Considerando que “La educación sólo es explicable como una organización particular del conjunto de los procesos sociales y, aunque los discursos pedagógicos tengan su propia lógica y su propia organización, no son ajenos a aquellos procesos que actúan necesariamente como sus condiciones de producción” (Puiggrós, 1990b, p.25), se vuelve necesario dedicarle algunas páginas a la descripción de cómo se ha visto modificado el contexto socioeconómico durante esta época.
Las últimas décadas han transformado ampliamente la estructura social y económica del país, especialmente a partir de la aplicación de políticas de corte neoliberal en los años noventa. Cerrutti y Grimson (2005) sostienen que en este sentido la Argentina resulta un caso paradigmático, por la profundidad y velocidad en la implementación de las reformas.
La década de los ochenta resultó de vital importancia en el plano político, por la estabilidad alcanzada y la consolidación de la democracia. Sin embargo, dado el pobre desempeño demostrado en materia de economía, se suele referir al período como la “década perdida”. El mismo culminó con una crisis macroeconómica en la cual se destacaron dos episodios de hiperinflación. La nueva administración dio paso a la instauración de un nuevo paradigma político e institucional, basado en un diagnóstico que señalaba como ideal a una economía de mercado, plenamente integrada al mundo y con estricta disciplina fiscal. En función de esta meta se aplicó un amplio abanico de medidas estructuradas en torno a tres ejes: i) Ley de Convertibilidad; ii) Reforma del Estado; iii) Reforma del mercado.
La convertibilidad de la moneda funcionó como regla disciplinadora para evitar la financiación monetaria del déficit fiscal y así combatir la inflación. A su vez, el margen de acción del Estado en la sociedad y la economía se vio restringido a través de otras estrategias tendientes a reducir su participación, como la privatización masiva de empresas públicas, el reordenamiento de prioridades, y la descentralización del gasto. La mayor apertura de la economía fue garantizada por la eliminación de trabas al comercio de bienes y servicios, la liberación del movimiento de capitales, y la atracción de inversión extranjera directa. Por otro lado, siguiendo la consigna de búsqueda de competitividad y eficiencia se adoptó un proceso de desregulación de los distintos mercados de bienes, servicios y factores, especialmente el laboral.
Bajo este esquema, se logró el objetivo de recuperar la estabilidad macroeconómica y entrar en una senda de fuerte crecimiento −que sólo se vio interrumpida por una breve fase contractiva durante el año 1995, causada por el contagio de la crisis financiera mexicana−. Sin embargo, el modelo demostró adolecer de serias contradicciones internas que, junto con el deterioro del contexto externo, implicaron la ruptura del equilibrio social preexistente e incluso comprometieron la sustentabilidad del equilibrio económico alcanzado (Bonvecchi y Porta, 2003). El siglo XX culminó con una recesión que alcanzó su punto más álgido en el 2001/2002, constituyendo una crisis institucional y económica de gran magnitud. La misma implicó la caída del gobierno de turno, el colapso del sistema financiero, una drástica devaluación de la moneda, y un pico de desempleo y pobreza. A partir del año 2003 la economía comenzó un proceso de firme recuperación, alcanzando niveles de actividad superiores a los de inicios de los noventa. Entre los factores que contribuyeron a este repunte puede mencionarse a la licuación del salario real a través de la devaluación del peso; la reducción del déficit fiscal a partir del default de la deuda pública; la recobrada estabilidad política; y la amplia mejora en los precios de los productos argentinos de exportación (Gasparini y Cruces, 2010a). El crecimiento del producto, el fortalecimiento de las instituciones laborales, y la mayor protección social brindada por
el Estado contribuyeron a su vez a mejorar los indicadores sociales. Estas tendencias se ven reflejadas en el Gráfico 2.1, que registra la evolución del producto bruto interno desde 1993 hasta la actualidad.
Gráfico 2.1: Evolución del Producto Bruto Interno, 1993-2011
(en millones de pesos, a precios de mercado de 1993)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC-Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
El saldo social del modelo implementado en los noventa resultó altamente desfavorable, no obstante la mejora en los indicadores macroeconómicos durante los primeros años. El proceso de reconversión transformó profundamente la relación del Estado con la economía y la sociedad, limitando sus posibilidades de actuar como red de contención frente a la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población (Veleda, Rivas y Mezzadra, 2011). Asimismo, la desregulación de las relaciones laborales y la mayor fragmentación del sistema productivo debilitaron el mercado de trabajo, rompiendo con la tradición nacional de pleno empleo y protección social.
