zado a la huelga de hambre: la 2.ª, 3.ª y 4.ª galería rechazaron la comida de mediodía, los presos de la 1.ª se sumaron algo más tarde, y los castigados en la 5.ª realizaron una «asamblea de ventanas» en la que también decidieron añadirse a cambio de incluir entre las reivindicaciones la anulación de la 5.ª galería de castigo. Unos 2.000 presos, de los 2.292, que se encontraban en la cárcel, secundaron la protesta. Mientras, se celebraron asambleas a la hora de patio y cada galería escogió a sus representantes. Entonces el director se reunió con los representantes de la 4.ª y jugó a fondo la baza de la desunión: «esto es un montaje de los políticos de la segunda galería. Os van a engañar como en el 77, que se fueron ellos y os quedasteis vosotros», les dijo.26 El
domingo 27 continuó la huelga. Los delegados de las galerías fueron autori- zados a reunirse en las dependencias de la escuela para consensuar un comu- nicado conjunto y la tensión afloró. Los de la 4.ª, advertidos por el director, recelaron de los de la 2.ª por su condición de presos políticos, aunque sólo había dos de ellos entre los delegados de esta galería, que tras discutir acalo- radamente acabaron retirándose para no entrar en conflicto. El lunes, día de comunicaciones con los familiares, nuevas asambleas decidieron continuar sin comer a la espera de los resultados que el eco mediático tuviese en la ac- tuación del Gobierno.
Por entonces ya eran más de 4.200 presos en huelga de hambre en toda España, puesto que a la Modelo se habían ido sumando desde el sábado 15 reclusas de la Trinitat, 300 presos de la quinta galería de Carabanchel, 275 en Valencia, 300 en Tarragona, unos 500 en Sevilla, cerca de 500 más en Mála- ga, 190 en Santa Cruz de Tenerife, unos 125 en Valladolid, 29 en Pamplona y 16 en Castellón. Todos ellos, preventivos en su mayoría, hicieron suyas las reivindicaciones sobre reforma del CP, aceleración de los procesos judiciales y puesta en marcha del ya aprobado Reglamento de Instituciones Penitenciarias, antítesis de la situación de hacinamiento y miseria que imperaba entre rejas.27
¿Lo hicieron por mimetismo, por que las reivindicaciones les podían benefi- ciar y no era una acción que implicase demasiados riesgos? ¿O, acaso, hubo alguna organización detrás que les empujase a sumarse? La COPEL, no está
26 Hablan los presos [Barcelona, s. f.], conservado en el CEHI: CF A 54 612.hab – Carpeta Ordre públic.
27 El País, 29 de septiembre de 1981.
de más recordarlo, había desaparecido prácticamente tres años atrás. En cam- bio sí parece haber influido la actitud de los presos libertarios, incitando a la protesta por unas demandas concretas.28 La respuesta vino en forma de com-
parecencia urgente del ministro de Justicia acompañado de los máximos altos cargos del Ministerio, entre los que estaban Galavís y el fiscal general del Es- tado, para informar de que sus prioridades eran acelerar todas las reformas pendientes, reducir los tiempos de espera para ser juzgados y desplegar la LOGP y el nuevo Reglamento. Una declaración de intenciones que no pasaba de ser eso: intenciones.
El martes 29, la cifra total de huelguistas ya equivalía a alrededor del 30% de la población reclusa, con cerca de de 6.600 internos de 35 prisiones.29
Nunca antes, ni en número absoluto ni en proporción, se había producido una acción igual. La dimensión de la protesta comportó nuevos movimientos al máximo nivel: el Grupo Parlamentario Comunista solicitó la comparecen- cia del ministro de Justicia ante el pleno del Congreso; mientras, éste se reu- nía con los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso y portavoces de los grupos parlamentarios para manifestarles su inquietud por la situación. Por su parte, desde la Generalitat de Catalunya se calificó la protesta como «positiva» en tanto que pacífica, al tiempo que se ofrecía para ayudar, en una reivindicación de las competencias en materia penitenciaria que el Estatut aprobado en 1979 le reconocía. Todavía alcanzaría un nuevo record —7.500 presos— la mañana del día 30, distribuidos en 42 centros, de los 75 que for- maban el mapa penitenciario español. Sin embargo esta cifra fue muy efíme- ra, pues al final del día unos 2.700 reclusos, la mayoría de los de Barcelona, Carabanchel, Valladolid y Pamplona cesaron su actitud, tras afirmar que le concedían un mes de plazo al Gobierno para abordar las medidas planteadas —aceleración de trámites judiciales, reforma penal y aplicación del Regla- mento—. Tras el comunicado de renuncia de la Modelo se sumaron el resto de prisiones y el 1 de octubre la huelga de hambre ya era historia.
