El 18 de enero de 1989, en pleno auge del narcotráfico en La Rochela (Santander), fueron retenidos 15 integrantes de la Comisión Judicial (Unidad Móvil de
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Investigación), por casi 40 miembros del grupo paramilitar “Los Masetos”, el cual se había identificado primeramente como el Frente Número 23 de las FARC. La comisión estaba conformada por dos jueces de Instrucción Criminal, dos secretarios de juzgado, y once miembros del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, de los quince integrantes, doce fueron masacrados por el grupo ilegal, y tres sobrevivieron al macabro atentado.
La conformación de la Comisión Judicial fue dispuesta por la Dirección Seccional de Instrucción Criminal, con el propósito de proseguir con las investigaciones de múltiples homicidios y desapariciones que habían sido víctimas habitantes de la Rochela en 1986. Sin embargo, el objetivo principal de la comisión era buscar pruebas que identificaran a los culpables que en 1987 habían desaparecido a los 19 Comerciantes en Puerto Boyacá, donde estaba casi comprobado que el ejército había participado y colaborado con los paramilitares en la desaparición y matanza de los comerciantes. Por eso, la visita a la Rochela había sido planeada sin informar a la XIV Brigada y a la II División del Ejército, para evitar que se infiltrara información al respecto. No obstante, la mortal masacre igualmente fue ejecutada contra la Comisión Judicial, debido a una información que había sido suministrada al grupo paramilitar “Los Masetos” desde una Base Militar, avisando que la comisión iba en busca de más pruebas y testimonios.
El 18 de enero de 1989, los hombres que se hacían pasar por guerrilleros de las FARC, interceptaron el carro de la comisión y expresaron el deseo de colaborarles en las investigaciones, porque según ellos había que terminar con urgencia con los grupos paramilitares que estaban exterminando a los campesinos de la región. “Los interceptores argumentaron a los funcionarios judiciales que ante la cercanía de tropas del Ejército Nacional, lo más prudente era aparentar que ellos estaban de rehenes para evitar un enfrentamiento armado, y poder luego continuar el diálogo en otro sitio.” (Colombia, Corte Constitucional, 2007, 11 de mayo) No obstante, todo se trataba de una encrucijada bien planeada por parte de los paramilitares y un grupo de militares.
Posteriormente a esto, los 15 integrantes de la comisión fueron atados de manos, desarmados, y obligados a cambiar de vehículo. Luego, los paramilitares, que se hacían llamar guerrilleros comenzaron a disparar contra el grupo de funcionarios, causándoles la muerte a 12 de ellos. Después de asesinar a los 12 miembros de la Comisión Judicial, y creyendo que todos habían muerto, sin darse cuenta que dos de los
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investigadores habían quedado heridos y el tercero se había salvado al caerle uno de sus compañeros muertos encima, y fingiendo estar sin vida, los paramilitares se llevaron veintitrés de los veinticinco expedientes, que tenia la comisión, donde estaban los testimonios y pruebas recogidas.
El conductor de un camión de gaseosas que pasaba en el momento por el lugar de los hechos, se detuvo al ver el carro de la comisión lleno en sangre y rodeado de muertos. Wilson Mantilla y Manuel Díaz, dos de los sobrevivientes se subieron al camión y fueron llevados de urgencia al hospital más cercano. Más tarde, el equipo periodístico de Vanguardia Liberal, llegó y encontró a Arturo Salgado, el otro sobreviviente, junto a sus 12 compañeros asesinados, lo auxilio y llevo al hospital.
EL 11 de mayo del 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humano condenó al Estado por no haber investigado la muerte de los 12 funcionarios judiciales, crimen ocurrido hace ya más de 20 años. Dos años después de la sentencia internacional (2009), la Fiscalía General de la Nación, con las mismas pruebas que disponía, reabre el caso y llama apenas a indagatoria a tres generales en retiro, Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora, y Carlos Julio Gil Colorado (fallecido), y a dos jefes paramilitares, entre los cuales está Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir, hoy en día sometido a la Ley de Justicia y Paz, quien, además, busca beneficios jurídicos a cambio de contar la total verdad a las autoridades de lo sucedido en la Rochela, Santander.
