Development of questionnaire items

El aumento de población a principios de siglo supuso un incremento de la demanda de alimentos y de mano de obra para el campo, que redundó en el desarrollo agrícola. Se roturaron nuevas tierras, aunque las menos fértiles, y se introdujeron nuevos cultivos como la patata, el maíz y el arroz. Además, se consiguió incrementar la productividad con la expansión del regadío a través de infraestructuras como la del

Canal Imperial de Aragón, aunque no lo suficiente, debido a la ausencia de una red hidráulica más completa y a la escasez de técnicas de labranza adecuadas.

En este siglo se produjo también una subida de los precios, que para los propietarios supuso un crecimiento de sus rentas de hasta el 60 por ciento49. Sin embargo, estos beneficios no se reinvirtieron ni en la modernización de sus fincas ni en otras actividades económicas. Además, la estructura de la propiedad impedía la entrada en el negocio de emprendedores, ya que la tierra estaba en manos de:

 La Corona, cuyas pertenencias eran las de menor importancia, ya que en muchas ocasiones no eran más que eriales.

 La Iglesia, que ostentaba la parte más importante de los campos de labranza, cuya venta estaba prohibida tanto por la ley como por la tradición.

 Los propietarios vinculados, bien a través de mayorazgos –conjunto de propiedades cuya separación o venta estaba prohibida para evitar que un heredero derrochador dilapidase el patrimonio de una casa noble- o los señoríos legos –tierras sobre las que el rey había dado derecho de señor a seglares, gran parte vendidos por los Austrias empobrecidos a nobles y plebeyos ricos-.

 Los propietarios sin vínculos, que disponían de tierras que podían ser vendidas y compradas por particulares y que constituían un porcentaje muy escaso.

Esta estructura de la propiedad de la tierra impedía a los agricultores adquirir su medio de producción, al que sólo podían acceder a través del arriendo, pero sus altos precios y la opresión a la que se veían sometidos los arrendatarios por el pago de

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impuestos como el diezmo, cerraron aún más las posibilidades de expansión de este sector económico50.

El despegue agrícola también estuvo condicionado por la escasez de vías de comunicación y de medios de transporte. El porte llegaba a ser tan alto como para que en Cataluña los cereales castellanos fueran más caros que los importados del extranjero. Además, el transporte estaba condicionado por las labores agrarias, ya que los animales de carga eran los mismos que realizaban las faenas del campo, por lo que la oferta caía en otoño e invierno, las estaciones en las que se siembra el cereal.

Otra de las grandes trabas al desarrollo agrícola fue la falta de entidades de crédito que facilitaran préstamos a los inversores. En el siglo XVIII, los agricultores sólo podían recurrir a los pósitos51, que concedían en préstamo granos a los labradores para la siembra o para su consumo a un ocho por ciento anual52. Sin embargo, no existía una entidad financiera que apoyara la inversión. Además, el primer banco español, San Carlos, fue creado por la Corona para solventar sus problemas de liquidez y sólo apoyó inversiones ruinosas como el canal de Guadarrama y las provisiones del Ejército y la Marina.

El comercio exterior fue favorable para las regiones con puerto a partir de la apertura del comercio con las Indias, a donde se enviaba aceite, harina de trigo, vino y aguardiente. El florecimiento del comercio en las ciudades del litoral contribuyó a acentuar el contraste de las regiones interiores con las periféricas, pese a los esfuerzos de los políticos ilustrados por generalizar el desarrollo del comercio y de la agricultura.

El programa ilustrado para el campo español nunca llegó a cuajar, probablemente por la falta de adecuación a los problemas reales de cada zona. De

50

Ver Herr, Richard. España y la revolución del siglo XVIII. Aguilar, Jerez de la Frontera, 1964.

51

A mediados de siglo alcanzaban los 3.371 en toda España.

