779 (57) 1575 (841) 1508 (704) 1696 (758) 1 FA composition based on GC.

Hasta aquí, entonces, vamos todo bien. Los sistemas universal y regional de Derechos Humanos, desarrollados durante los últimos 70 años e incorporados plenamente al ordenamiento jurídico- institucional de la Argentina, reconocen a nosotros, como personas y como pueblos, un abanico cada vez más amplio de derechos, sin distinción o jerarquía entre ellos y con la expectativa que su vigencia puede ser exigida ante el Estado y su violación reparada. Entre estos derechos los económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho humano a una vida digna, al empleo y la seguridad social, a la tierra y el territorio, al agua, a la salud, un medio ambiente sano, la educación, la cultura, el derecho como pueblos a disponer de nuestros bienes naturales.

Reconocemos, no obstante, que la realidad misma se encarga de desmentir, o por lo menos poner en serio cuestionamiento, esta enunciada expansión de nuestros derechos. ¿Qué pasa? ¿Son las políticas del gobierno Macri? ¡Si, por supuesto!. Pero también tenemos que reconocer que la violación de los derechos económicos y sociales, al mismo tiempo y de parte de los mismos Estados y comunidad internacional que han venido aceptando la ampliación de sus obligaciones al respecto, no empieza recién ahora.

De hecho, lo que queremos visualizar es que mientras por un lado la lucha de muchas personas, organizaciones, movimientos y pueblos enteros ha logrado un reconocimiento cada vez más institucionalizado de un conjunto cada vez mayor de Derechos Humanos, por otro lado ha habido un proceso vertiginoso de transformaciones económicas – lo que se conoce como la Globalización neoliberal - que lleva a la violación masiva y sistemática de esos mismos derechos. No sólo en nuestro país sino en todas partes, en el Sur y en el Norte.

Miramos entonces algunos de estos cambios que desde hace 30 o 40 años – para no ir más lejos –, se han convertidos en obstáculos estructurales para la vigencia de nuestros derechos económicos, sociales y culturales, como personas y como pueblos. Transformaciones que por su amplitud y profundidad constituyen, de hecho, un verdadero cambio civilizatorio.

Uno de ellos se relaciona con el surgimiento de un nuevo tipo e importancia de circulación financiera: un proceso que se denomina financierización, ya que se trata del crecimiento desproporcional de las finanzas, las transacciones financieras, dentro de la economía en su conjunto. Si bien este proceso arranca con más fuerza recién hacia fines de los años ’80, está profundamente vinculado a la búsqueda de nuevas fuentes de ganancias frente a la baja en las tasas de crecimiento económico en las décadas anteriores. Asimismo, a la decisión de los EE.UU., allá por 1971, de romper con el sistema de cambios fijos, atados al patrón oro, que había regido desde fines de la segunda guerra mundial y la creación del Fondo Monetario Internacional.

Algunos refieren a este proceso como la economía de casino, teniendo presente que la inmensa mayoría de estas transacciones financieras son de carácter meramente especulativo, sin relación alguna con procesos de producción y consumo en lo que se llama la “economía real”. Es decir, que en vez de invertir en la producción de bienes y servicios concretos, hay una tendencia creciente a invertir en procesos o instrumentos financieros virtuales: la compra/venta de monedas extranjeras o bonos de deuda para apostar a que suba o baje su valor; o el mercado de lo que se llaman “derivados financieros”, invenciones de cualquier especie, desde una apuesta al precio

futuro de una moneda o un bono, a una suerte de “seguro” ante la posibilidad de un default crediticio.

Este proceso de financierización creció enormemente en la década antes de la crisis del 2008, llegando a un volumen de transacciones equivalente a 11 veces el tamaño del producto bruto de la economía global. Entre sus consecuencias, muchas veces las decisiones de una empresa ya no se toman en función tanto de cuánto cuesta producir o a quién se va a vender sino de cuánto es la tasa de cambio o de interés o el precio de tal producto financiero derivado – en cualquier parte del mundo. Entonces la economía se mueve de una manera cada vez más desconectada de las necesidades de las personas, y más aún de sus derechos.

