He optado por entrar al tema del trabajo sexual y su acción política como colectivo y desde las dirigentes, desde una perspectiva histórica, con el fin de configurar un contexto general de las relaciones entre trabajo sexual y Estado y comprender la evolución en el tratamiento que la institucionalidad le ha dado a una población que nunca ha dejado de ser incómoda.
Según Kim Clark (2001), el Estado ecuatoriano ha ejercido sus funciones alrededor de la población de mujeres prostitutas19 de formas muy particulares y diferenciadas de otros países20 donde las leyes también han buscado incidir sobre este sector; y en el caso de la ciudad de Quito, esas particularidades son notables.
Al reconstruir la historia de la prostitución en Quito en la primera mitad del siglo XX, Clark (2001) señala que las políticas públicas del Municipio de Quito se orientaron a la protección de la salud, teniendo a las prostitutas como potenciales agentes de contagio de enfermedades venéreas (sic), por lo que se optó por el registro individual y la apertura de historias médicas particulares cuya información era privada, al tiempo que la administración de la ciudad nunca pensó en el establecimiento de una zona de tolerancia que acoja a estas mujeres.
La historia de la prostitución en Quito está atada además al desarrollo de la economía del siglo XX. Las grandes ciudades ecuatorianas a mediados del siglo pasado estuvieron marcadas por la migración de un sector campesino que se integró a actividades fabriles, pero además por el surgimiento de un amplio sector marginal que empezó a ubicarse en los sectores periféricos de las ciudades y requerían urgentemente formas de subsistencia (Cueva 1989). A esto, Clark le añade la notable sobrepoblación de mujeres en Quito durante los años 50´s:
Mientras en general se produjeron importantes migraciones a la ciudad, para el tiempo en que se llevó a cabo el primer censo nacional, en 1950, había un número desproporcionado de mujeres en la población de Quito, lo que sugiere preguntas sobre la experiencia de las mujeres a través de estos procesos y el grado en que el sector marginal era femenino. La gran población femenina en Quito sugiere que había un mercado de empleo en servicios, tales como el trabajo
19 Las palabras ‘prostituta’ o ‘prostitución’ serán usadas en este capítulo únicamente cuando las fuentes
consultadas lo usen o para establecer comparaciones analíticas con otros conceptos. El término usado en general para esta investigación es el de trabajadora sexual.
20 Según Clark (2001), en Buenos Aires, la reglamentación tuvo fines laborales; en Brasil, se orientó a la
reorganización de la ciudad; en México se la vio como una política desarrollista post-revolucionaria; y en Guatemala, la acción del Estado fue claramente punitiva y persecutoria.
doméstico. Otras fuentes de empleo para mujeres en Quito incluían el trabajo en fábricas: las mujeres componían el 32 por ciento de la fuerza laboral de las fábricas de la ciudad, un porcentaje mucho más alto que en otras regiones del Ecuador (2001, 39-40).
La tendencia a que las mujeres de sectores populares de Quito se ubicaran en el subempleo o en espacios laborales mal pagados, sumada a la crisis económica mundial entre guerras y durante la Segunda Guerra Mundial, fue el espacio propicio para el incremento de la prostitución en Quito entre las décadas de los 20’s y 40’s del siglo XX (Clark 2001).
En el recorrido histórico que esta autora construye, son notables dos características enlazadas que probablemente todavía caracterizan a la prostitución en Quito hasta el presente: la
diferenciación de clase dentro de las mismas mujeres que ejercen la prostitución y; la relación ambigua de estas mujeres con su labor, que se demuestra en la vergüenza que conllevaba el ejercicio del trabajo sexual, además de la entrada y salida constante de la industria de oferta sexual que estas mujeres realizaban.