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hecho, para Concepción de Castro el fracaso del programa agrario de la Ilustración radicó en que:

“(...) iba fundamentalmente dirigido a todo el interior peninsular con amplio predominio del cereal, es decir, a la mayoría del país. Ahí es donde fracasó (…), ya que las transformaciones más interesantes se dieron en Cataluña, Valencia y Murcia” 53.

En este siglo, las principales producciones catalanas eran el vino y el aguardiente, ambas destinadas a la exportación, mientras que importaba cereales. En Cataluña se produjeron en este siglo conflictos entre los viticultores y los propietarios. Los productores querían perpetuar los contratos de las vides, conocidos como enfiteusis a rabassa morta (cesión de la tierra mientras vivan las cepas plantadas), pero los propietarios querían recuperar sus tierras en menos tiempo. Estos conflictos “rabassaires” comenzaron en 1765, año en el que los magistrados dieron la razón a los propietarios prohibiendo los “colgats” (sistema de producción que alargaba la vida productiva de la vid) y limitando la duración del contrato a 50 años.

En Andalucía, el 70 por ciento de la población activa agraria eran jornaleros, que cuando terminaba la campaña agrícola no tenían donde emplearse, con lo que la mitad del año eran agricultores y la otra mitad, mendigos. La región estaba estructurada en grandes latifundios de terreno, al contrario que en Galicia, donde proliferaban los minifundios, señoríos y pagos, pero, en ambos casos, estas distribuciones sólo conseguían prolongar la miseria del campesinado.

Guipúzcoa, por su parte, contaba con una agricultura diversificada en cada caserío, unidad de explotación compuesta por tierras de labor en las que se sembraban

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trigo, maíz, legumbres y forrajes, por monte y por prado para ganado vacuno, caballar, ovino y porcino.

En Valencia la situación agrícola mejoró durante el siglo XVIII gracias a que el arrendamiento de las tierras se pagaba en proporción a la cosecha obtenida, lo que no ocurría en el resto de España donde las crisis de subsistencia eran habituales, especialmente en Aragón.

En Extremadura, al igual que en Castilla, el conflicto principal se situaba entre ganaderos y labriegos, debido al poder de la Mesta que luchaba por mantener sus privilegios frente a las pretensiones de los productores agrícolas.

4.2. La Mesta

El Honrado Concejo de la Mesta de Pastores fue creado por Alfonso X el Sabio en 1273. Desde su fundación hasta su extinción en 1836 fue una institución bastante polémica.

Los privilegios concedidos por el Rey a la Mesta generaron conflictos con los agricultores y con los gobiernos locales. Este enfrentamiento creció al conocerse los “donativos” cedidos por los ganaderos a la Corona para salvar el déficit de la Hacienda real e incluso para financiar guerras54.

Con el apogeo de la Ilustración, la monarquía se decantó más hacia los agricultores y se inició el declive del Honrado Concejo, pese a que oficialmente no se extinguió hasta el siglo siguiente de la mano de Juan Álvarez Mendizábal, un político con tan mala prensa como la propia institución55. Tanto es así que el intento de su

54

Klein, Julius. La Mesta. Estudio de la historia económica española, 1273-1836. Alianza Universidad, Madrid, 1990.

55

Ver Anes, Gonzalo. “La crítica ilustrada a la Mesta como antecedente doctrinal de la medida de disolución del Honrado Concejo”. Mesta, Trashumancia y Vida Pastoril. Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, Madrid, 1994, páginas 161-188; y Valdeón, Julio. “La Mesta y el Pastoreo en

refundación en 1992 por el naturalista Jesús Garzón, convencido de la importancia de la trashumancia en España para la conservación del Medio Ambiente, se vio frustrado por un sentimiento general en la población de rechazo con lo que se vio obligado a crear otra asociación, “Trashumancia y Naturaleza”, para “aparecer mejor ante los ojos de todos”56.

En el siglo XVIII, se combinó una política contraria a la Mesta con una época dorada de la producción, ya que entre 1750 y 1795 aumentó el número de cabezas, así como el volumen de exportación de lana y los beneficios económicos de sus propietarios57.

