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Si bien el golpe de Estado tenía como fin deponer a Chávez, la solidaridad del pueblo para con el proceso bolivariano, encarnado en la defensa popular al régimen de Chávez, impidió el cumplimiento de ese objetivo. Un giro profundizador del proceso comenzaría justo después de este hito, condicionada entonces por el golpe de Estado, el paro patronal y el respaldo popular al gobierno, iniciando entonces la tercera etapa del gobierno de Chávez caracterizada principalmente por programas innovadores y por el surgimiento de estructuras institucionales nuevas y paralelas a las ya existentes, como lo son el caso de las llamadas “Misiones”9

. Por medio de estos programas de

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Estos programas a gran escala que comienzan a implementarse a mediados del año 2003 en las áreas de educación, vivienda y salud, nacieron ante la urgencia de dar una respuesta rápida a las necesidades y demandas de asistencia a los sectores institucionalmente excluidos, creándose al margen de la

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educación, salud y vivienda se realiza una labor de concientización y formación sociopolítica de la población, estimulándose la participación social de las masas, promoviendo la auto-organización popular para generar mecanismos de satisfacción de estas necesidades básicas de forma colectiva. El componente participativo que se potenciará desde la institucionalidad estatal adquiere importancia en la implementación de las diferentes políticas sociales, en tanto constituye la piedra basal de las mismas como vía de inclusión social y construcción de ciudadanía (Lander, 2004; en Azzellini, 2007). Recién con la radicalización del gobierno y con la polarización política desde el año 2001, los chavistas comenzaron a dar prioridad al trabajo de organización y movilización, una tarea que se volvía imperativa para la supervivencia del gobierno (Ellner, 2004). La victoria de Chávez en el intento de golpe de Estado en abril de 2002, y en la huelga general de diez semanas, dio más impulso a la organización, mientras que el descrédito de la CTV producto de su participación activa y dirigencial en ambos sucesos, motivó a los chavistas a crear una central alternativa, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en abril de 2003 (Ellner, 2004).

A ello se suma una tarea que en términos latinoamericanos resulta inédita: se ideologizó y comprometió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el proceso, transformando un aparato reaccionario a los cambios sociales en un instrumento al servicio del proyecto bolivariano (Martínez M., 2014). Con ello, se deja fuera del conflicto la tensión entre la fuerza estatal de izquierda versus la fuerza militar, lo que conlleva que la clase patronal pueda recurrir a dos formas de desestabilización: cierres, paros, huelgas y sabotajes; y la deslegitimación y despopularización del régimen bolivariano, efecto que no depende única y exclusivamente de las acciones de la clase capitalista.

institucionalidad establecida (Álvarez, 2013). Tal y como señala Azzellini (2007), en vez de confrontar frontalmente los aparatos y estructuras ya existentes, el proyecto bolivariano construyó estas estructuras institucionales paralelas hasta que éstas sustituyeran a la antigua estructura estatal. Esto, “para crear una nueva estructura del Estado donde el poder protagónico del pueblo permita la transformación de los patrones de calidad de vida y salud social” (Hurlé, 2006, pág. 100).

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Al comienzo de esta tercera etapa, el gobierno se declara “antiimperialista”, llamando en el año 2005 a la definición y construcción del “Socialismo del siglo XXI”. La utilización de este concepto fue realizada por primera vez a comienzos del año 2005, convirtiéndose posteriormente en un contenido programático más desarrollado cuya definición aparecería tiempo después en la Ley de Comunas, pero para ese tiempo era un concepto ambiguo. La idea era desarrollar un nuevo socialismo, diferentes de los “fallidos” proyectos socialistas del siglo XX (socialismos reales): sería más descentralizado, más democrático, menos “estado-céntrico” y comprometido con el establecimiento de justicia, solidaridad, igualdad y libertad. Sin embargo, la propuesta no es discursivamente diferente de los planteamientos de los proyectos socialistas del siglo XX, y tiene varias similitudes a las promesas progresistas existentes en otros países de la región Latinoamericana. Pese a ello, sí es posible observar la profundización y ampliación de los programas Misiones, y la cogestión en las empresas estatales, permitiendo la representación de los trabajadores en las juntas directivas de las mismas, pese al componente corporativista de estas estructuras.

Asimismo, en el 2005-2006, el gobierno amplía “la economía social”, incluyendo la promoción de cooperativas, la creación de núcleos de desarrollo endógeno, la cogestión industrial, las empresas sociales de producción, y la redistribución de ingreso vía programas sociales y programas para la distribución de la tierra (Wilpert, 2007, en Webber, 2010). Sin embargo, estas iniciativas presentan varias dificultades, haciendo que la existencia de dichos proyectos se vuelva sumamente inviable sin la existencia de reformas económicas que permitan su subsistencia en el tiempo. Es posible, nuevamente, observar las tensiones que genera una estructura económica que, pese a estas pequeñas iniciativas, mantiene sus atributos rentistas, que, a su vez, permiten al Estado cumplir con su fin democratizador y redistributivo. A eso

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se suma, por otra parte, la incapacidad de combatir la base material de la clase capitalista.

En diciembre del año 2006, Chávez fue re-electo por otros 6 años, con un 63% de los votos. Frente a un nuevo mandato, y con la oposición en su momento más débil en años, se inicia una “radicalización” del proceso bolivariano con el anunciamiento de los “Cinco motores constituyentes para construir el socialismo del siglo XXI” en el año 2007: La ley habilitante, la reforma a la constitución, educación bajo los ideales socialistas, la geometría del poder, y la explosión revolucionaria del poder comunal. En este mismo periodo, Chávez convoca la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), bajo el cual se aglutinarían todos los partidos que habían apoyado su gobierno: el MVR, el PPT, Podemos, el PCV y otros 30 micropartidos. En este panorama, y con la formación del PSUV, va a apareciendo nuevamente la tensión del fortalecimiento del rol estatal, al menos en lo que respecta al ámbito político, en tanto se unifica en un solo partido- con intenciones de partido de masas- a los miembros del pacto inicial que permitió el triunfo de chavismo en 1999.

El movimiento chavista logró atraer a los miembros de las clases bajas, excluidos de la vida institucional del país, y como resultado han superado el sentido de exclusión que portaban anteriormente, defendiendo activamente el régimen chavista y vinculándose con ciertas estructuras incipientes (Ellner, 2003b, en Ellner, 2004). De esta forma, la lealtad de estos sectores se ha mantenido en el tiempo, a diferencia de lo que sucede con las clases medias, que han dejado de verse representadas en el proyecto bolivariano. Esta pérdida de legitimidad y de apoyo se evidencia, al menos electoralmente, en la fuga o migración de votos desde el chavismo hacia la oposición derechista de Venezuela (Sutherland, 2013).

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