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Desde luego, las organizaciones estudiantiles enfrentan una gran diversidad de problemáticas al interior de las mismas; el propio desgaste del movimiento a través del tiempo, el período de tránsito que representa la formación universitaria, las pugnas internas por la dirección de la organización y los desacuerdos frente al tipo de acciones a emprender, la intensidad y el significado de las mismas (entre muchas otras). Lo anterior sin duda alguna disminuye la posibilidad de llegar a ciertos objetivos planteados originalmente, aunque esto no impide la experiencia formativa de las mismas y un avance significativo hacia ellos.

que “convirtieron la indignación en una narrativa positiva: de la crítica feroz pasaron a una propuesta indiscutible. […] A pesar de la crítica previa al sistema representativo, la insurrección se organizó en un partido político [PODEMOS].”

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La asociación civil Ollín, jóvenes en movimiento se plantea preguntas en torno a cómo promover la participación juvenil en la toma de decisiones para generar oportunidades y mejores condiciones de vida para los mismos; es decir, cómo promover el involucramiento juvenil en la política. Esta organización, que pretende medir el grado de involucramiento en espacios de incidencia, como el representado por las universidades, a través del Índice de Participación Juvenil (IPJ), señala que en México el 26 % de la población son personas entre los quince y los veintinueve años, que enfrentan un conjunto de obstáculos para participar en la vida pública del país debido a “trabas institucionales”. Asimismo, señala que ocho de cada diez personas involucradas en un colectivo son jóvenes, significando una participación a través de cauces alternativos ante las estructuras formales tradicionales.

Desde la indignación compartida que se vive ante la situación política nacional, están emergiendo propuestas que están logrando aglutinar a segmentos importantes de la población en colectivos o en organizaciones que promueven diversos proyectos sociales y políticos. En algunos aspectos, las posturas de esas organizaciones se desencuentran, en otros podrían articularse. Ejemplo de ello lo constituyen quienes se pronuncian por una drástica y tajante ruptura con la clase política y por la construcción “desde abajo”, horizontal y democráticamente, de un nuevo constituyente. No están centrados en la consecución del voto ciudadano pues consideran que esto no es determinante para la transformación social y reconocen una organización que está emergiendo desde el profundo dolor de la injusticia. En esta postura se ubicarían conocidos actores sociales como Alejando Solalinde (Premio Nacional de Derechos Humanos 2012), el escritor Javier Sicilia y movimientos sociopolíticos y culturales como el representado por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En otra postura están quienes llaman a participar en las jornadas electorales para que el voto “duro” y “corporativo” no arrase en las urnas. Proponen que la actividad política “formal” es una vía para acceder al poder y, ya desde ahí, promover una constante e incluyente participación ciudadana. Ubicaría aquí a destacados actores sociales como Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional –Morena- que él mismo encabeza.

Por supuesto que las posturas antes mencionadas no son las únicas, ni siquiera mutuamente excluyentes en algunos aspectos fundamentales. Al mismo tiempo, se pueden encontrar muy diversas organizaciones ciudadanas generadas coyunturalmente por las graves

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problemáticas sociales que padecemos; ejemplo de ello lo constituyen los colectivos de búsqueda de las miles de personas forzadamente desaparecidas dentro del territorio nacional, y/o aquellas con presencia local.

Víctor M. Toledo, ecólogo político, dice que lo suponía, y ahora empieza a confirmar la construcción de un poder ciudadano al que se refiere como “redes regionales de resistencia ciudadana”, y que –según él- es la consecuencia de esfuerzos y lucha colectiva. Este autor nos brinda al menos dos ejemplos recientes (del 9, 10 y 11 de marzo de 2018): 1. La realización de la Asamblea Autónoma de Pueblos de la Cuenca de México, y 2. El Foro en Defensa del Agua (en Guanajuato). En ese sentido, Toledo es parte de una organización que observa y registra, desde el año 2011, conflictos socio-ambientales que implican la fricción entre un notable aumento de proyectos privados o estatales y comunidades afectadas que se resisten a ellos. Batallas locales que, desde su apreciación, están conformando un nivel superior de defensa y organización social; redes regionales que agrupan ya a decenas y hasta cientos de comunidades, cooperativas o núcleos organizados de escala local. El mismo autor visualiza ya a una veintena de redes regionales o resistencias ecológicas-políticas, independientes de partidos políticos, organizadas en torno a una toma colectiva de las decisiones, a una democracia desde abajo.39

Este panorama de emergencia de organizaciones y movilizaciones ciudadanas está nutriéndose de la participación de algunas y algunos estudiantes universitarios, quienes históricamente han dado muestra de su compromiso con sectores poblacionales en condiciones de vulnerabilidad social. Estas resistencias (tanto las que convocan a muchas y a muchos, como las más “atomizadas”) llevan a cabo acciones trascendentes en cuanto a constituir un contrapeso ante el abuso del poder institucional. En contrapunto, nuestra sociedad se caracteriza por una exclusión social que impide a amplios sectores poblacionales desarrollar un conjunto de herramientas socioculturales necesarias para la defensa de los derechos humanos y ciudadanos.

Concluyo este apartado con un énfasis en las expresiones estudiantiles universitarias de un ejercicio ciudadano colectivo, solidario, crítico y organizado que ha sido ejercido sin que las y los estudiantes sean, necesariamente, sujetos de una trayectoria escolar orientada por un currículum que haya contemplado el desarrollo de sus “competencias ciudadanas”. Ejercicio del cual las autoridades, los profesores y otros alumnos podríamos aprender, contando así con una valiosa

39 _{Nota intitulada “Surgen las redes regionales de resistencia ciudadana”, consultada el 13 de marzo de 2018 en} www.jornada.unam.mx/2018/03/13/opinion/018a1pol

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fuente de información emanada de los propios estudiantes; nutriendo o desafiando sustancialmente los supuestos de autoridades y profesores acerca de cómo puede llevarse a cabo una formación ciudadana ligada a la búsqueda de alternativas ante problemáticas de alto impacto social.

Este es parte del panorama en el que los estudiantes universitarios se inscriben, las características del mismo se vinculan con las posibilidades y las dificultades para desarrollar un ejercicio ciudadano inclusivo y democratizador de la dinámica política, económica y sociocultural contemporánea. Al mismo tiempo, incluye un desdén y un no reconocimiento institucional a la historia y actualidad de las organizaciones estudiantiles, las cuales no son consideradas como un elemento pedagógico orientado a nutrir una formación ciudadana.

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CAPÍTULO 3. POSICIONAMIENTO, SUPUESTOS Y REFERENTES TEÓRICO-