El primer gran historiador de esta institución fue Julius Klein, quien en 1920 publicó La Mesta. Estudio de la historia económica española, 1273-1836. En él aseguraba que el origen de la Mesta estuvo en las costumbres de mover el ganado traídas a España por los árabes, quienes también trajeron las primeras ovejas a la península, antecedentes de la raza autóctona española, la merina, cuya fina lana fue muy apreciada por la industria europea.

Durante la primera parte de la Edad Media, los pastores y los propietarios del ganado en Castilla comenzaron reunirse en diversas localidades dos veces al año en asambleas, de las que surgió la Mesta.

Alfonso X fue el primero en reconocer los caminos tomados por las ovejas al emigrar desde las sierras (altas sierras castellanas) a extremos (dehesas y valles del mediodía donde invernaban) como cañadas reales, a las que les concedió una amplitud

Castilla en la Baja Edad Media (1273-1474)”. Mesta, Trashumancia y Vida Pastoril. Sociedad V

Centenario del Tratado de Tordesillas, Madrid, 1994, páginas 49-63.

56

Conversación de la autora con Jesús Garzón, el 8 de junio de 2003 en la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte.

57

De 1780 a 1789 España exportó 418.078 arrobas de lana de media al año, es decir, 4,8 millones de kilos anuales. Sin embargo, no toda la lana exportada procedía del ganado trashumante, ya que una parte procedía del ganado estabulado, del que se extraía también la lana, que en ocasiones se mezclaba fraudulentamente. En García Sanz, Angel. “El siglo XVIII: Entre la prosperidad de la trashumancia y la crítica antimesteña de la Ilustración (1700-1808)” en Mesta, Trashumancia y Vida Pastoril, página 147.

de noventa varas (75 metros) entre los sembrados, que aún en la actualidad se deben respetar según la Ley de Vías Pecuarias de 1995.

Estas vías constituían tres grandes lazos de comunicación: oeste o leonesa, central o segoviana y la del este o manchega. También existían otras rutas de trashumancia, que atravesaban las tierras en barbecho, y las rutas arbitrarias, que atravesaban montes y baldíos y pueblos.

Los privilegios concedidos por Alfonso X fueron confirmados por los Reyes Católicos el 26 de mayo de 1489 en Jaén, lo que significa que ya desde aquel momento tuvieron problemas con otros profesionales como los labradores o los carreteros agrupados en la Cabaña Real de Carreteros, que también contaban con ciertos privilegios para el transporte de mercancías58.

La pérdida del monopolio mundial del comercio lanar, que se diluyó con la exportación a gran escala de ovejas merinas al extranjero, restaron poder a la Mesta. La primera salida de ovejas merinas se produjo en 1723 a Suecia y fue seguida por otros envíos a otras ciudades en años sucesivos59, pactados incluso a través del tratado de paz de Basilea de 1793, mediante el que España cedía a Francia 5.000 ovejas merinas y 500 carneros sementales.

Los privilegios de la Mesta fueron desobedecidos en gran medida por las autoridades locales y por otros profesionales, pero tenían un gran arraigo en la Corte, donde se encontraban muchos de los dueños de ganado lanar trashumante. Así, los dos primeros Borbones, pese a apoyar las críticas ilustradas contra la institución,

58

Marín Barriguete, Fermín. “La confirmación institucional del Honrado Concejo de la Mesta: Los Reyes Católicos y los privilegios ganaderos” y “Trashumancia y Mesta en los siglos XVI y XVII” en Mesta,

Trashumancia y Vida Pastoril. Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, Madrid, 1994, páginas

67-89 y 93-133, respectivamente.