Respecto a estas características, Clark (2001) explica cómo en registros de salud de finales de la primera mitad del siglo XX ya se establecían clasificaciones de prostitutas dependiendo de su condición socioeconómica. Así, se identificaban prostitutas de primera clase, que eran prácticamente mujeres en situación de mendicidad; la segunda clase estaba compuesta por mujeres de sectores periféricos que compartían la prostitución con trabajos de servicios; la tercera clase se formaba de las mujeres en mejores condiciones económicas que eran controladas por proxenetas y frecuentaban casas de juego; la cuarta clase se formaba de prostitutas con buenos accesos a servicios y vivienda en barrios prestigiosos; la quinta clase de prostitución era pequeña y se formaba por mujeres que voluntariamente buscaron la prostitución para satisfacer sus deseos sexuales. Un dato que se confirmaba desde aquellos años, es que las prostitutas eran frecuentadas, en general, por clientes que compartían sus características socioeconómicas, mostrando de alguna manera, una clara estratificación de oferta y demanda sexual dentro de la ciudad de Quito.
La más interesante era la sexta clase, que representaba la manifiesta ambigüedad de las
prostitutas con su trabajo y era el sector de la prostitución clandestina. La prostitución ‘oculta’ a mediados del siglo XX se consideraba la más numerosa de Quito y se formaba por mujeres que utilizaban a la prostitución como una actividad de sobrevivencia a la par que realizaban
trabajos informales y ocasionales (Clark 2001). Esta prostitución clandestina no solo permitía obtener recursos económicos que no se podían lograr en los trabajos regulares, sino que además facilitaba la movilidad y la elusión del registro de salud del municipio, por lo cual, estas mujeres no estaban obligadas a realizarse exámenes y llevar identificación y también podían escapar de la condena pública y la vergüenza.
Es así que a mediados del siglo XX el trabajo sexual ya se veía como una opción de obtención de dinero dentro de un abanico de trabajos precarios a los que debían enfrentarse muchas mujeres que no contaban con las condiciones para desempeñar labores menos dificultosas o polémicas:
A pesar de que el servicio doméstico era usualmente el tipo de empleo que más fácilmente podían obtener las mujeres, a menudo las que tenían hijos no eran aceptadas para puestos puertas adentro. En muchos casos, esto llevaba al abandono de niños en las puertas de orfanatos; de hecho, la mayoría de “huérfanos” tenía al menos un padre vivo, si no los dos. Dadas las presiones económicas sufridas por las mujeres pobres, la prostitución parece haber sido una estrategia que era combinada con otras para que las mujeres lograran acumular un salario que fuera suficiente para vivir. En 1939, las prostitutas generalmente ganaban alrededor de 50 centavos por cliente, pero los precios se elevaban a cinco, 10 o más sucres “dependiendo de la mujer y del cliente”. En contraste, el salario diario de los hombres trabajadores industriales en esos días era de 1,2 sucres, aunque las mujeres ganaban menos por el mismo trabajo (Clark 2001, 49-50).
En la época que estudia la autora, las prostitutas ocultas debían tener varios trabajos para alcanzar ingresos considerables, pero las posibilidades de obtener más dinero aumentaban si se ejercía el trabajo sexual de forma abierta; sin embargo, esto no eran suficiente argumento para sacar de la clandestinidad a muchas mujeres. Además, la venta de servicios sexuales tampoco era vista como un trabajo de permanente dedicación por parte de aquellas que sí estaban registradas en el municipio. Como lo expone la misma Clark (2001), los testimonios de la época muestran a mujeres que ejercían la prostitución por un periodo considerable, pero que esperaban abandonarla en algún momento para dedicarse a otras actividades de trabajo autónomo.
