ETHICAL CONSIDERATIONS AND RISK ASSESSMENT

Art. 122.- Ámbito.- La Autoridad Educativa Nacional autorizará, regulará y controlará, el funcionamiento de todas las instituciones públicas, particulares y fiscomisionales en el ámbito de su competencia, las políticas emitidas, los recursos asignados de conformidad con la presente Ley y el reglamento.

Art. 123.- Del control.- El control de las actividades del Sistema Nacional de Educación será de dos clases: interno y externo. El control interno lo realizará la autoridad educativa nacional, a través de sus autoridades, funcionarios y demás servidores observando lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República; y, el control externo lo ejercerá la ciudadanía de conformidad con las disposiciones del artículo 95 de la misma norma suprema.

Art. 124.- De las infracciones.- Se consideran infracciones en el ámbito educativo, aquellas acciones que estuvieren prohibidas manifiestamente por la presente Ley, sin perjuicio de la tipicidad establecida por otras leyes y que correspondan a otros ámbitos legales.

Art. 125.- De las Prohibiciones.- Prohíbase, en lo que corresponda, a los representantes legales, directivos y docentes de las instituciones educativas, así como a los estudiantes y padres de familia de dichas instituciones, lo siguiente:

a) Incumplir el calendario académico dispuesto por la autoridad educativa nacional. b) Emitir documentos tales como certificados, diplomas, pases de año o títulos utilizados

en la prestación del servicio educativo que no cumplan en el fondo o la forma los requisitos exigidos por la normativa del sector educativo.

c) Prestar el servicio de educación sea inicial, básica o bachillerato sin contar con la autorización de funcionamiento correspondiente.

d) Retener bajo cualquier consideración los documentos académicos de los estudiantes. e) Permitir el uso de las instalaciones de las instituciones educativas para fines políticos

partidistas.

f) Actuar con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

g) Suspender sin autorización de la autoridad correspondiente el servicio educativo, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados.

54  h) Permitir o incentivar el uso de cualquier medio, tanto físico como digital, que se

constituyan en acciones atentatorias contra la dignidad de los niños, niñas y jóvenes. i) Oponerse a las actividades de control, evaluación y asesoramiento pedagógico y

administrativo, así como no proporcionar información veraz y oportuna para los sistemas de información y estadística de la autoridad educativa nacional.

j) Expulsar alumnos en el transcurso del año lectivo sin causa justificada y sin previa aplicación y observancia del debido proceso.

k) Ordenar la asistencia del personal docente, administrativo y/o alumnado a actos públicos de proselitismo político de cualquier naturaleza.

l) Desacatar las disposiciones emanadas de la autoridad competente.

m) Incentivar, promover o provocar por cualquier vía la discriminación de las personas, el racismo, la xenofobia o cualquier forma de agresión o violencia dentro de los establecimientos educativos. Ningún motivo justificará estas acciones.

n) Incentivar, promover o provocar por cualquier vía dentro de los establecimientos educativos acciones que atenten contra la dignidad de la persona.

o) Retener bajo cualquier consideración, destruir o desaparecer deliberadamente los documentos oficiales de la institución educativa o los documentos académicos de los estudiantes.

p) Promover o provocar la paralización del servicio educativo.

q) Incentivar, publicitar o permitir el consumo o distribución de tabacos, bebidas alcohólicas, narcóticos, alucinógenos o cualquier tipo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes.

r) Negar matrícula o separar de la institución educativa a estudiantes por razones de embarazo; progenitud; maternidad; discapacidad; orientación sexual; nacionalidad; discriminación racial, cultural o étnica; género; ideología, adhesión política y/o creencia religiosa.

s) Desacatar las disposiciones legítimas emanadas de la autoridad educativa nacional. t) Utilizar de manera indebida o distraer los recursos públicos según los informes

ejecutoriados de los organismos de control del Estado, o cobrar valores por servicios educativos no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional o que no le correspondiere hacerlo de acuerdo a sus funciones.

u) Vulnerar los derechos humanos de los educandos previstos en la Constitución, en esta ley, en el Código de la Niñez y la Adolescencia y/o en los Acuerdos y Tratados internacionales de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

v) Incentivar, promover o provocar por cualquier vía la destrucción parcial o total de las instalaciones del establecimiento educativo, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan.

w) Alterar documentos oficiales de la institución educativa o de los órganos superiores del sistema nacional de educación.

55  x) Haber consignado durante el proceso de selección información falsa, u ocultado

información relevante para la decisión del concurso.

y) Evaluar a los estudiantes en lugares distintos a los establecimientos educativos.

z) Para otras infracciones que no estuviesen descritas en los literales anteriores pero que atenten contra el derechos constitucionales, los de la presente ley y otras normas o tratados que sean de directa aplicación serán dados a conocer a las juntas de resolución de conflictos quienes resolverán lo correspondiente al área educativa basados en derecho.