59

A Sajonia en 1765, a provincias del imperio austriaco en 1775, a Wurtenberg en 1780, a Prusia y Francia en 1786, a Holanda en 1789 y a Dinamarca en 1797.

mantuvieron el tradicional favor regio a la Mesta60. No obstante, desde 1770 con la Real Provisión de 26 de mayo, en la que se daba preferencia a los ganaderos locales en el arrendamiento de los pastos concejiles, de forma que sólo los sobrantes se sorteaban entre los forasteros trashumantes, y, especialmente en los años que fue presidida por Pedro Rodríguez de Campomanes (entre 1779 y 1782), la Mesta fue perdiendo derechos.

4.3. La primera desamortización

La primera desamortización en España se inició el 19 de septiembre de 1798 con el objetivo de pagar la deuda pública en lugar de redistribuir la propiedad de la tierra. No obstante, este proceso inicial superó los objetivos ilustrados expresados por Campomanes en el Tratado de la regalía de amortización y por Jovellanos en su

Informe sobre el expediente de la ley agraria.

La Hacienda Real tuvo problemas de liquidez durante todo el siglo XVIII y, por ello, a finales de siglo se empezaron a emitir vales reales para pagar el gasto de las guerras. En esta crítica situación, España entró en guerra contra Francia en 1793 y contra Inglaterra en 1796 contiendas que, además de disparar el endeudamiento, redujeron los ingresos del Estado en concepto de tarifas aduaneras, debido al bloqueo inglés sobre el comercio colonial.

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Felipe V en 1736 permite que los mayores propietarios controlen la Institución, ya que la Corona legisló que sólo los dueños de al menos 500 cabezas trashumantes tuvieran derecho a voto. Además, contuvo el alza de los precios de los pastos y frenó la roturación de tierras incultas. Fernando VI continuó con su apoyo a la Mesta y en 1748 la eximió del pago del impuesto de “Servicio y Montazgo” temporalmente, hasta que en 1758 lo hizo definitivamente.

Para compensar estas pérdidas recaudatorias, la Corona gravó al estamento eclesiástico, a través de una mayor participación en las rentas decimales61, pero no fue suficiente.

El Estado no podía recurrir a nuevos impuestos para otros estamentos, ya que los comerciantes y fabricantes sufrían una gran depresión por el cierre del comercio con Indias y porque temían los alborotos de campesinos y obreros, que podían devenir en situaciones peligrosas como la que sufrió Francia en 1789.

En 1798 Carlos IV nombró como secretario de Hacienda a Miguel Cayetano Soler, quien entregó al rey una memoria en la que detallaba la gravedad del endeudamiento y proponía la venta de bienes de Patronatos, Hermandades, Obras Pías, Hospitales y Capellanías y de las fincas de Encomiendas de las Ordenes Militares e imponer su producto al rédito de un tres por ciento en la caja de amortización62 para extinguir los vales reales y los empréstitos63.

Esta propuesta se transformó en decreto el 19 de septiembre de 1798 (seis meses después de la caída de Godoy y dos años antes de que lo recupere). Con él se puso en marcha la enajenación de los bienes de las Obras Pías, Memorias, Capellanías, Hospitales y Casas de Misericordia. Además, el Rey firmó otros tres decretos, mediante los que autorizó la venta de propiedades de la extinguida Compañía de Jesús, la venta de los predios de los Colegios Mayores y la concesión a los poseedores de mayorazgos, vínculos y otros títulos a enajenar sus posesiones.

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El llamado noveno decimal extraordinario, que equivalió, entre 1788 y 1797, a un cinco por ciento de los ingresos totales de la Hacienda, porcentaje que aumentó hasta el 13 por ciento en el último período de gobierno de Godoy, entre 1803 y 1807, lo que le granjeó al Príncipe de la Paz su completa impopularidad entre el clero.

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La Caja de Amortización fue creada en 1798 por el secretario de Hacienda Francisco de Saavedra para liquidar préstamos y satisfacer los intereses de los vales reales.

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Propuestas similares se hicieron en 1794 y 1796, aunque nunca se había recomendado la venta forzosa de bienes en manos muertas.