La masacre de la Rochela representa hoy en día un monumento a la impunidad, razón por la cual Colombia fue condenada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso, en el 2005 cuando el caso podía ser reabierto nuevamente, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía consideró que las pruebas eran insuficientes, y absolvió del caso a los oficiales en retiro Farouk Yanine Díaz, Jaime Fajardo Cifuentes, Manuel Jaime Guerrero y Alejandro Echandía, entre otros, dejando el caso nuevamente en manos de la Justicia Penal Militar.
El problema más grave entorno al caso de la Rochela es que la justicia no ha cambiado para nada desde 1989, porque incluso conserva el único testigo clave, alias Vladimir, quien ya había cumplido con su condena en el 2005, pero a causa de la sentencia
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internacional fue recapturado a finales del 2008, y hoy es considerado un testigo clave en el proceso de la masacre de la Rochela.
Por ahora, los abogados defensores, pertenecientes al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, están pidiendo a la fiscalía ampliar los testimonios de alias Vladimir, y solicitan que los paramilitares Iván Roberto Duque y Ramón Isaza, también ejecutores del crimen, sean expulsados de la Ley de Justicia y Paz por no contribuir con la verdad.
La masacre de La Rochela sirve como ejemplo para que la Fiscalía considere de una vez por todas que los crímenes de lesa humanidad nunca pueden prescribir.
2.1.1 Un periodo caracterizado por el narcotráfico y el para militarismo
Bajo la administración del liberal Virgilio Barco (1986 – 1990), ocurrió la masacre de La Rochela, presidente particularmente popular entre la comunidad internacional e impopular entre los narcotraficantes, por haber propiciado el Tratado de Extradición y haber ejecutado las primeras extradiciones de jefes del narcotráfico a Estados Unidos.
El presidente Barco, coincidió con uno de los periodos más violentos en la historia de Colombia, debido a la ofensiva lanzada por varios grupos ilegales y carteles del narcotráfico, que se encontraban irritados con las políticas de Barco, cuyo propósito principal era abolir por todos los medios a los narcotraficantes. Como respuesta, inconformismo, y mecanismo de presión, los narcotraficantes secuestraron a los dirigentes políticos, Andrés Pastrana y Álvaro Gómez Hurtado, y asesinaron a los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (UP), Bernardo Jaramillo Ossa (UP), Luís Carlos Galán y Carlos Pizarro (M-19), al Procurador General, Carlos Mauro Hoyos, y al director de El Espectador, Guillermo Cano. Los múltiples asesinatos dieron origen a una era de imparable violencia política y social, donde se declaró e inició el karma de Colombia: la guerra contra el narcotráfico.
Este contexto político, en el que ocurrió la masacre de la Rochela, es crucial comprender los inicios de la alianza de la Fuerza Pública con el paramilitarismo,
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teniendo en cuenta además que en los años 80 se dispararon las tres guerras más violentas y prolongados en Colombia: el paramilitarismo, el narcotráfico y la guerrilla, convirtiéndose la corrupción, la violencia y el tratado de extradición en elementos cruciales de este periodo.
Los paramilitares tenían sus centros de operación en el municipio de Puerto Boyacá, en Boyacá, y en el municipio Cimitarra, en Santander, y recibían el apoyo constante de la XIV Brigada del Ejército, la cual operaba con absoluta libertad por todo el Magdalena Medio.