28 Edo, L. A.: La CNT…, op. cit., pp. 359-360.
29 El País, 30 de septiembre de 1981. Otros medios coinciden en las cifras, aunque ABC calificaba la huelga de «atípica», no por su seguimiento o sus reivindicaciones, sino porque según el diario, algunos presos no comían el rancho pero sí los alimentos que les enviaban sus familias.
¿Qué influencia tuvieron las huelgas de hambre que poco antes protago- nizaron los presos del IRA o los GRAPO en la elección de esta táctica de protesta? En el boletín y los comunicados de los presos de la Modelo no hay ninguna mención a ellas, pero su desarrollo ocupó los mismos telediarios que los presos veían cada día en las salas de recreo, y tras más de dos años sin un motín violento como los de los años 1977-78 es posible que esta forma de lucha les pareciese menos traumática y más beneficiosa para conseguir sus objetivos. ¿Por qué renunciaron tan pronto si por su número suponía un elemento de presión de primera magnitud? Puede que la falta de preparación —al contrario que los presos políticos, los comunes no estaban acostumbra- dos a mantener este tipo de acciones durante demasiados días— les hiciese optar por la prudencia, antes de que el movimiento degenerase en actitudes violentas o la solidaridad exterior empezase a fallar; puede que en Barcelona una de la galerías impusiese su voluntad al resto, influenciada por el director, y una vez abortada la huelga, el resto de prisiones la siguieran. Pero desde luego parecía muy difícil, por no decir imposible, que en sólo 30 días se vie- sen los primeros resultados de reformas a problemas que tenían décadas de historia, como los mismos presos reconocieron. En todo caso, además de las cifras de participación, merece la pena destacar que los presos reincidentes de la 4.ª galería, los más conflictivos y empapados de la subcultura carcelaria, renunciasen a una acción violenta para sumarse a un tipo de protesta mucho más elaborada.
En mitad del plazo otorgado se reunió la Comisión de Justicia del Con- greso para interrogar al ministro sobre lo sucedido y debatir las medidas a adoptar. Como venía siendo habitual el ministro comenzó exponiendo el des- mesurado aumento de población reclusa en los últimos años (140% más res- pecto al 1 de enero de 1978), de la que un 56% estaba en situación preventiva, con una media estimada de espera de 18 meses antes de ser juzgada. Para hacer frente a esta masa ingente de reclusos se preveía aumentar la dotación de personal de vigilancia, empezando por la incorporación urgente de 800 interinos, la construcción de nuevas prisiones y el incremento de presupuesto en capítulos tan esenciales pero descuidados como el de alimentación, que debido a su mala calidad no permitía aplicar el Reglamento en cuanto a la restricción de entrada de paquetes de familiares, auténtico coladero de droga
y objetos prohibidos en el interior.30 Para la Modelo, específicamente, epicen-
tro del tsunami huelguístico y verdadero pozo negro de la justicia, donde el índice de presos preventivos superaba el 80% de la población reclusa, se esta- ba estudiando la forma de estimular la instrucción de los sumarios bajo la coordinación del fiscal de la Audiencia de Barcelona Carlos Jiménez Villarejo. Al mismo tiempo que ya se había iniciado el proceso de embargo de una finca del Obispado en la población cercana de la Roca del Vallès, que debería aco- ger la futura prisión que substituyese a la Modelo. Además, claro está, de re- ferirse a la necesidad urgente de reformar el CP, la LECr, y aprobar la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que pese a su inminencia no tenía fecha defi- nitiva.31 «Nos acercamos al final del plazo de los 30 días», alertaba uno de
aquellos presos libertarios que participó en la huelga, en el boletín que redac- taron para informar en la calle:
Lo del plazo fue una manera de suspender lo que era difícil de aguan- tar. Hoy existe un clima propicio para que la gente se apunte otra vez a la movida. No sabemos si se ha comprendido bien el sentido de las reivindica- ciones, pero ciertamente se dio un plazo de 30 días para solucionar lo que no tiene solución, pedir la reforma penal es, en cierta manera, como pedir la luna. Lo jodido de esta huelga es que los condenados han quedado olvi- dados de las reivindicaciones, pues en los Penales ya se aplica, en gran medi- da el Reglamento, y la Reforma del CP no modificará en casi nada su sit- uación. Esta cuestión se empieza a tratar ahora. Aquí la gente quiere salir, sea con el Código o sin él, con provisional, y mejor con indulto. El caso es salir.32
Y para ello proponían: «Una amnistía penitenciaria», que borrase las san- ciones y permitiese acceder a la libertad condicional a una gran parte de los
30 En 1981 habían entrado en servicio las cárceles de Ocaña II (2 de abril); Albacete (7