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187. La Comisión y los representantes alegaron la violación de los derechos a la verdad, garantías judiciales y protección judicial, debido a que el Estado no ha realizado una investigación de los hechos para identificar y sancionar a los responsables, pese a que tuvo conocimiento de los mismos, por lo que debió iniciarla motu proprio, aun en ausencia de denuncia de los familiares, debido a que el secuestro era un delito perseguible de oficio. El Estado no ha justificado el retardo de más de 29 años en investigar los hechos, ni ha determinado el paradero de Florencio Chitay. La Comisión manifestó que después de interponer la denuncia, los familiares del señor Chitay Nech no pudieron presentar otra acción judicial debido a los seguimientos y amenazas que sufrieron, y al miedo de su madre a que pudiera hacerse desaparecer a otro miembro del núcleo familiar. En lo que se refiere al recurso de exhibición personal, la Comisión indicó que el Estado debió iniciar una investigación seria de los hechos denunciados, de conformidad con el artículo 109 del Decreto No. 1-86 sobre Ley de Amparo, Exhibición y de Constitucionalidad, que obliga al tribunal a ordenar la pesquisa de inmediato si se tuvieren indicios de que la persona está desaparecida.

188. Además, los representantes señalaron, entre otros, que: a) la denuncia interpuesta por el Estado fue un mero formalismo, ya que no se ha obtenido ningún resultado; b) se ha hecho recaer el avance de las investigaciones en los familiares, ya que se perdió documentación remitida por éstos que se les pidió nuevamente, y fueron ellos los que buscaron al señor Chitay Nech en morgues y hospitales, y c) agentes estatales se presentaron a buscar a las presuntas víctimas en su domicilio de forma irregular, sin identificarse, presentándose como trabajadores bancarios. Asimismo, los representantes alegaron de forma general que los recursos para resolver la situación que generó la desaparición forzada de Florencio Chitay no habían sido efectivos. Tambiénseñalaron que la

204 Cfr. Denuncia presentada por la Directora Ejecutiva de la COPREDEH (anexos a la contestación de la

demanda, anexo III, fs. 1631 a 1634).

205 Cfr. Cartas del Ministerio Público de 25 de marzo de 2009 al Registro de Ciudadanos, al Registro Tributario

Unificado, a la Policía Nacional Civil, y de 26 de marzo de 2009 al Tribunal Supremo Electoral, la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, y al archivo Histórico (anexos a la contestación, anexo III, fs. 1670 a 1692).

206 Cfr. Informe de Investigación de 14 de mayo de 2009 (anexos a la contestación de la demanda, anexo III,

fs. 1699 a 1701).

legislación guatemalteca contempla que la utilización del “Procedimiento de Averiguación Especial” no es de carácter obligatorio para los familiares de las víctimas ni constituye un medio de impugnación para lo resuelto en el recurso de exhibición personal planteado. 189. Por su parte, el Estado alegó que la falta de una investigación efectiva de los hechos se debía a la falta de conocimiento de los mismos, lo cual era atribuible a los peticionarios porque debieron dar a conocer la desaparición de Florencio Chitay, en virtud de existir en esta época recursos nacionales de carácter judicial. Señaló que la única denuncia existente es la presentada por la COPREDEH el 2 de marzo de 2009. El Estado se refirió a diversas diligencias de investigación realizadas por el Ministerio Público. En consecuencia, el Estado solicitó a la Corte que tome en cuenta los esfuerzos realizados para cumplir con las recomendaciones de la Comisión y que declare que Guatemala no ha incurrido en la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. El Estado no presentó argumentos relacionados con el derecho a la verdad alegado por los representantes. Además, el Estado indicó que los familiares de Florencio Chitay no presentaron un recurso de exhibición personal de forma inmediata a la desaparición como está establecido en la ley, sino que lo hicieron 23 años después, lo cual demostraba “el mal uso de los recursos existentes”. Agregó que luego de ser declarado improcedente dicho recurso no acudieron al “Procedimiento Especial de Averiguación”, y que “el único propósito de [la] exhibición personal fue reactivar el plazo para acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, y que el mero hecho de que un recurso no produzca un resultado favorable al reclamante no demostraba, por sí solo, la inexistencia o el agotamiento de todos los recursos internos eficaces.

190. La Corte ha establecido que el Estado está en la obligación de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)208.

191. Corresponde analizar si el Estado ha realizado la investigación de los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable, y si el recurso de exhibición personal ha constituido un recurso efectivo para asegurar el derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas.

192. El Tribunal ha entendido que para que una investigación penal constituya un recurso efectivo para asegurar el derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas, así como para garantizar los derechos que se han visto afectados, debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios209.

