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En el segundo capítulo dijimos que en las nuevas formas del liberalismo se consideraba que el Estado debía propiciar las dinámicas de libre mercado en todas las interacciones sociales, hasta tal punto, que incluso se debía propiciar la formación de un mercado mundial desregulado. En este sentido, también debían someterse a las libres dinámicas del mercado la política social y la prestación de los servicios sociales. Además, según nos lo cuenta Uprimny, los liberales individualistas o neoliberales pretenden sustituir la regulación estatal por el libre mercado, pues ven en este el principio óptimo de regulación social en la medida que es considerado como un orden espontáneo que maximiza las libertades individuales en la medida que las interacciones del mercado se hace a partir del libre consentimiento de los involucrados. A partir de éstos supuestos también se considera que “la sociedad justa es aquella en donde el Estado protege esas interacciones del mercado, defendiendo a las personas contra la violencia, el robo y el fraude” (2007, pp.9-10). Así, para Nozick “es justa una sociedad que respeta las reglas que rigen la apropiación de bienes y su transmisión, sin importar el resultado que estas transacciones pueden producir” (citado en Uprimny, 2007, p. 10).

Ahora bien, en principio y según lo dicho en el presente capítulo, podemos sostener que esta posición no tiene en cuenta que hay muchas personas que son excluidas del mercado, en la medida que no tienen la capacidad adquisitiva para cubrir su canasta familiar o de alimentos en un contexto de mercado, y que las personas que están en dicha situación no alcanzan a ser cubiertas por las fragmentadas y discontinuas políticas asistenciales que ofrece el Estado. En otras palabras, desconocen que para poder participar del mercado, en muchas ocasiones las personas dependen de la capacidad de acción que el pleno goce de los derechos sociales les confiere a los individuos.

Por otra parte, y según lo visto a lo largo del punto 2.4 de la presente tesis, es un error considerar que la racionalidad del mercado es neutral, debido a que los precios de los bienes, incluidos los bienes básicos para la subsistencia, con frecuencia se forman a partir de una puja entre la población que demanda y la población que ofrece, dejando por fuera a aquellos que no tienen lo suficiente para comprar, debido, al mismo tiempo, a que no tienen un capital humano que sea demandado en ese momento en el mercado, y si lo tienen, con frecuencia se les da como retribución un salario que no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Este es el motivo por el cual los miembros de la sociedad que se encuentran en dicha situación, deben tener en principio, acceso al derecho a la educación, y por el derecho a la educación el acceso a los demás derechos, de tal manera que esta persona pueda tener las condiciones mínimas que le permitan mejorar su cualificación para poder competir con elementos suficientes en el mercado. En este contexto, Hinkelammert considera que someter a los hombres a la lógica reproducción del mercado implica incluso el desconocimiento del derecho a la vida (Vergara, 2001, p. 9), además, constituye un error considerar que la racionalidad del mercado es neutral en la medida que los precios son generados a partir de luchas y conflictos, y como lo dice Lechner, “el cálculo riguroso del capital está vinculado (…) a la existencia

de una relación de dominación” (citado en Vergara, 2001, p. 9). De esta manera, la vida humana y su reproducción termina subordinada a la lógica del mercado, y la exclusión termina siendo un hecho natural.

Hinkelammert, después de realizar un examen a la propuesta neoclásica y neoliberal que pretende generalizar la lógica del mercado en las relaciones sociales, llega a la conclusión que el sujeto de esta forma de pensamiento es un sujeto abstracto que es descrito únicamente en la lógica de las preferencias, y que no tiene necesidades. Es un sujeto movido por la búsqueda de placer y de posesión, para lo cual, busca maximizar los beneficios y disminuir los costos.

Estos sujetos abstractos son definidos como individuos aislados de la comunidad social y de la naturaleza, sobre las cuales operan, pero son externos a ella. No requieren de condiciones sociales y naturales de reproducción de la vida de los seres humanos concretos, por tanto, no los afectan las consecuencias inesperadas e indeseables de la acción mercantil y tecnológica. (Vergara, 2001, p. 9)

De ésta manera, en la racionalidad instrumental de los que defienden la primacía del mercado sobre la prestación de los servicios sociales, la políticas social y el deber del Estado de propender por el bien común, prevalece el principio según el cual, lo que es necesario y bueno siempre es lo eficaz; lo que contrasta con la posición kantiana según la cual, al margen de la eficacia, siempre debemos reconocer y tratar a los otros seres humanos como un fin, nunca como un medio.

Los elementos anteriores nos muestran que, en el mismo sentido de lo que ocurría con respecto al derecho de propiedad, otorgarle un carácter predominante o potencialmente absoluto al mercado y, pretender al mismo tiempo, generalizar para todos los miembros de la comunidad los DESC, no es posible, pues también en este caso, darle un carácter prioritario al mercado, hace que éste tienda a actuar como un poder absoluto y arbitrario, lo que se convierte en un impedimento para la generalización del goce de todos los derechos.