Final reflexivity – methodological, procedural and overall research process

¿Qué tipo de lenguaje se maneja con la exposición pública de las víctimas? ¿Por qué las mujeres transexuales son parte de las víctimas? ¿Cómo se solucionan los conflictos de intereses políticos y económicos, en regímenes autoritarios a través del derramamiento de sangre de estas mujeres transexuales? Si el bien primordial es la vida, en la Constitución Nacional de Honduras, y la demanda social es erradicar la pobreza: ¿será esta erradicación parte de la limpieza social clasista instalada en el régimen autoritario? Para 2012, la ONU (La Tribuna, septiembre 2012) declara que Honduras es uno de los estados más violentos de Latinoamérica aparte de ser el segundo más pobre (CEPAL, enero 2012). El Estado de Honduras aparte de ser patriarcal, está regulado en la base de dos fuerzas que tienen el poder político y económico local, la oligarquía conservadora nacional e internacional y la iglesia; ¿pero para estas dos fuerzas reguladoras, qué beneficios trae esta “erradicación” de la pobreza o limpieza social? En los años 80’s, las regulaciones eran hacia los brotes socialista y progresistas de izquierda que interferían con la instalación de la democracia-capitalista ordenada por el mercado mundial manejado por Estados Unidos.

Ahora la erradicación, es para muchos grupos sociales, incluyendo mujeres transexuales. Después de los acontecimientos de junio de 2009 al 2012-2013, existe evidencia en la hemeroteca que corrobora el incremento anual del 23% de muertes violentas contra mujeres: 606 femicidios fueron registrados en el 2012 (IUDPAS, enero 2013); 3730 muertes violentas, que representan el 54% de los casos, fueron contra jóvenes menores de 23 años (IUDPAS, enero 2013; Observatorio Casa Alianza, 2013); 99 son las muertes violentas contra campesinos por el conflicto de tierras en posesión de la oligarquía nacional e internacional en la zona de los valles, de mayor producción (El Tiempo, mayo 2013); 85 son las muertes violentas registradas de abogadas y abogados la mayoría cometidas bajo impunidad (La Prensa, junio 2013); 34 son las muertes

100 violentas a periodistas (El Heraldo, mayo 2013). Pero las muertes violentas en contra de mujeres transexuales se han incrementado en un 400% desde junio de 2009 a abril de 2013, han sido de 47 mujeres transexuales asesinadas, en comparación a diecisiete compañeras asesinadas desde 1994 al 2008 (Cano Nieto, 2009; Cattrachas, 2013:8; 2012:3).

La recopilación de los acontecimientos, deja ver explícitamente la violencia desproporcionada incrementada hacia todos los grupos sociales históricamente oprimidos y marginados en el territorio nacional; en el 2009 se registraron 407 muertes violentas y en el 2012 606 muertes violentas contra mujeres; durante el 2008 fueron 4,473 homicidios, en 2009 se registraron 5,265 homicidios (El Heraldo, abril, 2010) y para el año 2012 fueron 7,172 homicidios (IUDPAS, enero 2013) de la población. Mientras que el registro de muertes violentas contra mujeres transexuales (Cattrachas, diciembre, 2012), fue en el 2009 de catorce asesinatos y para el 2012 la tendencia se mantuvo con quince muertes violentas. Pero en años anteriores eran de dos a tres asesinatos anuales. La evidencia aclara que en la normativa jurídica hondureña, es inexistente el respaldo para la defensa y reconocimiento de los derechos de personas de la comunidad LGBTI, pero menos son reconocidos los derechos específicos de mujeres transexuales, ya que están fuera de la ley y de la ciudadanía hondureña, están invisibilizadas, no son reconocidas, no existen, no poseen un nombre identitario que las reconozca como tales por ser inadmisible el trámite por prohibición expresa del artículo 30 del reglamento del Registro Nacional de las Personas, que en sus numerales 4): “Queda prohibido a los oficiales Civiles, realizar cambios de nombre en la inscripción original de nacimiento (…)” y 24): “Queda prohibido a los oficiales Civiles, rectificar o adicionar en una inscripción de nacimiento nombre, nombres u otro orden en los apellidos, invocando que el inscrito los ha utilizado así toda su vida”; viven en la clandestinidad, sus trabajos son ilícitos e informales, no tienen ninguna regularidad, no están bajo la normativa social, contextual ni jurídica del territorio; las estadísticas de sus asesinatos están mezcladas con homicidios comunes y que por la presunción de sus vestuarios, deduce que son “homosexuales”.

