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Se encuentran estipulados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos fundamentales del acceso a la tutela jurisdiccional, el de asegurar la existencia y funcionamiento de la defensa publica, así como también el acceso a la justicia, mecanismos alternativos de solución de controversias, modalidad de las sentencias en los procedimientos orales, independencia de los jueces y ejecución de sus resoluciones, y defensoría pública.
Según Flores, E. (2013) existe en Mexico el instituto federal de la defensoría pública que es un órgano del consejo de la judicatura federal, con independencia tecnica y operativa, regulado por la ley federal de defensoría pública, que reglamenta la prestación del servicio de la defensoría pública, en asuntos de fuero federal a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en otras materias.
Los defensores de oficio atienden asuntos civiles y penales, están obligados a asistir diariamente al juzgado o al centro reclusorio, a patrocinar acuciosamente e informar mensualmente a su superior conforme al reglamento de la ley orgánica del poder judicial del Estado de Jalisco; y, también existen defensores bilingües para las comunidades indígenas, contando además con una dirección de prestación del servicio de defensa y la dirección de prestación de servicio de asesoría, ejerciendo un estricto control.
1.2.6.2. España.
El postulado de tutela judicial efectiva de derechos se encuentra establecido en la Constitución española como la proteccion judicial de derechos en el artículo 24, estableciendo que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos, sin que en ningun caso pueda producirse indefensión; asi mismo en el numeral dos se instituye el derecho a un juez ordinario, a la defensa y a la asistencia de letrado, a un proceso con garantias, a usar medios de pruebas pertienentes, entre otros.
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Según Montoya, F. (2013) la defensoría pública en España es una institución que brinda el servicio de justicia gratuita, donde el ministerio de justicia se apoya en dependencias judiciales como los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados o comisiones de asistencia gratuita que se encuentran en los lugares donde se ubican los juzgados y tribunales, teniendo como base legal el artículo 119 de la Constitución española.
Las prestaciones que brindan son el asesoramiento y la orientación con carácter previo al inicio del proceso; asistencia a la persona detenida o presa; defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, inserción gratuita de anuncios o edictos en el curso del proceso que deban publicarse en periódicos oficiales; exención del pago de depósitos para la interposición de recursos; asistencia pericial gratuita en el proceso; obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.
La situación de las defensorías públicas en España es totalmente diferente al Ecuador, pues para acceder a este servicio gratuito la persona debe cumplir ciertos requisitos y presentar una solicitad en el servicio de orientación jurídica del colegio de abogados en el lugar donde se encuentren los juzgados o tribunales, la misma que debe ser aprobado por una comisión que hará una calificación previa a través de la cual aprobará o negará dicha solicitud.
1.2.6.3. Chile
El enunciado de la tutela judicial efectiva de derechos está estipulado en la Constitucion política de la república de Chile en el artículo 19, numeral 3 como un derecho y deber constitucional que establece que toda persona tendra igual protección ante la ley, y el derecho a acceder a la defensa jurídica, el cual también podrá ser gratuito según lo establezca la ley, sin ahondar en el procedimiento especifico para el asesoramiento y defensa jurídica.
Según la doctrina chilena este derecho de acceso a la jurisdicción que tiene injerencia la tutela judicial cuenta con elementos esenciales como: el derecho al
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proceso o a la justicia, derecho a la defensa, derecho a la obtención de una sentencia o resolución fundada y razonable, derecho a la plena efectividad de la resolución jurisdiccional y el derecho de acceso al recurso.
Según los autores Ortíz, Medina, & Soto, (2000) dentro de la ley sobre la defensoría pública penal en su artículo 1 está determinado como un servicio público, descentralizado funcionalmente, territorialmente desconcentrado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, sometido al presidente de la república, a través del ministerio de justicia, cuyo defensor penal público no podrá excusarse de asumir la representación del acusado, el cual será designado por el imputado.
1.2.6.4. Colombia
Se encuentra instituida en la Constitucion politica de Colombia en el artículo 229, la garantia de acceder a la administración de justicia, incluyendo que podra hacerse sin la representacion de un abogado en ocasiones, aludiendo a la obligatoriedad de somter en sus criterios la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina.
Según Younes, D. (2004) la defensoría del pueblo es considerado un organismo nuevo en el derecho constitucional colombiano, que forma parte del ministerio público, ejerce funciones bajo la dirección del procurador y el defensor que es elegido por la cámara de representantes, dentro de sus funciones se destacan las de orientar a toda la ciudadanía, incluidos los colombianos residentes en el exterior en el ejercicio de sus derechos, divulgar los derechos humanos, invocar el habeas corpus, interponer la acción de tutela, organizar la defensoría pública, otros.
En esta república se entrega estímulos anuales a servidores públicos, a través del gobierno nacional, en razón de su eficiencia, creatividad y merito en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la reglamentación que fue expedida para ese motivo.
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1.3. Valoración crítica de los conceptos principales de las distintas posiciones