados (guerrilla, paramilitares, ejército y actores armados no identificados) utilizaron como estrategia de guerra el ataque a esta población:

Los actores armados atacan a la población civil como parte de sus estrategias para obligarla a transferir o mantener sus lealtades y a servir como proveedora de recursos. Atacar a la población es, para los actores armados, una forma de debilitar al adversario y, al mismo tiempo, acumular fuerzas. (Lair, 2003, pág. 15) El repertorio de violencia en este conflicto ha tenido varias modalidades: asesinatos selectivos, masacres, sevicia y tortura, desapariciones forzadas, secuestros, desplazamiento forzado, despojos de bienes y tierras, extorsiones, violencia sexual, reclutamiento ilícito, acciones bélicas con artefactos explosivos improvisados, minas anti-personas, ataques a bienes civiles, sabotaje y atentados terroristas.

De los actores armados, de lejos, son los grupos paramilitares los que cometieron más cruentos ataques a la población y los que actuaron con mayor sevicia. El recrudecimiento de la guerra entre los años 1996 y 2012 corresponde a la mayor acción de estos grupos cuya organización con mayor representación es las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

A pesar del aterrador panorama de este conflicto armado, hay una especie de banalización del tema y se puede decir que los colombianos, por costumbre, naturalizamos el conflicto armado. Esto puede deberse en parte a que la lógica de esta guerra es, en última, económica:

El entramado de la violencia que no representa una amenaza revolucionaria real, sirve a otros intereses. El actual conflicto es un asunto de economía antes que de política o de ideología; de economía política de la violencia organizada en un ambiente de inseguridad y desconfianza. ¿Quiénes son los agraviados? Además de cientos de miles de familias desplazadas, el pueblo colombiano en conjunto ha perdido representatividad en las políticas sociales. (Palacios, 2000, pág. 445)

Aunque las propuestas de nación de los diferentes actores del conflicto poco se refieren a los asuntos de identidad cultural (estas apuntan a proyectos de Estado o modelos económicos), la prolongación de esta disputa sí ha afectado en todos los niveles el libre ejercicio de los derechos, incluyendo los culturales; como siempre en este aspecto, siguen siendo las poblaciones afro e indígenas las más violentadas. “Los crímenes perpetrados han buscado intencionalmente socavar y atentar contra la existencia de estas comunidades, agravando los daños provocados por la exclusión, la explotación económica y la discriminación a los que histórica y sistemáticamente han estado sometidos” (Grupo de Memoria Histórica, 2010, pág. 278).

2.3 Exposición Yolanda, fragmentos de destierro y desarraigo: hacia