Muchas de estas mujeres transexuales "enfermas", con un valor social distorsionado "monstruos", completamente deshumanizadas para el régimen, que están fuera del apoyo de sus familias congénitas, sin una educación adecuada básica, sin salud integral, sin trabajo dentro de la economía formal que le dé el respaldo de la seguridad social, sin la regulación y el

101 reconocimiento de las leyes o normativas jurídicas, sin ciudadanía; se encuentran invalidadas en la esfera pública, y sus victimarios que pueden ser cualquiera en cualquier lugar, las hacen víctimas anónimas ideales. Janina Bauman (1986), se refiere “a lo que considera como lo más cruel de la crueldad: deshumanizar a las víctimas antes de destruirlas” (Uribe citada en Ortega, 2008:183). Es deshumanizado catalogar, clasificar y marginalizar a las mujeres transexuales; manipulando y creyendo que sus cuerpos y cotidianidades son pertenencias de las personas heterosexista, misóginas y del Estado autoritario y violento, estas personas se sienten apoyadas por esos dispositivos que avalan y les dan el poder de despojarlas de sus vidas y dejarlas tiradas como cosas en la calle, ya que se les han arrebatado sus derechos así como sus vidas.

En el 2004 se hace una petición ante el pleno de las y los congresista, para otorgarles la personalidad jurídica a cuatro organizaciones LGBTI, para poder así, recibir financiamiento directamente de cooperación internacional; esta, fue la primera incidencia abiertamente política por parte de la comunidad LGBTI; lo que incitó olas de odio contra la comunidad LGBTI. La iglesia, al igual que las y los diputados conservadores expusieron argumentos discriminativos y los medios de comunicación jugaron el papel importante para reafirmar ante la población, estos argumentos y deformar las necesidades que la comunidad LGBTI presentaba en ese momento, publicando que “los homosexuales catrachos ahora quieren casarse”, esto movilizó en toda la sociedad a los fanáticos y fundamentalistas religiosos e incito al odio a la población; en ese año, 2004 el presidente del Congreso Nacional, quien más tarde sería el presidente de la Nación durante el período 2010-2013, jugo un papel muy importante con su apoyo al fundamentalismo religioso opositor a las peticiones de la comunidad LGBTI; el acoso y la injerencia de la iglesia protestante o “evangélica” en el Congreso Nacional fue mordaz, argumentando que estaba en peligro la “institucionalidad del matrimonio”, considerado como la base moral de la sociedad: “lo que los activistas quieren es una nueva política que diga que tener una madre y un padre, ya no es mejor que el tener dos madres o dos padres”; “El género ya no tendría sentido. La proposición de los homosexuales no puede tolerar la idea de que existen diferencias reales, profundas y necesarias entre los sexos. Entonces los hombres no necesitarían a las mujeres y las mujeres no necesitarían a los hombres”. “El matrimonio no es únicamente un asunto privado. Cada matrimonio es una virtud pública porque regula la sexualidad humana de una manera responsable (…)”; las iglesias, las y los funcionarios conservadores difundieron que otorgar la personalidad

102 jurídica a las organizaciones LGBTI, era atentar contra la moral y las buenas costumbres de toda la sociedad hondureña (Cattrachas, 2004:9).

Diario La Tribuna julio, 2004: La iglesia tanto católica como evangélica (protestante), siempre han incidido sobre las legislaciones que respaldan la ciudadanía plena de la comunidad LGBTI.