Pese a que el Gobierno pensaba hacer la desamortización “con el menor daño y mayor provecho posible para todos”, no pudo evitar el rechazo del clero. Para superar esta situación de tensión, el Rey pidió al Papa su consentimiento y consiguió que Pío VII autorizara en un breve apostólico el 14 de junio de 1805 enajenar propiedades de la Iglesia por valor de 6.400.000 reales de vellón para aplacar “las desgracias de la monarquía española”. A este breve pontificio le siguió otro, que se divulgó el 12 de diciembre de 1806, en el que el Papa concedió el derecho de vender la séptima parte de los predios pertenecientes a la Iglesia, incluso de órdenes religiosas y militares, además de los bienes raíces de las capellanías colativas.

Según los estudios de Herr, desde 1798 hasta 1808 se vendieron hasta el 20 por ciento de los bienes de la Iglesia en muchas regiones españolas y la enajenación sólo de los bienes de obras pías y otras fundaciones eclesiásticas alcanzó un valor de 1.633 millones de reales de vellón64.

Las tierras de labor se pagaron en efectivo a 18 veces por encima de su valor catastral y las fincas de mayor importancia, como las de olivos, a 33 veces más. Las adquisiciones en vales reales, se cotizaron inicialmente 24,5 veces más que su valor catastral y, después, 46 veces más. En el caso de los prados –propiedades que no se vendieron en exceso- su valor en la desamortización se multiplicó por 100 con respecto a la cotización catastral, mientras que el de las casas fue 60 veces superior. Estas cifras muestran que los bienes no se malvendieron, pese a la premura de la Hacienda Real.

La desamortización tuvo más efecto en el sur que otras partes de España, ya que se vendieron grandes lotes desde Sevilla hasta Murcia, que representaron el 20 por ciento de los bienes eclesiásticos de estas zonas, mientras que en León, Castilla la Vieja, Galicia y Castilla la Nueva el porcentaje se redujo al 10 por ciento.

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Herr, Richard. “Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV”. Moneda y Crédito. 1971, número 118, páginas 37-100.

Estas enajenaciones supusieron un paso más en la transformación de España. Por este motivo, Herr afirma que:

“el derrumbe del Antiguo Régimen español no empezó con al invasión bonapartista y las Cortes de Cádiz, sino diez años antes, porque la única medida que se presentó para salvarlo del abismo de la bancarrota le minó los cimientos” 65.

El historiador añade que estas primeras ventas supusieron “un salto grande hacia el estado moderno omnipotente, porque en adelante se encargaría el Estado del cuidado de los enfermos, los ancianos y los huérfanos”.

5. La prensa española en el siglo XVIII

La prensa y el pensamiento ilustrado son un binomio inseparable en el siglo XVIII. Por un lado, las Sociedades Económicas de Amigos del País y personas vinculadas con la Ilustración fomentaron la realización de publicaciones periódicas, y por otro, las ideas de la Ilustración encontraron el vehículo perfecto para su difusión en los papeles periódicos.

La prensa se distribuía principalmente en Madrid, sede de la Corte y centro neurálgico del país, lo que explica las cortas tiradas de la prensa de la época. La tirada más alta era la de la Gaceta de Madrid con 12.000 ejemplares, seguida de la del

Mercurio con 5.500, mientras que la de otras obras periódicas de gran calado como El Censor sólo llegó a 500 ejemplares66.

Las publicaciones de mayor importancia cualitativa en este siglo fueron las de crítica social y de costumbres, seguidas de las literarias y económicas. Además,

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Herr, “Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen...”, página 97.

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Saiz, María Dolores. Historia del periodismo en España. 1.Los orígenes. El siglo XVIII. Alianza Editorial. Madrid, 1987, página 87.

florecieron también las de divulgación científica, información de política nacional e internacional y crítica política.

Las fluctuaciones económicas a lo largo del siglo y la decisión real de cerrar sus fronteras tras la Revolución Francesa marcaron las etapas que vivió la prensa. El