La naturaleza intencional de las acciones en política generalmente proviene de visiones de largo alcance, donde la interpretación de la realidad y su eventual transformación tienen la capacidad de identificar fines y predecir resultados. Esta ponencia intenta, desde la complejidad teórica del Estado, gobierno y administración pública, evidenciar con los mejores argumentos, el contexto de las políticas públicas desde su diseño hasta su gestión (Majone 2005).
Este origen de la naturaleza de las políticas públicas permite demostrar que las políticas públicas tienen la capacidad de predecir con la certeza suficiente el futuro esperado o idealizado.
A pesar de que hoy en día el termino política pública, se haya vinculado a cualquier actividad y su uso es prácticamente universal, de forma concreta la política pública es un método que encamina el accionar Estatal, inspirado fundamentalmente en un marco constitucional y social.
Históricamente, el estudio de la ciencia política proviene de los antiguos griegos en el siglo V aC., cabe resaltar que Aristóteles calificó al ser humano como un ser político, al haber más de dos personas hay relaciones políticas, esto significa que existe la esfera de acción individual, pero una vez trascendida esta, aunque sea por dos individuos, se convierte en un fenómeno político.
Debido a esta amplia dimensión, es notable la confusión entre política, acciones públicas y políticas públicas. En ese sentido, al establecer el génesis teórico de las políticas públicas, mediante un breve árbol genético, se podría inclusive dar inicio a una discusión entre ciencias exactas y ciencias sociales.
En ciencias sociales, la reiteración del fenómeno y el descubrimiento de leyes aplicables a todo fenómeno similar, en las mismas condiciones, no permite generalizaciones, por ejemplo, sería muy difícil encontrar dos procesos de revolución que sean exactamente iguales, a pesar de que el concepto es universal. En este sentido, hay una primera especificación metodológica de la ciencia política de la que hay diferentes definiciones.
Desde una perspectiva constructivista, se considera que la ciencia política es el estudio del poder, o bien, el estudio del poder en el contexto del Estado, del sujeto público, en esta lógica deductiva, que se representa en una pirámide, se puede especificar para erradicar la aparente sinonimia entre el concepto y el método.
Dentro de una definición constructivista, muy propia de las escuelas anglosajonas, se entiende por política la desagregación de diferentes factores. En principio, se hace referencia al proceso de toma de decisiones y esta capacidad de decisión hace referencia al ejercicio del poder.
Shively (1997), considera que el poder es, en términos muy precisos, la capacidad que tiene un sujeto para orientar a otro independientemente de la voluntad del segundo. Por supuesto, que tendrá mayor trascendencia cuando es sobre un grupo social. Si se hablara de ciencias que se abocan en el proceso de toma de decisiones sobre el individuo se estaría en la psicología y otras similares.
Toda vez que esto se transforme e impacte en el conglomerado social se habla de política, esto sirve para diferenciar a la política pública de la política, de categoría genérica a una categoría específica.
Una de las inquietudes naturales que surge entre quienes asumen la tarea de elaborar políticas públicas regionales es la de poder contar con algunos criterios que resguarden los estándares de calidad de su diseño. Se trata de aspectos tan importantes como su mismo contenido. Entre los principales criterios de calidad, según Scartascini y otros (2010), que deberían estar presentes en el diseño de una política pública, deberían considerarse al menos los siguientes:
1. Capacidad de resolución y ejecución. 2. Estabilidad.
3. Adaptabilidad.
4. Coherencia y coordinación (222-48).
1. Capacidad de resolución y ejecución
Los Gobiernos regionales asumen un conjunto de compromisos que deben ser plasmados en la formulación de sus políticas públicas; estos guardan relación con los lineamientos del programa nacional y la estrategia regional de desarrollo, como, a su vez, con las prioridades del intendente y la explicitación de ciertas demandas sociales, entre otros, que son sus compromisos programáticos (Soms 2007).