Otro dato interesante del trabajo de Clark, además de la postura sobre la prostitución que el Estado conformaba a inicios del siglo XX, es la perspectiva moral que se construyó alrededor
de las sexoservidoras en la época, pues tanto posturas legalistas como abolicionistas, concordaban en que las mismas mujeres no eran ‘culpables’ por su trabajo, y que era la desesperación y no el placer o la elección lo que las había conducido a dicha labor (Clark 2001). Así pues, Estado y militancia –alineada sea a la legalización o prohibición de la prostitución– concluyeron en una mirada ‘indulgente’ de estas mujeres como víctimas de las circunstancias. Además, quedó como herencia de estas primeras décadas, la indefinición en cuanto a la regulación del trabajo sexual y de un espacio para su ejercicio, problema que ha sido un tema históricamente pendiente en Quito.
A partir de los años 50’s, el Centro Histórico de la ciudad sufrió una notable metamorfosis, pasando de ser un espacio ocupado por los sectores pudientes, a ser un lugar de confluencia de mucha migración interna que sobrevivía por el pequeño comercio y varias actividades no reguladas. Esto expulsó a las élites del centro y frente a la inexistencia de una zona de tolerancia establecida, la avenida 24 de Mayo –ubicada a pocas cuadras del Palacio de Carondelet (fig.2.1), residencia del presidente del Ecuador– progresivamente fue
convirtiéndose en el principal sitio de concentración de trabajo sexual de la ciudad, llegándose a contabilizar en el 2002, 148 establecimientos de oferta sexual entre el centro y sur de Quito, y una población aproximada de 500 trabajadoras sexuales solo en centro de la capital, quienes ofrecían sus servicios tanto en establecimientos del sector, como en las calles (Álvarez y Sandoval 2013).
Figura 2.1. Mapa referencial de la distancia entre el Palacio Presidencial y la Av. 24 de Mayo
Fuente: Google Maps 2018
La expansión del trabajo sexual en la segunda mitad del siglo XX21, sumada a la respectiva tensión con las instituciones del orden público y al fortalecimiento del trabajo feminista, la presencia de algunas ONG y la existencia de un movimiento mundial de politización de trabajadoras sexuales (Kempadoo 1998), construyeron un escenario adecuado para la organización –al menos de un sector– de las mujeres que ejercían el trabajo sexual en el Ecuador. Así, en 1982 surgió en la ciudad de Machala, en la Costa ecuatoriana, la
organización pionera en el país: la Asociación Femenina de Trabajadoras Autónomas ‘22 de junio’. A partir de ahí, las organizaciones de trabajadoras sexuales se extendieron por el territorio nacional hasta llegar a generar entidades de notable incidencia en cada una de las ciudades donde se asentaban. De tal forma, en 1991 nació la Asociación Pro Defensa de la Mujer (ASOPRODEMU), que es la primera organización de defensa de trabajo sexual en Quito y referente de organizaciones más nuevas22.
En este contexto, la creación de la ASOPRODEMU fue absolutamente necesaria para intentar proteger a las trabajadoras sexuales de la violencia explícita de la que eran víctimas en la década de los 90’s por ocupar los espacios públicos del Centro Histórico. De hecho, esto ha configurado una viva memoria de la violencia dentro de las trabajadoras más antiguas. Aún tienen presentes los agresivos operativos policiales donde después de tomarlas presas eran golpeadas y abandonadas sin zapatos en las afueras de la ciudad. Esto en el mejor de los casos, pues también comparten muchas historias en las que fueron violadas masivamente y de forma impune por los escuadrones policiales.
Si se pone cuidado a la relación que guardan las trabajadoras sexuales con la vida económica del país y la ciudad, es notable que su expansión y situación espacial están marcadas
directamente con la gubernamentalidad y la biopolítica del Estado (Foucault 1981; 2014). Cabe mencionar que, los periodos que señalaré ahora, los observo como transformaciones en la administración de poblaciones dentro de un proceso histórico amplio de desarrollo del Estado, con el fin de no caer en tipificaciones estrechas que sugieran que la situación de las
21 Esta expansión ocurrió también en otras ciudades del país como Guayaquil o Machala, siendo esta última
ciudad la que presentó procesos de politización más acelerados.
