El conflicto armado colombiano ha sido analizado desde perspectivas diferentes y las explicaciones sobre lo que ha pasado son diversas. Entre los factores que se mencionan en los análisis se encuentran las profundas desigualdades y exclusiones, la influencia y permeabilidad del narcotráfico, las políticas internacionales de seguridad, la Guerra Fría, los movimientos insurgentes en la región y, en las dos últimas décadas, las dinámicas del terrorismo2.
En el conflicto armado han coexistido grupos insurgentes3 con vertientes
ideológicas y desarrollos diferenciados. Todos han buscado cambios, que van desde una mayor apertura democrática hasta el cambio de las estructuras hacia un nuevo orden social, económico y político. Esto no ha significado la unificación de la insurgencia, sino una fragmentación de los procesos de negociación entre esta y el Estado que ha llevado a diferentes escenarios, de reintegración para algunos grupos y de persecución para otros (en este último caso, con el consecuente escalamiento del conflicto armado).
La guerra en Colombia ha sido caracterizada de forma reiterada como un conflicto complejo, un rasgo que, aunque innegable, no debe suponer un bloqueo para la comprensión del mismo y para un proceso de superación de la lógica de la violencia en el que las víctimas tengan un papel central. En ese marco, las delegaciones negociadoras del Gobierno y de las FARC acordaron crear una Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) constituida por doce personas académicas independientes, con el objetivo realizar sendos informes sobre los orígenes y múltiples causas del conflicto armado, los factores de su persistencia y los impactos más notorios en la población. La Comisión misma y los respectivos informes resultantes fueron concebidos para “contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto 2 Para el caso, Álvaro Uribe ordenó el uso del concepto “amenaza terrorista” en referencia a lo que anteriormente se manejaba como conflicto armado (Sánchez y Uprimny, 2011: 146). 3 En la década de los sesenta, tres movimientos guerrilleros se levantaron en armas contra
el Estado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), orientado por la línea ideológica guevarista; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fundadas desde una concepción de agrarismo comunista, y el Ejército Popular de Liberación (EPL), de orientación maoísta. Más tarde se sumarían otros grupos, entre ellos, en 1974, el Movimiento M-19, originado tras un alegado y muy probable fraude electoral cometido en 1970 contra el general Rojas Pinilla ([Pecaut, 1987 y García Villegas, 2009], citados en Sánchez y Uprimny: 2011: 134).
histórico del conflicto interno”4. Más que una visión unificada sobre las causas
del conflicto armado, este trabajo aportó miradas desde diversas perspectivas (“versiones calificadas”) sobre sus orígenes, los procesos políticos del país, la situación económica y el contexto internacional, entre otras cuestiones (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015). En los informes presentados destacan múltiples causas sistémicas, especialmente políticas y culturales, que desencadenaron el conflicto armado interno. Recogemos en los párrafos siguientes algunos aspectos de esos informes5.
Sergio Subiría enfatiza el proceso de construcción del Estado y su relación con el conflicto, la persecución de los proyectos políticos alternativos vistos desde una cultura política contrainsurgente que refuerza el discurso de “amigo- enemigo”, y la inflación del miedo y la seguridad como factores culturales que potencian el conflicto.
Gustavo Duncan concluye que la exclusión, la desigualdad y las grandes brechas a todos los niveles explican el desarrollo del conflicto. Además, pone el acento en la criminalidad y el narcotráfico como elementos que sirven para atizar el conflicto y que han permitido que una situación de guerra permanente, en vez de destruir la economía, se convierta en un medio para acceder a los mercados, sobre todo para las comunidades periféricas con baja acumulación de capital.
Javier Giraldo aborda el concepto jurídico del derecho a la rebelión, suponiendo que la relación entre la ciudadanía y el Estado hay que entenderla como la existente entre los socios de una empresa común que tiene como objetivos esenciales la satisfacción de dos bloques de necesidades para todos los asociados: las necesidades biológicas (alimentación, vivienda, trabajo/ ingreso, salud y educación) y las necesidades de convivencia (información, participación y protección), cuya no satisfacción en capas enormes de la población es un factor persistente del conflicto.