193. Respecto de la desaparición forzada de personas la Corte ha afirmado que “ante la particular gravedad de estos delitos y la naturaleza de los derechos lesionados, la prohibición

208 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, supra nota 18, párr. 91; Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 190, y Caso De la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, supra

nota 12, párr. 104.

209 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 32, párr. 177; Caso Garibaldi Vs. Brasil, supra nota 18, párr. 113, y Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 139.

de la desaparición forzada de personas y el correlativo deber de investigarlas y sancionar a sus responsables han alcanzado carácter de jus cogens”210. De ahí que toda vez que haya motivos razonables para presumir que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación211 ex oficio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva212. En cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente213.

194. En el presente caso está demostrado que con anterioridad al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte, efectuado el 9 de marzo de 1987, los familiares de la presunta víctima acudieron a la Estación de la Policía Nacional de la Calzada San Juan a denunciar la detención de Florencio Chitay y días después, el partido DC denunció públicamente su secuestro, aunado al hecho de que el señor Chitay Nech era reconocido como dirigente político por los cargos que había ocupado en el Concejo Municipal de San Martín Jilotepeque, lo que lo hacía una figura pública. En razón de esto, la Corte considera que no es admisible el argumento del Estado de desconocer los hechos ocurridos el 1 de abril de 1981, ya que es evidente que las autoridades estatales tuvieron conocimiento de los mismos. Además, con posterioridad al 9 de marzo de 1987, se destacan otras dos oportunidades en las que el Estado tuvo conocimiento de los hechos, a saber: a) en el año 1999, en el Informe de la CEH se registró la desaparición de Florencio Chitay en el caso No. 707, y b) el 12 de octubre de 2004, con la interposición de un recurso de exhibición personal. Ello confirma que, aún habiendo tenido noticia formal de los hechos con la interposición de ese recurso, el Estado no actuó consecuentemente con su deber de iniciar inmediatamente una investigación exhaustiva214. Está probado que entre el 9 de marzo de 1987 y el 1 marzo de 2009, el Estado no impulsó investigación alguna y fue recién el 2 de marzo de 2009 que inició ciertas diligencias de investigación con la presentación de la denuncia formal de la desaparición forzada del señor Chitay Nech por parte de la COPREDEH215.

210 Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra nota 87, párr. 84; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra

nota 86, párr. 59, y Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 139.

211 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 143.

212 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 94, párr. 145, Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 86, párr. 65, y Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 143.

213 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 86, párr. 65, y Caso Radilla Pacheco Vs México, supra nota

12, párr 143.

214 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 200.

215 El artículo 201 TER, Decreto No. 48-1995 reformas al Código Penal (Decreto 17-1973) de 14 de julio de 1995. Desaparición Forzada, establece que: “[c]omete el delito de desaparición forzada quien, por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o de la aquiescencia para tales acciones.

Constituye delito de desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de desaparición forzada, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas.

El delito se considera continuado en tanto no se libere a la víctima.

El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años. Se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, cuando con motivo u ocasión de la desaparición forzada, la víctima resultare con lesiones graves o gravísimas, trauma psíquico o psicológico permanente o falleciere.”

195. De conformidad con la legislación vigente en el momento de los hechos216, el Estado debió realizar una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva al tener motivos razonables para presumir sobre la desaparición forzada de Florencio Chitay. Para este Tribunal la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, ya que tiene relación directa con el principio de efectividad que debe regir las investigaciones217. En consecuencia, la Corte estima que el Estado incumplió con su obligación de investigar con la diligencia y seriedad requeridas.

196. Además, para que la investigación sea conducida de manera seria, imparcial y como un deber jurídico propio, el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan en tiempo razonable, por lo que en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada podría llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales218. Tanto más si es que en los casos de desaparición forzada el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación219, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales.220

197. Este Tribunal considera que en el presente caso el tiempo transcurrido sobrepasa excesivamente un plazo que pueda considerarse razonable para que el Estado iniciara las correspondientes diligencias investigativas, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización de la investigación que apenas se encuentra en su fase inicial, y el trámite del proceso penal con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una flagrante denegación de justicia y una violación al derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas.

198. Resulta inadmisible el alegato del Estado de que ante la improcedencia del recurso de hábeas corpus correspondía a las presuntas víctimas solicitar ante la Corte Suprema de Justicia el Procedimiento Especial de Averiguación221, ya que hace recaer sobre ellas una obligación que corresponde al Estado, más aún cuando han transcurrido más de 29 años desde la desaparición del señor Chitay Nech y 23 años desde que el Estado reconoció la

216 Cfr. Artículos 68 y 112 del Decreto No. 52-73 Código Procesal Penal de Guatemala (anexos a la demanda,

anexo 7, fs. 147 y 148).