22 De hecho, todas las dirigentes de las actuales asociaciones de trabajo sexual de Quito formaron parte alguna
trabajadoras sexuales cambiaba dependiendo únicamente de si una administración municipal era derechista, izquierdista, liberal o socialista.
Para empezar, es notable que la expansión del trabajo sexual en la primera mitad del siglo XX se produjo también en las décadas del desarrollismo latinoamericano y el boom bananero, periodo en el que las ciudades crecían en población debido a la alta demanda de mano de obra, el surgimiento de nuevas manufacturas y el fortalecimiento de una economía moderna y más integrada a los mercados mundiales, esto también obligó al Estado a elaborar códigos que establezcan normas adecuadas para que la población se expanda, proteja y pueda ser
productiva.
La leyes de la época era muy restrictivas con los derechos alrededor de la autodeterminación y la sexualidad, la homosexualidad estuvo penada hasta 1997 y, aunque el trabajo sexual nunca estuvo explícitamente prohibido, el código penal de 1937 –que estuvo vigente hasta finales del siglo XX– en su artículo 521, sí ordenaba castigar con cárcel de 2 a 5 años a aquellas personas que atenten contra las buenas costumbres, excitando, o facilitando
habitualmente el libertinaje o corrupción de menores de uno u otro sexo. Este artículo, junto a otros –desde el 521 hasta el 528– aunque tenían la intensión de combatir la corrupción de menores y el abuso sexual, abrieron la libre interpretación para castigar a sujetos que se consideraban transgresores de la moral social, acosándolos en el espacio público o directamente apresándolos. Lo interesante es que los artículos tácitamente reconocían y admitían la existencia de las casas de tolerancia y la legalidad de sus propietarios, mientras que condenada la ocupación de los espacios públicos. Este articulado fue declarado
inconstitucional recién en 1998.
Con la llegada de los años 80’s, la expansión de ideas cercanas al neoliberalismo en América Latina se acompañó con la búsqueda de construir ciudades de estética aséptica, ordenadas, modernizadas y seguras (Janoschka 2011), lo que, en el caso de Quito, alcanzó su mayor nivel en la década de los 90’s y se extendió hasta los primeros años del siglo XXI. Fue en este último periodo donde comenzó el largo proyecto de recuperación urbana del Centro Histórico y que quería convertirlo en un espacio de alto impacto turístico, limpio, fotografiable,
disponible para la instalación de negocios atractivos al visitante internacional como tiendas, restaurantes y hoteles lujosos; por tanto, salían sobrando los miles de pequeños comerciantes ubicados en mercados callejeros, los vendedores informales, la mendicidad y; por supuesto,
los sujetos chocantes como las trabajadoras sexuales o la delincuencia que, desde la óptica securitista, eran atraídos por el desorden y la alta circulación de personas.
Todos estos grupos fueron intervenidos por las autoridades y sometidos a reubicación. Quizás el éxito más notable fue con los comerciantes, que se trasladaron a centros comerciales dentro del mismo Centro Histórico y liberaron las calles sin sentirse particularmente perjudicados en la afluencia de clientes, aunque no sin resistencia. No obstante, los vendedores ambulantes, los habitantes de calle y los ladrones no tardaron en regresar, y hasta la actualidad siguen siendo un problema para la administración.
Con el código penal de 1937 vigente para la época, las trabajadoras sexuales eran blanco permanente de ataques; además, el código de salud de 1971 complementaba al penal y mostraba también la postura sanitizante del Estado, pues incluía al trabajo sexual en el capítulo III, dedicado al control de las entonces llamadas enfermedades venéreas, señalando entre los artículos 75 al 78, que las fuentes de contagio debían ser sometidas a vigilancia y control, la prostitución solo estaba tolerada en establecimientos cerrados y donde se pudiera realizar constantemente exámenes profilácticos, además, el lugar debía contar con permisos sanitarios. Así, las trabajadoras sexuales no eran dimensionadas como sujetos con derechos y merecedores de atención, sino como una población que debía ser intervenida y se identificaba a las mujeres que ocupaban las calles como potenciales agentes de contagio, ya que no podían ser sometidas a pruebas constantes.
