En la perspectiva de modernidad y avance, se ha propuesto que la Criminología como disciplina científica se dedique a investigar la intervención en los conflictos mediante el sistema penal, como una modalidad formal en comparación con otros mecanismos de solución tanto de tipo comunitario (costumbres) como jurídico (leyes), pero siempre teniendo presente, como sostiene Rosa del Olmo, la relación dialéctica entre los cambios en el sistema social general y las transformaciones del aparato de control social.
En este tipo de investigación también se propone la confluencia de otras disciplinas tales como la sociología, la historia, la psicología y las ciencias de la cultura para conformar una criminología, no sólo vinculada al derecho penal, es decir con leyes, policías, jueces y cárceles, con abstracción de la realidad social, sino reubicando la criminalidad como un
indicador relativo y circunstanciado en lo social y lo histórico, en la interpretación de los hechos delictivos, al ritmo de los tiempos, de los modelos y de los intereses sociales.
En general los sistemas de control formal son de carácter político, sin embargo, a la hora de investigar y analizar personalidades individuales en conflicto con la ley, es legítimo realizar estudios etiológicos sin que la contingencia que se trata de analizar tenga como punto de partida la asignación de cualidades diferenciales al sujeto de estudio. De esta manera se podrá avanzar en el conocimiento del control social formal abarcando las normas confrontadas con los hechos y sus efectos en los involucrados y en la sociedad.
Las patologías y desviaciones criminales utilizadas como argumentos de los que se sirven los sectores de poder, adjudicando definiciones discriminatorias de inferioridad, en términos de estereotipos de "peligrosidad” y necesidad de tratamiento, son dictámenes del control social que sustentan la política criminal al definir conductas delictivas desde la patología.
[Al corregir estas deformaciones se espera que el control formal trascienda el marco normativo en el que está detenido y abarque el estudio de otros fenómenos paralegales y parajurídicos, en busca de alternativas de solución que superen la exclusiva solución punitiva.
La esencia última del control formal actual es de carácter político como se dijo antes, este hecho no debe impedir realizar investigaciones que eviten presentar la criminalidad en forma abstracta; esta postura, no niega el derecho de la sociedad a defender su bienestar e integridad pero sí reconoce la necesidad de evitar que los delincuentes sean culpados de todos los males a título de patología social, sino asumiendo su responsabilidad en la construcción de una existencia justa y equitativa donde todos cumplan sus responsabilidades y ejerzan sus derechos. Lo que no debe ocurrir es que la Criminología siga quedando reducida a una disciplina auxiliar de los sistemas de control penal.
El modelo de globalización económica que tiende a la uniformidad de las actividades rentables se constituye, para la mayor parte de los países, en un modelo de exclusión social por la imposibilidad material de competir en condiciones de desigualdad; sin embargo, es muy posible que siga sosteniéndose así sea a la fuerza, produciendo a la vez el crecimiento de la violencia social y de la espiral represiva en cuanto al control formal se refiere, exacerbando la recurrencia a la expansión del derecho penal, aplicando argumentos explícitos como la protección de bienes jurídicos y la seguridad ciudadana, más los argumentos implícitos, no declarados que luego son identificados como “errores”, “disfunciones” o “defectos transitorios”.
En los sistemas de control latinoamericanos la característica diferencial es la intensidad e importancia que alcanzan las funciones no declaradas que se utilizan para encubrir abusos de poder y violaciones de los derechos humanos con el discurso oficial de revertir la violencia delictiva y los delitos contra la propiedad, originados en “motivaciones exclusivamente individuales de los autores”.
Asimismo, se refuerza la valoración que en abstracto se hace de las instituciones prescindiendo de su orientación ideológica y del control democrático esperado.