Art. 126.- De las sanciones.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior imputables a los representantes legales, directivos y docentes, según su gravedad se sancionarán previo sumario administrativo de la siguiente manera:

a) Suspensión temporal de la función sin sueldo hasta por un máximo de sesenta días si el establecimiento es público, a quienes incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‘g’ hasta la ‘o del artículo anterior de la presente ley.

b) Destitución, en el caso de los establecimientos públicos, a quienes incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‘p’ hasta la ‘y’ del artículo anterior de la presente ley.

c) Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones sancionadas con multa serán suspendidos temporalmente en sus funciones por un período de 30 días sin sueldo.

d) Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones sancionadas con suspensión temporal serán sancionados con la remoción definitiva de sus funciones y, mediante acción de personal

e) Multa equivalente al 10% de su remuneración, a quienes incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‘a’ hasta la ‘f’ del artículo anterior de la presente ley. f) Quienes hubieren reprobado la evaluación de desempeño obligatoria por dos

veces consecutivas, serán sancionados con suspensión indefinida del cargo, con la opción de reingresar al magisterio a través de los concursos de méritos y oposición, de jubilarse en caso de cumplir los requisitos de la seguridad social, o de recibir una liquidación de conformidad con la normativa vigente.

Las acciones y sanciones previstas en este artículo no sustituyen ni limitan las acciones penales a que hubiere lugar en caso de tratarse de hechos que pudieren constituir delito. La Autoridad competente del Sistema Educativo Nacional tendrá la obligación de asegurar y proveer toda la información que los organismos judiciales requirieren para el impulso de las acciones (propuesta de la Comisión)

56  Art. 127.- Del régimen disciplinario de los estudiantes.- El régimen disciplinario de los estudiantes estará determinado en lo que corresponda, por las normas del presente título, por el reglamento a esta ley y por los reglamentos internos de la instituciones educativas a las que ellos pertenezcan. No tendrá validez la norma disciplinaria o de cualquier otra índole cuya aplicación atente a las garantías o a los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes.

Art. 128.- Sanciones a las instituciones educativas particulares.- Las instituciones educativas particulares cuyos representantes legales y/o directivos incurrieren en las infracciones señaladas en el artículo 128 de la presente ley, en caso de ausencia de reparación inmediata de dichas infracciones, podrán ser sancionadas con multa de hasta un máximo de cincuenta remuneraciones básicas unificadas y revocatoria definitiva de la autorización de funcionamiento a partir del siguiente año lectivo, de conformidad con el reglamento que se expida para el efecto.

La revocatoria definitiva de la autorización de funcionamiento será la última de las medidas a aplicarse y se deberá analizar el contexto y consecuencias sociales de la aplicación de tal decisión, garantizando el debido proceso.

Adoptada tal revocatoria, corresponde a la propia autoridad que la decidió, implementar un plan de contingencia para que sus estudiantes sean acogidos en otros centros de educación, a fin de evitar la interrupción o suspensión de su proceso educativo.

Art. 129.- De las garantías y principios del proceso disciplinario.- El proceso disciplinario deberá observar todas las garantías y derechos constitucionales, el respecto a la dignidad de las personas, el debido proceso y los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, motivación, imparcialidad, oportunidad y pertinencia, competencia y jurisdicción, favorabilidad, carga e inmediación probatorias, culpa, responsabilidad e imputabilidad, proporcionalidad, contradicción, concentración, equidad, celeridad, oralidad, irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables, extinción de la responsabilidad y prescripción.

En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se admitirá la indefensión legal de la persona sumariada administrativamente. Todo lo actuado en el proceso bajo dicha circunstancia estará viciado de nulidad absoluta

Art. 130.- De la inadmisibilidad.- En ningún caso se admitirá como eximente, excusa o atenuante de la infracción cometida, el desconocimiento de la ley o el acatamiento de una orden ilícita emanada de la autoridad competente, salvo que dicha orden fuere impuesta por coacción o amenaza debidamente comprobadas.

57  Art. 131.- Del caso fortuito y la fuerza irresistible.- Para efectos de la presente ley, se considera caso fortuito el suceso que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse; y, fuerza mayor es todo acontecimiento de origen antrópico que no ha podido preverse o que previsto no puede ser resistido. Tales circunstancias liberan de responsabilidad disciplinaria.

Art. 132.- De la restitución.- Las personas que hubieren sido afectadas por las infracciones descritas en el artículo 128 de la presente ley serán reparados y restituidos inmediatamente en sus derechos. Quienes en el ejercicio de función impidan o se nieguen a dar paso a dicha restitución, estarán incursos en infracción y serán sumariados administrativamente y destituidos en caso de demostrarse su responsabilidad.

Art. 133.- Notificación de destitución o suspensión.- Si un profesional de la carrera docente pública incurriere en causal de destitución o suspensión de remuneraciones, funciones o cargos, la autoridad desconcentrada competente que conociere del hecho, notificará la destitución o suspensión, previa la sustanciación de los sumarios administrativos correspondientes, de conformidad a la ley.

Art. 134.- Del ejercicio de las acciones y prescripciones.- Para el ejercicio de los derechos a demandar, así como de las acciones contempladas en esta ley, se tendrá en cuenta los términos señalados en la ley que regula las disposiciones de la administración pública

Art. 135.- De los recursos.- De las resoluciones emanadas de las autoridades educativas, con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás actos administrativos derivados de la misma, podrán interponerse los recursos previstos en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en la forma, plazos y procedimiento determinados en el mismo Estatuto. Sin perjuicio de las acciones judiciales y constitucionales.

Art. 136.- De la remoción simple.- La remoción simple y directa de sus cargos, aplicable a funcionarios de la educación de libre nombramiento y remoción no será considerada como sanción.

TÍTULO VI CAPITULO I