Entre 1982 y 1989 Puerto Boyacá, municipio que limita al norte con el departamento de Santander, se convirtió en Vaticano del Paramilitarismo, y centro de entrenamiento militar de las autodefensas. El grupo ilegal recibía las armas de la Brigada XIV, así como también el transporte cuando éste lo necesitaba. Cuando el ejército combatía a las guerrillas con ideología de izquierda, las autodefensas intervenían para ayudarle al ejército a contrarrestar la pugna. Ante esto, el objetivo del ejército de combatir a las FARC, especialmente, se estaba cumpliendo, debido a la ayuda y apoyo permanente de los paramilitares. Por eso, varios poderes del Estado respaldaron esa alianza por considerarla sana y conveniente, para abolir por otra vía a los grupos guerrilleros, que más daño estaban causando al país. (Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), 2004, p.1)
En 1988, el DAS, gracias a las confesiones de un concejal de Puerto Boyacá, comprobó que tanto el ejército como algunos funcionarios públicos tenían vínculos con las autodefensas, y en ocasiones el ejército y éste grupo ilegal patrullaban juntos en las regiones más vulnerables del conflicto. En el testimonio del concejal, según el DAS, el Batallón Bárbula participó en el proyecto paramilitar, así como también logró evidenciar la colaboración de jefes del narcotráfico como Gonzalo Rodríguez Gacha, Fabio Ochoa, Fidel Castaño, Víctor Carranza y Pablo Escobar en las operaciones paramilitares, donde, además, se reafirmo que a partir de 1985 las autodefensas y el narcotráfico se aliaron estrechamente, y juntos pensaban en mecanismo para entorpecer las investigaciones de los crímenes que cometían.
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Adicionalmente a esto, durante el periodo presidencial de Barco, los paramilitares con ayuda de los “grandes” del narcotráfico, gozaban de una contratación con mercenarios israelíes e ingleses para entrenar a los paramilitares, para enfrentar a las guerrillas con ideología de izquierda. (CINEP, 2004, p.2) En 1987 las autodefensas se vieron con la necesidad de aliarse a nivel nacional con “la inteligencia militar encabezada por el Batallón Charry Solano, el cual aglutino los movimientos de autodefensa campesina bajo su control y para ello organizo una reunión con los lideres regionales en las instalaciones del Charry, donde surgió una Junta Nacional de Autodefensa, compuesta por lideres de aproximadamente 8 regionales, cuya función era promover el sistema de Autodefensa y coordinar con el Ejército operaciones de inteligencia”. (CINEP, 2004, p.3) Las reuniones se hicieron en el Batallón Charry Solano (1986), en el departamento de Santander (1987), y en Caquetá (1989), cuya organización estaba liderada por un jefe militar encargado de coordinar con la Junta de las Autodefensas y las Fuerzas Armadas las operaciones y actividades ilícitas.
Antes y durante 1989 en La Rochela, el patrullaje se hacía en conjunto con los paramilitares y el ejército, siendo el Estado Mayor del Ejército el conector principal entre ambos grupos.
Con ésta alianza solida, entre 1987 y 1989 los paramilitares cometieron 8 masacres en promedio en conjunto con algunos miembros de la Fuerza Pública, y anualmente aproximadamente 25 jueces fueron víctimas de asesinatos o atentados. Según investigaciones correspondientes a esa época y realizadas por la Fiscalía General de la Nación, “80 casos fueron imputados a grupos paramilitares, 48 a agentes estatales, 32 a guerrilla, y 22 a otros factores”. (Colombia, Fiscalía General de la Nación (2008, 6 de abril)
La mafia empezó a apoderarse del sistema económico del país, y el “Robin Hood criollo”, Pablo Escobar, comenzó a delinquir a través del narcotráfico, por su deseo de apoderarse del país y hacer, su propia justicia, utilizando a algunos miembros de la Fuerza Pública como fuente de información, protección, seguridad, y ocultamiento. El autor colombiano Fabio Castillo denomina ésta alianza en su libro “Los Jinetes de la Cocaína”: la Narcomilicia.
