Effect of rainfall distribution

Pactos, impunidad y un jefe. Lorenzetti, el supervisor de todo el presupuesto tribunalicio desde 2007. Obra pública por y para el Poder Judicial, el eterno pozo sin fondo de corrupción y enriquecimiento. Versión judicial del modus operandi de Lázaro Báez. Cartelización. Retornos. De Vido y López, unidos para siempre. Trabajadores fantasmas, sueldo sobre el papel y rebaja en el bolsillo. ¿Quién se lo lleva? El desembarco de La Cámpora. El arrebato de la caja judicial a Lorenzetti. La llegada del PRO. ¿Cambiamos?

—¿Qué hacés Barraza? ¿Cuándo te sumas al equipo? —le dijo en tono provocador y desafiante, Gabriel Martín Saliva, prosecretario letrado de la Dirección General de Infraestructura del Consejo de la Magistratura (DGIJ), al arquitecto Fabio Daniel Barraza.227

—Hace muchos años que trabajo acá haciendo proyectos y dirección de obra. Mi ley es el pliego de las obras —contestó Barraza con cierta molestia. Desconocía qué función exacta tenía Saliva en la DGIJ pero, tal como lo declararía más tarde ante la Justicia, sospechaba que algo oscuro se escondía detrás de su invitación o propuesta a ser uno de los suyos.

Otro día volvieron a cruzarse en un pasillo de la DGIJ, sobre la calle Diagonal Norte 1190. El diálogo fue más tenso:

—Vos tenés que certificar lo que te decimos nosotros —le ordenó Saliva.

—Se certifica lo construido y lo que no está construido, no —respondió Barraza asombrado ante el imperativo. Pese a haber sido rápido en su respuesta, la cara seria y ceño fruncido, expresaba el malestar por la advertencia o amenaza implícita que acababa de escuchar.

—Vos ahora estás tocando en el Colón, pero en cualquier momento podés ir a tocar al subte —retrucó el prosecretario.

—Yo no sé lo que es tocar en el Colón —argumentó el arquitecto con ironía.

Barraza y Saliva descargaron su ira en aquella conversación —más larga y arisca que el fragmento reproducido— sobre la obra del centro judicial de Posadas, en la provincia de Misiones. Los diálogos revelaron que el patrón nacional para realizar la

obra pública era idéntico en la Justicia. Las irregularidades, por utilizar un eufemismo, y el modus operandi eran dos caras de una misma moneda de corrupción.

Las ganancias fuera del circuito establecido —bajo la mesa— para los contratistas cartelizados responderían a un esquema administrativo y financiero ideado por Lorenzetti desde que asumió como presidente de la Corte Suprema en enero de 2007. La estructura alcanzó el grado de suprema perfección con la creación, en abril de 2011, del Comité Ejecutivo de Inversiones que presidía Daniel Marchi. Quedó integrado por el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura, pero dependía directamente de la Presidencia de la Corte, o sea de Lorenzetti.

Con la batuta de toda la orquesta de las obras públicas del fuero judicial en sus manos, Lorenzetti, en contra de la letra constitucional, podía decidir y disponer de los fondos ajenos sin afectar el presupuesto propio de la Corte Suprema. “Este mecanismo refinado permitió desviar sumas importantes del erario público”, denunció ante la justicia la legisladora porteña de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, como ya se analizó en el capítulo anterior.

Desde la Corte negaron, una y otra vez, los vínculos con las contrataciones a cargo del Consejo de la Magistratura, pero las evidencias hacían trizas su defensa. El 5 de mayo de 2011, a los pocos días de la creación del Comité Ejecutivo de Inversiones, Marchi, más conocido como “el sexto ministro”, exigió a todos los directores de la Administración General del Poder Judicial (Consejo) que le informaran, semanalmente, de los avances y el estado de las obras.228

En la Magistratura el engranaje financiero se ajustaba en un doble mecanismo: el contable y el jurídico. “Krieger fue el encargado de digitar cada proceso licitatorio, mientras que Luis Alberto Devoto, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Administración General del Poder Judicial, permitió que las licitaciones se efectuasen en ese ámbito, con intervención de la DGIJ, pero sin involucrar a la Corte Suprema”, ilustró el abogado Ricardo Monner Sans. “Las decisiones de inversión en infraestructura y tecnología —añadió— las supervisó y aprobó Lorenzetti a través de Marchi y Krieger, sin la intervención formal del plenario del Consejo”. La idea era que la imagen de la Corte fuera inmaculada.

Lorenzetti necesitaría, para lograr sus propósitos, “operadores dispuestos a arriesgarse a direccionar las obras públicas desde la Magistratura y manejar las cuantiosas sumas involucradas”, coinciden profesionales bajo su dependencia y Monner Sans.

Todos señalaron al abogado Devoto, al contador Diego Martino (titular de la Comisión de Preadjudicaciones de la Administración General del Poder Judicial), al contador Walter Mauricio Eusebio (titular de la Dirección General de Administración Financiera del Poder Judicial), a los arquitectos Hugo Raúl Cayetano Lazzarini (subdirector general a cargo de la DGIJ) y Carlos Jorge Fernando Susini Burmester (subdirector adjunto a cargo del Departamento de Arquitectura de la DGIJ) como también el abogado Gabriel Martín Saliva (prosecretario letrado de la Secretaría

General del Consejo de la Magistratura que actuaba en el ámbito de la DGIJ). El mismo que había increpado al arquitecto Barraza y que, al negarse a emitir un certificado de obra en relación al Centro Judicial de Posadas (Misiones), fue desplazado de sus tareas por Lazzarini.

Todos ellos habrían conformado el “grupo retorno”, tal como lo denominaron con ironía los técnicos y profesionales de la Administración. Era “una orquesta afinada para los ingenieros y arquitectos de la Magistratura”, añade Ricardo Monner Sans.229 ¿Cobraban coimas? Solo ellos —y sus parejas de tango— lo sabrían, pero los que estaban a su alrededor lo intuían.