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Para finalizar este análisis, corresponde afirmar que durante el periodo de estudio se evidenció que la degradación ambiental en el territorio del humedal Tibabuyes o Juan Amarillo, es producto de los diversos procesos de urbanismo, los cuales genera problemas sanitarios, situaciones que con el paso del tiempo han sido resueltas en su gran mayoría; no obstante, no se ha logrado superar los impactos de la presión por alta densidad demográfica que presiona los recursos en el territorio.

Foladori, G. (2002, pág. 625) señala que la sustentabilidad ambiental se ha intervenido a partir de las problemáticas de la degradación ecológica y no en el origen del problema, la pobreza estructural de las y los habitantes en el territorio, Afirma, por ejemplo, que en la década de 1.990 para instituciones internacionales como la ONU o el Banco Mundial, “(…) la pobreza y/o el incremento poblacional no eran considerados como un problema de insustentabilidad en sí mismo, sino en la medida en que causaran insustentabilidad ecológica”.

En este escenario el crecimiento demográfico, que ha registrado el territorio del humedal, ha incidido en formas de interactuar con el ambiente, a partir de su “enmarañado” orden social, que expresa constantemente un entramado local y foráneo de intereses, inequidad en su calidad de vida, al igual que esbirros de pertenencia y corresponsabilidad de las comunidades residentes, en medio de una compleja diversidad cultural existente.

La sustentabilidad ambiental ha situado al ambiente y a la sociedad dependiendo del enfoque de los modelos de mercado de cada época. Larraín, S. (2002, pág. 191) sostiene que se requiere avanzar en la reparación ambiental y social para lograr tener sociedades sustentables con políticas públicas fundadas sobre “(…) el reconocimiento e inclusión de razas y culturas, equidad y solidaridad entre las sociedades, pero también cooperación entre los estados”.

De allí que para alcanzar la sustentabilidad ambiental urbana en el territorio del humedal Tibabuyes o Juan Amarillo, se requiere una visión integral de sus sistemas, a partir de una contextualización relacional de sus elementos, que genere procesos cíclicos de corresponsabilidad social y ambiental, más allá de la concepción de desarrollo sustentable operativo.

Según lo expresa Cantú-Martínez,C. (2012, pág. 88) debe exigirse “un proceso armónico que demanda a los diferentes representantes de la sociedad, responsabilidades y obligaciones en la práctica de los esquemas económico, político, ambiental y social, así como, en las pautas de utilización de los recursos o bienes naturales que establecen una calidad de vida adecuada.”

Dichos esquemas revelan los desafíos de la década de los noventa como plantea Uprimny, R., (2011), consignados en la nueva carta magna colombiana como en la mayoría

de las constituciones de los países en América Latina. Estas nuevas formas democráticas tienen como contextos generales la miseria y la marginalidad social, bajos niveles de formación académica, cambios en la economía que abre paso al libre mercado y apertura económica en escenarios de escaso desarrollo industrial y aumento acelerado de migración rural a espacios urbanos, así como reformas estructurales del Estado y privatizaciones de las empresas públicas, entre otras. Cambios que en menos de una década registraron el avance en procesos de globalización y desarrollos tecnológicos cibernéticos producto de otra ola de modernización, que simultáneamente incrementó la brecha de las desigualdades socioeconómicas.

Los retos de los cambios constitucional mantuvieron la sujeción a modelos estatales de asistencialismo, a ejercicios dominantes de poder y la falta de pertenencia al territorio, comprometiendo el reconocimiento de derechos y obligaciones como ciudadanas y ciudadanos, en una exigencia ética de conductas, desarrollos de actividades y toma de decisiones frente al presente y futuro del territorio, que trascendieran por el cuerpo, el humedal, la localidad, la ciudad, la nación hasta llegar al planeta.