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En este sentido, las declaraciones y testimonios recopilados sobre la masacre de la Rochela, según la Fiscalía General de la Nación, indican que la “presencia en la zona alerto a los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y Henry Pérez, quienes tenían cinco laboratorios de cocaína en esa región, y temían por su negocio. Tanto Escobar como Rodríguez Gacha presionaron para que los expedientes fueran arrebatados a la comisión y los funcionarios fueran desaparecidos,” porque temían que en los informes estuviera la ubicación de los laboratorios, así como las pruebas y testimonios recogidos que indicaban que el ejército, paramilitares y narcotraficantes estaban involucrados con los crímenes ocurridos en 1987 en la Rochela. (Colombia, Fiscalía General de la Nación (2008, 6 de abril)
La masacre que fuera víctima la comisión judicial se produjo dentro de un contexto de violaciones contra funcionarios judiciales dirigida a impedir sus labores, intimidarlos, amedrentarlos y así lograr la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. (Colombia, Corte Constitucional, 2007, 11 de mayo)
2.1.2 Alias Vladimir: testigo clave
La historia comenzó cuando los 19 hombres, con labor de negociantes de electrodomésticos y otros artículos, desaparecieron en pleno corazón del Magdalena Medio, sin dejar rastro alguno. La Fiscalía General de la Nación inició la investigación, pero ni la Procuraduría, ni el C.T.I pudo encontrar evidencias suficientes para considerar verdaderas las hipótesis acerca de los presuntos responsables. Sin embargo, Alonso de Jesús Baquero, alias “Vladimir”, el autor de las peores masacres en los años 80, confeso hasta 1997 a la fiscalía su participación y la de uno de los más importantes generales del Ejército, Farouk Yanine Díaz, en la masacre de los 19 comerciantes, ocurrida en 1987. Sin embargo, en 1997, un juez militar exonero a Yanine de los cargos que se le imputaban, dejando nulo el testimonio de “Vladimir”.
Alias “Vladimir” también aceptó liderar la masacre de 1989 contra la Comisión Judicial. Según el paramilitar, el político santandereano Tiberio Villarreal, sugirió a las autodefensas robar los expedientes de los investigadores para conocer la información y
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pruebas que había recogida la comisión, y así evitar que se conociera la verdad. Adicionalmente a eso, el narcotraficante Henry Pérez creyó conveniente asesinar a los miembros de la comisión para que ésta no descubriera los laboratorios de droga que allí operaban, y que eran además supervisados por el grupo paramilitar comandado por alias “Vladimir”. Según el testimonio de alias “Vladimir”, “ellos pagaron a los policías para que éstos no escoltaran a la comisión, y la idea de hacerse pasar por guerrilleros surgió en el último momento. Él fue quien dio la orden de dispararles, dinamitar los carros y escribir en los restos “fuera masetos” para hacer creer que había sido un ataque de la guerrilla. Sin embargo, la persona encargada de volar los carros no lo hizo y por eso los descubrieron, y ese mismo día las autodefensas se enteraron que habían quedado tres sobrevivientes”. (SEMANA, 1997, 11 de agosto)
Alias “Vladimir” decidió acogerse en 1997 a sentencia anticipada y contar detalladamente lo que realmente había sucedido en el municipio de la Rochela. A partir del testimonio del ex paramilitar Vladimir, la Fiscalía logró corroborar y confrontar las diversas versiones que tenía de los hechos. Como resultado se dictó orden de captura contra el paramilitar Luís Alberto Arrieta Morales, y el Sargento Otoniel Hernández Arciniegas, y el Mayor Oscar Echandía Sánchez, actualmente detenidos, y contra los paramilitares Alonso de Jesús Baquero, Julián Jaimes y Marceliano Paneeso.
Echandía, mayor retirado del Ejército, fue alcalde de Puerto Boyacá en esa época, y actualmente se encuentra en Estados Unidos indocumentado. La Fiscalía, asimismo, dictó orden de captura contra el Teniente Coronel Hernando Navas, quien ya tenía un pasado judicial “sentenciado” por haber permitido la fuga de Pablo Escobar en 1992 cuando desempeñaba el cargo de Director Nacional de Prisiones. En esta ocasión se le culpa por tener nexos con narcotraficantes, y paramilitares. Hoy en día, esta siendo investigado, y se espera que sea judicializado con las debidas causas.