Si se observa analíticamente estos hechos desde McDowell (2000), Pateman (1995) y Foucault (1981; 2010), tanto el código penal de 1937, como el de salud de 1971, muestran cómo para el Estado la disponibilidad de mujeres para la atención sexual de los hombres no es un tema para escandalizarse, pero sí lo es el que ciertos sujetos –en este caso las trabajadoras sexuales– ocupen sitios que no les corresponden en el espacio público y, por ello, en caso de ser ocupados, estas personas fuera de lugar quedaban autorizadas a ser expuestas a la ley y la violencia.
Sin embargo, con el avance de la década del 2000, ya ni siquiera los establecimientos estuvieron admitidos en el Centro Histórico. Las trabajadoras sexuales rememoran cuando
entre el 2001 y el 2006, en el contexto de rehabilitación23 urbana del Centro Histórico, la municipalidad de Quito clausuró sistemáticamente los hoteles y nightclubs donde atendían a sus clientes y emprendió el fallido traspaso de todas las trabajadoras sexuales del Centro Histórico al sector periférico de La Cantera (fig. 2.2.), para que se instalen en un
establecimiento que sería administrado por la propia ASOPRODEMU: la casa de tolerancia ‘Danubio Azul’ (fig. 203).
La Cantera, ubicada al borde de una quebrada y en el límite urbano occidental de la ciudad, se escogió por ser un lugar lo suficientemente alejado del núcleo del Centro Histórico, pero que contaba con acceso vial para que los clientes pudiesen llegar; sin embargo, la casa escogida para instalar a las mujeres era demasiado pequeña. El intento de alojar a una población de cientos en un espacio que solo podía acoger a decenas, produjo resultados por demás
negativos. Por un lado, estuvieron los operativos policiales para movilizar a las trabajadoras sexuales desde las plazas que ocupaban hasta La Cantera, los cuales fueron muy agresivos, usando la fuerza y generando una imagen de criminalización del trabajo sexual.
Cuando reconstruyo el proceso fallido de reubicación de las trabajadoras sexuales, ellas me cuentan que abandonaron de inmediato las instalaciones del ‘Danubio Azul’ al ver que por la lejanía del lugar los clientes escaseaban, que el hacinamiento era insoportable y porque no estaban de acuerdo con la forma de liderazgo de Italia Vaca24, dirigente histórica de la ASOPRODEMU y administradora del establecimiento, a quien consideraban autoritaria. Por ello, las calles y plazas del Centro Histórico no tardaron en volver a ser ocupadas por estas mujeres y La Cantera se convirtió en un claro fracaso para el Estado.
Ante el regreso a las calles de las trabajadoras sexuales, comenzó la persecución de la policía y de los propios vecinos de la avenida 24 de Mayo, quienes marchaban dos veces al día por las calles del sector con pancartas que decían ‘puta (sic) cogida, puta quemada’25, le exigían a
23 Este proceso de rehabilitación urbana también fue muy notable en Guayaquil y en la misma época. Las dos
ciudades más importantes de Ecuador buscaron de esa forma proyectarse hacia el siglo XXI con una imagen renovada que mejore el orden, la calidad de vida y el turismo.
24 Italia Vaca, ex presidenta de la Asociación Pro Defensa de la Mujer, es probablemente la dirigente viva más
antigua en Quito. Sin embargo, no es ya una líder activa, no participa en las acciones de las demás asociaciones. Lourdes considera que cuando Italia asumió la dirección de La Cantera abandonó su lucha, pues dejó de ser una dirigente de trabajo sexual para convertirse en dueña de nightclub.