De allí que concebir en su plenitud la Constitución de 1.991, manifiesta Uprimny, R.(2011, pág. 131) requiere superar el caudillismo, el déficit de democracia representativa, el clientelismo a través de las nuevas formas de participación popular o Democracia Directa, donde todas y todos los actores cambien “el decir” por “el hacer”; en otras palabras, comprometer la acción pública y corresponsable en el territorio, así como la construcción de pertenencia con el reconocimiento de lo hecho.

Situación que incide en la convivencia y despliega una serie de valores, a través de otros escenarios de participación, con o sin consulta a expertos, con nivel de neutralidad o de

equivalencia entre intereses encontrados y garantía mutua de las comunidades residentes en los barrios de origen informal y los desarrollo formales cuyas prioridades tan disimiles se confrontan en las formas de entender la conservación de los ecosistema del humedal, a partir de la vivienda productiva o el paisaje para el disfrute y la contemplación o la recreación en parques, alamedas o ciclo paseos en el esquema de completar la infraestructura barrial.

Por lo cual hay que apelar a la ética como lo menciona Cantú-Martínez, C., (2015 b, pág. 132) para lograr “la necesaria reconciliación entre la razón y la moral, de manera que los seres humanos alcancen un nuevo estadio de conciencia, autonomía y control sobre sus mundos de vida, haciéndose responsables de sus actos hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la naturaleza en la deliberación de lo justo y lo bueno”.

En este sentido las instituciones públicas y privadas, locales o foráneas, que aportan en la concreción de los enfoques de intervención en el territorio así como las comunidades residentes, expresan una serie de conflictos de visiones epistemológicas y discursivas que trasiegan desde la conservación prístina del ecosistema, la restauración con usos de conservación y recreación pasiva, pasando por la intervención urbanística y paisajística o la intervención hidráulica y estética, el mejoramiento de barrios y de la calidad de vida, hasta llegar las visiones de las administraciones distritales de turno, que en su relación con el Río Bogotá pueden o no compartir criterios con la CAR Cundinamarca, entre otras.

Al igual que los disimiles enfoques son los múltuples intereses que interactuan en el territorio del humedal, siendo el principal la venta de sus predios para desarrollos

urbanisticos e industriales o los compromisos adquiridos en campaña electoral por el gobernante de turno 30.

Por ello la sustentabilidad ambiental urbana está comprometida directamente por factores del modelo de desarrollo capitalista e intermediada por voluntades políticas del gobierno distrital en cada período de administración, donde el mercado de áreas urbanizables tiene ventajas diferenciales o no para el desarrollo de negocios privados, en espacios conformados por elección popular o por aquellos que narran la resistencia, la resilencia y las sinergias de grupos sociales que propenden por la exigencia y defensa de un ambiente de calidad y la justicia social en condiciones de vida adecuadas, equitativas y dignas, en donde las comunidades identifiquen las cosas que quieren y cómo las quieren, para que así las sustenten.

En el análisis sobre países de América Latina en temas de informalidad y segregación urbana Clichevsky, N. (2000, pág. 38) considera que “El espacio urbano no es soporte neutro de inversiones, sino una aplicación económica que presupone, en su propia lógica de rentabilidad, la configuración, el funcionamiento y la naturaleza propiamente urbanas de sus emprendimientos”.

Finalizando el siglo XX según ésta consultora de la CEPAL en las grandes ciudades latinoamericanas, el modelo de desarrollo requería de infraestructura vial, actuación urbanística que promovió constantemente nuevos ciclos de suburbanizaciones (marginalidad), instituyendo imagen de ciudad desde el espectáculo en anuncios, por políticos gobernantes de turno, de inicio o culminación de obras, acompañado de disimiles

ocupaciones socioeconómicas del centro a la periferia, y a lado y lado del corredor vehicular o peatonal.

