UK STUDIES
DATA SNOOPING BIAS
Si bien no son objeto directo de la presente investigación, dada su importancia, cabe hacer una breve referencia a algunas de las principales reformas encaradas por el nuevo gobierno justicialista. En primer lugar, se destacan las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado. Con la primera de estas leyes se buscaba, entre otras cosas, eliminar la mayor parte de los regímenes de promoción industrial y de compras del Estado y reducir la planta de empleados públicos, mientas que con la “Ley de Reforma del Estado” se estableció el marco normativo para la privatización de las empresas públicas. Otro de los cambios destacados a comienzos de la década fue la reducción sustancial de los aranceles al comercio exterior con el objetivo de imponer la disciplina del mercado sobre los precios internos y así poder controlar la inflación61. Por último, cabe mencionar la desregulación financiera que, entre otras cosas, eliminó las restricciones a los movimientos internacionales de capitales y reafirmó la igualdad de tratamiento a los capitales nacionales y extranjeros. Para los defensores del ideario neoliberal, de lo que se trataba es de la adopción de un conjunto de reglas macroeconómicas básicas que tenían como presupuesto que debía reducirse el papel del Estado en la economía de forma que el mercado pudiese operar “libremente” y así dar solución a los problemas heredados por el “excesivo intervencionismo estatal” en los países latinoamericanos; entre ellos, el estancamiento económico y la inflación estructural.
60 Si bien las primeras medidas anunciadas por Erman González fueron apoyadas por el
Grupo de los Ocho (agrupamiento que nucleaba a las principales entidades empresarias del país) y se apuntaba a cobrar las deudas que tenían los grupos económicos con el Estado, la presión de estos logró que estas deudas pudiesen ser canceladas con Bonex 89 al 100% de su valor nominal, lo que implicaba una importante licuación de pasivos (Peralta Ramos, 2007).
61 Desde la asunción del nuevo gobierno justicialista hasta la implementación del Plan de
Convertibilidad en 1991 los aranceles a las importaciones se redujeron en más de un 60%, quedando en promedio en el 10%. Al respecto ver, entre otros, Astarita (1993) y Nochteff (1999).
Todas estas medidas eran “recomendadas” por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, organismos que presionaban a las “economías emergentes” para que se abriesen al comercio mundial, a la inversión extranjera directa y a los flujos financieros. El ajuste estructural, la eliminación de aranceles y tarifas aduaneras y las privatizaciones de las empresas públicas fueron los requisitos impuestos por los organismos multilaterales de crédito para que los países subdesarrollados pudieran volver a tener acceso al crédito internacional. El objetivo del capital financiero y las corporaciones multinacionales era lograr la normalización de los pagos de la deuda externa, abrir nuevos mercados y poder incorporar a países y regiones en sus esquemas de reproducción globales.
Así fue como, tras los sucesivos fracasos de los diversos intentos de negociación con los grupos económicos62, se buscó reestablecer la
“confianza” del mercado a partir de la adopción de las recomendaciones elaboradas por dichas instituciones financieras, muchas de las cuales fueron sintetizadas en un documento que se conoció bajo el nombre de “Consenso de Washington”63. Según Peralta Ramos (2007), la adopción de estas reformas coincidió con la intención de Menem de obtener una mayor autonomía respecto de los intereses de los grupos económicos que se habían consolidado durante la década de 1980 y que fueron conocidos bajo el nombre informal de “Capitanes de la Industria”64.
62 Sobre los intentos de acuerdos de precios y otro tipo de pactos con los grupos
económicos durante las gestiones de “Bunge y Born” y Erman González, ver Peralta Ramos (2007).
63 El documento conocido como “Consenso de Washington”, en su versión original, fue
propuesto por el periodista John Williamson (1989) para referirse al denominador común en los consejos de políticas emanados de las instituciones multilaterales de crédito hacia los países subdesarrollados en general, y hacia los de América Latina en particular. Las ideas centrales agrupadas bajo el nombre de “Consenso de Washington” pueden resumirse en los siguientes diez puntos: (i) disciplina fiscal; (ii) redireccionamiento del gasto público hacia sectores que ofrecieran, por un lado, altos retornos económicos y, por el otro, el potencial de mejorar la distribución del ingreso (por ejemplo: salud primaria básica, educación primaria, infraestructura); (iii) reforma fiscal (para bajar la tasa promedio de imposición y ampliar la base imponible); (iv) liberalización de la tasa de interés; (v) tipo de cambio competitivo; (vi) liberalización comercial; (vii) liberalización de los flujos de inversión extranjera directa; (viii) privatizaciones; (ix) desregulación financiera (eliminando las barreras a la entrada y salida de capitales); y (x) seguridad de los derechos de propiedad.
64 Sobre el nucleamiento empresario informal conocido bajo el nombre de “Capitanes de la
Sin embargo, la estabilidad económica recién sería alcanzada con el lanzamiento del “Plan de Convertibilidad”, que consistía, básicamente, en la adopción de un tipo de cambio fijo por ley y el condicionamiento de la emisión monetaria a la evolución de las reservas internacionales65. Este plan, impulsado por el entonces ministro de Economía Domingo F. Cavallo, tenía como objetivo lograr la “eficientización” de la estructura económica a partir de imponer la disciplina del mercado sobre el conjunto del capital, de manera muy similar a lo hecho por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar. Esto suponía que, de no mediar grandes políticas públicas de contención, se produciría una reconversión “automática” o, en su defecto, tendría lugar la eliminación de los capitales menos competitivos, es decir, de aquellos que no podían ajustarse a las nuevas condiciones de libre cambio y al nuevo nivel del dólar fijado por la paridad cambiaria. Con la particular excepción de la industria automotriz66, la gran
mayoría del resto de las actividades industriales se vieron obligadas a competir con los productos importados en un contexto donde el nivel del tipo de cambio no reflejaba las necesidades derivadas de la productividad media del país. Según Bonnet (2007), la paridad fijada inicialmente (10.000 Australes por dólar) era algo superior al tipo de cambio vigente en el mercado, pero en los meses posteriores a la sanción de la ley de Convertibilidad la inercia inflacionaria produciría una primera sobrevaluación de la moneda67.
65 La adopción de un tipo de cambio fijo por ley implicó en los hechos el fin de toda
política monetaria, transformando al Banco Central de la República Argentina en una mera caja de conversión y perdiendo este su rol de prestamista en última instancia.
66 A diferencia de la casi totalidad de los restantes sectores de la industria, la producción
automotriz gozó de un régimen especial de promoción y protección durante toda la década de 1990. No obstante, cabe señalar que las actividades de dicho complejo productivo fueron circunscribiéndose crecientemente a tareas de armaduría y/o ensamblado de partes con escasa producción propia. Para un análisis de las características centrales de dicho régimen consultar Kosacoff (1999), Varela (2003) y Vispo (1999).
67 Tal como lo reconoce el propio Bonnet (2007), es muy difícil estimar la sobrevaluación
inicial del peso. Mientras que Torre y Guerchunoff (1996) la estimaron en un 21%, Aronskind (2001) la situó en un 25%.