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En este nuevo contexto por medio de la sentencia C-113 de 1993 Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía la Corte Constitucional en ejercicio de sus funciones estudio la constitucionalidad del artículo 21 del decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional determinó que el inciso primero del presente artículo simplemente regulaba las funciones propias de la Corte Constitucional, pues daba carácter obligatorio a las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, como por ejemplo las proferidas por control de Constitucionalidad, lo cual ya se sobre entendía conforme a los mandatos constitucionales previstos en el artículo 243 en relación con el articulo 241 numeral 4.

124

Más adelante la Corte Constitucional prosiguió a responder la cuestión sobre a quién le correspondía fijar el alcance de los fallos proferidos por el Tribunal constitucional en Colombia, de acuerdo con la ponencia al no haber fijado unas reglas claras el Constituyente sobre este punto, debía ser la propia Corte Constitucional la que determinara el alcance y efecto de sus decisiones, citando a la Corte Constitucional (Sentencia C-113 de 1993 Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía):

Pero, fuera del poder constituyente, ¿a quién corresponde declarar los efectos de los fallos de la Corte Constitucional, efectos que no hacen parte del proceso, sino que se generan por la terminación de éste? Únicamente a la propia Corte Constitucional, ciñéndose, como es lógico, al texto y al espíritu de la Constitución. Sujeción que implica tener en cuenta los fines del derecho objetivo, y de la constitución que es parte de él, que son la justicia y la seguridad jurídica.125

Además la Corte Constitucional se pronunció sobre la ubicación de los atributos que gozaba dentro del ordenamiento constitucional:

Además, inaceptable sería privar a la Corte Constitucional de la facultad de señalar en sus fallos el efecto de éstos, ciñéndose, hay que insistir, estrictamente a la Constitución. E inconstitucional hacerlo por mandato de un decreto, norma de inferior jerarquía. Pues la facultad de señalar los efectos de sus propios fallos, de conformidad con la Constitución, nace para la Corte Constitucional de la misión que le confía el inciso primero del artículo 241, de guardar la integridad y supremacía de la Constitución", porque para cumplirla, el paso previo e indispensable es la interpretación que se hace en la sentencia que debe

124 _{Ibíd., p.34.}

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señalar sus propios efectos. En síntesis, entre la Constitución y la Corte Constitucional, cuando ésta interpreta aquélla, no puede interponerse ni una hoja de papel.126

Posteriormente la Corte Constitucional en un estudio a los artículos 2 y 23 del Decreto 2067 de 1991, a través de la sentencia C-131 de 1993 MP Alejandro Martínez Caballero, reafirma que las únicas sentencias erga omnes son las que versan sobre control de constitucionalidad, en relación con el mandato del artículo 241 de la Constitución Política, en esos términos la Corte Constitucional se expresó sobre el efecto erga omnes:

La ratio iuris de esta afirmación se encuentra en la fuerza de la cosa juzgada implícita de la parte motiva de las sentencias de la Corte Constitucional, que consiste en esta Corporación realiza en la parte motiva de sus fallos una confrontación de la norma revisada con la totalidad de los preceptos de la Constitución Política, en virtud de la guarda de la integridad y supremacía que señala el artículo 241 de la Carta. Tal confrontación con toda la preceptiva constitucional no es discrecional sino obligatoria. Al realizar tal confrontación la Corte puede arribar a una de estas dos conclusiones: si la norma es declarada inexequible, ella desaparece del mundo jurídico, con fuerza de cosa juzgada constitucional, como lo señala el artículo 243 superior, y con efecto erga omnes, sin importar si los textos que sirvieron de base para tal declaratoria fueron rogados o invocados de oficio por la Corporación, porque en ambos casos el resultado es el mismo y con el mismo valor. Si la norma es declarada exequible, ello resulta de un exhaustivo examen del texto estudiado a la luz de todas y cada una de las normas de la Constitución, examen que lógicamente se realiza en la parte motiva de la sentencia y que se traduce desde luego en el dispositivo.

Son pues dos los fundamentos de la cosa juzgada implícita: primero, el artículo 241 de la Carta le ordena a la Corte Constitucional velar por la guarda y supremacía de la Constitución, que es norma normarum, de conformidad con el artículo 4° idem. En ejercicio de tal función, la Corte expide fallos con fuerza de cosa juzgada constitucional, al tenor del artículo 243 superior. Segundo, dichos fallos son erga omnes, según se desprende del propio artículo 243 constitucional.127

En esta sentencia la expresión ―obligatoria” del artículo 23 del decreto 2067 de 1991 mediante la cual se daba un criterio auxiliar y obligatorio a la doctrina de la Corte Constitucional fue declarada inexequible.

126 _{Colombia. Corte Constitucional. C-113-1993. MP Arango Mejía. Considerando F.}

127 _{Colombia. Corte Constitucional. C-131-1993. MP Alejandro Martínez Caballero. Considerando 2.3. La cosa} juzgada constitucional.

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En este periodo el sistema jurídico colombiano permanece sujeto a un sistema de fuentes tradicionales, no se observa un cambio significativo o un pronunciamiento que pueda ser visto como un nuevo intento por transformar la noción de la jurisprudencia como elemento primario para los jueces en Colombia. Además se reivindican a través de estos fallos las funciones conferidas por el Constituyente a la Corte Constitucional, ya que finalmente la presente Corte Constitucional permanecía alejada de los postulados que sobresalieron a finales del siglo XIX durante la llamada Regeneración.

Sin embargo y a partir del año de 1995 llegarían una serie de cambios en los postulados de la Corte Constitucional que cimentaron una transformación y la apertura al uso del precedente en Colombia.

2.2.2 Segunda Subetapa (1995 – 2001) - Doctrina constitucional. HITO.

En esta sub etapa la Corte Constitucional desarrollaría una jurisprudencia tendiente al neoconstitucionalismo permitiendo así cambios importantes para el desarrollo de la transformación de las fuentes del derecho. A través de la sentencia C-083 de 1995, Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz, la Corte Constitucional definiría la Doctrina Constitucional integradora, la cual es utilizada para llenar vacíos legislativos con la Constitución, y por otra parte la Doctrina Constitucional interpretativa, utilizada para resolver casos o situaciones dudosas, sin ser obligatoria para los jueces; pues se entiende que la única fuente obligatoria es la doctrina integradora, mientras que la Doctrina interpretativa funciona como criterio guía para el operador, en palabras de la Corte Constitucional: 128

b. La doctrina constitucional. Las normas de la Constitución política, y ésta no es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas en la ley.

Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a