Su resolución tiene que ver con la capacidad del Gobierno regional de llevar a cabo tales compromisos programáticos mediante las políticas públicas (Boeninge 2007). Con cierta frecuencia el mayor problema no radica tanto en definir políticas públicas apropiadas, sino más bien en su capacidad de ponerlas en marcha. En otras
palabras, la implementación de una política pública no garantiza necesariamente el que finalmente sea ejecutada (Lahera 2002).
Esto puede ocurrir por varias razones; la principal tiene que ver con su viabilidad, que es lo que se tiene que tener muy en consideración al momento de su diseño. Hay que tener claridad sobre lo que es realmente factible de llevar a cabo y lo que no lo es (Majone 1996). Un error frecuente consiste en no considerar apropiadamente los criterios de viabilidad política y social (Meltsner 1996).
2. Estabilidad
Las políticas públicas necesitan un cierto tiempo de ejecución para mostrar sus resultados; en consecuencia, la estabilidad es una condición necesaria para su éxito. Es decir, una vez aprobada la política pública regional, el Gobierno debe tener la capacidad de mantenerla estable en el tiempo y en la dirección hacia la cual fue diseñada, sin oscilaciones (Meltsner 1996).
Esto puede verse afectado por la acción de actores a nivel regional con una alta capacidad de veto, que pueden eventualmente plantear importantes desafíos al logro de los objetivos de la política (Boeninger 2007), o también podría ser alterada cuando se da una alternancia en el poder o cambio de autoridades, que provoque una oscilación en las políticas públicas; como un cambio de Gobierno, de miembros clave del gabinete, de altos funcionarios públicos.
Lo que se intenta resguardar con el criterio de estabilidad es la capacidad de los distintos actores de darle continuidad a las políticas públicas, a pesar del cambio de las autoridades políticas regionales y más allá del mandato de determinados funcionarios públicos o de la coalición del Gobierno de turno.
3. Adaptabilidad
Que una política pública sea estable no quiere decir que las políticas públicas no puedan ser eventualmente modificadas por decisiones del propio Gobierno, ya sea debido al cambio de ciertas condiciones objetivas en el contexto en el que estas operan, la detección de errores o su fracaso. Las políticas públicas deben tener una cierta capacidad de adaptabilidad mínima necesaria que les permita hacer frente a las diversas situaciones (Boeninger 2007).
La adaptabilidad da cuenta de hasta qué punto pueden ajustarse las políticas públicas cuando fallan o cuando cambian las circunstancias sobre las que se basó su planificación (Stein y otros 2006).
El monitoreo de la política pública en los distintos momentos de su ejecución es de vital importancia para hacer los ajustes necesarios; así se responde de mejor modo a los nuevos contextos/situaciones que no habían sido contemplados en su fase de diseño. De este modo se evita comprometer la viabilidad o eficacia de la política. Entre mayor sea la capacidad de incorporar/responder frente a los nuevos contextos/situaciones, mayor será el grado de flexibilidad de la política pública. 4. Coherencia y coordinación
Las políticas públicas deben lograr una adecuada coherencia interna y externa. La coherencia interna se relaciona con la pertinencia entre los objetivos, los instrumentos de intervención y los problemas que intenta solucionar. La coherencia externa, en tanto, se refiere al grado de compatibilidad que puede alcanzar una política pública determinada en relación con otras intervenciones públicas.
La coordinación tiene que ver con el grado de articulación necesaria que se requiere para garantizar la coherencia externa. Esto demanda, en la fase de implementación de la política, importantes niveles de articulación vertical, horizontal, intersectorial y sectorial-territorial en la región, ya que intervienen múltiples actores que no siempre mantienen una buena comunicación.
Mediante una adecuada coordinación se intenta resguardar un mínimo de coherencia entre la nueva política pública y las otras intervenciones nacionales, regionales y locales de modo tal que no sean contradictorias o incoherentes entre sí frente a un problema común que intentan resolver; se trata, entonces, de hacer compatibles programas y proyectos, a fin de evitar duplicidades y conflictos entre ellos, en una visión estratégica de conjunto en torno al desarrollo de la región a mediano y largo plazos.