Cuadro 2.1: Indicadores de contexto socioeconómico, 1992-2010
Año Tasa de desempleo* (%) Coeficiente de Gini** Incidencia de la pobreza*** (%) 1992 6,8 0,450 18,5 1994 12,3 0,453 18,9 1996 17,7 0,486 27,6 1998 12,8 0,502 26,5 2000 14,8 0,504 28,7 2002 17,9 0,533 50,6 2004 13,1 0,507 39,9 2006 9,4 0,479 26,9 2008 7,6 0,457 23,1 2010 8,0 0,443 19
Nota: * Nro. de desempleados/ población económicamente activa; ** Basado en la distribución de los ingresos per cápita familiares; *** Porcentaje de personas cuyos ingresos familiares no superan la línea de pobreza oficial. Valor 2010 estimado.
Fuente: SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial) y Gasparini y Cruces (2010b).
La crisis del empleo alcanzó una virulencia inusitada durante el régimen de convertibilidad. La tasa de desempleo total se mantuvo en los dos dígitos a partir de 1994, superando el 17% durante la crisis de principios de siglo. Sólo a partir del año 2003 registró una caída sostenida, gracias a la expansión económica, la aplicación de planes de empleo, y la licuación del salario real que favoreció un crecimiento más trabajo-intensivo (Arceo, 2008). En la actualidad, ha vuelto a ubicarse por debajo del 10%, si bien continúa estando por encima de los valores de 1992 (Cuadro 2.1).
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 P B I
En función del objetivo de la presente investigación, interesa especialmente conocer la situación de la población joven en el marco de estas transformaciones en el plano laboral. En general, este segmento se encuentra en una posición más vulnerable: el grupo de 15 a 24 años de edad presenta mayores probabilidades de encontrarse desempleado y, en el caso de acceder a un empleo, éste suele ser dentro del sector informal y pobremente remunerado. De hecho, las tasas de desempleo e informalidad para este grupo etario superan durante la mayor parte del período en más del 10% a las tasas promedio (Socio Economic Database for Latin America & the Caribbean, SEDLAC). Sus trayectorias suelen combinar etapas de desempleo, subempleo, inactividad, contratos temporarios, y autoempleo (Filmus y Sendón, 2001). Estas consideraciones podrían contribuir a explicar la continua expansión de la cobertura en el nivel educativo medio, ya que la dificultad de ingresar exitosamente en el mercado laboral disminuye los costos de oportunidad del estudio. Claro está que este argumento es menos válido para el caso de los sectores más pobres, en los cuales la contribución de los adolescentes, por pequeña que sea, puede llegar a resultar decisiva para la supervivencia de la familia.
Un rasgo adicional característico del modelo instalado en los noventa, consecuencia de la erosión de las instituciones de protección social, es que el aumento en el desempleo ha ido de la mano de una precarización de la situación de los ocupados. A partir de este período el mercado laboral presenta una estructura crecientemente heterogénea en cuanto a su funcionamiento interno y a las oportunidades de movilidad ocupacional que genera. Sólo una porción de la población activa logra insertarse en el segmento más moderno y dinámico −con empleos de alta calidad por contar con estabilidad, ingresos mayores al mínimo de subsistencia, aportes a la seguridad social y protección social−. Otro sector significativo tiene como destino el segmento más atrasado y escasamente regulado, que operó durante la crisis como espacio de refugio frente a la retracción del sector formal (Veleda, Rivas, y Mezzadra, 2011).
Estas consideraciones obligan a relativizar la información provista por los indicadores más tradicionales que no dan cuenta de la calidad del empleo. En este sentido, la pronunciada caída en la tasa de desempleo durante los últimos años contrasta con una tendencia más estable en el grado de informalidad laboral. Según datos de SEDLAC, durante todo el período bajo estudio aproximadamente un 40% de los ocupados se insertaba en el sector de asalariados en firmas pequeñas, cuentapropistas no profesionales, y trabajadores sin ingresos. Dentro del segmento de los asalariados, la proporción que no cuenta con el derecho a una jubilación ha crecido en forma sostenida hasta el año 2005, descendiendo luego levemente para ubicarse en el 35% en el 2010. Es notoria a su vez la brecha existente entre los salarios percibidos por los trabajadores en el sector formal y en el informal, la cual se ha incrementado durante el período. En el año 1992 el salario horario nominal en el segmento informal representaba cerca del 76% del salario en el sector formal, mientras que para el año 2010 el porcentaje ascendía sólo al 60% (SEDLAC).
En cuanto a la evolución de los salarios a nivel general, la misma ha sido un reflejo de la situación macroeconómica. Los años noventa comenzaron con un salario
real devaluado luego de la brusca caída entre 1989 y 1990. Este exhibió una tendencia ascendente durante la primera mitad de la década, y luego comenzó a decrecer durante la recesión de fines de siglo. La crisis conllevó una drástica disminución del indicador, que solo retomó una senda creciente a partir del 2003, y continuaba en el 2006 aún por debajo de los valores de 1990 (Beccaria, 2007). Gasparini (2007) subraya que los cambios en los ingresos no fueron uniformes entre deciles de la población: mientras que en la década del noventa favorecieron al segmento mejor posicionado, la recuperación de los últimos años aparece como pro-pobre.