En el siglo XXI el enfoque de urbanismo cambió con la alta densificación de las ciudades capitales en Latinoamérica Clichevsky, N. (2000), los gobiernos locales vienen promoviendo la gentrificación del centro por procesos de revitalización de las vetustas ciudades, a través de agentes estatales e inmobiliarios, generando amplias brechas entre las nuevas ocupaciones sociales de altos ingresos, con equipamiento, grandes dispositivos de seguridad y control, frente a las bajas inversiones estatales en sectores perimetrales con población de bajos ingresos, generando contrastes socio espaciales y polarización social en formas de segregaciones territoriales, desigualdad social y ambiental.

A saber estos cambios de enfoques e intereses han concebido conflictos en el ordenamiento territorial y desequilibrios, que en tiempos y circunstancias son nocivos para la sociedad; según Hernández, Y. (2012) debe incluirse la pobreza al discutir y analizar la dicotomía entre desarrollo económico y sustentabilidad ambiental, y en temas como nivel de ingresos adecuados a las condiciones sociales, ambientales, de gobernabilidad y económicas.

Conclusiones

El concepto de imaginarios permitió materializar la identificación y el análisis de los elementos que construyen la sustentabilidad ambiental del territorio del humedal Tibabuyes o Juan Amarillo, a través de signos, discursos, normas, prácticas o acciones narrativas sobre las y los sujetos como el territorio mismo.

Nombrar el humedal Tibabuyes se traduce en múltiples imágenes que sobre él, como: la alegoría de la tierra autóctona abandonada por las violencias y el conflicto armado, o el espacio de miedo por disposición de la vegetación, la fascinación por lo vistoso de sus pájaros, el lugar de recreación, ocio, vicio e inseguridad, el lugar de llegada de especies migratorias o hábitat de especies endógenas de la sabana de Bogotá, o un espacio productor de sentido, productor de vida y sustento, pulmón de para la ciudad.

Asimismo relaciona la noción de "sustentabilidad ambiental" a los elementos de imaginarios sociales y ambientales, además reconoció formas durables de apropiación y uso del ambiente en el territorio más allá de los órdenes biofísicos; efecto de ello es la construcción simbólica del nombre del humedal que fundamenta una visión integral en el territorio, al construir ideas que diferencian y trascienden socialmente las temporalidades posibles de los compendios de base material de la concepción de desarrollo.

Es de anotar que su imagen estabilizadora se reproduce adaptativamente en las prácticas y estructuras urbanas a partir de consideraciones de temporalidad sincrónica, además proporciona explicaciones que permiten intervenir simultáneamente el territorio con procesos particulares y globales, a través de imágenes productoras de ordenamiento territorial y ambiental de los universos sociales, económicos, ambientales y políticos de la ciudad.

Por otra parte la complejidad para tratar el tema de la sustentabilidad ambiental en áreas metropolitanas, como es el caso del humedal Tibabuyes o Juan Amarillo en la ciudad capital, incluye tantos problemas y tan variadas soluciones que se relacionan con las actividades barriales, locales y regionales, inquiriendo legitimidad en la re-constitución del

proyecto urbano según el enfoque e interés del modelo de desarrollo, como se evidenció en cada momento de la investigación, a partir de la participación, de la toma de decisiones y del concurso de las autoridades locales, distritales y nacionales, que obligan a una vinculación sistémica de la planificación urbana y la planificación del desarrollo, para impactar el territorio significativamente.

Es de resaltar que las instituciones públicas, y en algunos casos las privadas, fungen de autoridades locales por estar en mayor contacto con las comunidades y organizaciones residentes en el territorio, desempeñando la importante función de información, formación y movilización social, así como de la conceptualización, guiar el funcionamiento y el mantenimiento de las estructuras social, económica y ambiental, además de la supervisión de los procesos de planificación que establecen las políticas públicas y las reglamentaciones, a través de la ejecución de las mismas políticas de los niveles local, subnacional y nacional.