217 Cfr. Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C. No. 168, párr. 115; Caso Garibaldi Vs. Brasil, supra nota 18, párr. 132, y Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 201.

218 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 145; Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 191, y Caso Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, supra nota 12, párr. 132.

219 Cfr. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 76, párr. 150; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra

nota 86, párr. 135, y Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 215.

220 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 86, párr. 135, y Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra

nota 12, párr. 215.

221 El artículo 467 del Código Procesal Penal de Guatemala el recurso de Averiguación Especial establece que la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier persona, intime al Ministerio Público para que informe sobre la investigación y otorgue mandato a un averiguador.

competencia contenciosa del Tribunal, sin que el Estado haya realizado una investigación efectiva de los hechos, que configura un delito perseguible de oficio.

199. Aunado a lo anterior, en consideración del contexto en el cual ocurrió la desaparición forzada del señor Chitay Nech, esta Corte encuentra que los hechos del presente caso se enmarcan claramente en un patrón sistemático de denegación de justicia y de impunidad, ya que la investigación se encuentra en la fase inicial, por lo que aún no se han identificado, juzgado y eventualmente sancionado a los responsables ni se ha reparado a los familiares de la presunta víctima desaparecida. Al respecto, la impunidad ha sido definida por este Tribunal como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana” 222. Asimismo, la Corte ha establecido que el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad223, y que ésta debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto generales –del Estado- como individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-224.

200. Dado lo anterior, este Tribunal estima que, de conformidad con el artículo I.b) de la CIDFP, el Estado debe sancionar efectivamente y dentro de un plazo razonable a los responsables de las desapariciones forzadas que ocurran dentro de su jurisdicción, asegurando que se cumpla la naturaleza misma de la sanción y evitando la impunidad. La Corte observa que en el tiempo trascurrido desde la desaparición de Florencio Chitay hasta la fecha el Estado no ha cumplido con lo establecido en dicha disposición.

201. A este respecto, en relación con la solicitud de los representantes en el sentido que la Corte ordene la investigación de los actos de hostigamiento e intimidación sufridos por los familiares de Florencio Chitay antes y después de su desaparición, este Tribunal considera que los referidos actos no pueden verse aisladamente, sino dentro del marco de obstaculizaciones que impiden una investigación diligente y efectiva de la desaparición del señor Chitay Nech. Tales hechos se convierten en otro medio para perpetuar la impunidad en el presente caso e impedir que se conozca la verdad de lo ocurrido.

202. Por otra parte, este Tribunal ha establecido que para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos estén previstos por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisibles, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto225. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos226, lo cual implica que el recurso sea idóneo para combatir la

222 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, supra nota 28, párr.

173; Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 212, y Caso Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala,

supra nota 12, párr. 234.

223 Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006.

Serie C. No. 162, párr. 226; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 86, párr. 125, y Caso Radilla Pacheco Vs.

México, supra nota 12, párr. 212.

224 Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra nota 87, párr. 131; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra

nota 86, párr. 87, y Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 153.

225 Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre de 2005. Serie C

No. 139, párr. 4; Caso Usón Ramirez Vs. Venezuela, supra nota 18, párr 129, y Caso Radilla Pacheco Vs. México,

supra nota 12, párr. 296.

226 Cfr. Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de

2001. Serie C No. 71, párr. 90; Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párr. 69;

violación, y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente227. Por tanto, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios228.

203. Al respecto, el recurso de hábeas corpus o exhibición personal representa el medio idóneo para garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención229.

204. En relación con el recurso de exhibición personal interpuesto por Pedro Chitay230, la Corte nota que pese a la gravedad de los hechos alegados y el contexto en que ocurrieron, las autoridades estatales se limitaron a indicar que no contaban con información sobre Florencio Chitay, lo que impidió que se realizaran las investigaciones necesarias para localizar el paradero de la presunta víctima, que hasta la fecha es desconocido. El Estado no demostró que las autoridades estatales hicieron todas las diligencias a su alcance para determinar su paradero. Al tener conocimiento de los hechos el Estado debió iniciar sin dilación una investigación ex oficio para identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables, así como localizar el paradero de la presunta víctima. Por el contrario el recurso de exhibición fue declarado improcedente, lo cual evidencia una situación de denegación de justicia.

205. De otra parte, la Comisión y los representantes alegaron que el Estado no ha