Las mencionadas transformaciones en el mercado laboral han tenido su correlato en los patrones de desigualdad y pobreza. Gasparini y Cruces (2010a) señalan que, siendo Argentina tradicionalmente identificada como uno de los países con menor desigualdad distributiva de América Latina, las últimas tres décadas han visto un deterioro en su posición relativa. En particular, durante los años noventa y a pesar de la relativa estabilidad macroeconómica, la distribución de los ingresos se volvió mucho más inequitativa, debido principalmente a la debilidad de las instituciones laborales y a las reformas orientadas al mercado. Esto se refleja en el crecimiento del coeficiente de Gini (Cuadro 2.1). El indicador alcanzó un pico durante la crisis de principios de siglo, para comenzar a descender a partir del 2003, gracias a la recuperación económica general, las políticas de ingreso y el fortalecimiento del mercado laboral (Beccaria, 2007). Sin embargo, observando todo el período, la equidad en la distribución del ingreso no parece haber mejorado significativamente. Entre 1992 y 2010, mientras que el coeficiente de Gini registró una leve disminución (de 0,45 a 0,44), el ratio de ingresos entre el decil más rico y el más pobre creció un 13%. Actualmente, la fuerte polarización de los ingresos es innegable: en el año 2010 el 30% más rico de la población poseía un 61,8% de los ingresos familiares totales, mientras que el 30% más pobre vivía con sólo el 8,5% (SEDLAC).
Veleda, Rivas y Mezzadra (2011) sostienen que las crecientes desigualdades durante estas décadas no sólo supusieron una dualización de la estructura social, debilitando el protagonismo de las clases medias, sino que implicaron rupturas de los lazos sociales al interior de cada clase. La fragmentación del tejido social implicó una separación cada vez mayor de los distintos estratos, que comenzaron a buscar y frecuentar circuitos de socialización específicos. La segregación residencial cobró en esta época una relevancia inédita (Cerrutti y Grimson, 2005). Estas tendencias, como se verá más adelante, han impactado de lleno en las dinámicas desarrolladas al interior del sistema educativo.
Como consecuencia de la mayor desigualdad en la distribución de los ingresos, la pobreza ha profundizado su cronicidad durante el período. Luego de una moderada reducción o estabilidad durante los primeros años de aplicación de las reformas, la proporción de personas por debajo de la línea de pobreza oficial presentó un crecimiento a partir de mediados de los noventa, alcanzando valores extremos durante la crisis 2001/2002. La recuperación de los últimos años y el rol más activo del Estado han permitido un descenso radical del indicador, que ha vuelto a tomar valores similares al promedio de la década anterior. Sin embargo, aún presenta niveles superiores a los de
los primeros años de ese período (Cuadro 2.1)4. Como señalan Veleda, Rivas y Mezzadra (2011), en las últimas décadas se ha solidificado un núcleo duro de pobreza estructural, difícil de erradicar pese a la expansión de los programas de transferencias de ingresos en los últimos años.
En suma, la combinación de fenómenos como inestabilidad en el crecimiento, distribución más regresiva del ingreso, profundización de la pobreza, períodos de altísimo desempleo y precarización de los vínculos salariales, ha configurado un panorama social que significó un retroceso en materia de desarrollo económico, y que resulta duro de revertir aún después de varios años de recuperación económica. Más aún, algunos de los logros económicos y sociales de esta última fase parecen enfrentar limitaciones, en parte debido a los efectos de la reciente crisis internacional. Arceo (2008) señala con cierta preocupación la tendencial caída de la elasticidad empleo- producto durante los últimos años; la relativa persistencia de la pobreza e indigencia en contextos de expansión del producto; la escasa recuperación de los salarios reales; y la mayor intensidad del incremento del empleo en los sectores de la población de mayores ingresos. Groisman (2011) por su parte, sostiene que parecen persistir elementos que obstaculizan el acceso de ciertos grupos a los empleos de calidad. A partir del 2004, la expansión del empleo protegido no alcanzó a todos los sectores sociales, dejando especialmente al margen a los de menores recursos. Este autor opina que la magnitud del déficit de empleo de calidad aún observable permite vislumbrar una estructura social segmentada por el tipo de inserción laboral que logran los individuos. Esta fragmentación explica en parte la desaceleración en la reducción de la desigualdad durante la segunda mitad de la última década (Groisman, 2008).
En definitiva, los rasgos cohesivos e integradores que poseía tradicionalmente la sociedad se han debilitado, redundando en una estructura social repleta de dualidades y contradicciones, donde abundan los espacios de exclusión y confrontación. Esto implica un deterioro de las condiciones de educabilidad (López y Tedesco, 2002) en las que muchos jóvenes llegan a las escuelas. Así, las mencionadas transformaciones en la estructura económica y social argentina, en conjunto con las políticas educativas que se resumen en el siguiente apartado, deben tenerse en cuenta para interpretar los cambios en materia de equidad educativa interna y externa durante las últimas décadas.