Desafortunadamente el carácter de autoridad local se ha desdibujado por la baja eficiencia en la aplicación de la normatividad, la poca credibilidad de la ciudadanía en las entidades a consecuencia de la fragilidad institucionalidad, por falta de información y presupuestos oportunos y adecuados, además por la baja continuidad y seguimiento en la ejecución de políticas en el corto plazo y la planeación para el desarrollo en el largo plazo, como consecuencia de la contratación de servidores públicos en esquemas clientelares y concepciones de objetivos contractuales por prestación de servicios e indicadores de resultados y no de impacto para el sector y la ciudad.

También se puede considerar una crisis de legitimidad de las políticas públicas que garanticen la sustentabilidad ambiental en el territorio del humedal, imputada a la inequidad en su ejecución para garantizar el acceso y el goce de los servicios urbanos a través de los beneficios de las inversiones públicas.

Del mismo modo se cuestiona la politización, por enfoques e intereses, del discurso de sustentabilidad ambiental de la ciudad, al enfrentar el plan de ordenamiento territorial de Bogotá y la normatividad ambiental existente, a partir de la necesidad de movilidad desde el sur hasta el norte de la ciudad, con la transformación radical de varios humedales entre ellos el Tibabuyes o Juan Amarillo, afectando la potencial conectividad de la estructura ecológica principal de la región capital en el borde oriental del río Bogotá.

Situación asociada a escenarios de participación en el territorio donde insistentemente liderazgos político electorales y económicos privados buscan contar con la voluntad política de los gobernantes de turno, tanto del nivel central como del nivel local, perturbando simultáneamente las estrategias de planeación estratégica y los mecanismos de democracia participativa al negociar desde intereses particulares las necesidades colectivas, tengan o no coherencia con las políticas públicas requeridas para la re-construcción del tejido social, el rescate multicultural y la restauración ambiental, en fin desconociendo el derecho de las comunidades residentes a ser actoras en la definición de su propio desarrollo.

Por ello el ejercicio de autoridad y los procesos de toma de decisión, en donde participan actoras y actores informados, formados y conscientes de las consecuencias sociales, económicas y ambientales, establecen parámetros mínimos, marcos regulatorios y

prohibiciones que contribuyen al establecimiento de condiciones mínimas necesarias para la gestión y control de la oportunidad al acceso y el uso de recursos ambientales, en los escenarios comunitarios pero fundamentalmente en los espacios de lo público.

Es decir a través la gobernanza ambiental del territorio descentralizado, en términos de escala de microterritorios constantemente interrelacionados, que permitan la cercanía entre las necesidades identificadas y la toma de decisiones para minimizar errores de enfoque e intereses, garantizar el seguimiento y control social a través de la democracia directa, la construcción colectivamente de la práctica sostenible de los procesos de corto plazo en elementos sistémicos de largo plazo.

En definitiva la sustentabilidad ambiental en el territorio del humedal Tibabuyes o Juan Amarillo, se ve afectada por la baja participación y corresponsabilidad de las comunidades residentes en la localidad de Engativá; situación antagónica en la localidad de Suba, pero con fuertes dificultades a raíz de la alta densidad poblacional en combinación con las restricciones de acceso a la vivienda, los servicios y el espacio público e infraestructura urbana.

Estas condiciones hacen que la sustentabilidad ambiental en el territorio del humedal configure este sector de la ciudad, a partir de fuertes desigualdades sociales, incrementadas por la baja capacidad económica y financiera, un incremento en desintegración social e inseguridad, tendientes a marginalizar el sector por segregación poblacional y espacial, que profundiza la pobreza.

Finalmente, el sentimiento de inseguridad, niveles de violencias y los riesgos de actitudes paranoicas, en una palabra el miedo por el color de la piel, el tipo de vestimenta o

la procedencia de las personas residentes del territorio, bloquean y distorsionan la acción de política pública descentralizada y la gestión local que pretenden la protección ambiental a través de múltiples objetivos, vinculados con procesos para solucionar la pobreza, la desigualdad social y la sustentabilidad urbana.

