Según cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 44 mujeres habían perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas hasta diciembre. La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el establecimiento de juzgados de violencia contra la mujer habían entrado en vigor en 2004. Sin embargo, desde entonces no se habían evaluado los efectos de la Ley de manera participativa y transparente, a pesar de las preocupaciones
expresadas respecto a la eficacia de los procesamientos y la idoneidad de las medidas de protección de las víctimas.
ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
Estados Unidos de América
Jefe del Estado y del gobierno: Barack Obama Dos años después de que un comité del Senado informara sobre abusos cometidos en el marco del programa de detención secreta gestionado por la CIA, seguía sin haber rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional que se habían perpetrado al aplicarlo. Se transfirió a más detenidos fuera del centro de detención estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, pero otros seguían recluidos allí indefinidamente, mientras que en algunos casos continuaban los
procedimientos preliminares ante comisión militar. Persistía la preocupación por el trato dispensado a las personas refugiadas y migrantes, por el uso del aislamiento en las prisiones federales y estatales y por el empleo de la fuerza en las actuaciones policiales. Durante el año se llevaron a cabo 20 ejecuciones. En noviembre, Donald Trump fue elegido presidente; su toma de posesión estaba programada para el 20 de enero de 2017.
ESCRUTINIO INTERNACIONAL
En agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por que Estados Unidos no hubiera llevado a cabo la investigación que estaba jurídicamente obligado a realizar sobre la tortura en el contexto de la lucha antiterrorista. El Comité observó que Estados Unidos no había proporcionado más información relativa al informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre el programa de detención secreta gestionado por la CIA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-
S). El informe completo, de 6.963 páginas, seguía clasificado como alto secreto, y el Comité Selecto de Inteligencia no lo había publicado al terminar el año.
El 16 de agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que Estados Unidos no había ofrecido información adicional sobre las denuncias que indicaban que a los detenidos de Guantánamo se les había negado el acceso a recursos legales por las torturas y otras violaciones de derechos humanos que habían sufrido bajo custodia estadounidense.
IMPUNIDAD
No se adoptó medida alguna para poner fin a la impunidad de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas las torturas y desapariciones forzadas, cometidas en el marco del programa de detención secreta de la CIA tras el 11-S.
En mayo, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia resolvió que el informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre el programa de detención secreta de la CIA seguía siendo un “archivo perteneciente al Registro del Congreso” y no estaba sujeto a divulgación en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la
Información. En noviembre se presentó una petición para que la Corte Suprema de Estados Unidos revisara esa resolución. Por otro lado, a finales de diciembre, una corte federal de primera instancia del Distrito de Columbia ordenó al gobierno que preservara el informe del Comité Selecto de Inteligencia y depositara en ella una copia electrónica o en papel para su almacenamiento en lugar seguro. Al terminar el año se desconocía si el gobierno iba a recurrir contra esta orden.
El 12 de agosto, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia desestimó una demanda por daños y perjuicios interpuesta en nombre del ciudadano afgano Mohamed Jawad, que había permanecido recluido bajo custodia militar estadounidense desde 2002 hasta 2009. Durante ese periodo, había sido sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tenía
menos de 18 años cuando fue puesto bajo custodia estadounidense en Afganistán y transferido para su reclusión a Guantánamo.1 La Corte de Apelaciones confirmó la decisión tomada en primera instancia, según la cual se desestimaba la demanda porque los tribunales federales carecían de jurisdicción en virtud de la sección 7 de la Ley de Comisiones Militares de 2006.2
En octubre, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito revocó la decisión de una corte de primera instancia que había desestimado la demanda interpuesta por unos ciudadanos iraquíes que afirmaban haber sido sometidos a tortura por interrogadores empleados por CACI Premier Technology Inc. en la prisión de Abu Ghraib, en Irak, en 2003 y 2004. La Corte de Apelaciones sostuvo que la conducta intencionada de los interrogadores contratados —ilegal en el momento en que se produjo— no podía quedar exenta de revisión judicial.
SEGURIDAD Y MEDIDAS
ANTITERRORISTAS
Al concluir el año, casi ocho años después de que el presidente Obama se
comprometiera a cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo para enero de 2010, 59 hombres seguían recluidos allí, la mayoría sin cargos ni juicio. Durante 2016, 48 detenidos fueron transferidos a las autoridades
gubernamentales de Arabia Saudí, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Italia, Kuwait, Mauritania, Montenegro, Omán, Senegal y Serbia.
En agosto, el Comité de la ONU contra la Tortura afirmó que no se había aplicado su recomendación de poner fin a las
detenciones indefinidas sin cargos ni juicio, que constituían por sí mismas una violación de la Convención de la ONU contra la Tortura.
Continuaron los procedimientos preliminares ante comisión militar iniciados por delitos punibles con la muerte contra cinco detenidos acusados formalmente en 2012 —en virtud de la Ley de Comisiones
Militares de 2009— de estar implicados en los atentados del 11-S. Los cinco detenidos —Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash, Ramzi bin al Shibh, Ammar al Baluchi y Mustafa al Hawsawi— habían permanecido incomunicados hasta cuatro años bajo custodia secreta de Estados Unidos antes de ser trasladados a Guantánamo en 2006. El juicio no había comenzado al finalizar 2016.
