En los casos en que no se realiza un diagnóstico centrado en la realidad municipal, se detectan carencias en el enfoque y el mapa de recursos, que suponen obstáculos de partida para su puesta en marcha y desarrollo.
Se observan necesidades en la previsión de los equipos de atención. Faltan suficientes personas con formación adecuada para la atención personalizada y específica para las mujeres víctimas de la violencia de género. Por un lado, más personas, ya que la saturación de trabajo dificulta en muchos casos poder realizar la atención adecuada, y, por otro, profesionales con formación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres, para una intervención adecuada a las características particulares de esta problemática.
Generalmente no se identifican necesidades y recursos para la atención de menores en los diagnósticos previos.
La dificultad de contar con la participación de mujeres víctimas en los procesos de diagnostico y evaluación tampoco favorece que sus experiencias y voces sean tenidas en cuenta de manera más objetiva y amplia.
V.1.4.b. Elaboración del protocolo y sus pautas de actuación
Definición de objetivos de actuación y participación
La falta de definición de objetivos y funciones detalladas de las mesas de coordinación y seguimiento, que sufren algunos protocolos, pueden dificultar que la respuesta sea más eficaz. Las carencias en la clarificación de procesos y competencias intra e interinstitucionales, de formación y capacitación específica en violencia de género y en la integralidad de la atención, que afectan al desarrollo de cada protocolo, repercuten negativamente en la reducción de la victimización secundaria.Uno de los casos concretos en los que se plantean más dificultades en la definición del protocolo es con los protocolos mancomunados. Cuando no todos los municipios de una mancomunidad participan de manera directa en el protocolo (en ocasiones esto se traduce en no haber participado económicamente), no queda claro en la planificación, si se deben o se pueden tratar casos de esos municipios, si esos municipios tienen que estar presentes en alguna estructura de coordinación (en ocasiones se trata de municipios con menos recursos, por
ejemplo que no cuentan con servicio de Igualdad). También entraña dificultad en la organización el que algunos de los recursos sean mancomunados y el Servicio de Igualdad municipal.
Son cuestiones no pautadas que en cada caso se tienen que ir salvando y decidiendo, que introducen peculiaridades y a veces también dificultades en los procesos.
En cualquier caso, resulta positiva la actuación de los municipios grandes u otros más comprometidos de la mancomunidad, como tractores del proceso.
La mayoría de los protocolos locales, centrados en su función de herramienta para la coordinación, no contemplan la prevención. No obstante, en algunos casos, los protocolos se enmarcan o pueden enmarcase dentro de un plan de violencia, en el que se incluyen objetivos y actuaciones de prevención. Además, los protocolos son (o pueden ser) espacios privilegiados para detectar, desde las diferentes instituciones participantes, las necesidades y ámbitos desde los que es necesario desarrollar un trabajo de prevención.
Dentro de un plan de violencia o incluso como tractor del mismo, las estructuras de coordinación del protocolo pueden organizarse para ampliar el conocimiento común de los programas de prevención existentes en la localidad (o a nivel más general, en el territorio o en la CAPV) y en el que identificar y planificar el papel de cada participante en la prevención.
El ámbito educativo, incorporado como parte necesaria de los protocolos locales a partir del II Acuerdo, comienza a estar presente en el punto de partida, aunque queda mucha trayectoria, necesaria para considerar que su involucración en el desarrollo de los protocolos es generalizada y completa.
La detección y atención de casos de violencia tanto en el ámbito doméstico como entre adolescentes y jóvenes, son aspectos que se verán beneficiados con una coordinación y participación mayor por parte del ámbito educativo.
Debido a la detección de algunos casos, hay un incipiente planteamiento en algunas localidades de empezar a contemplar a los y las menores en los recursos de atención cuya coordinación pautan los protocolos.
Perspectiva de empoderamiento
La falta de trayectoria y perspectiva de género de algunos ámbitos, en algunos casos también servicios sociales, dificulta que la atención se plantee desde la perspectiva del empoderamiento, ciñéndose al enfoque asistencialista, posiblemente también, por el peso de los ámbitos policial y judicial en el proceso, con cometidos reglamentados desde estos ámbitos.
En una parte significativa de los protocolos, la participación del Tercer sector no se tiene en cuenta desde el planteamiento. Las causas pueden residir en:
- El tejido asociativo no es igual de sólido y asentado en todos los territorios y municipios.
- Muchas asociaciones intervienen en violencia y la perciben de manera tangencial y/o circunstancial, cuando se dirigen en principio a otras problemáticas como inmigración, exclusión social, etc., que sí perciben como su objetivo principal de actuación.
- No se produce una reflexión preliminar respecto a su posible participación. Si bien muchas responsables técnicas valoran esta posibilidad, no llega finalmente a considerarse una prioridad traducida en su inclusión en el proceso. El foro de Berdinsarea parece estar ayudado a la reflexión, gracias a las experiencias de otros protocolos en este sentido.
Son puntuales los protocolos que incluyen mecanismos de recogida del grado de satisfacción y opiniones de las usuarias y una minoría aún, los que cuentan con la participación activa del Tercer Sector y asociaciones de mujeres en la planificación y los foros de seguimiento.
Pautas de atención: menores y vulnerabilidades
La atención a mujeres con vulnerabilidades añadidas sigue siendo una asignatura pendiente en general en la concepción de los protocolos, respecto a las actuaciones y servicios de atención a la violencia de mujeres migradas, drogodependientes, con diversidad funcional, comunidad gitana, enfermedades mentales, exclusión social, mujeres jóvenes, mujeres mayores, etc. Se observa una preocupación creciente en este aspecto traducida en demandas de información, de reflexión para su planificación e identificación de recursos, fundamentalmente referidas a los colectivos de mujeres migrantes y minorías culturales.
La preocupación y profundización creciente en el enfoque de menores dependientes de víctimas como víctimas directas de la violencia de género, se está reflejando en las reflexiones y búsqueda de soluciones en el marco de los foros de seguimiento de los protocolos.
V.1.4.c. Seguimiento y evaluación
La totalidad de los protocolos prevén la realización de seguimiento y evaluaciones periódicas, sin embargo pocos desarrollan en el planteamiento, los mecanismos que clarifiquen qué se va a evaluar, cómo, quién tiene la responsabilidad de llevarla a cabo y con qué recursos.
En gran parte de los protocolos no ha finalizado el plazo marcado para someter su proceso y resultados a evaluación, que muchos establecen en dos - tres años desde su puesta en marcha.
El proceso de los protocolos locales ha servido generalmente, para la mejora en la unificación y/o intercambiado de datos entre las diferentes instituciones, antes inexistente en muchos casos. Sin embargo, las dificultades persisten: la barrera que para algunas instituciones supone la ley de protección de datos, la falta de unificación total de términos, las dificultades de coordinación y entendimiento entre algunos ámbitos o la obligación profesional de denuncia de oficio, que retrae el trasvase de información.