La compleja realidad actual caracterizada por su creciente agresividad, por la aparición de nuevas formas de delincuencia y por técnicas novedosas y sofisticadas de agresión a bienes jurídicos esenciales, sobrepasa los alcances de los sistemas de control formal, mayormente dedicados a penalizar a los delincuentes convencionales cuyos perfiles ya están dados en relación con clase social, situación económica, lugar de residencia y otras variables. Las actividades delictivas no convencionales como los fraudes, el tráfico, la piratería, los sabotajes, falsificaciones, corrupción funcionaría, etc. ante los que el sistema se declara impotente, aunque también produzcan víctimas humanas, no son delitos encarados mediante políticas criminales, sino que, a veces, originan leyes o programas
especiales coyunturales mediante decretos de emergencia, auspiciados y requeridos por organismos transnacionales. De esta manera los delitos se socializan (globalizan) así como las actividades económicas, dando lugar a que se homogeneicen o copien las modalidades de represión y de control “en procura de soluciones y de eficacia”.
Los créditos contraídos por países latinoamericanos de conocidos organismos internacionales, se dan vinculados a la asistencia de “expertos” y de “instructores”, supuestamente para modernizar los sistemas judiciales mediante la interdicción, los juicios orales, el sistema acusatorio, el juicio abreviado, la construcción de cárceles modelo, etc., que lesionan las garantías constitucionales y que están en función de los programas priorizados por los organismos financiadores. Así las alternativas de solución acordes con las necesidades regionales y con las identidades locales se postergan indefinidamente, no hay planes coherentes de política criminal y las respuestas del control social profundizan las distancias entre incluidos y excluidos sociales.
En términos generales, los servicios de seguridad privada en una sociedad dicotómica, generan disgregación en lugar de promover la integración de pluralidades; las estructuras institucionales y legales además de la enajenación a la política internacional hegemónica, alejan la profundización de la democracia real y participativa, basada en el diálogo, la concertación que elimine la inseguridad como fuente de agresividad y de conflicto.
Es una perentoria necesidad dejar de lado las herramientas jurídicas simbólicas para democratizar el control como parte de las políticas, la prevención comunitaria, la participación de grupos vecinales, la organización de brigadas juveniles que coadyuven en labores de control, la política cultural consensuada sobre violencia y control en la vida cotidiana, así como la participación responsable de los medios de comunicación social, componentes con los que Latinoamérica haga frente a las distorsiones propias de la evolución globalizadora y de la cultura mediática que comprometen nuestras posibilidades
de reafirmación como países integrados en torno a intereses comunes pero reconocidos y respetados por derecho a la diversidad.
CAPÍTULO
XVI
LA CRIMINALIDAD EN BOLIVIA
1. INTRODUCCIÓN
El crimen, por tanto la criminalidad, ha estado conectada desde el siglo XV con los factores socioeconómicos y con la estructura social. Tomás Moro fue el representante de este pensamiento que por primera vez resaltó esta relación, por encima de otros elementos concurrentes.
En opinión de Moro, el Estado no sólo debería ejercer la represión penal sino también neutralizar las fuentes del crimen, tales como la miseria y la desigualdad.
En este sentido Moro criticó la dureza de las sanciones penales que debían ser reemplazadas por el desarrollo de tareas preventivas, además de establecer medios para que una vez cometido el delito, el presunto delincuente tenga la Capacidad de compensar a su víctima con el fruto de su propio trabajo. Este planteamiento sigue teniendo plena vigencia especialmente en países plurinacionales como Bolivia, donde la criminalidad debe estudiarse en asociación con sus raíces estructurales: la desigualdad, la discriminación, la exclusión, así como también, por su vinculación con la diversidad y la dinámica de los cambios socio-políticos y jurídicos que responden a los intereses de los grupos de poder.
. Con estas puntualizaciones pasamos a describir la criminalidad 'ijjwi Bolivia, entendiendo que es un fenómeno social, que su ; ¿studio no puede estar al margen de las estructuras sociales y
del sistema jurídico penal, y en lo que nos concierne, no puede entenderse al margen de los principios que en la actualidad orientan la construcción de un nuevo modelo de Estado: el Estado plurinacional y comunitario, abarcando las formas de criminalidad más nocivas que, día a día se expanden, como la criminalidad no convencional, la criminalidad de cuello blanco y la criminalidad organizada y transnacional.