Recomendaciones

Logar la sustentabilidad ambiental en territorios urbanos, como el humedal Tibabuyes o Juan Amarillo, requiere superar la crisis urbano/ambiental a través de procesos reales de descentralización y gestión local, que desde el centro hacia la periferia busquen, en una ciudad compacta, resolver las problemáticas de pobreza que impactan el ambiente.

A saber los procesos de revitalización del centro de la ciudad, sin expulsión de sus habitantes, generaran nuevas concentraciones poblacionales (que pueden ser por reubicación) y esquemas de circulación económica y movilización por la ciudad, que inciden en soluciones del transporte colectivo y disminuyen distancias en recorridos y utilización excesiva de automóviles; así como la no construcción de mega vías sobre los humedales de Bogotá, garantizando la conectividad potencial de los ecosistemas.

De igual manera, la disposición y disfrute del espacio público en lo concerniente a sus elementos constitutivos naturales, artificiales o construidos y los componentes de la vegetación natural e intermedia, se podrán articular para la utilización de suelos en estructuras de escalas barriales, zonales y regionales, buscando garantizar disminuir la presión en cargas sobre el humedal, la tentación a gobernantes para la construcción de

parques de recreación, alamedas y ciclorutas, así como la aplicación de la normatividad existente para el cierre definitivo de bodegas de reciclaje no normalizadas y talleres de mecánica en vía pública.

Una herramienta estratégica fundamental en la sustentabilidad urbana del humedal se encuentra en el cambio de normatividad ambiental y de ordenamiento territorial, donde se conciba el conocimiento, la planeación estratégica y la intervención a partir de territorialidades ecosistemas, garantizando trascender la división político/administrativa de localidades y unidades de planeación zonal (UPZ), que en la actualidad afectan ambientalmente los elementos de la estructura ecológica principal de la región capital. En este mismo sentido se deben crear mecanismos eficaces, eficientes y equitativos para el fortalecimiento de fuentes de financiación de las disposiciones normativas ambientales y territoriales.

En lo concerniente a las entidades ambientales y territoriales se debe contemplar el fortalecimiento de su intervención, a través de objetivos comunes abordados desde competencias institucionales diferenciadas, pero promoviendo el enfoque sistémico para mantener la concepción ecosistémica del territorio del humedal.

Es de aclarar que la actual estructura interna de los sectores de hábitat y ambiente del distrito capital, responsables en liderar la gestión ambiental y el ordenamiento territorial, puede ser funcional a esta propuesta; se requiere entonces de la formulación articulada de objetivos, en periodos de largo y mediano plazo, e indicadores de gestión e impacto que desincentive la migración masiva al territorio.

Estos elementos se constituyen en ruteros interadministraciones, para direccionar los desarrollos institucionales y proponer interlocución efectiva de discursos sostenidos en la toma de decisiones, de actoras y actores en participación activa en los microterritorios.

La sustentabilidad ambiental urbana necesariamente debe construirse en el territorio local, y en microterritorios en él, donde se buscara integrar las posibles soluciones de carácter multisectorial a través de la gestión institucional o la autogestión, mediante consensos concretos, no discursivos, producto de la democracia participativa donde se involucran actoras y actores locales y foráneos, a través de información, formación, asistencias técnicas y financieras, seguimiento y control social.

Esta construcción de sustentabilidad ambiental desde lo local se cimenta con el conocimiento de la realidad social y ambiental en el territorio, situación que a lo largo del periodo de estudio evidenció un vasto acumulado de saberes empíricos y académicos sobre el territorio y sus actores, dotación que debe tener un enfoque y una mediación de intereses para minimizar los conflictos; esta adopción de los acumulados en procesos participativos y de expertos institucionalizados, debe acogerse como herramientas para la cimentación de sustentabilidad a corto, mediano y largo plazo.

Por otra parte las comunidades deben auto reconocer sus saberes y su poder social, garantía de la sustentabilidad social y ambiental en el territorio, expresado en conocimientos, habilidades y roles en la planeación y edificación barrial/local, de igual