Otra de las grandes transformaciones en la economía mundial, en estas últimas décadas, ha sido el proceso de transnacionalización o encadenamiento globalizado de los procesos de producción y consumo. Un auto que se produce aquí en la Argentina, por ejemplo, por lo general ha sido ensamblado a partir de partes que se producien aquí, allá, y en cualquier lugar. Por otra parte, pueden aparecer en el supermercado, latas de choclo importadas desde un país lejano, como por ejemplo Tailandia. Es decir que lo que pasa en la economía llamada local, es cada vez más interconectada con procesos productivos, o meramente especulativos, en otras partes del mundo, y decisiones que toman actores ubicados en otros países y continentes. A esto habría que agregar la transnacionalización y/o “desnacionalización” del control de los procesos económicos, potenciando a las grandes empresas privadas transnacionales.

Muchas veces cuesta visualizar cómo estos cambios impactan en la vida cotidiana y en relación a nuestros Derechos Humanos. Pero los costos de este modo de producción y consumo financierizado y transnacionalizado son enormes, tanto en lo socio-económico como lo ecológico. Pensamos solo unos instantes en la energía que se gasta para importar latas de choclo desde Tailandia a Argentina, o en el descalabro que significa el cierre de una fábrica porque resulta más rentable comprar bonos de deuda que producir zapatos o carne. Esto es lo que nos está poniendo frente a graves dilemas de cómo vamos lograr una real vigencia de todos nuestros Derechos Humanos. La creciente desigualdad experimentada dentro de cada país y entre los países – llamámosle del Sur y del Norte, es otra parte clave de este proceso de transformaciones. O sea, una grieta cada vez más grande. Hace unos 20 años se popularizó una gráfica que mostraba esta desigualdad en la forma de una copa de champán: arriba se veía el 82,7% de los ingresos que concentraba el 20% de la población mundial más enriquecida y hacia abajo, el 1,4% que les tocaba al 20% más empobrecida. Hoy esta gráfica sería aún más escandalosa, ya que apenas el 10% de la población más enriquecida ahora controla casi el 90% de la riqueza mundial, y el 1% más enriquecido, por sí solo, el 50%.

De ahí podemos entender que el poder económico de unos pocos, su capacidad de dominación en la economía así como también en otras esferas de la vida, ha crecido de manera exponencial en estas últimas décadas. Lo podemos ver aún mejor si analizamos el proceso de concentración a nivel empresarial. Es lo que hicieron un equipo de investigadores de la Universidad de Zurich, en Suiza, que estudiaron las relaciones entre las juntas directivas de más de 43.000 empresas en todo el mundo para llegar a la conclusión que solo 660 individuos y 147 corporaciones transnacionalizadas controlan la economía mundial. El informe que publicaron en 2012 además aclara que la mayoría de estas empresas son financieras o minera-extractivas, algo que a esta altura no nos debe sorprender demasiado.

En todo este proceso de transformaciones, provocando niveles de desigualdad y concentración nunca antes conocidos a escala mundial, no podríamos dejar de mencionar, aunque sea apenas de paso, la aplicación de las políticas neoliberales resumidas en los 10 puntos del llamado “Consenso de Washington”. Políticas que apuntan directamente a achicar al Estado y socavar su capacidad de actuar – en el mejor de los casos - frente a la financierización, transnacionalización y concentración económica. Lo que es equivalente a decir que buscan asegurar el éxito de esos mismos procesos, a la vez que neutralizar la posibilidad que los Estados intervengan en cumplimiento de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. Revertir estas políticas neoliberales, entonces, y los procesos económicos que han contribuido enormemente a impulsar, serían tareas prioritarias imprescindibles de una política pública basada en el cumplimiento de los derechos humanos.