También continuaron los procedimientos preliminares ante comisión militar contra Abd al Rahim al Nashiri. En 2011 se había ordenado su juicio por un delito punible con la muerte en relación con el intento de atentado con bomba cometido en el año 2000 contra el buque estadounidense USS The Sullivans y con los atentados con bombas contra el también estadounidense
USS Cole, ese mismo año, y el superpetrolero francés Limburg, en 2002, todos ellos perpetrados en Yemen. Abd al Rahim al Nashiri había estado casi cuatro años bajo custodia secreta de la CIA antes de ser trasladado a Guantánamo en 2006. En agosto de 2016, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia resolvió que la sentencia sobre su alegación de que los delitos que se le imputaban no eran enjuiciables ante comisión militar porque no se habían cometido en un contexto de hostilidades ni guardaban relación con ellas debía esperar hasta la etapa de apelación final del caso, algo que probablemente tardaría aún 10 años.
Omar Khadr —que en 2010 se había declarado culpable de los cargos formulados contra él en virtud de la Ley de Comisiones Militares por su conducta en Afganistán en 2002, cuando tenía 15 años, y que en 2012 había sido transferido a su país natal (Canadá)— pidió la recusación de uno de los jueces del Tribunal de Revisión de las Comisiones Militares por falta de
imparcialidad. La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia rechazó la solicitud tras determinar una vez más que el pronunciamiento sobre la recusación debía esperar a la decisión sobre el recurso final de apelación.
Durante el año, el recurso de apelación de Omar Khadr ante el Tribunal de Revisión de las Comisiones Militares contra su sentencia condenatoria, que entre otras alegaciones incluía que se había declarado culpable de delitos que no constituían crímenes de guerra enjuiciables ante comisión militar, se mantuvo en suspenso a la espera del fallo de la Corte de Apelaciones sobre el caso del detenido de Guantánamo Ali Hamza Suliman al Bahlul, que cumplía una condena a cadena perpetua impuesta en 2008 en virtud de la Ley de Comisiones Militares de 2006. En 2015, una sala de tres jueces de la Corte había anulado la sentencia condenatoria dictada contra Ali Hamza Suliman al Bahlul por conspiración para cometer crímenes de guerra, por considerar que el cargo no estaba reconocido en el derecho internacional y no podía ser enjuiciado por un tribunal militar. El gobierno consiguió que el caso fuera revisado por la Corte en pleno, que, en octubre de 2016, confirmó la sentencia condenatoria por conspiración en una votación dividida, en la que hubo cinco votos particulares y no se resolvió la cuestión principal. De los nueve jueces de la Corte, dos juezas y un juez discreparon, alegando que el Congreso no tenía competencia para tipificar la conspiración como delito enjuiciable ante comisión militar y recalcando que “por mucha deferencia que el poder judicial deba al poder ejecutivo en asuntos de seguridad nacional y defensa, no es absoluta”. Un juez y una jueza suscribieron un voto particular en el que afirmaban que no había lugar a decidir sobre la cuestión principal por motivos de procedimiento relativos exclusivamente al caso de Ali Hamza Suliman al Bahlul.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Las autoridades seguían sin registrar la cifra exacta de personas muertas durante el año a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; la documentación recabada por los medios de comunicación arrojaba una cifra de cerca de 1.000 víctimas mortales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció planes para crear un
sistema de registro de dichas muertes, en virtud de la Ley de Denuncias de Muertes bajo Custodia, cuya aplicación estaba prevista para 2017. No obstante, el programa no era obligatorio para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, por lo que los datos recopilados podrían no reflejar las cifras totales. Según los limitados datos disponibles, entre las víctimas de homicidio policial había una cantidad desproporcionada de hombres negros.
Al menos 21 personas murieron en 17 estados tras recibir descargas de armas de electrochoque de la policía, con lo que el total de víctimas fallecidas en esas
circunstancias desde 2001 se elevó al menos a 700. La mayoría de las víctimas no iban armadas ni parecían representar una amenaza de muerte o lesión grave cuando se utilizó el arma de electrochoque.
LIBERTAD DE REUNIÓN
En julio, las muertes de Philando Castile en Falcon Heights, Minnesota, y Alton Sterling en Baton Rouge, Luisiana, desencadenaron protestas contra la policía en todo el país. En otras ciudades, como Tulsa, en Oklahoma, y Charlotte, en Carolina del Norte, tuvieron lugar protestas similares contra el uso de la fuerza por parte de la policía. La utilización de material antidisturbios pesado y de armas y material de uso militar para controlar esas manifestaciones suscitó honda preocupación en relación con el derecho de reunión pacífica de las personas que se manifestaban.
A pesar de que las manifestaciones de Standing Rock (Dakota del Norte) y sus alrededores contra el oleoducto Dakota Access fueron mayoritariamente pacíficas, las autoridades locales y estatales encargadas de hacer cumplir la ley
respondieron con duras cargas policiales. Los organismos locales encargados de hacer cumplir la ley bloquearon con una barrera policial la carretera que llevaba a los lugares de protesta. Los agentes de policía actuaron equipados con material antidisturbios y armas de asalto y emplearon pulverizadores de pimienta, balas de goma y armas de
electrochoque contra las personas que se manifestaban. Hubo más de 400 detenciones después de agosto, principalmente por entrada en propiedad privada y resistencia no violenta. Las autoridades acusaron a periodistas y activistas de delitos leves, como entrada en propiedad privada.