2.1.3 Farouk Yanine: ¿héroe o delincuente?
El 25 de julio de 1996 la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento contra el general Farouk Yanine, basándose en los argumentos de alias “Vladimir” y de un suboficial anónimo de la misma Brigada, quien puedo, además, corroborar, que alias
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“Vladimir” hacía conferencias, autorizadas por el general Yanine, a los militares sobre “la manera equivocada en que se desplazaba el ejército en las zonas campesinas, razón por la cual el ejército caía tan fácilmente en las emboscadas de las FARC”. (SEMANA, 1997, 11 de agosto)
El general Yanine llego a principios de los años 80 a la Brigada XIV con sede en el municipio de Puerto Berrío, en el departamento de Antioquia, donde trato de implementar una estrategia integral contra los grupos ilegales, involucrando a la población civil. Desde el inicio, el general Yanine, apoyo a los grupos campesinos de autodefensa, mediante un decreto dictado en 1960, el cual consentía a los comandantes militares a entregar armas de largo alcance a campesinos constituidos en grupos y debidamente inscritos ante las autoridades competentes, con el único propósito de ayudar a combatir a las guerrillas. Sin embargo, su estrategia aparentemente con fines pacificadores y no violentos, se torno en una aparato destructor entre los habitantes
El apoyo del general trajo causas positivas a la región y a su carrera militar, porque logró quitarle a la guerrilla varias zonas del Magdalena Medio, y disminuir su poder; ésta labor a favor de la nación le ocasiono un ascenso a comandante de la Segunda División del Ejército. No obstante, tenía como deber abolir también el narcotráfico y a los grupos paramilitares que se habían aliado para crecer el negocio, combatir a las FARC, y apoderarse cada vez más de las regiones del país. En este marco, el general se vio obligado a combatir dos batallas, que ya se habían acentuado con mucho poder en las regiones de Colombia, y demostrar, al mismo tiempo, que su ascenso si había sido meritorio.
Por otro lado, desde tiempo atrás, Yanine Díaz había ordenado a un teniente, cuyo apellido se cree Salinas, vinculado al B-2 del Batallón Calibío, “investigar a quienes contrabandeaban electrodomésticos, camuflaban armas para la guerrilla, y las auxiliaban”. (Colombia Nunca Más, 2001) Según declaró ante la Fiscalía alias “Vladimir”, Yanine estuvo encima del asunto de los comerciantes porque sabía que eran auxiliadores de la guerrilla, por eso su deseo de exterminarlos y adjudicarle a las FARC ese delito.
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Según, “Colombia Nunca Más”, organismo no gubernamental, el crimen fue planeado en Puerto Boyacá, donde también participaron el Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, Comandante del B-2 de la XIV Brigada, quien también aseguró que “los comerciantes introducían a la zona armas y municiones con destino a la guerrilla”; asimismo fueron involucrados al proceso el Comandante de la V Brigada, Brigadier General Juan José Alfonso Vacca Perilla, Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez y el Sargento Otoniel Hernández Arciniegas, quienes, además, coordinaban con el líder paramilitar, alias de “Vladimir” o “El Negro Vladimir”, la vigilancia de la caravana hasta llegar al lugar donde estaban los paramilitares. También hubo coordinación con el Teniente Hugo Isaac Pertuz González, adscrito al Batallón Nueva Granada. ” (Colombia Nunca Más, 2001)
Si bien los casos de la desaparición de los 19 comerciantes, en octubre de 1987, y la masacre de la Rochela, en 1989, corresponden a fechas distintas, su conexión se relaciona por el mismo mandato del narcotráfico, y en un trabajo conjunto entre paramilitares y el Ejército Nacional de Colombia por combatir a las FARC.
La Justicia ordinaria en la fecha de los sucesos, otorgo la responsabilidad de los hechos a los paramilitares, mientras que la Justicia Penal Militar, por su lado, seguía investigando al General Frouk Yanine Díaz, al Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, al Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez y al Teniente Luís Enrique Andrade Ortiz, quienes después fueron absueltos por la justicia militar.
En 1989 el general Yanine Díaz fue exonerado por la Justicia Penal Militar por falta de pruebas, al igual que el resto de militares involucrados. Según, la sentencia internacional del caso de La Rochela, la desaparición de los 19 comerciantes y la masacre de La Rochela, constituyo un crimen de lesa humanidad por lo tanto el caso debió ser procesado por la justicia ordinaria. “El Consejo Superior de la Judicatura, como en tantos otros casos, coloco su decisiva cuota para garantizar la impunidad al resolver el conflicto de competencias en favor de la Justicia Penal Militar en el caso de los 19 comerciantes.” (Colombia, Corte Constitucional, 2007, 11 de mayo) Sólo hasta 1996, fue aceptada la parte civil en la masacre de La Rochela, permitiendo a la Fiscalía General de la Nación culpar al general Yanine por secuestro extorsivo, homicidio múltiple y conformación de grupos de justicia.