Alfredo Molano expone las acentuadas tendencias hacia la exclusión política y económica de la mayoría de la población colombiana. Según este autor, esas tendencias generan actos de resistencia civil y persistentes 4 El comunicado conjunto número 40 de las partes negociadoras, de 5 de agosto de 2014, en
el que se incluye el establecimiento de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, puede verse en <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz331.html>.
5 Para un resumen de los doce informes presentados, véase: <http://www.eltiempo.com/ contenido/politica/proceso-de-paz/ARCHIVO/ARCHIVO-15228175-0.pdf>.
alzamientos armados desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el presente, los cuales han sido estigmatizados y criminalizados. A su vez, hace un recuento de las corrientes políticas arraigadas en el aparato estatal y de las prácticas patrimoniales y clientelistas que han bloqueado los intentos de democratización impulsados por fuerzas populares.
Fuente: Naciones Unidas.
Daniel Pécate toma como punto de partida la década de 1930 en la que, en lugar de darse la consolidación del Estado central, se produjo el fortalecimiento de las redes partidistas y de un modelo liberal de desarrollo. Este hecho influyó sobre: a) la precariedad del Estado; b) la debilidad de las regulaciones sociales y el impacto de las redes de poder privatizadas; c) la centralidad de lo rural y después de las periferias, desde el punto de vista tanto económico (subraya el papel de la producción de café) como político (hace referencia al papel del clientelismo en lugar de la ciudadanía), y d) la institucionalización de las desigualdades.
María Emma Wills, única mujer integrante de la Comisión, aborda en su informe la exclusión que han sufrido las y los campesinos durante décadas, el predominio de la fuerza y el autoritarismo para responder a las reivindicaciones sociales, y la proliferación de redes despóticas en ciertas localidades y regiones del territorio nacional. Los factores que expone los ha denominado “nudos”, ya que considera que no son lineales sino que se entrecruzan para complejizar el conflicto armado. La autora pone en evidencia engranajes de la guerra que tienen que ver con el género femenino, pero no lo trata expresamente6.
Además de los documentos producidos por la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas, otro documento relevante es el informe
¡Basta YA! Colombia: memorias de guerra y dignidad elaborado por el Centro de Memoria Histórica (2013), y que investigó la historia de la violencia en Colombia entre 1985 y 2012.
El informe ¡Basta YA! identificó cuatro periodos en la evolución del conflicto armado en Colombia: 1) de 1958 a 1982, caracterizado por la transición de la violencia bipartidista a la revolucionaria; 2) de 1982 a 1996, caracterizado por el crecimiento de las guerrillas, el surgimiento y fortalecimiento del paramilitarismo, el colapso del Estado, la propagación del narcotráfico, la nueva Constitución Política de Colombia, el proceso de paz y las reformas democráticas; 3) de 1996 a 2005, periodo de recrudecimiento del conflicto armado, debido a la expansión de las guerrillas y de los grupos paramilitares y a la solución militar, y 4) de 2005 a 2012, periodo de ofensiva militar del Estado y debilitamiento de la guerrilla, de reacomodo militar del Estado, de fracaso del modelo y de negociación con los grupos paramilitares para su reintegración en la legalidad.
Los dos informes mencionados –de la CHCV y del Centro de Memoria Histórica– son una referencia importante para comprender el conflicto social y armado que ha vivido Colombia, especialmente en el marco de una negociación de paz. Sin embargo, en ellos no se hace referencia a las mujeres y los impactos de la guerra sobre ellas, ni se realizan análisis de la historia del conflicto que incluyan su participación. Esto es común a los documentos oficiales sobre 6 En sus propias palabras, señala que: “Mi convicción de que existen subordinaciones específicas de género no se traduce en que yo fuerce un argumento feminista para aprobar esa subordinación. Soy lo suficientemente rigurosa para saber cuándo empíricamente tú puedes ver esa subordinación en el marco de la guerra y cuándo no” ([Wills], citada en Bautista, 2014).